MUJERES RURALES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ECUADOR

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1 MUJERES RURALES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ECUADOR Autoras: MSc. Mercy Julieta Logroño PhD. MSc. Germania Maricela Borja Naranjo MSc. Sonia Estrella Valdivieso 0

2 MUJERES RURALES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ECUADOR Autoras: MSc. Mercy Julieta Logroño PhD. MSc. Germania Maricela Borja Naranjo. MSc. Sonia Paulina Estrella Valdivieso. Primera edición: enero 2018 ISBN: Quito Ecuador Editorial Universitaria Universidad Central Agradecemos a la FAO BRASIL, por el auspicio a la investigación de campo. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de las autoras y no refleja necesariamente la opinión de la FAO ni del MAGAP. 1

3 Índice de contenidos Siglas y acrónimos.. Introducción..... Marco teórico referencial.. La globalización y el impacto en la situación de empobrecimiento de las mujeres rurales del país. El enfoque de género en la Asistencia Técnica y Extensión Rural El género como categoría de análisis La división sexual del trabajo y agricultura familiar La situación rural ecuatoriana y la condición de las mujeres.. Reseña histórica de las mujeres rurales Situación de las mujeres rurales en la última década. Las mujeres rurales y la distribución del tiempo Aportes de las mujeres en tiempo a la producción para el mercado y el autoconsumo. Mercado laboral Ampliación del concepto de trabajo: trabajo y empleo. Retrospectiva de la asistencia técnica y extensión rural ATER y de las mujeres rurales en el Ecuador.. Enfoque Mujeres en el Desarrollo (MED). Enfoque Género en el Desarrollo (GED). Políticas y programas para el desarrollo productivo en el marco de la ATER. Extensión rural La problemática de los extensionistas en la extensión rural

4 Asistencia técnica y Extensión rural en el Ecuador Marcos legales, normativos y procedimentales que rigen la ATER en Ecuador: avances y limitaciones de la incorporación de la perspectiva de género. La normativa ecuatoriana sobre ATER y la garantía de los derechos de las mujeres rurales. Marco operativo de políticas públicas para las mujeres rurales. La ATER en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). Las Escuelas de la Revolución Agraria (ERA). Programa de Innovación Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola (PITPPA). La Estrategia Hombro a Hombro. Proyecto de Desarrollo de la Productividad de los Pequeños Productores Bananeros del Ecuador. La Agenda de la transformación Amazónica. Proyecto Nacional de Semillas para Agro cadenas Estratégicas. Proyecto de Irrigación Tecnificada para Pequeños y medianos Productores y Productoras (PIT). Programa del Buen Vivir Rural en Territorios Rurales. Propuesta para mejorar los programas y políticas de ATER para las mujeres rurales en Ecuador. Referencias bibliográficas

5 Siglas y acrónimos AECI Agencia de Cooperación Española AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AFC Agricultura Campesina Familiar ALC América Latina y El Caribe ANMIG Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género ATA Asistencia Técnica Agropecuaria ATER Asistencia Técnica y Extensión Rural ATPA Agenda de Transformación Productiva Amazónica BCE Banco Central del Ecuador BID Banco Interamericano de Desarrollo BNF Banco Nacional de Fomento CAPP Centro Andino de Acción Popular CECCA Centro de Educación y Capacitación Campesina CEDAW Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la Mujer CEDEAL Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos CEPAL Comisión Económica para América Latina y El Caribe CEPLAES Centro de Planificación y Estudios Sociales CESA Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas CFN Corporación Financiera Nacional CIEG Centro de Investigación de Estudios de Género CIESE Corporación Ecuatoriana de Investigaciones y Estudios Socio- Económicos CIM Comisión Interamericana de Mujeres 4

6 CNIG CONAJUPARE COOTAD CPR DINAMU DRI ENENDU ENIPEP ERA EUT FAO FENOC FEINE FEPP FIDA FODERUMA GAD GED GLBTI GTZ IEPS IICA Consejo Nacional para la Igualdad de Género Consejo Nacional de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización Centro de Promoción Rural Dirección Nacional de la Mujer Proyecto de Desarrollo Integral Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo Estrategia para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza Escuelas de la Revolución Agraria Encuesta del Uso del Tiempo Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola Fondo de Desarrollo Rural Marginal Gobierno Autónomo Descentralizado Enfoque Género en el Desarrollo Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales, Intersexo Cooperación Alemana Instituto de Economía Popular y Solidaria Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 5

7 INEC LORSA MAG MAGAP MCPEC MED MERCOSUR ODS OEA ONG PADEMUR PBVR PEA PIT PITPPA PNBV PNUD PRODEPINE PROLOCAL PROMSA PROTECA REAF Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria Ministerio de Agricultura y Ganadería Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad Enfoque Mujeres en el Desarrollo Mercado Común del Sur Objetivos de Desarrollo Sostenible Organización de Estados Americanos Organización No Gubernamental Programa de Apoyo a Las Mujeres rurales Del Ecuador Programa para el Buen Vivir en Territorios Rurales del Ecuador Población Económicamente Activa Proyecto de Irrigación Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y Productoras Proyecto Nacional de Innovación Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola Plan Nacional del Buen Vivir Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador Proyecto de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Rural Local Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios Programa de Tecnología Agropecuaria Red de Agricultura Familiar 6

8 RELASER RIMISP SENPLADES SEP SETEP SNC TTP UNASUR UNIFEM UPA USAID Red Latinoamericana para Servicios de Extensión Rural Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Sistema de Seguimiento y Evaluación Participativa Secretaria Técnica para la Erradicación de la Pobreza Sistema de Cuentas Nacionales Tanicuchí, Toacazo y Pastocalle Unión de Naciones Suramericanas Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer Unidad Productiva Agropecuaria Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 7

9 Introducción La situación de las mujeres rurales en el Ecuador es una temática cardinal, dado su aporte vital a los procesos de producción, cuidado y sostenibilidad de la vida. En el país se ha avanzado en la consecución de una auspiciosa normativa, para eliminar las brechas de inequidad; empero la persistencia de estructuras de acumulación capitalista y patriarcal impiden el logro de condiciones de igualdad. En efecto, el aporte de las mujeres rurales a la agricultura, seguridad alimentaria, al trabajo productivo y reproductivo, sus conocimientos ancestrales en torno al manejo de los recursos naturales, son fundamentales para el funcionamiento de la economía y la reproducción ampliada de la vida, en contraste hay una ceguera epistémica que ha impedido que las mujeres alcancen condiciones de equidad. En ese contexto, durante mucho tiempo las mujeres no fueron consideradas sujetos y consecuentemente han sido descalificadas para formar parte de los equipos técnicos para la asistencia técnica y extensión rural implementadas en el país a lo largo de los años. Estos hechos ponen en evidencia que las políticas públicas nacionales no reconocen sus necesidades específicas, lo cual repercute de manera negativa en su calidad de vida, y en el desarrollo de sus capacidades y potencialidades. 8

10 A la luz de estas consideraciones, este estudio, analiza la situación de las mujeres rurales en el marco de la globalización, y la Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) en Ecuador, así como los marcos legislativos, normativos y/o procedimentales al respecto. También, registra y analiza la forma cómo la ATER ha abordado e incorporado la perspectiva de género en su legislación y normativas así como en sus procedimientos y directrices metodológicas, finalmente sugiere una propuesta para mejorar la ATER a mujeres rurales y la incorporación del enfoque de género, tanto en su legislación y marcos normativos, así como en los procedimientos y directrices metodológicas. Se espera que esta investigación se constituya en un punto de partida para la incorporación directa de las necesidades y demandas de las mujeres rurales y del enfoque de género en los marcos normativos, procedimentales y metodológicos que reglamentan y orientan la ATER en el Ecuador, a fin de coadyuvar al logro de un auténtico desarrollo, la autonomía y empoderamiento de las mujeres rurales, bajo cuya responsabilidad se encuentra la soberanía y seguridad alimentaria. Fundamentalmente, se busca aportar en la búsqueda de un nuevo paradigma, diverso a la visión antropocéntrica y patriarcal implícitas en el modelo civilizatorio, actualmente en crisis. Consideraciones metodológicas La obtención de información desde múltiples perspectivas, superando la descripción de datos, requiere de una metodología de investigación cualitativa, iluminada desde una perspectiva feminista, que a decir de Harding (citada por Flores, 2010) se caracteriza como tal, porque toma en cuenta las experiencias de las mujeres, superando el enfoque tradicional de considerar como universal solamente el punto de vista masculino y porque constituye un recurso empírico y teórico valioso para una investigación en la que se trata de valorar los 9

11 marcos interpretativos, normativos y metodológicos de la asistencia técnica a la agricultura campesina, abordaje que necesariamente incorpora conceptos como: el impacto de la globalización en las mujeres rurales, la división sexual del trabajo, los cuidados y la violencia de género. De ahí que hemos tomado dicho paradigma como el método desde el cual se analiza la condición de las mujeres rurales y la asistencia técnica. Por el carácter del estudio y los objetivos, se trata de una investigación bibliográfica - descriptiva, cuyo análisis se realiza a partir de los siguientes criterios: (i) Marco de referencia sobre mujeres rurales y género, (ii) Documentos, estudios e informes técnicos sobre ATER a mujeres rurales, (iii) Políticas públicas vinculadas a la ATER para mujeres rurales, (iv) Marco normativo nacional, (v) estudios de caso y (vi) Informes de rendición de cuentas y evaluaciones sobre ATER. Complementariamente al estudio documental y bibliográfico, se realizó una investigación de campo que permitió recuperar las voces de las mujeres lideresas rurales, y de pequeños y medianos productores/as de los programas y proyectos del MAGAP a nivel nacional; así como también las propuestas de representantes de la institucionalidad pública involucrados en la temática; en especial el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, la cooperación internacional en especial de la FAO-Brasil; cuyas opiniones orientaron la construcción de la propuesta para mejorar la asistencia técnica y extensión rural en el Ecuador, instituciones a las cuales agradecemos. Desde ese marco interpretativo, el proceso metodológico del Estudio cualitativo sobre mujeres rurales y la asistencia técnica en Ecuador para las mujeres rurales e indígenas, contempla los siguientes momentos: 10

12 Primer momento. Se realizó el levantamiento de información bibliográfica y documental sobre Mujeres rurales, asistencia técnica y extensión rural en Ecuador desde una perspectiva de género en instituciones públicas, organismos no gubernamentales (ONG) y la cooperación internacional relacionada con el tema. Este anclaje, permitió contar con referentes teórico- conceptuales e información secundaria de los y las actores de los procesos de ATER y mujeres rurales para verificar los niveles de incorporación del enfoque de género en el período comprendido entre el año La información relacionada al abordaje metodológico de la ATER y su incorporación de la perspectiva de género, tanto en su legislación y normativa, así como también en procedimientos y directrices metodológicas, se complementó con el análisis de la información recolectada a través de grupos focales y entrevistas a informantes calificados, donde estuvo focalizada la intervención ATER, principalmente a los/as actores institucionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP), ONG y mujeres productoras rurales. Segundo momento. Identificación y análisis de los marcos legislativos, normativos y/o procedimentales que reglamentan la Asistencia Técnica y Extensión Rural pública en el Ecuador. Esta actividad fue sistematizada a través de una matriz y otros mecanismos de revisión documental, que tuvieron como referencia, dimensiones clave de análisis. Sobre esa base se sistematizó la información obtenida que sirvió de base para una adecuada comprensión de la situación de las mujeres rurales como sujetas de asistencia técnica en la producción agrícola. Tercer momento. Analítico y de construcción de la propuesta, a través del cual se sistematizó la información tanto a nivel documental como de campo y los aportes de las contrapartes técnicas: Consejo Nacional para la Igualdad de 11

13 Género (CNIG) y el MAGAP, sobre dicha información se elaboró las propuestas para mejorar la oferta de ATER a mujeres rurales y la incorporación del enfoque de género en los programas y políticas de ATER en Ecuador. 12

14 Marco teórico referencial La globalización y el impacto en la situación de empobrecimiento de las mujeres rurales del país. Según lo establecen varios estudios, la situación de crisis de las mujeres rurales se agudiza en el neoliberalismo, de ahí que en esta primera parte, realizamos una contextualización del fenómeno, para luego referirnos a las condiciones actuales. El proceso de globalización significa la extensión del capitalismo en todo el planeta y consecuentemente la profundización de los procesos de acumulación y centralización del capital. Dicho proceso impacta de manera notable en las relaciones de producción de los países dependientes, acentuando y recreando nuevos mecanismos de explotación para incrementar la tasa de acumulación capitalista, principal objetivo del neoliberalismo. Bajo la visión neoliberal, el concepto de mercado inunda todas las esferas de la actividad económica, social y cultural. Ese mercado es cada vez global, interdependiente, y más abierto en cuanto a sus conexiones macroeconómicas mediante la integración de los patrones de producción y de consumo que surgen de una ramificación 13

