CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Molt Hble. Señor:

Transcripción

1 CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA Dictamen 311/2018 Expediente 132/2018 Hble. Sra. D.ª Margarita Soler Sánchez Presidenta Consejeras y Consejeros: Ilmos. Sres. D. Enrique Fliquete Lliso D. Faustino de Urquía Gómez D.ª M.ª Asunción Ventura Franch D.ªM.ª del Carmen Pérez Cascales D. Joan Carles Carbonell Mateu Molt Hble. Sr. D. Francisco Camps Ortiz Consejero nato Ilmo. Sr. D. Joan Tamarit i Palacios Secretario General Molt Hble. Señor: El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada el día 16 de mayo de 2018, bajo la Presidencia de la Hble. Sra. D.ª Margarita Soler Sánchez, y con la asistencia de los señores y las señoras que al margen se expresan emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: De conformidad con la comunicación de V.M.H., de 1 de marzo de 2018 (Registro de entrada, 6 de marzo), el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinado la consulta facultativa que ha formulado el Ayuntamiento de Beniatjar, sobre si puede legalizarse y obtener la licencia de ocupación una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable común, que no forma núcleo de población, con base en las determinaciones de las Normas Subsidiarias de dicho municipio.

2 I ANTECEDENTES Del examen del expediente administrativo remitido se desprende que: Primero.- La Consulta Facultativa. La persona titular de la Alcaldía del Ayuntamiento de Beniatjar se dirige a la Dirección General de Administración Local, en escrito de 14 de febrero de 2018, a los efectos de recabar la consulta facultativa de este Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, para lo que adjunta el informe elaborado por un Técnico Municipal, el día 9 de enero de 2018, facultativo en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, y que define el objeto de la Consulta Facultativa de este modo: Se pretende legalizar una vivienda situada en Suelo No Urbanizable Común en el municipio de Beniatjar, con el fin de obtener la licencia de ocupación y contratar servicios urbanísticos. La vivienda se emplaza en la parcela 53 del polígono 2, y cuenta con una superficie catastral de m 2. La vivienda no forma núcleo de población según el planeamiento municipal. La vivienda carece de licencia municipal de obra. Según catastro, la fecha de construcción de la vivienda es el año 2005, por lo que estaríamos ante una construcción consolidada. El propietario de la vivienda se plantea adquirir y agregar las parcelas colindantes y vincularlas a la edificación con el fin de alcanzar una parcela mínima de m 2 que exige la normativa autonómica, con el fin de legalizar la vivienda y obtener la licencia de ocupación. El objeto de la consulta es si, con base a las determinaciones de las Normas Subsidiarias de Beniatjar y la legislación vigente en urbanismo, cabe entender que el uso está permitido en este suelo, y qué condiciones se le deben exigir en el caso de que pueda legalizar la vivienda. Acompaña al informe técnico un Anexo, con un extracto de las Normas Subsidiarias de Beniatjar que aprobó la Comisión Territorial de Urbanismo en el acuerdo que adoptó el día 29 de noviembre de 1988 (BOP del día 12 de enero de 1989), y más en concreto de sus artículos 36 in fine a 41, que se refieren a las actuaciones en suelo no urbanizable, a las condiciones de la edificación en dicha clase de suelo y al régimen de los edificios fuera de ordenación urbanística. Segundo.- La tramitación y la documentación que acompaña a la Consulta Facultativa. La solicitud del Dictamen de esta Institución Consultiva respecto de la 2

3 Consulta Facultativa que se formula por la Alcaldía solo está acompañada por el expresado informe, en gran parte transcrito y que emitió el citado Técnico de los Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Beniatjar. Y encontrándose el procedimiento en el estado descrito, la Secretaria Autonómica de la Presidencia de la Generalitat, por delegación del President de la Generalitat y en oficio de 1 de marzo de 2018, que se registró de entrada por este Órgano Consultivo el día 6 del mismo mes y año, remitió la Consulta para dictamen por esta Institución Consultiva, entendiendo aconsejable la emisión del Dictamen, ante la complejidad técnica y jurídica del asunto, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2º del artículo 2 de la Ley de la Generalitat 10/1994, de 19 de diciembre, de Creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. II CONSIDERACIONES Primera.- Las Consultas Facultativas. Este Consell Jurídic ha puesto de manifiesto en otras ocasiones que las Consultas que se tramiten a esta Institución Consultiva serán preceptivas cuando su ley de creación u otras disposiciones legales así lo determinen, mientras que en los demás casos las consultas que se eleven a esta Administración Consultiva solo serán facultativas, como se halla previsto en el apartado 2º del artículo 2 de la Ley de la Generalitat 10/1994, de 19 de diciembre, de Creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, siguiendo de este modo un criterio ya tradicional en nuestro ordenamiento jurídico. En el caso de las Entidades locales valencianas, lo que incluye a los Ayuntamientos, como también de las Universidades públicas y demás entidades y Corporaciones de Derecho Público, las autoridades que estén facultadas solicitarán directamente el dictamen del Consell Jurídic Consultiu en los casos en que este fuera preceptivo conforme a la Ley, en aplicación del artículo 66 del Reglamento del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que se aprobó mediante el Decreto del Consell 138/1996, de 16 de julio, e igualmente aquellas Corporaciones locales podrán formular, debidamente razonadas, consultas facultativas, por medio del conseller competente en materia de Administraciones Públicas, quien decidirá lo pertinente acerca de su remisión al Consell Jurídic Consultiu, de acuerdo con la dicción del artículo 69 del mismo Reglamento, en la redacción que en ambos casos les dio el Decreto del Consell 161/2005, de 4 de noviembre. 3