15 creciente de la división internacional del trabajo, la interacción de los mercados nacionales de bienes y servicios, de capitales, divisas y trabajo y mediante la organización transnacional de la producción en el interior de las firmas. (Teubal, 2001, p.23). La globalización o extensión del capitalismo en el planeta, tiene una influencia sobre las condiciones de vida del mundo rural; la agricultura principal actividad productiva del campo entra en una situación de crisis y consecuentemente presiona la modificación de las relaciones sociales de producción. Las mujeres productoras agrícolas, en función de factores como la migración masculina, asumen la producción de la parcela, dando lugar al proceso conocido como feminización de la agricultura. Paralelamente hombres y mujeres protagonistas del hecho rural, tienen que diversificar las formas de ocupación, produciéndose cambios en las relaciones sociales y técnicas de producción. La consolidación de un sistema agroalimentario mundial bajo la égida de grandes corporaciones, conjuntamente con las políticas de liberalización y ajuste estructural aplicables al medio rural, son factores que influyen significativamente sobre la nueva ruralidad, en ciernes de América Latina. No cabe duda de que se han ido estableciendo pautas, estructuras, tendencias y nuevas formas organizativas que estarían transformando profundamente el medio rural. (Teubal, 2001, p. 61). La globalización, influencia en las relaciones capitalistas en el ámbito rural, y se expresa: en el predominio de las relaciones salariales de producción en la agricultura, consiguientemente según lo expresa Teubal (2001). La diversificación del empleo, la multiocupación, la precarización del empleo rural; la expulsión de medianos/as y pequeños/as productores/as del sector agrícola; las continuas migraciones campo ciudad o a través de las fronteras; la creciente orientación de la producción agropecuaria hacia los 14

16 mercados; la articulación de los productores agrarios a los complejos agroindustriales en los que predominan las decisiones de núcleos de poder vinculados a grandes empresas transnacionales; la conformación en algunos países de los denominados pool de siembra, (2001, p24). Son factores que inciden sobre la exclusión social en el medio rural, afectando a la mayoría de productores rurales. Estas condiciones, además se refuerzan por el predominio de las industrias de productos agropecuarios; según Madeley (1999) esta aumenta de 65 mil millones de dólares en 1972 más de 500 mil millones: la creciente liberación del comercio mundial de productos agropecuarios bajo los auspicios del GATT y OMC ha contribuido a mejorar las ganancias de los productores agrícolas, pero no necesariamente la situación de los más pobres del medio rural. (p. 57). Se genera entonces a partir de la década de los años una reprimarización de la economía, establecida por las necesidades de la división internacional del trabajo y del mercado, por lo tanto, se sustituye la producción de alimentos básicos para la alimentación, u otros de carácter tradicional como: el café, el cacao, el banano, y se privilegia la exportación de flores, frutas, hortalizas, que insume además mano de obra femenina. Paralelamente, las empresas transnacionales, controlan el comercio de insumos agrícolas: semillas transgénicas, híbridas, fertilizantes, fungicidas, maquinaria agrícola, agroquímicos entre otros. Para el mismo autor el mercado de agroquímicos representaba ventas y ganancias extraordinarias, mientras que la sola elaboración de semillas, tiene un mercado que mueve 13 millones de dólares por año; este compartimiento fomenta una dependencia de los agricultores. Adicionalmente las corporaciones inclusive están patentando plantas, animales y semillas que históricamente fueron utilizados por los productores agropecuarios locales. 15

17 Existe una tendencia estudiada por Kay (1998) en el sentido de que el empleo fuera del fundo o parcela crece más que dentro del fundo. Estos cambios, ayudan a mejorar la proporción de los ingresos de los hogares campesinos. A este proceso, el autor lo denomina como la semi-proletarización, pues entre dos y tres quintos de su ingreso familiar provienen de fuentes ajenas a su fundo, principalmente del empleo asalariado estacional. Estas condiciones, generan una situación de pobreza en el mundo rural, directamente relacionada con la distribución desigual de las tierras y el aumento de campesinos semiproletarios sin tierras. La modernización agrícola, beneficia principalmente a una minoría de la población: agroindustriales agricultores capitalistas, algunas familias campesinas capitalizadas, y fuerza laboral más calificada; los perdedores son el campesinado semi o completamente proletarizado, la mayoría de los trabajadores cuyas condiciones se han vuelto temporales, precarias y flexibles. (Kay, 2000); y desde una óptica de género, el trabajo flexible afecta a las mujeres y a la infancia. El contexto global, impacta fuertemente en el caso de nuestro país, en las condiciones de vida de los y las productores rurales, en la modificación de las relaciones productivas, técnicas, sociales y culturales, pero también se producen fenómenos específicos a lo interno, que dan cuenta de múltiples procesos. En este sentido, el problema rural tiene que ser pensado articulando el análisis global, con la dimensión micro de lo local, e integrando las múltiples dimensiones del desarrollo sustentable: económica, ambiental-territorial, social, cultural y política institucional, en las mismas que debe además transversalizarse el género y la interculturalidad. 16

18 Solo desde esa óptica, podremos pensar en la necesidad de ir construyendo alternativas nacidas desde esa realidad y visualizar los procesos heterogéneos y diversos que se expresan en el mundo rural, las políticas por lo tanto al direccionarse no pueden ser pensadas desde las determinaciones impuestas por la globalización, sino en los intereses nacionales y en el desarrollo endógeno, para desde allí trascender hacia una visión más global. En el diseño de políticas, la comprensión de la articulación de los dos fenómenos es fundamental, pues desde la visión de mercado, se da un peso muy importante a las determinaciones globales, por lo que las políticas nacionales expresan una cierta colonización ideológica, de allí por ejemplo que, para dinamizar la economía rural, se enfatiza en los procesos denominados de modernización, de fomento a las exportaciones, de la activación del comercio exterior, de inversión extranjera. En el campo rural se habla de optimizar la producción agrícola para satisfacer las demandas de la exportación, sin considerar las dinámicas locales y la necesidad de generar procesos de acumulación local que respondan no sólo a la demanda, sino a las necesidades de los pueblos, regiones, microcuencas, es decir propuestas de desarrollo, en base de las potencialidades y recursos de cada territorio, de sus concepciones culturales y necesidades sociales. Sin embargo, hay que anotar que esto es posible, si existe una voluntad expresa en el país para accionar procesos alternativos que permitan visualizar salidas en función de las dinámicas locales, y no enfatizar en políticas que hagan hincapié en las vías impuestas por el modelo globalizador capitalista. 17

19 El enfoque de género en la Asistencia Técnica y Extensión Rural El análisis de la asistencia técnica y extensión rural, propuesto en este estudio se alimenta de los postulados del enfoque de género en articulación con los enfoques étnicos, de territorio y sociales, debido a su potencialidad para analizar los sesgos de género, implícitos y explícitos en los marcos legales, procedimentales, políticas públicas e intervenciones estatales de la Asistencia Técnica y Extensión Rural en el Ecuador. Esto es especialmente importante, puesto que, la aplicación de los distintos modelos de desarrollo y consecuentemente el modelo de asistencia técnica que subyace de aquello, parte en palabras de Iñiguez de una racionalización conformista de indudables asimetrías en las relaciones entre géneros (1996); invisibilizando las desigualdades históricas y asumiendo que una intervención que promueve el desarrollo de un grupo, también beneficiará automáticamente a otro; sin embargo, la experiencia de la aplicación de los diversos modelos de desarrollo demuestran que el proceso es radicalmente inverso. Adicionalmente, en el avance del debate en torno a la asistencia técnica, el salto paradigmático que asumió el Ecuador al apuntalar los postulados andinos del buen vivir; los aportes del movimiento feminista a la valoración de la esfera reproductiva y el cuidado de la vida; los diálogos interculturales que demandan el respeto de las culturas y saberes ancestrales; las experiencias de aprendizaje de Freire, que calaron en la práctica latinoamericana, exigen una necesaria re conceptualización teórica y metodológica de la asistencia técnica y extensión rural ; puesto que, su utilización demuestra el manejo de conceptos, que ya no se compadecen con estos avances, los cuales más bien apuntalan la necesidad de hablar desde la perspectiva de un diálogo de saberes y conocimientos técnicos diversos para mejorar los procesos productivos del 18

20 territorio, sobre la base de afianzar tal como lo planteaba Sen (1983) el acento en las capacidades de las personas y sociedades para dominar las circunstancias en las que se extiende y profundiza la vida. Aquello porque nombrar lo nuevo con la palabra vieja, implica ciertos riesgos porque la palabra usada para definir una percepción sujeta a reforma, dificulta a nivel inconsciente detonar el cambio. (Pereira, 2007, p.8). De manera similar a lo que planteaba Sen (1983) cuando se proponía una ruptura al concepto de desarrollo cuando expresaba que: Ya no se trata solamente de cuantas cosas se producen por las personas (productividad) ni de cómo se las reparte entre ellas (equidad), no si dichas cosas alcanzan para vivir y desempeñarse adecuadamente en la vida (necesidades básicas). Se trata más bien de saber cuántas vidas y cuánta vida, entendidas como capacidades y desempeños, se logran con la utilización de ciertas cosas por el ser humano (Sen, 1983, citado en Iñiguez, 1996, p.22). Desde esta perspectiva, y añadiendo un enfoque crítico de género, se trata de mirar cómo actúa la denominada asistencia técnica y extensión rural para cambiar la vida de la gente?, con énfasis en las mujeres, dado que debido al distinto proceso de acaparamiento de oportunidades que se ha dado históricamente, las mujeres, especialmente, si éstas son pobres, indígenas, o afrodescendientes y viven en territorios rurales continúan en condiciones de desigualdad. Se busca recabar las voces de las mujeres rurales que han recibido la asistencia técnica y extensión rural (ATER), y conocer sus planteamientos sobre cómo opera en sus territorios, conocer de qué manera este proceso implementado principalmente por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) está permitiendo mejorar las 19

21 capacidades de los que llegan a los territorios y por su puesto de aquellos que viven en ellos, pues se entiende que hay un proceso imbricado de aprendizajes. Se requiere, por tanto, profundizar en aquellos procedimientos, metodologías que se expresan tanto en los documentos que guían el trabajo de los distintos programas y proyectos del MAGAP, pero sobre todo sus prácticas a través de las voces de las mujeres rurales. De ahí que, nos parece vital el uso de la categoría género, pues esta parte analizando las relaciones de poder entre hombres y mujeres, sin soslayar la necesaria articulación con otras categorías que pueden agudizar los procesos de desigualdad, como, por ejemplo, la clase, la etnia, las condiciones territoriales, generacionales entre otras, para luego revisar uno de los aspectos en los que se sustenta la desigualdad como la división sexual del trabajo. Además, es importante analizar la situación de las mujeres rurales, a fin de conocer las condiciones de partida para posteriormente revisar de manera detenida la Asistencia Técnica y su impacto en la vida de las mujeres a lo largo de estos años. A partir de este enfoque, realizamos una revisión crítica de los diversos programas y proyectos del MAGAP, utilizando para ello una matriz en donde se identifica a través de indicadores si efectivamente los proyectos contemplan un análisis de género en la propuesta de ATER. Todo aquello con la finalidad de sugerir propuestas concretas para mejorar la oferta de ATER a mujeres rurales, y la incorporación del enfoque de género en los programas y políticas de ATER en Ecuador. El género como categoría de análisis En este estudio se recupera el género, principalmente como una categoría analítica que permite comprender las 20

22 relaciones entre los sexos como una construcción social, cultural e histórica, a través de la cual se atribuyen características, roles, posibilidades de actuación y de valoración diferentes a las mujeres y a los hombres 1. Estas valoraciones son asumidas por las sociedades como normativas e influyen en la conformación de las identidades binarias y a menudo enfrentadas, coadyuvando en la conformación de sistemas sociales no equitativos. (Logroño, 2006). Considerando dichas desigualdades y contradicciones, el enfoque de género, es eminentemente relacional y "crítico", pues además de analizar las identidades, perspectivas y relaciones entre los sexos, coadyuva a identificar cómo las diferentes sociedades han jerarquizado lo masculino sobre lo femenino y han convertido la diferencia sexual en desventaja, propiciando relaciones de dominación/subordinación y fortaleciendo relaciones de poder, muchas de las cuales se encuentran naturalizadas. (Logroño, 2006). Para Bourdieu (citado en Lamas, 1996) el género, no es solamente un elemento constitutivo de las relaciones sociales, basadas en las diferencias naturales que distinguen los sexos, sino: una forma primaria de relaciones significantes de poder 2 por el cual se estableció un control y acceso diferencial sobre los recursos materiales y simbólicos. Empero, tal como lo propone Scott (1990) la relación entre sexo y género no es una relación sencilla, directa, sino que el uso de la categoría género pone en juego un sistema completo y complejo que incluye no solamente 1 Debido a estas concepciones binarias, cuyos rezagos aún se mantienen no es de extrañarse, que quienes ofrecen asistencia técnica, esto refuerza significados simbólicos que debido a la incorporación de las mujeres a ramas técnicas va cambiando; sin embargo, aún los hombres representan numéricamente el mayor número de profesionales que ofrece asistencia técnica. 2 Este concepto es desarrollado por Scott, W Joan. El Género: una categoría útil para el análisis histórico. 21

23 las relaciones que se producen al interior de la familia así también en ámbitos como la economía, la educación, la política, la cultura, etc.; y por lo tanto propone que el género como categoría de análisis, debe ser analizado desde cuatro aspectos centrales que aparecen interrelacionados en su construcción: (a) Los símbolos y mitos de una cultura; (b) lo normativo; (c) Las instituciones y organizaciones sociales de las relaciones de género: familia, mercado de trabajo, instituciones educativas y políticas; (d) La identidad subjetiva de hombres y mujeres. Este aspecto está relacionado con la constitución psíquica de las identidades estructuradas como un proceso de diferenciación con respecto al otro/a. Haciendo uso de esta categoría es posible evidenciar por ejemplo (i) qué tipo de concepciones culturales sobre la masculinidad y feminidad están determinando la participación de hombres y mujeres en la adopción o no de ciertas tecnologías o el manejo diferenciado que hacen los unos y los otros de los distintos recursos productivos; (ii) los saberes y conocimientos diferenciados de hombres y mujeres en relación al manejo del suelo, de las semillas de los recursos productivos. La categoría permitiría comprender, por ejemplo, las estrategias para redimensionar la asistencia técnica en función de las necesidades no sólo productivas, sino de reproducción de la vida; comprender y analizar la división sexual del trabajo, especialmente útil para establecer mecanismos diferenciados como horarios, tiempos de recepción de la asistencia técnica en función de las necesidades de las mujeres entre otros aspectos. Para Campillo (1994) el análisis de género en la agricultura es útil para: - Una mejor y más precisa comprensión de la lógica de producción de las unidades familiares, sujetos por excelencia al desarrollo rural, esto a su turno permite identificar de manera 22

24 más precisa alternativas económicas más viables para dichas unidades, en función de la especificidad de interés y potencialidades de los sujetos que la integran. - Acercarse a los propósitos de equidad y sostenibilidad social. - Delimitar más adecuadamente los grupos de población objetivo de las estrategias y programas sociales, por ejemplo, la pobreza tiene sesgos de género. - Avanzar en la determinación de la pluralidad de situaciones y actores, definiendo de manera más completa el contenido de categorías sociales erróneamente usadas como unidades homogéneas: por ejemplo, la familia rural, como si existiese un solo tipo y en su interior la distribución de recursos y beneficios fuese equitativa; o la mujer rural cuando coexiste un amplio espectro de tipos de mujeres rurales con intereses distintos. La heterogeneidad y las diferencias se pueden hacer más evidentes y con su reconocimiento se amplían las posibilidades de modificar las relaciones de dominación y subordinación. - Contribuir a la democracia, no sólo como sistema formal de organización y expresión política, sino como forma de relación entre personas, desde lo privado cotidiano hasta lo público. En ese contexto acercarse al cambio, que pasa por la modificación de patrones culturales, entre ellos los generados por la ideología patriarcal. La división sexual del trabajo y agricultura familiar Partiendo del análisis de género es posible identificar los diferentes roles que hombres y mujeres asumen en la economía, y dentro de ella en las esferas de la producción y de la reproducción, así como los orígenes de esas diferencias, los cuáles históricamente han estructurado sistemas de subordinación culturales y materiales, que ponen en desventaja económica, social y política a las mujeres y a los sectores históricamente discriminados. 23

25 El concepto de división sexual del trabajo explica la relación y la jerarquía que la sociedad ha establecido para las actividades llamadas productivas, atribuidas a los hombres, mientras que se desvaloriza la esfera reproductiva que histórica y culturalmente ha sido atribuida a las mujeres. Esta valoración inequitativa del trabajo es cuestionada por el feminismo, que además establece la inexorable relación entre producción y reproducción y critica la visión que reduce la economía a la economía mercantil; por cuanto, el espacio privado y las relaciones personales son políticas y el trabajo y los cuidados también es economía. Lo mismo ocurre en la agricultura; el trabajo de las mujeres en los huertos, terrenos y la cría de animales no son reconocidos. (Oxfam, 2011, p. 4). La división sexual del trabajo marca separaciones y jerarquías entre mujeres y hombres, e impacta en los roles; colocando a los hombres en tareas y prácticas más relacionadas con el acceso a recursos monetarios, de activos y de participación en la toma de decisiones, por ello las mujeres han debido deconstruir estereotipos y prácticas, para lograr mediante todo un proceso de lucha histórica acceder a estos espacios. En la agricultura familiar, por ejemplo, al interior de las familias, se presenta una división sexual del trabajo; en donde el hombre por lo general - es el titular de la explotación agropecuaria y quien toma las decisiones de gestión de la producción y la comercialización de las actividades y sobre el uso del dinero proveniente de dichas actividades y rara vez, aporta en esta tarea; en cambio las mujeres son las encargadas de las tareas reproductivas-domésticas, y la siembra de la huerta o de la chacra, destinada en parte al autoconsumo que asegura la subsistencia familiar, comercializando sus excedentes para complementar el ingreso del hogar. De la misma manera, las mujeres de la agricultura familiar participan continuamente del trabajo en el cultivo para 24

26 la producción en el mercado, especialmente, en temporada de siembra y cosecha. No obstante, el gran despliegue de energía física y de horas de trabajo, al igual que los hombres, esta actividad es reconocida tan solo como ayuda al esposo o jefe del trabajo agrícola. También, ellas invierten tiempo en la elaboración de objetos artesanales de distintos productos primarios a los que agregan valor, como: dulces, harinas, artesanías, que lo comercializa en el mercado. En el caso de mujeres rurales jefas de hogar la sobrecarga de trabajo se acentúa, por cuando los hombres no se encuentran sea por migración, abandono o separación. El hecho en que la mayoría de veces se considere al hombre como jefe de familia (tanto para el caso de los relevamientos censales, como para la extensión agrícola o servicios de apoyo al desarrollo rural) suele dejar a las mujeres rurales al margen de las oportunidades de capacitación, acceso a la tierra, al crédito y financiamiento, tecnología y otros servicios. (Foti, s/f.p. 47). En la Agricultura familiar, conceptualizada, como un modo social específico y un tipo de producción particular, que se orienta, según algunos autores a cubrir las necesidades familiares y no a maximizar las tasas de ganancia a nivel empresarial (Hamdan, 1994; Schejtman, 1980); las mujeres desempeñan un rol protagónico, pero además coadyuvan a la conservación del ambiente, pues gran parte de su trabajo se dirige a la conservación y regeneración de los recursos naturales ligados al agua y al bosque, de los que depende en buena medida la subsistencia familiar. La importancia de la participación femenina en la agricultura familiar, ha sido ampliamente reconocida; sin embargo, este reconocimiento tiene que plantear la necesidad de reconceptualizar el enfoque de la Asistencia Técnica y Extensión Rural desde un enfoque de género, en la perspectiva de apuntalar al logro de la equidad. 25

27 La situación rural ecuatoriana y la condición de las mujeres. Los procesos de globalización impactan en la modificación de las relaciones de producción capitalista, como lo reconoce Kay (2000) a partir de los años noventa la economía rural latinoamericana ya no tiene el mismo papel que históricamente tuvo en la economía global, hay una reducción de la población rural; en 1960, la población representa el 50% mientras que en la década de los noventa es del 25%. En ese contexto, en los países de América Latina y El Caribe (ALC), la desigualdad social es uno de los principales problemas sociales según consta en el Informe Regional de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del PNUD y la publicación de CEPAL La hora de la Igualdad (2010). La desigualdad de género es estructural e inherente al sistema patriarcal y colonial que impide a las mujeres de los territorios rurales superar las brechas sociales, económicas e incluso culturales, por consiguiente, sus derechos económicos. 26

28 La aplicación de las políticas de ajuste, como la estrategia orientada hacia la exportación produjeron el incremento de las exportaciones agrícolas y una disminución de la producción para el mercado interno, este hecho pone en riesgo la seguridad alimentaria en América Latina y en deterioro del medio ambiente. La concentración de la tierra, que es uno de los grandes determinantes de la situación de pobreza. Esta realidad, da lugar a una estructura agraria bimodal tanto en la Sierra como en la Costa: grandes propiedades para la agro-exportación y minifundios. 3 Sin embargo, es importante anotar que aún dentro de las regiones se producen estratificaciones relacionadas con la cantidad de tierra que disponen las familias; así pues: El problema de la mala distribución de la riqueza, incide en la composición de la fuerza de trabajo, los pobres son aquellas familias que tienen poca tierra y necesariamente se obligan a vender su fuerza de trabajo en tareas agrícolas o no agrícolas para poder complementar los ingresos de las familias. Dentro de esta categoría, están las mujeres jefas de hogar que tienen ingresos mínimos. Los campesinos medios en cambio tienen más tierra y no venden su fuerza de trabajo, mientras que los campesinos ricos que tienen mucha tierra, también están en posibilidades de comprar la fuerza de trabajo. En ese marco, los ingresos derivados de la agricultura para los más pobres, son cada vez menores, hay un agudizamiento de la pobreza en el campo. Sin tierra, sin empleo 3 Similar aspecto sucede en América Latina conforme lo analizara Kay, ver artículo el Desarrollo excluyente y desigual en América Latina Rural. (1977). 27

29 se evidencian problemas estructurales. Los hombres y mujeres campesinos/as entran directo a la categoría pobres. Se establecen cambios en la composición de la fuerza laboral rural, predominio de las relaciones de producción asalariada, el incremento del trabajo temporal y estacional y un estancamiento y disminución de las posibilidades del empleo en el medio rural, los mismos que provocan constantes flujos migratorios y una búsqueda de empleos agrícolas y no agrícolas, éste último sector inclusive resulta más importante que el primero; es decir se vive un intenso proceso de semiproletarización, fenómeno directamente relacionado con la globalización. En efecto, la década de 1990 al 2000, está marcada, por la aplicación de las medidas neoliberales, que prioriza el mercado y las exportaciones. Estos hechos fraccionan la fuerza de trabajo rural y profundizan las condiciones de trabajo de las mujeres rurales, quienes hacen parte del semiproletariado. El Estado en los años 90, se abandera de la necesidad de insertarse en la globalización, argumentando la necesidad de la modernización de todas las áreas de la economía, (se incluye al sector agrícola) y pretende que los y las productores del campo se transformen en microempresarios/as, sin que se visualicen las condiciones objetivas, para lograr aquello, pues más bien en el caso ecuatoriano, la poca tierra que tienen los indígenas y el crecimiento de los miembros de la familia, ha producido una fragmentación de los propios minifundios, con la consiguiente baja de la producción que obliga a la migración que como nunca antes tiene rostro femenino. Por otro lado, la dolarización tiene efectos negativos sobre todo para los pequeños agricultores y agricultoras, que enfrentan una contradicción, que se expresa entre los altos costos de producción: insumos y semillas, frente a una demanda interna con escasa capacidad de pago, mientras que de otro 28

30 lado las políticas gubernamentales y sus medidas de liberación arancelaria, favorecen el ingreso de productos, extranjeros, agravando la situación tanto de pequeños como de medianos agricultores/as. Otros factores, que profundizan la crisis de los sectores rurales, están relacionadas con el deterioro del medio ambiente y por lo tanto, la falta de acceso a recursos; factores como: la disminución del agua, la deforestación, la erosión; en la Costa la pérdida del manglar, y otros recursos naturales, afectan las posibilidades de supervivencia. En el Oriente, la producción petrolera deteriora de manera ostensible los recursos naturales: agua, aire, biodiversidad, con la consiguiente pérdida de alternativas de vida más sustentables. En la actualidad, las zonas de frontera con Colombia, son áreas básicamente rurales cuyo equilibrio biodiverso, está afectado por las constantes fumigaciones ocasionadas por la aplicación del Plan Colombia, lo que determina mayor pobreza, desintegración territorial y social que incide en el deterioro de las condiciones de vida. Las condiciones de precariedad en el campo, ocasionaron el éxodo masivo primero de los hombres y desde la década de los años 90 de las mujeres, incrementando como nunca antes la tasa de emigración rural, dentro y fuera del país. La globalización incorpora a las mujeres al trabajo agrícola, como una necesidad de las empresas agroindustriales de exportación, cuya dinámica responde a las necesidades de las transnacionales. Esta integración funcional, obedece a la posibilidad de integrar la mano de obra femenina, aprovechando la destreza y habilidad de las mujeres. La escasa o inexistente organización, y sobre todo porque su mano de obra es más barata que la masculina. 29