4 Por ello, las consultas facultativas solo deben formularse acompañadas de los debidos razonamientos y motivación, ya que el mismo artículo 69, en su redacción originaria, habilitaba entonces al titular de la Conselleria de Presidencia para que valorase las consultas facultativas de las entidades locales, a los efectos de decidir lo pertinente sobre su remisión a este Órgano Consultivo, y con mayor acierto en la redacción que para el mismo precepto aprobó el Decreto del Consell 151/2003, de 29 de agosto, las consultas facultativas debían valorarse por medio del conseller competente en la materia de que se trate. Esta previsión resulta trascendente en aquellos casos en los que, como el presente, la consulta facultativa no versa sobre el régimen jurídico, la organización peculiar o el funcionamiento que caracteriza el régimen aplicable a las Entidades locales, sino que la Alcaldía del Ayuntamiento de Beniatjar la plantea sobre algunas cuestiones o aspectos urbanísticos, a cuyos efectos la Administración autonómica dispone de sus propios órganos especializados, unipersonales y colegiados, según las previsiones de la Ley de la Generalitat 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Protección del Paisaje de la Comunitat Valenciana, y ejerce dichas competencias urbanísticas a través de los órganos que dependen de la actual Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, creada en virtud del Decreto del President 7/2015, de 29 de junio, y cuyo Reglamento Orgánico y Funcional fue aprobado por medio del Decreto del Consell 159/2015, de 18 de septiembre. No obstante, en el presente supuesto, ha sido la Secretaría Autonómica de la Presidencia, como autoridad consultante, quien ha expuesto la complejidad técnica y jurídica del asunto, lo que ha aconsejado su remisión a este Consell Jurídic Consultiu para esclarecer el asunto, y por ello debe dejarse constancia de que la competencia en materia de Administración Local actualmente se encuentra atribuida a la Presidencia de la Generalitat, como prevén los artículos 1, 13, 17 y 18 de su Reglamento Orgánico y Funcional, que fue aprobado mediante el Decreto del Consell 151/2015, de 18 de septiembre, ejerciéndola por medio de la Dirección General de Administración Local, que depende de la Secretaría Autonómica de Presidencia. Segunda.- El planteamiento de la Consulta Facultativa. En los términos de la Consulta Facultativa que se plantea en virtud del informe técnico remitido por la Alcaldía del Ayuntamiento de Beniatjar, se trata de discernir la posibilidad de legalizar una vivienda unifamiliar aislada que se construyó, sin haber solicitado ni obtenido la preceptiva 4

5 licencia urbanística municipal, hace más de 12 años, en suelo no urbanizable común del término municipal del expresado municipio de Beniatjar. La consulta se justificaría porque el propietario de la vivienda se plantea adquirir terrenos de parcelas colindantes para que la suya alcance una superficie mínima de m 2, que se afirma es la exigida por la normativa autonómica para legalizar la vivienda y obtener la licencia de ocupación que le permita contratar los diversos servicios urbanísticos de interés público. Teniendo en cuenta que la vivienda unifamiliar se terminó de construir, como se sugiere, en el año 2005, parece oportuno recordar que, en aquella época, la legislación urbanística entonces vigente y aplicable era la Ley de la Generalitat 10/2004, de 9 de diciembre, del Suelo no Urbanizable, puesta en relación con la Ley de la Generalitat 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, que cuando entró en vigor derogó expresamente la Ley de la Generalitat 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística, aplicable hasta mediados del mes de febrero de No obstante, las hipotéticas posibilidades de legalización actual tienen que contemplarse, primordialmente, a partir de las determinaciones de la legislación urbanística que ahora resulta aplicable: la regulación del suelo rústico o no urbanizable que se contempla en la Ley de la Generalitat 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana. Resulta significativo que se especifique que, según catastro, la fecha de construcción de la vivienda fue 2005, con lo cual, sin indicar que la obra haya concluido, se sugiere que cualquier transgresión de la legalidad urbanística ya ha prescrito, a lo que se añade que ni el Ayuntamiento ni la Conselleria competente en materia de urbanismo habrían incoado o tramitado el necesario procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística conculcada en suelo no urbanizable común, con lo cual no se habría dirigido al promotor de las obras el requerimiento de suspensión de las obras que se ejecuten sin licencia urbanística y de legalización de edificaciones en suelo no urbanizable previsto en los artículos 221, 222 y 223 de la Ley autonómica 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, entonces aplicable. De lo expuesto se desprende que no consta que se haya emitido ningún informe técnico que analice si dicha vivienda unifamiliar aislada en suelo no urbanizable sea susceptible o no de ser legalizada. Es más, ni 5