31 Los estudios de género permitieron analizar el mundo rural de una manera diversa, tradicionalmente el enfoque economicista, priorizaba la identidad de los/as pobladores/as rurales como campesinos, agricultores y hombres; excluyendo a las mujeres de la caracterización como productoras e invisibilizando las múltiples identidades de la población, las condiciones etnoculturales y territoriales. La contribución de los estudios de género y el feminismo, permitieron una reconceptualización de ésta visión ampliando el reduccionismo economicista, revalorizando la participación de las mujeres y considerándolas como productoras rurales por su trabajo en las actividades: agrícolas, pecuarias, artesanales, de comercio, a las que se añaden la responsabilidad casi total de la reproducción doméstica, pero también visibilizando su heterogeneidad en términos etnoculturales. En esa línea se inscriben los estudios como el de León y Deere (1986), los mismos que llegan a las siguientes conclusiones: -Las mujeres rurales de América Latina y el Caribe son productoras rurales. -La economía campesina no puede caracterizarse como un sistema agrícola masculino, sino más bien como un sistema agrícola familiar. - Las faenas domésticas en los diferentes países y regiones son intensivas en tiempo. Para la mujer son más pesados que para la urbana dada la inexistencia de servicios básicos. - La política agraria afecta, en forma distinta a los hogares campesinos según su posición de clase, con resultados heterogéneos para la mujer. En general en América Latina, la presencia de la mujer en la agricultura es más pronunciada en los estratos más pobres del campesinado y entre los grupos con acceso 30

32 limitado a la tierra o en procesos de proletarización total. La participación de la mujer en el trabajo directo de la parcela, especialmente en el estrato más pobre está relacionada con varios factores: (1) La ausencia del hombre a causa de la migración masculina y la necesidad de complementar el ingreso familiar; (2) El bajo costo de oportunidad (3) Para los minifundistas la agricultura es complementaria. - El análisis de la posición de la mujer en el sistema agrícola debe tener en cuenta no solo su papel en la producción, sino también en la toma de decisiones y en el control del ingreso. - El capitalismo emplea a las mujeres como trabajadoras estacionarias en la agricultura para la exportación. - El grueso de las trabajadoras asalariadas, proviene de hogares sin tierra o de pequeños propietarios, hecho que permite asociar la pobreza rural y la proletarización femenina. - La mayoría de los emigrantes rural-urbanos han sido mujeres jóvenes. (pp. 14, 15). Este importante análisis, visibilizó el rol de las mujeres como productoras agrícolas, desde la década de los años 80 y determinó cambios en los enfoques teóricos, los mismos que presionan la adopción de políticas que consideraron esta nueva realidad de las mujeres, en las décadas subsiguientes. De la invisibilización casi total, se llega a hablar en el campo agrícola de un fenómeno nuevo: la feminización de la agricultura. Kay, por ejemplo, destaca que, en el sector agrícola, se produjeron cambios que tienen que ver con: a) el reemplazo de la mano de obra de arrendataria por la asalariada; b) dentro de la asalariada el crecimiento de trabajo temporal estacional; c) la creciente feminización de la mano de obra y; d) la urbanización de los trabajadores rurales. Este marco, apunta principalmente a clarificar que las mujeres, asumen a su cargo tanto las responsabilidades productivas: agricultura, cuidado de animales menores etc. por el proceso migratorio masculino. 31

33 En la década de los noventa, los cambios impuestos por la globalización modifican los patrones ocupacionales. Según Martínez (1992) lo que más llama la atención es que cerca del 45% de la PEA femenina rural se ocupa en un variado número de actividades que no son solo las agropecuarias: artesanía, comercio, y otras no agropecuarias. Esta multiocupación es una de las características centrales de la inserción productiva de las mujeres rurales y está relacionada directamente con la falta de tierras, que tiene un efecto en la intensificación del trabajo de las mujeres. Dicha realidad, se relaciona directamente con la crisis que sufren en especial los minifundistas, aspecto que los obliga a buscar otras formas de ocupación para garantizar ingresos que permitan la subsistencia de la familia, pero también intensificar el trabajo que las mujeres y también los niños vienen desempeñando en los hogares. En ese sentido, expresa Martínez (2000) la mujer no puede ser vista sólo como productora agrícola, sino que su trabajo se relaciona con una diversidad de actividades productivas, dicha diversificación ocupacional es una marcada característica de la población femenina pobre. Desde este punto de vista, la pobreza y la diversificación ocupacional son las dos variables correlacionadas en el empleo de las mujeres rurales. De otro lado, el autor advierte la vinculación entre la pobreza (tamaño del predio) y la intensificación del trabajo, pues la mujer intensifica su trabajo cuando los hogares no tienen tierra o la tienen muy poca. Se señala, además, que la categoría trabajador familiar, indica una situación de real discriminación de género en el contexto de la familia rural. Las mujeres deben trabajar en tareas productivas invisibles, sin recibir ninguna remuneración, mientras que el hombre es el que se vincula con el trabajo asalariado. Advierte finalmente, el autor, que a pesar 32

34 de que son pocas las mujeres asalariadas, son además, las peor remuneradas. En ese sentido, las contribuciones además de visibilizar el aporte de las mujeres apuntan a deconstruir los estereotipos tradicionales sobre las familias rurales, poniendo de manifiesto las tensiones, las desiguales relaciones de poder y la jerarquía patriarcal que subyace de la familia rural; una estructura familiar que ha sido básica para mantener la vida social y las comunidades rurales tradicionales. Whatmore (1989), y Van Der Buró y Endeweld (1994). De otro lado, se resalta que los hogares agrícolas no comprenden grupos indiferenciados de personas que producen y consumen juntos, es decir con igual acceso y compartimiento de los recursos y beneficios de la producción. Más bien los hogares son pequeños sistemas de repartición de recursos. (Guyer, 1980). Es decir, el análisis de género dirige sus pasos a la diversidad de actividades, recursos y beneficios, así como las formas colaborativas, obligaciones o conflictos, es decir analiza las relaciones de producción en sus múltiples dimensiones globales, nacionales y locales, pero además asume el análisis de la vida cotidiana, visibilizando los flujos y relaciones dentro del hogar y fuera de él. Situación de las mujeres rurales en la última década. Aunque, en las últimas décadas se observa una tendencia global de avances en los temas de género, expresadas en: el aumento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo que en América Latina y el Caribe promedia el 69% entre los 35 y 49 años; de la escolaridad que promedia los 8 años de estudio entre mujeres de 15 a 24 años en zonas rurales (contra 10 años en zonas urbanas); la disminución de la fecundidad de 3,95 en 1985 a 2,27 en 2010; y de la mortalidad infantil que experimenta una enorme caída desde 1990, con 47,3 por

35 nacidos vivos, a 18,6% el 2010, entre otros. (CEPAL, 2010; FAO, 2011); a pesar de aquello, las mujeres rurales siguen teniendo un menor acceso a los recursos productivos de todo tipo en comparación a los hombres, y menor acceso al resto de activos. (RIMISP, 2013, p 27). La posesión de la tierra en ALC mayoritariamente está en manos de los hombres (80%), mientras que las mujeres tienen menos del 20%. (FAO, 2011). A más de estas desigualdades, las mujeres deben cumplir otros roles cotidianos, como la responsabilidad de la familia y el cuidado del hogar, así como otros bienes y servicios que contribuyen a la economía y bienestar de sus hogares. (CEPAL, 2014). Sin embargo, todas estas actividades, roles y responsabilidades de las mujeres no están debidamente contabilizadas en las estadísticas, incidiendo en la formulación de políticas públicas poco ajustadas a la realidad lo que aumenta las brechas de desigualdad. (Ballara, 2012, p. 4). Las mujeres rurales en ALC son en promedio del 19,2%, en Ecuador representan el 14,4%, lo que representa que 2.9 millones de mujeres ecuatorianas reside en el área rural, siendo el 36,0% del total de la población femenina y al 18,2% de la población general del Ecuador (INEC, ENEMDU, 2014). El 61,9% están vinculadas a la agricultura, ganadería y pesca, aportan a la economía del país y en específico a la soberanía alimentaria a través de las Unidades Agrícolas Familiares, no sólo por la producción de alimentos agrícolas, crianza de animales menores y aves de corral, uso y mantenimiento de tecnologías, saberes ancestrales, manejo de semillas, agua y bosques, fertilidad de la tierra y uso de los recursos naturales, sino, con el cuidado de la unidad familiar a través de la producción para el autoconsumo y trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, lo que significa, según la Encuesta de Uso del Tiempo (2012), las mujeres del 34

36 área rural realizan 24:14 horas más que los hombres. En otras palabras, el aporte no sólo se reduce al trabajo asalariado. Aproximadamente, una de cada dos personas empleadas se encuentra en una condición de empleo inadecuado 4, pero esta vulnerabilidad se presenta con más fuerza en el caso de las mujeres y especialmente en el área rural, en la cual 8 de cada 10 mujeres empleadas presentan un empleo inadecuado. Las mujeres, especialmente en sectores socio económicos más pobres que no acceden a servicios de cuidado, debido al trabajo en el hogar y al estereotipo tradicional de que son los hombres quienes proveen ingresos al hogar, están más dispuestas a ingresar a trabajos con jornadas menores a las 8 horas diarias y que les permiten una mayor flexibilidad para combinar su doble jornada. Por otro lado, un alto contenido del empleo inadecuado en las mujeres está dado por la condición de empleo no remunerado, el cual en el área rural es de 30% y es cuatro veces más alto que el de los hombres (7,25%) y en el área urbana tres veces más alto, 7,65% y 2,23% respectivamente. (ENEMDU, 2015). Según datos de la población ocupada para junio de 2015, la estructura del mercado laboral a nivel nacional refleja todavía una base económica poco diversificada, con inequidades territoriales y mayormente concentrada en la agricultura (26,6%). La segunda rama de actividad más importante en cuanto a empleo de la población ecuatoriana ocupada es el comercio (18,4%) y la rama de industrias 4 El INEC aplica a partir del año 2014 un nuevo marco conceptual para la Encuesta de Empleo y Desempleo ENEMDU, según el cual la característica de adecuado o inadecuado en el empleo se determina por dos requerimientos:( a) el cumplimiento de una jornada legal de trabajo, y (b) el ganar al menos el salario básico unificado. Esta categoría sustituye al subempleo en la anterior clasificación y se compone de tres grupos: subempleados/as, empleo no remunerado y otro empleo inadecuado ( 35

37 manufactureras ocupa un tercer lugar (11,2%). En el mercado laboral rural, más de la mitad de personas trabajan en la rama de agricultura, silvicultura, caza y pesca (62,8%). (ENEMDU 2015). Según el INEC (ENEMDU, 2013) las mujeres aportan con el 40,7% de mano de obra de trabajo no remunerado y con el 22,2% de trabajo remunerado. Las mujeres rurales son el 50,44% del total del país, de las cuales el 95,4% no acceden a crédito, el 40.2% acceden a propiedades de menos de 1 ha, el 29.4% entre 1 y 2 has, el 7.7% más de 200 has y son las mayores productoras de alimentos agrícolas. Desde el ámbito de la soberanía alimentaria: el rol de las mujeres, no sólo tiene que ver con procesos agro productivos, sino con el cuidado de la unidad familiar rural a través de la producción para el autoconsumo, uso y mantenimiento de tecnologías y saberes ancestrales, manejo sobre las semillas, etc. (Sistematización del Primer Encuentro Preparatorio hacia la II Conferencia Regional de Mujeres Rurales para América Latina y el Caribe, 2015, p.3). Otros datos importantes al 2013, muestran que el promedio nacional de escolaridad fue de 6,6 años para las mujeres del área rural a diferencia del área urbana que fue de 10,9. Cerca del 10% de las mujeres son analfabetas, el 43.2% no han utilizado internet, computador y teléfono celular, mientras que para las mujeres urbanas esta proporción es del 24,7%. Entre las principales causas por las que no accedieron a la educación, están los quehaceres domésticos con el 15,8%, la familia no le permitió con el 4,1%. (ENEMDU, 2013). Según estudios recientes de la Secretaría Nacional de Planificación del Desarrollo (SENPLADES), se cuenta con unidades de producción campesina e indígena que ocupan cinco 36

38 millones de hectáreas y generan alrededor del 64% de los alimentos de nuestras mesas. Un 88% del total de unidades productivas agropecuarias en el Ecuador corresponde a agricultura familiar. Esto representa un total de Unidades Productivas Agrícolas (UPAs), que ocupan un 41% del total de la tierra productiva. Del total de las Unidades de Agricultura Familiar, el 62% corresponden a agricultura de subsistencia, el 37% corresponden a agricultura en transición y un 1% corresponden a agricultura consolidada. Es decir, la mayoría de las UPAs clasificadas como agricultura familiar pertenecen a la tipología de subsistencia. Esta realidad, no se compadece con los documentos de la política del Gobierno presidido por Rafael Correa, los mismos que plantean como prioridad una preferencia al fortalecimiento de la agricultura familiar campesina (AFC), el impulso de las economías solidarias rurales, la redistribución y acceso a activos productivos, la innovación tecnológica y el incremento de la productividad y la ampliación de capacidades productivas; sin embargo, la realidad es diferente, por lo que se requiere un proceso de democratización mucho más profundo, y que varios de estos postulados se expresen de manera objetiva. Esta misma situación se refleja también en la Constitución del 2008 así como el Plan Nacional del Buen Vivir , al igual que la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria (LORSA), que consideran a los pequeños productores y productoras como sujetos prioritarios de la política pública y privilegia a la agricultura campesina por sobre la agricultura de exportación. Aquello significa que al menos teóricamente, se dictaron políticas públicas redistributivas para facilitar el acceso a los campesinos a activos productivos al igual que prever el derecho al acceso al agua y la alimentación. 37

39 Las mujeres rurales y la distribución del tiempo Las relaciones de género en la distribución del tiempo para el trabajo remunerado y no remunerado encierran todavía mucha inequidad. Según Ortega (2012) de acuerdo al total social, dentro del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) y fuera del SCN, las mujeres aportan con más horas que los hombres, esto se explica por la triple carga 5 de trabajo que tienen ellas a las actividades no remuneradas, como son las de cuidado. El tiempo total de trabajo a nivel nacional de las mujeres es de 77:39 horas a la semana, mientras que el de los hombres de 59:57, es decir ellas trabajan 17:42 horas más a la semana que ellos. Las mujeres rurales trabajan 81:66 horas semanales mientras que sus pares 58:22 horas; si se hace una comparación entre lo urbano y rural; las mujeres urbanas trabajan 75:47 horas semanales, existiendo una diferencia de 8:61 horas más que trabajan las mujeres rurales. De este grupo poblacional, las mujeres indígenas tienen una mayor carga de trabajo remunerado y no remunerado (García y Tello, 2012). Dicha situación se articula a la persistencia de patrones socioculturales y a la estructura de una sociedad androcéntrica. La mayor contribución de las mujeres al tiempo total se debe a la sobrecarga que tienen respecto a los hombres en el trabajo fuera del Sistema de Cuentas Nacionales, así en las zonas rurales las mujeres dedican 30 hora semanales más al trabajo doméstico y de cuidado. (ENEMDU, 2007). Ecuador cuenta con 14% de población indígena. Las tasas de analfabetismo en mujeres indígenas de 15 años y más 5 La carga de trabajo muestra la suma del tiempo dedicado a la producción dentro del Sistema de Cuentas Nacionales SNC y el tiempo destinado a las actividades que se encuentran fuera del SCN por hombres y mujeres. 38

40 urbanas y rurales pueden llegar a ser hasta 4 veces más altas que las de las mujeres no indígenas. El 66.3% de las mujeres del área rural, mayores de 40 años son analfabetas (ENEMDU, 2017; CNIG, 2015). Este análisis determinó que la pobreza de las mujeres, no es sólo económica sino que existe una pobreza de tiempo 6, pues este factor influye de manera sustancial en la calidad de vida, aquello retomando el planteamiento de Sen (19833) de cuanta vida se logra con la utilización de ciertas cosas para el ser humano, muestra la necesidad de cambiar la persistente y desigual distribución del trabajo de las personas. Aportes de las mujeres en tiempo a la producción para el mercado y el autoconsumo. En general, las mujeres rurales se dedican a la agricultura de subsistencia, producen los cultivos básicos que cubren hasta el 90% de la demanda alimentaria de los sectores menos favorecidos de la población; ésta producción la realizan en los huertos o traspatio siembran verduras, legumbres y frutas; a través de la cual las mujeres cumplen una función clave para garantizar la seguridad alimentaria de las familias, ya que producen granos, hortalizas y otros alimentos básicos para el consumo del hogar. (Ballara, 2014). Cuando se trata de la alimentación familiar, las mujeres son las que toman las decisiones en el uso y distribución de los ingresos para las mejoras en la nutrición, por ejemplo si los productos no cubren las necesidades básicas del hogar, ellas 6 La pobreza de tiempo es analizada en el documento de resolución del Encuentro Regional de Mujeres realizado en la Sede de UNASUR Quito Ecuador

41 comercializan los productos en el mercado local, que son revertidos en otros bienes, como azúcar, aceite, sal, entre otros. Otra tarea importante, que realizan las mujeres rurales es la recolección y selección de semillas puesto que del uso adecuado y selectivo de estas depende la seguridad alimentaria; de ahí que el conocimiento y utilización de las semillas es básico para asegurar medios de vida sostenibles. En estas actividades, también, existen diferencias socioeconómicas y de género, puesto que mientras para las mujeres la siembra y la cosecha de las semillas, está destinada a garantizar la alimentación diaria de sus familias; para los hombres la producción está dedicada para la venta y la comercialización. Mercado laboral La contribución de las mujeres rurales al mercado laboral es menor a la de los hombres. El 40.4% del total de trabajo de ellas está destinado al trabajo no remunerado y el 59.6% al trabajo en el mercado; la diferencia es significativamente importante con respecto a los hombres, puesto que, el 86.1% lo destinan al trabajo remunerado y apenas el 13.9% al trabajo no remunerado. Estas cifras corroboran la poca presencia masculina en la gestión de los hogares para la reproducción social y la sostenibilidad de la vida. Por tanto, se sigue evidenciando la desigual división sexual del trabajo en las actividades remuneradas y no remuneradas, que impiden lograr la autonomía económica de las mujeres y efectiva inserción en ámbito económico. (CNIG, 2015, p. 22). En resumen, el tiempo de dedicación por sexo, por etnia de las mujeres indígena, por estado civil son las que tienen pareja casadas y unidas, por nivel de instrucción, las que no tuvieron acceso a la educación, por edad, las que se encuentran en el rango comprendido entre 30 y 44 años y por relación de 40

42 parentesco las cónyuges o convivientes son las que más tiempo dedican al trabajo, como se muestra en el cuadro N 1. Cuadro N 1. Trabajo no remunerado, según sexo, área, etnia, estado civil, nivel de instrucción, grupos de edad y relación de parentesco. Tipos Tipos Hombre Mujer Diferencia Autoidentificación étnica Indígena Afrodescendiente Montubia/o Mestiza/o Blanca/o Otra/o Estado civil Casado/a Separado/a Divorciado/a Viudo/a Unión libre Soltero/a Nivel de Ninguno instrucción NS Educación básica Educación tiempo Superior Grupos de edad años años años años y más Relación parentesco jefe del hogar de con Jefe/a Cónyuge o conviviente Hijo/a Otros parientes y no parientes Fuente: Encuesta Específica de Uso del Tiempo, EUT 2012 INEC. Tratándose del área rural, casi un tercio de la población total está ocupada en el sector agrícola y el mayor porcentaje 41

43 (40%) de población pertenece al estrato de cuenta propia agrícola que se puede asimilar con la agricultura familiar (CEPAL/FAO/IICA, 2010). Cabe destacar que las mujeres, además de su contribución al trabajo destinado al mercado, utilizan otra porción de tiempo al trabajo para autoconsumo; su tasa de participación es mayor a la de los hombres sobre todo en las categorías de empleadora, por cuenta propia y no remunerada. Aquello posiblemente se vincula con el porcentaje de mujeres rurales ocupadas en la agricultura que representan sólo el 27% y están predominantemente empleadas como asalariadas en actividades no agrícolas (52%). El análisis del tiempo destinado a la ayuda a otros hogares y ayuda a la comunidad devela una brecha más en las oportunidades de desarrollo de hombres y mujeres. En efecto, en Ecuador se observa una situación más equilibrada entre mujeres y hombres; pero el aporte de los hombres es mayor. Eso es posible porque ellos disponen de más tiempo, del que les deja la menor participación y baja contribución a los quehaceres domésticos y el cuidado. En la Encuesta del Uso del Tiempo el 13,0% de mujeres rurales son jefas de hogar, mientras que 0,7 % de hombres son cónyuges. El bajísimo porcentaje de hombres cónyuges en relación al porcentaje de jefas de hogar permite deducir que una alta proporción de estas mujeres se encuentra sin pareja y que son las principales sostenedoras de sus hogares. Ampliación del concepto de trabajo y empleo. La economía feminista propone que el trabajo invisible de las mujeres debe constituir el centro de atención de la economía, puesto que el trabajo doméstico, así como actividades específicas y diferenciales de las mujeres (gestación, alimentación y crianza de los hijos e hijas) y el cuidado, 42

44 proporcionan el equilibrio afectivo y emocional imprescindible para lograr el equilibrio familiar y facilitar la capacidad de sus miembros para realizar otras tareas, sean o no productivas. (Bosh, 2005). Este abordaje, rompe con la dicotomía trabajo - no trabajo. Lo primero se desarrolla en lo público en donde se realiza las actividades de empleo y el mercado laboral; y, lo segundo en el mundo de lo privado, relacionado directamente con el hogar. Este análisis de Picchio (2001) señala que la economía feminista reconoce el trabajo doméstico en los hogares para el cuidado de las personas como un trabajo productivo que genera valor, que amplía la renta y por lo tanto la riqueza (p.3); consecuentemente, debe ser valorado y susceptible de cuantificación. Progresivamente, como muestran las estadísticas, el acceso de las mujeres al mercado laboral se ha incrementado. No obstante, de que esta inserción significa un avance para las mujeres, en la práctica, se mantienen las brechas de género en las condiciones de trabajo y empleo, en los ingresos, la seguridad social; en el acceso y control de los bienes productivos, servicios financieros y no financieros. A los limitantes económicos, se añaden los complejos y arraigados patrones culturales de género que ubican el rol fundamental de las mujeres en la reproducción social, de ahí que se incorporan mayoritariamente en sectores de la economía que son una extensión de los cuidados, como: educación y salud y el mismo empleo doméstico remunerado. Este recorrido, lo realizamos con la finalidad de establecer que no existe aún la igualdad requerida, por lo tanto, partiendo de que las relaciones de poder son inequitativas, es necesario que las intervenciones agrícolas y, en particular, la asistencia técnica y extensión rural, consideren la desigualdad de partida para apuntalar acciones efectivas y específicas que permitan el logro de la equidad. 43

45 Retrospectiva de la asistencia técnica y extensión rural -ATER y de las mujeres rurales en el Ecuador. En América Latina y el Caribe desde los años cincuenta, la extensión o asistencia técnica agropecuaria fue un componente central en casi todos los programas y proyectos de desarrollo agropecuario. En las décadas de 1960 y 1970 se crearon en las universidades escuelas de agronomía y sistemas de extensión promovida especialmente por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). También, se destaca que casi todos los sistemas de extensión están oficialmente vinculados con los ministerios de agricultura y ganadería de los países, consecuentemente, la administración central financió la mayoría de los sistemas públicos de extensión y los estructuró de manera vertical. Se daba poca atención a las necesidades de los agricultores de escasos recursos. En este periodo la mirada se centró en garantizar la seguridad alimentaria nacional y los sistemas de 44

46 extensión se encargaron de difundir y transferir las tecnologías para la producción de trigo y maíz de la Revolución Verde, con el consiguiente aumento de la productividad agropecuaria. (Swanson, 2010). La intervención estadounidense buscaba recobrar la hegemonía en la región, que empezaba a resquebrajarse, dada la influencia del socialismo que avanzó hasta lograr el triunfo de la Revolución Cubana, que se convierte en un modelo a seguir por los demás países latinoamericanos sostenido en movimientos sociales con gran base popular. El ingreso de la potencia norteamericana fue acogido por los gobiernos de nuestros países, debido al proceso de dependencia económica y la debilidad para implementar propuestas de desarrollo endógenas y sostenibles, y a la vinculación política de quienes dirigían el Estado con los grupos de poder norteamericanos. Esta intervención se realiza principalmente a través de varias estrategias, siendo la más importante el programa Alianza para el Progreso. En este contexto, la asistencia técnica y extensión rural implementada por la Alianza para el Progreso fue una estrategia de control que buscaba consolidar el rol agro extractivo de nuestros pueblos, mostrándose como una acción benefactora, impulsadora del progreso económico, de ahí su carácter de asistencia técnica. Sin embargo, el desarrollo fue concebido en función de los valores liberales fundamentales, es decir el capitalismo, que es visto como la panacea a la cual deben aspirar todos los países subdesarrollados, especializándose en segmentos que ofrecen ventajas competitivas. De esta manera se consagra el rol de nuestros países como productores de materias primas. Como correlato, al Programa Alianza para el Progreso, surge en América Latina el modelo de sustitución de importaciones, también conocido como desarrollista. Para el Centro de Investigación de Estudios de Género (CIEG) este 45