6 siquiera consta que el titular de dicha vivienda unifamiliar en suelo rústico haya solicitado dicha legalización urbanística, a cuyos efectos habría aportado el proyecto técnico pertinente con la oportuna documentación. En definitiva, la Consulta Facultativa se dirige a que este Órgano Consultivo emita un juicio o un parecer ex ante, sin que exista ningún procedimiento en tramitación, ningún proyecto y ningún informe urbanístico previo, a los hipotéticos efectos de legalizar una construcción ilegal en suelo no urbanizable, a partir del único dato de que el titular de la parcela en la que se ubica la vivienda unifamiliar adquiriría pro futuro terrenos colindantes para que la parcela de la vivienda alcance una superficie de una hectárea. Ahora bien, la posible autorización o legalización de una vivienda unifamiliar aislada en suelo no urbanizable no se circunscribe a que excepcionalmente se permita edificar en parcelas de perímetro ininterrumpido que abarque la superficie que, como mínimo, se prevea en el planeamiento municipal, que en ningún caso será inferior a una hectárea por vivienda aislada y familiar, como explicita el requisito 1º previsto en el inciso b) del artículo 197 de la Ley de la Generalitat 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, ya citada, sino que deberán cumplirse los restantes requisitos establecidos explícitamente en el mismo precepto, lo que se tendrá que valorar por el órgano instructor cuando se tramite en el correspondiente procedimiento, en el que participarán tanto la Administración municipal como la Conselleria competente de la Administración autonómica, en los términos previstos en el artículo 201 de la misma Ley valenciana 5/2014, de 25 de julio. En resumen, la obtención de una licencia urbanística de legalización de una construcción en suelo no urbanizable exige que la persona interesada expresamente la solicite, aportando el proyecto técnico pertinente y toda la documentación que corresponda, de forma que se tramite por el procedimiento legalmente previsto, en el que participan dos Administraciones Públicas, a través de las unidades y órganos especializados en materia urbanística, lo que tenderá a garantizar que los informes técnicos emitidos acrediten que la solicitud y el contenido de la licencia urbanística respetan y se ajustan a la normativa sectorial y ambiental aplicable, así como al estricto cumplimiento de las demás condiciones, requisitos y limitaciones establecidas en la referida legislación urbanística autonómica y, en virtud de sus previsiones, en el planeamiento territorial y urbanístico municipal aplicable. La exigencia de que el procedimiento de autorización de viviendas 6

7 aisladas y familiares, en suelo no urbanizable y en lugares en los que no existe la posibilidad de formar núcleos de población, tengan que intervenir tanto la Administración municipal como la Administración autonómica, ya se hallaba prevista en el texto refundido de la Ley de Suelo de 1976, de manera que en la instrucción del procedimiento deba acreditarse el debido cumplimiento de aquellos requisitos, condicionantes y limitaciones, y que el órgano competente para otorgar la licencia urbanística valore si concurre el interés público o social que pueda justificar su otorgamiento o, por el contrario, justifique o motive su denegación, sin que este Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana pueda ni deba sustituir dicha valoración o declaración de voluntad administrativa del órgano competente, y sin que tampoco deba emitir un parecer que la condicione de forma improcedente. III CONCLUSIÓN Por cuanto queda expuesto, el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana es del parecer: Que los contenidos de la Consulta Facultativa han sido atendidos en el cuerpo de este Dictamen. V. M. H., no obstante, resolverá lo procedente. València, 16 de mayo de 2018 EL SECRETARIO GENERAL LA PRESIDENTA Joan Tamarit i Palacios Margarita Soler Sánchez MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DE LA GENERALITAT. 7