47 modelo se caracteriza por su perspectiva histórico-estructural, pues parte del diagnóstico de que existen factores estructurales internos y externos que paralizan el desarrollo de los países latinoamericanos y del Caribe, considerados como países subdesarrollados o periféricos, quienes fueron desfavorecidos desde la época de la colonización, cuando estuvieron constreñidos a la producción de materias primas que eran exportadas a las metrópolis, Después de la independencia continuaron siendo mono productores de bienes manufacturados, mientras que la ciencia y la tecnología son producidos por los países centrales, lo cual genera una desigualdad en los intercambios comerciales, pagando muy caro por las manufacturas y la tecnología y recibiendo muy poco por la materia prima, lo que consagra el intercambio desigual. En Ecuador, el proceso de asistencia técnica y extensión rural agropecuaria ha sido muy similar a lo experimentado por América Latina y El Caribe. Algunos estudiosos del tema agrario, ubican el año 1943, como el inicio de las actividades de extensión agraria en Ecuador, con un trabajo incipiente en la provincia de Manabí. El Servicio Interamericano de Agricultura de los Estados Unidos, en 1945 inició un programa formal de extensión que en 1958 se convierte en Servicio Nacional de Extensión Agrícola, funcionando como una ONG., de apoyo al sector agropecuario, luego en 1960 pasa a cargo del gobierno del Ecuador y en 1961 se organiza la Dirección Nacional de Extensión Agrícola en el Ministerio de Agricultura. Este servició tenía como propósito efectuar labores de sanidad vegetal, trabajos de difusión agrícola, actividades educativas para alcanzar cambios de conducta con los campesinos y el fomento de los cultivos (Ballardo, 2008). No obstante, de estas intervenciones previas, se puede afirmar que las reformas en el sector agrario iniciaron en 1964 con la promulgación, por parte de la Junta Militar. 46

48 El Gobierno Nacionalista de Rodríguez Lara, impulsa la ATER, desde el ámbito de la formación de los Colegios Técnicos Agropecuarios y de las Universidades Agropecuarias, la importancia que concede a la agricultura es destacada, se desplegaron muchos técnicos al campo para proporcionar asistencia técnica. El concepto que estaba detrás era evidentemente modernizar el campo, mecanizar el agro, empezar con los sistemas de riego, el mejoramiento del ganado para la producción de leche y carne, mediante la genética y otros procesos de transformación productiva; uno de los hitos significativos es el fortalecimiento del CREA, que fue creado en 1957; sin embargo, en esta coyuntura es cuando logra desplegarse el proceso de Extensión Rural, a través de un Convenio con la Academia, que permitía la participación de los estudiantes en la extensión rural. En este contexto, se dicta la primera Ley de Reforma Agraria y Colonización y la segunda Ley de Reforma Agraria y Colonización en el año 1973 en la dictadura de Rodríguez Lara, la normativa priorizó principalmente la eliminación de formas pre-capitalistas de producción y ampliación de los servicios de crédito y asistencia técnica en favor de los sectores de grandes propietarios, con el propósito de lograr la deseada modernización. (1er Congreso Latinoamericano de Historia Económica s/f, p.11). En esta Ley, la política de desarrollo rural plantea entre otros los siguientes objetivos: - Formular y establecer los lineamientos generales del desarrollo rural a nivel nacional, a los cuales se sujetarán las instituciones que trabajan en este campo. - Formación de una nueva sociedad equilibrada y dinámica mediante la organización campesina a todos los niveles, la misma que será la gestora de su propio desarrollo. 47

49 - Mejorar los canales de comercialización que permitan conexiones sustantivas entre el campesinado y los niveles de decisión, a fin de facilitar a los campesinos acepten la responsabilidad de su propio desarrollo. - Se dará énfasis a los programas de capacitación y organización ya que el campesino como sujeto de desarrollo rural necesita de estos elementos para alcanzar su mejoramiento y su participación en el desarrollo del país. De dicho programa se deriva un subprograma de asistencia técnica agropecuaria que se encargará de implementar la política por intermedio de: - La participación del habitante del sector rural en la búsqueda de las soluciones más adecuadas que permitan, mediante el trabajo conjunto de técnicos y campesinos y la utilización adecuada de los recursos agropecuarios que posee, mejorar sus condiciones de vida. - La transferencia de conocimientos prácticos y básicos dentro del campo agropecuario que permita el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y lograr el incremento de los niveles de productividad. - La asistencia técnica específica para la ejecución de proyectos agropecuarios, por parte de los campesinos. - La divulgación de conocimientos y prácticas para la correcta administración de las explotaciones agropecuarias. - La coordinación con los organismos de crédito, la provisión suficiente y oportuna de este y el respectivo asesoramiento para una adecuada utilización, tanto en adquisición de insumos como para la comercialización de la producción. - La orientación en el establecimiento de la adecuada infraestructura social y física para una mejora aprovechamiento de los recursos humanos y naturales y 48

50 especialmente para facilitar la movilidad de los productos, con miras a su comercialización, desde los lugares de producción hacia los centros de consumo. - Considerar a la familia como una unidad sociológica más importante para el desarrollo. - Relievar los problemas de la familia y las familias que habitan en el medio rural como asunto prioritario a resolver para lograr su integración social en función del desarrollo. - Desarrollar en la juventud rural el interés y la satisfacción por el trabajo agrícola. - Estimular el ahorro y canalizarlo hacia la reinversión productiva en el sector - Llevar al investigador los problemas agropecuarios que requieran ser investigados por los organismos especializados. Siguiendo en esta misma línea, en la década del 70 merece especial mención la participación del movimiento estudiantil universitario, que realizaba extensión rural, llegando a constituir escuelas de campo con un trabajo interdisciplinario, en función de sus experticias. Así, por ejemplo, los estudiantes de Economía apoyaban la contabilidad de los pequeños negocios; los estudiantes de Derecho legalizaban las organizaciones de las comunidades elaborando estatutos y reglamentos; Agronomía trabajaba en el proceso de producción agrícola mientras que los estudiantes de Medicina, realizaban campañas de salud preventiva, estos equipos funcionaban con un docente guía durante las vacaciones. El carácter que guiaba este accionar era técnico político, pues los estudiantes a través de estos procesos promovían una ideología de izquierda que buscaba difundir los beneficios del socialismo. Cabe mencionar el trabajo de las Universidades Cuenca, de la Central de Quito, de la Universidad Estatal de Guayaquil que impulsaron un trabajo militante al servicio de la comunidad. 49

51 En este mismo período nace el Fondo de Desarrollo Rural Marginal (FODERUMA), que desarrolla un trabajo de fortalecimiento de Fincas Integrales autosuficientes, algunas de ellas se preparaban para la exportación, este proceso es impulsado por el Banco Central del Ecuador. FODERUMA, fue una experiencia de extensión rural que logró llevar importantes recursos al campo En ese período hay además un trabajo político de las Centrales Sindicales y Organizaciones Campesinas e Indígenas (FENOC, FEINE) que además de fortalecer la organización, tratan de promover la unidad y la asociatividad, difunden ideas de construcción de una sociedad de mayor igualdad. Diversas investigadoras realizaron un análisis de los impactos de género en estos momentos encontrando que se pueden distinguir dos etapas. La primera etapa que puede ubicarse desde el 50 al 70 en la que se produce una modernización del sistema productivo sin consideración de las mujeres, que buscó incentivar la industrialización, aplicar la reforma agraria y la tecnificación de los procesos de producción agropecuaria e industrial. Sin embargo, en este período las mujeres no fueron consideradas sujetas activas del desarrollo y, por lo tanto, la implementación del modelo provocó efectos negativos en sus trabajos, formas de vida y acceso a recursos productivos, especialmente en las áreas rurales, donde tradicionalmente desempeñaban un rol importante en la producción agrícola de subsistencia, pasando a incorporarse de manera parcial en el mercado de trabajo asalariado. Este desconocimiento del rol productivo de las mujeres a nivel productivo rural, provoca un desplazamiento de las mujeres, quienes fueron también marginadas de las políticas de Reforma Agraria, bajo el supuesto de que los jefes de hogar eran hombres, por lo cual las mujeres no fueron signatarias de tierras, crédito, asistencia y capacitación técnica. 50

52 Dicha visión estereotipada de la mujer, influye como lo reconoce Moser (1995) en la propuesta de planificación del Estado, y pese a los cambios que se han vivido, muchos de sus rasgos siguen permeando la visión de los planificadores y de quienes realizan asistencia técnica a saber: (a) El hogar está constituido por familias nucleares completas; (b) El hogar es una unidad socio económica en cuyo interior existe igualdad de acceso a recursos y poder en la toma de decisiones entre los adultos/as; (c) al interior del hogar hay una clara división del trabajo según género, donde el hombre actúa como proveedor y se encarga del trabajo productivo, mientras que las mujeres son las encargadas del trabajo reproductivo. Estas consideraciones aún siguen permeando las concepciones de quienes intervienen en la planificación. Enfoque Mujeres en el Desarrollo (MED) Una segunda etapa del modelo de sustitución de importaciones tiene que ver con la búsqueda del mejoramiento de la situación de las mujeres. En esta etapa se produce un giro de la política pública, que deja de considerarlas como reproductoras, y se enfatiza en su capacidad de productoras y trabajadoras, promoviendo su integración al empleo y a la producción, en la perspectiva de lograr niveles de crecimiento mayor, para mejorar la vida familiar. Esta etapa fue calificada por la Conferencia de la Mujer en México como Mujeres en el desarrollo, modelo ampliamente criticado, debido a la falacia de su no integración al desarrollo. De hecho, las mujeres estaban plenamente integradas y contribuyendo no sólo a través del trabajo productivo, sino también a su rol reproductivo; sin embargo, tal como lo Plantean Lycklama a Nyeholt (1987), debido a su posición de subordinación no tienen control sobre los productos de su trabajo, su propio cuerpo o sus condiciones de vida. 51

53 Aun cuando se han producido algunos cambios, estos aspectos siguen siendo importantes al momento de diseñar una estrategia de acompañamiento técnico, debido al norte que deben tener las intervenciones que se realizan con desconocimiento u omisión de los roles femeninos, así como la necesidad de apuntalar desde la política pública de asistencia técnica estatal al control sobre la producción femenina, la autonomía sobre su cuerpo, el desarrollo de sus capacidades, la disminución del trabajo productivo extenuante, que actualmente da como resultado la pobreza del tiempo. El enfoque de género pone al descubierto, la necesidad de develar las concepciones culturales de quienes realizan los procesos de asistencia técnica, pues las personas proyectan en sus prácticas, sus propias concepciones e ideas normativas sobre cómo deben comportarse hombres y mujeres. Por ello se ignora la división de trabajo entre hombres y mujeres y las responsabilidades asociadas con ello. En ocasiones, se omite la diferencia, bajo la concepción de respetar los parámetros culturales de las comunidades o pueblos, aun cuando éstas prácticas pueden violentar los derechos humanos de las mujeres, y perpetuar la desigualdad social. Esta misma connotación de Mujeres en el Desarrollo, en su primera etapa, está permeando la acción del Ministerio de Agricultura y Ganadería (actual MAGAP) donde se instituye en 1956, según Cazco (citada en Pontón & Pontón, 2010) el Departamento de Mejoramiento del Hogar dentro de la Dirección de Extensión Agrícola, que posteriormente pasó a ser Dirección de Desarrollo Campesino, cuando la política social orientada al desarrollo del agro demandó la atención de aspectos relacionados con las mujeres y las familias campesinas. Según la misma fuente, a partir de 1979, el MAG integró el proyecto Tecnología Apropiada para la Mujer Campesina, sobre la base de un convenio de Cooperación MAG OEA y con el apoyo técnico de la Comisión Interamericana de Mujeres 52

54 (CIM), para mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales, incorporándolas a los procesos de desarrollo del país por medio de la atención de aspectos sociales y económicos; a través de este proyecto fueron creadas microempresas de diferente tipo, de acuerdo a las condiciones y recursos de cada lugar, institucionalizando este proyecto como parte de la estructura del MAG para dar continuidad a las actividades desarrolladas, y en cumplimento a los compromisos adquiridos en el mencionado convenio. En ese contexto, fue formado el Departamento de la Mujer Campesina, dependiente de la Dirección de Desarrollo Campesino, el que más tarde pasó a la categoría de División de la Mujer, Juventud y Familia Campesina Agropecuaria, establecida con Acuerdo Ministerial N 180 y Registro oficial N 958 del 3 de junio de Su objetivo principal fue lograr la participación de la mujer en procesos productivos y comunitarios, valorando su aporte a la sociedad. Para ello se estableció el Proyecto de Desarrollo Integral de la Mujer Campesina tendiente a abrir mayores espacios de participación mediante actividades productivas agropecuarias, agroindustriales, agro artesanales y de conservación del ambiente, que permitieran la generación de empleo e ingresos y el acceso a niveles de poder y decisión en la familia. El enfoque que guía estas intervenciones, es el de Mujer en el Desarrollo (MED), y dentro de este el de Anti- Pobreza (Moser 1995); que reconoce el rol productivo de las mujeres y busca satisfacer las necesidades prácticas de género mediante proyectos de pequeña escala. Se buscó incrementar las opciones de empleo y de generación de ingresos de las mujeres en situación de pobreza, por medio de un mayor acceso a los recursos productivos. En el Ecuador hay una tendencia de efectuar actividades interinstitucionales, sin lograr integrar definitivamente a los equipos de cada ministerio, entidades adscritas y ONG que 53

55 responden cada una a sus intereses y orientaciones particulares. Sin embargo, cabe resaltar el aporte valioso de ONG como la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA) y el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), que brindaban un conjunto de servicios como créditos, asistencia técnica y capacitación en apoyo del desarrollo de sectores campesinos de escasos recursos. Las tendencias señaladas se mantuvieron en la década de los setenta, durante la cual se formaron nuevas ONG vinculadas al desarrollo rural, aunque con bases más bien de carácter local, como por ejemplo: el Centro de Promoción Rural (CPR) en Guayas, y el Centro de Educación y Capacitación Campesina (CECCA) en la provincia del Azuay. Al mismo tiempo, se formaron centros de estudios sociales (liderados por intelectuales de izquierda) que operaron combinando la parte de investigación con las acciones de promoción, organización y concienciación popular, entre ellos, tenemos la Corporación Ecuatoriana de Investigaciones y Estudios Socio-Económicos (CIESE), el Centro Andino de Acción Popular (CAAP) y el Centro de Planificación y Estudios Sociales (CEPLAES). A partir de la década de los años 80, los programas de desarrollo rural tuvieron un reducido impacto en el mejoramiento del agro, aspecto que impulsa a desarrollar los Proyectos de Desarrollo Integral (DRI). En estos proyectos, según Cuvi (1991), los proyectos más por accidente que por intención, estuvieron a cargo de mujeres campesinas jefas de hogar, cuyos esposos eran migrantes; sin embargo, la capacitación técnica no contempla la participación de las mujeres bajo el supuesto de que no eran productoras. Según la autora, el único proyecto, diseñado ex post para apoyar las actividades con mujeres que no podía financiarse con recursos DRI, fue el proyecto en áreas rurales deprimidas con incorporación de la mujer campesina ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Rural DRI, con el financiamiento de UNIFEM y FAO. Se ejecuta de 1987 a 1990 en Jipijapa, Valdivia, 54

56 Tanicuchí, Toacazo y Pastocalle (TTP). Su objetivo fue desarrollar metodologías piloto de la mujer campesina que se puedan replicar a nivel nacional. Se desarrollaron actividades productivas y artesanales con 40 grupos de mujeres tanto de la sierra como de la costa. Las actividades productivas fueron: mejoramiento y cría de ovinos, caprinos, aves y cuyes, tejidos, huertos comunales, talleres de corte y confección, hilatura de telares y serigrafía. Se apoyó en aspectos de género, pedagogía infantil y nutrición. El componente de género, se ejecutó parcialmente. De la misma manera se implementó el Programa de la Mujer Campesina (FODERUMA), creado por el Banco Central del Ecuador en 1978, su objetivo fue promover proyectos pequeños de desarrollo rural en zonas o comunidades marginales para brindar crédito y apoyo técnico a grupos organizados de hecho o legales. En 1980 se creó dentro de ese Fondo, el Programa de la Mujer Campesina que funcionó hasta Su objetivo fue capacitar a la mujer campesina en actividades ligadas a la economía familiar, huertos comunitarios, panadería, cursos de producción y comercialización de hortaliza, avicultura, crianza de cerdos, conejos, se establecieron centros infantiles como el Huahuacunapac-huasi, que se implementaron en 8 Provincias del país en 180 comunidades. Se organizaron 45 centros infantiles que atendieron a niños y niñas (FIDA, citado por Cuvi, 1991). Este programa tuvo un carácter experimental, se desarrollaron proyectos piloto que no estaban insertos dentro de lo que FODERUMA realizaba. De tal suerte que cuando se ejecuta la evaluación, Rosero y Miño (citada en Cuvi, 1991) señalan que cualquier acción futura debe ir acompañada de una capacitación del equipo técnico en metodologías, investigación, sistematización y formación teórica sobre la temática de género, siendo éste uno de los puntos débiles, otro punto fue su carácter asistencialista pues funcionó en base de donaciones, que cuando se interrumpen provocaron la paralización de los 55

57 proyectos, se resalta como positiva la organización de las mujeres. Según Cuvi (1991) este proyecto funcionó como parte de los programas de desarrollo comunitario dentro de la Dirección Rural del Ministerio de Agricultura y Ganadería desde 1979 hasta 1987, con el apoyo financiero de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA. Su objetivo fue incorporar a la mujer campesina mediante el incentivo a la organización y el uso de tecnologías que permitiera incrementar la productividad de la actividad en la que está involucrada, mejorar los ingresos de la familia campesina, así como generar fuentes de empleo. Se cubren 23 proyectos en 23 organizaciones localizadas en 2 provincias de la costa (Los Ríos y Manabí) y de la Sierra (Chimborazo, Carchi y Bolívar. Son proyectos en pequeña escala ligadas a actividades tradicionales. En la Costa se dedicaron al procesamiento del café, harina de plátano y yuca, en la Sierra se montaron telares para confección de ropa destinada al mercado, cría de animales mermeladas, etc. Los proyectos realizados a pequeña escala y de índole netamente familiar restringieron la posibilidad de generar ingresos más allá de alto consumo. Un nudo crítico es que el proyecto funcionó aislado del resto de actividades de desarrollo rural realizado por el MAG. Las autoridades ministeriales y los técnicos de campo prestaron poco apoyo, pues lo consideraron un proyecto de poca importancia, por ejemplo, las mujeres campesinas nunca fueron invitadas a las actividades de capacitación organizadas por el Ministerio, tampoco se efectúa una valoración de la comunidad, de la familia y de las propias mujeres sobre la importancia de este trabajo. La participación de las mujeres es muy escasa, así de 4623 organizaciones registradas por el MAG, apenas 31 están dirigidas por mujeres. Tampoco se desarrollan metodologías de trabajo que consideren la situación de la mujer y las diversas situaciones en que vive. Se critica, además, la débil capacidad de la Dirección 56

58 Nacional de la Mujer (DINAMU) para que se tome en cuenta la condición específica y heterogénea de la mujer en la planificación a fin de modificar o matizar las visiones tradicionales. Sin embargo, no se ha contado con la capacidad de incidencia para modificar o matizar las visiones tradicionales. De tal manera que, se subraya que durante estas décadas se desarrollaron proyectos atomizados de escasa envergadura y asilados de la planificación nacional. (Cuvi, 1991). A inicios de los ochenta, los países de América Latina, estuvieron insertos en las políticas de ajuste estructural que a nivel global destacan la caída del PIB y del ingreso per cápita; y otros indicadores macroeconómicos que la caracterizan como la década perdida. Aquello se expresa también en la problemática interna y externa de los sistemas de Asistencia Técnica Agropecuaria. En este contexto, diversas entidades públicas, privadas, gremios productivos, organismos de cooperación internacional y ONG, realizaban de alguna manera asistencia técnica agropecuaria. Además, dos aspectos importantes vienen influyendo en el proceso de cambio de las metodologías de extensión: (a) las limitaciones de recursos con que cuentan las organizaciones públicas; y, (b) el auge de las organizaciones no gubernamentales como apoyo a los grupos de agricultores y agricultoras se destaca también el enfoque de género en el trabajo de extensión y la ampliación del concepto al componente agroforestal y manejo de los recursos naturales en forma comunitaria. (Hernández, 2005, p.9). El radio de acción de los organismos no gubernamentales, por lo general, han estado circunscritas a nivel de los territorios y asociada a pequeños proyectos pilotos de carácter micro-social en áreas rurales dispersas, esto a decir de muchos autores, fue a su vez, lo que les permitió lograr mejores resultados que la intervención del Estado, por lo 57

59 menos en términos de generar conciencia sobre la importancia de lo comunitario basado en la solidaridad y esfuerzo común, así como alcanzar cambios evidentes en las condiciones de vida de grupos poblacionales marginados, fortaleciéndolos (autoestima) y encausándolos hacia un desarrollo productivo sustentable basado en el aprovechamiento de los recursos disponibles en su entorno (1er Congreso Latinoamericano de Historia Económica s/f, p.15). Tal vez, lo fundamental, en el trabajo realizado por las ONG de desarrollo ha sido el énfasis puesto en la conformación de organizaciones comunitarias, el fortalecimiento de su capacidad participativa y un mayor sentido crítico de su situación y sus potencialidades. Para Dután esta década es muy rica, por el trabajo de la academia, las Organizaciones y gremios, e inclusive Federaciones y Cooperativas. Como por ejemplo las cooperativas arroceras en Daule, y las ONG comprometidas con un trabajo social, trabajan en una asistencia técnica comprometida. En términos de la sociedad civil, hay una importante experiencia de miles de promotores productores agrícolas que pertenecen a sus propias organizaciones y que fueron formados. Destaco por ejemplo en el Proyecto de Desarrollo Forestal Comunal DFC en los Andes del Ecuador (1986) que logró graduar a 1000 promotores agroforestales del Ecuador, en un ejercicio combinado entre la Universidad y el acompañamiento de campo por un año. (Entrevista, 2016). Estos procesos tenían un concepto tecno político ; técnico por un lado y luego político en términos de que se valoraba la importancia de la asociatividad. Recuerdo claramente, como los campesinos promotores tenían el manejo de sistemas de seguimiento y evaluación, tenían el cuaderno del promotor, donde consolidaban el sistema de acompañamiento técnico, como un flujo constante que registraba los avances o retrocesos. El campesino-promotor, leía lo que estaba pasando 58

60 en el conjunto del proceso productivo. Nosotros encontrábamos un lenguaje para comunicar a la población en términos fáciles, en el que, sin perder el nombre propio de los árboles, se incorporaba los nombres botánicos y los nombres científicos a los arboles forestales, hasta esos niveles de lenguaje se llegó. Hay otros procesos que dejaron huellas, como por ejemplo la protagonizada por el Fondo Ecuatoriano por el Progreso de los Pueblos FEP y de la ONG, CESA. El trabajo y la experiencia de 33 años en Salinas de Matiaví con el trabajo de las organizaciones de Salinas cuya expresión relevante es el Padre Antonio Polo, quien constituye un proceso de enseñanza sobre como una comunidad externa con los Salesianos puede desarrollar experiencias que impactan en la calidad de vida. En este caso, los Salesianos, ingresan y conviven con una comunidad indígena, que fuera una hacienda de la familia Cordobés. En primera instancia, la iniciativa parte de comprar las minas de sal por parte de los indígenas y luego pasan a implementar paulatinamente a procesos de producción ganadera, producción de leche, queso. En esta experiencia el ahorro es una escuela muy interesante, la construcción del ahorro, se va paulatinamente juntando con procesos de cooperación y generando procesos de mejoramiento de las condiciones de vida. Igualmente es destacable el proceso liderado por la escuela de Monseñor Leonidas Proaño en toda la Sierra Andina, que, en ruptura a la asistencia técnica tradicional, la asume más bien como una forma de convivencia con la comunidad, en donde tal como lo propone Freire se trata de aprender haciendo, de compartir y establecer diálogo de saberes. Se resalta en ese proceso el rol de la comunicación popular para el aprendizaje técnico, a través de las Escuelas Radiofónicas Populares. 59

61 Este proceso tiene una ruptura importante cuando el Estado pasa a jugar privilegia el sistema de mercado, la asistencia técnica, es igual que los servicios profesionales de cualquier carrera por lo tanto se contrata. Aquel que necesita AT va escoge libremente al profesional, y este aporta para que los servicios de sanidad, de manejo de suelos o semillas, puedan ser dados al agricultor, y para ello se genera una línea gradual de disminución del pago de la AT, paulatinamente esta pequeña cantidad iba subiendo hasta que en un determinado momento era exactamente el costo que se paga por parte del productor. A partir de 1982 debido a la crisis económica, la aplicación de los primeros programas de ajuste redundó en la reducida capacidad del Estado para hacer frente a los compromisos económico-sociales asumidos en períodos anteriores con los grupos más pobres y marginados de la población, es decir, que como lo afirma Arcos y Vallejo El Estado perdió capacidad técnica y de gestión para diseñar y ejecutar programas de superación de la pobreza, pues muchos de sus mejores cuadros técnicos y profesionales dejaron el sector público como parte del proceso de reducción del Estado (Arcos y Vallejo, 1997, p.26). Esto trajo consigo, una mayor valorización del papel de los organismos no gubernamentales en el contexto nacional. La presencia de las ONG fue apoyada y respaldada por los organismos de cooperación internacional que decidieron encauzar sus recursos financieros y apoyo técnico a través de las ONG, que de alguna manera obligan una participación más decidida de las mujeres. A partir de 1990, se produce la etapa de ajuste, en el marco del neoliberalismo que profundiza las desigualdades, mientras que hombres y mujeres aparecen como sujetos indiferenciados e iguales, lo que dista mucho de la realidad. Para Arriada (1995) las mujeres debieron cargar en sus hombros el peso de la crisis y de las políticas de ajuste, pues debido a los incrementos de cesantía masculinos una incorporación masiva de las mujeres al empleo, al trabajo informal y a la producción a 60

62 fin de que la familia pudiese contar con recursos para subsistir; por lo tanto incrementan su trabajo en la esfera productiva y reproductiva, pues aunque la mujer asuma el empleo asalariado, aquello no le exime de sus responsabilidades domésticas. Enfoque Género en el Desarrollo (GED) Frente a esta realidad cobra importancia la propuesta de Género en el Desarrollo que emerge como una crítica al enfoque mujer en el desarrollo. El modelo según el Sistema de las Naciones Unidas es principalmente «una estrategia para hacer que las preocupaciones y experiencias tanto de las mujeres como de los hombres sean un elemento intrínseco de la elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas y los programas de todas las esferas políticas, económicas y sociales, con el fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad entre los sexos». (2005) El GED reconoce el trabajo reproductivo de las mujeres y cuestiona las dicotomías público/privado, productivo/reproductivo, poniendo énfasis en las mujeres y sus organizaciones como sujetos de cambio. Por lo tanto, el enfoque de política es el empoderamiento. Algunos programas que tuvieron una oferta de capacitación bajo este paradigma fueron los impulsados a través de la Cooperación Internacional, en especial la Agencia de Cooperación Holandesa, la Comunidad Económica Europea y la GTZ (Cooperación Alemana), que apuestan a la incorporación del enfoque de género en los programas de asistencia técnica, junto con las organizaciones de las Naciones Unidas FAO y UNIFEM, quienes financian varios proyectos, que tienen componentes de asistencia técnica dirigidos a mujeres rurales. 61

63 Cabe señalar, por ejemplo, el Proyecto ALA dirigido a mujeres rurales financiado por la Agencia de Cooperación Española (AECI). Dicho programa trabajó en la transferencia de tecnologías apropiadas en el campo, pero además diseñó micro proyectos destinados a mejorar la autonomía económica de las mujeres rurales, para ello crearon tiendas, cajas de ahorro y crédito e inclusive se construyeron Casas de la Mujer Campesina. En el trayecto muchos de estos proyectos empezaron a trabajar por el enfoque de autonomía y empoderamiento de las mujeres rurales, incorporando las categorías de: igual acceso y control de los medios de producción; y los conceptos de necesidades prácticas y estratégicas, por lo que la asistencia técnica viene a ser un medio para coadyuvar en esos procesos. A nivel general en esta década de los noventa, la política agropecuaria está relacionada con la promoción de exportaciones y de manera secundaria, y por fuera del sector público agropecuario, se ejecutan programas y proyectos dirigidos a apoyar a los pequeños y medianos productores, así como a los grupos sociales pobres; mientras que el Estado pone su énfasis en el establecimiento de políticas de apoyo a la comercialización, dotación de créditos y transferencia tecnológica. (Chiriboga, 2015). Para 1991, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, crea el Programa de Tecnología Agropecuaria (PROTECA), que tenía como objetivo integrar e institucionalizar un sistema de generación, transferencia, adopción de tecnología y producción de semillas, como un mecanismo de trabajo que impulse el aumento de la producción y productividad del sector agropecuario, mediante el fortalecimiento y aplicación de los servicios del sector público y la integración del sector privado. El Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios (PROMSA), aparece como continuación de PROTECA, realizado con financiamiento del Banco Mundial (BM) 62

64 (préstamo BIRF: ) y del BID, buscó contribuir al incremento de la productividad del sector agropecuario y mejorar la calidad de la producción a través de la modernización de los sistemas nacionales de generación y transferencia de tecnología y sanidad agropecuaria, bajo los principios de competitividad, participación y colaboración con el sector privado y las ONG. Sus objetivos fueron: entregar a los productores una oferta tecnológica que responda a las necesidades del mercado, mejorar el acceso y la calidad de los servicios de transferencia tecnológica y fortalecer la infraestructura y presentación de los servicios de sanidad agropecuaria. La población a la que llegó este programa fue de pequeños productores, organizados en al menos 508 grupos. Para el año 2002 el 58% tenía personería jurídica, el 28% accedió a crédito asociativo, un 37% compró grupalmente insumos y un 28% hizo ventas asociativas (Berdegué, 2002, en Chiriboga, 2015). La incorporación de temas de género en la investigación agropecuaria no es un asunto fácil, pero tiene la mayor importancia en un país como Ecuador donde numerosas mujeres rurales se encuentran involucradas en la agricultura y el cuidado de rebaños y animales de crianza, en especial de las regiones de la Sierra y El Oriente. En el marco del Programa PROMSA, el Programa de Apoyo a las Mujeres Rurales del Ecuador (PADEMUR) en el 2003, marcó unos puntos prioritarios sobre género que se construyeron a base de 4 variables: - División sexual del trabajo en las distintas etapas del ciclo productivo agropecuario. - Impactos negativos y positivos de las nuevas tecnologías sobre los hombres y las mujeres. 63

65 - Participación, que trata de la interlocución de hombres y mujeres en los espacios de diseño, planificación, ejecución y evaluación de los proyectos. - Acceso a recursos, que busca igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en los beneficios y recursos ofertados por los proyectos como la capacitación, la asistencia técnica o los materiales de difusión. En forma paralela a las políticas sectoriales mencionadas, y fuera de la responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se puso en marcha un conjunto de programas y proyectos de desarrollo rural, la mayoría con financiamiento de la Banca Multilateral, dirigidos principalmente al cofinanciamiento de pequeños proyectos productivos, la dotación de información, el apoyo a cadenas productivas, la titulación de tierras, dotación de asistencia técnica y créditos. El Proyecto de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Rural Local (PROLOCAL), financiado por el Banco Mundial y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA, tuvo como objetivo impulsar procesos locales de desarrollo sostenible dentro de un objetivo superior de establecer las bases para el desarrollo humano y la reducción de la pobreza. Su período de ejecución fue desde mayo de 2002 hasta diciembre de Los acompañamientos técnicos requeridos fueron cubiertos por técnicos independientes, ONG o instituciones educativas que desarrollaban sus actividades en el territorio de la microrregión o de las provincias a las que estas pertenecían, y que serían contratados por las entidades ejecutoras en cada caso. Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (PRODEPINE), el objetivo fue mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas y afrodescendiente de Ecuador, facilitando su acceso a la tierra y el agua, a través del financiamiento de sub proyectos de inversión definidos en 64

66 procesos de micro planificación participativa, e implementados por organizaciones y comunidades. Estuvo vigente entre 1998 y (Chiriboga, 2015, p. 374) Políticas y programas para el desarrollo productivo en el marco de la ATER. A partir del 2008, al Estado se le atribuye por primera vez en la Constitución deberes específicos para el desarrollo productivo, enfocado este bajo un esquema sistémico (artículo 281 de la Constitución de 2008): (1) acceso a servicios para la producción; (2) aplicación de apoyos y subsidios; (3) introducción del enfoque cultural como una opción para el desarrollo rural; (4) énfasis en el mejoramiento de la distribución y comercialización de alimentos; (5) tratamiento especial y diferenciado a pequeños y medianos productores; (6) establecimiento de nuevas normas de equidad sobre el uso y acceso a tierra y agua; y, (7) definición de acciones que eviten la concentración y erradiquen la discriminación de todo tipo. Las políticas dirigidas al sector agropecuario, y específicamente a la pequeña agricultura, incluyen: a) ampliación del crédito para la agricultura por medio de instituciones bancarias públicas: el Banco Nacional de Fomento (BNF ) y la Corporación Financiera Nacional (CFN); (b) subsidios a insumos agropecuarios, principalmente por medio del programa Socio Siembra, que incluye un paquete tecnológico y de distribución de urea adquirida directamente por el Estado; (c) puesta en marcha de las Escuela de la Revolución Agraria (ERA), como organismo encargado de capacitación y asistencia técnica. A pesar del reconocimiento e importancia que Ecuador atribuye a la necesidad de políticas dirigidas a la agricultura familiar, no se visualiza todavía una acción de política diferenciada hacia este segmento importantísimo de la población rural pobre que incluya investigación agropecuaria en 65

67 las condiciones de este tipo de productor, extensión, capacitación, crédito, sanidad agropecuaria, infraestructura productiva, acciones para la sostenibilidad ambiental y apoyo a las asociaciones de productores. Ni las instituciones cuentan con programas especializados para estos productores, ni los que existen se coordinan en forma efectiva en los territorios donde estos productores se asientan. Ello, a pesar de la significación de la agricultura familiar para la seguridad y soberanía alimentaria. (Chiriboga, 2015, p. 389) Extensión rural Como se sabe, la pobreza rural es multidimensional y requiere de respuestas diferenciadas, por lo que, la extensión rural contribuye a abrir oportunidades, a acceder a mercados, mejorar su seguridad alimentaria, reducir las restricciones en el sistema financiero, contribuir a mitigar sus vulnerabilidades ambientales y aumentar su representatividad en las arenas políticas y sociales. (RELASER, 2013). La Red Latinoamericana para Servicios de Extensión Rural (2013), expresa que: la extensión rural ha desempeñado un importante papel, promoviendo la agricultura como motor de crecimiento económico y ayudando a miles de familias a mejorar su seguridad alimentaria, su gestión económica y social y, en general, sus medios de vida. Sin embargo, anota; que la eficacia de los sistemas de producción agrícola deben contribuir a reducir la pobreza rural, y complementarse con políticas públicas sólidas, inversiones y otros servicios. (Chiriboga, 2013, p.43). En la región, se observa una gran variedad de formas y mecanismos de extensión rural -públicos y privados-, con un amplio abanico de actores, que se preocupan por impulsar un enfoque inclusivo, esquemas horizontales de extensión y con participación en el sector privado, logrando sinergias y vínculos con mercados y redes. En Ecuador, un ejemplo de hacer 66

68 acciones de extensión rural se encuentra en los grupos de productores de trigo en la provincia de Chimborazo. Es necesario transformar las prácticas convencionales de brindar los servicios y promover un abordaje multa e interdisciplinario, estimulando la adopción de nuevos enfoques metodológicos participativos y el uso de conocimientos locales. En Brasil y Ecuador, se observan cambios en la forma de brindar los servicios (más cerca de la gente y con la participación de diversos actores) y en el conocimiento y vínculo de los técnicos con la población rural. (Chiriboga, 2013). La problemática de los extensionistas en la extensión rural Landini y Bianqui (2014) realizan una descripción de los problemas a los que se enfrentan los extensionistas rurales ecuatorianos e identifican los modelos de extensión que guían sus prácticas. Se trata de un estudio cualitativo que da elementos sustantivos para repensar el rol de los extensionistas rurales, pero también los enfoques conceptuales y estrategias metodológicas. La muestra se realizó a 74 extensionistas, de los cuales 53 eran hombres, 19 mujeres y 2 sin datos; 56 trabajan en el MAGAP. Una de las primeras constataciones de la investigación es que no existe un censo de esta población ni estimaciones globales, puesto que ni en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca ni en otras instituciones saben el número de extensionistas que existen en el país. Otros problemas relacionados con el desarrollo y el trabajo de extensión con pequeños productores son: en primer lugar, aquellos vinculados con el asociativismo y el trabajo grupal porque existe individualismo y desconfianza; en segundo lugar, aparecen los problemas de comercialización a nivel del pequeño productor, que se da por la existencia de muchos intermediarios ; en tercer lugar, se hace mención a problemas 67

69 del clientelismo, asistencialismo y paternalismo de parte de las instituciones. Además, se advierte, la escasa apropiación de los proyectos de desarrollo de los beneficiarios, consecuentemente hay una escasa participación y bajo compromiso. Adicionalmente, se añade, el uso de tecnologías productivas tradicionales o inapropiadas por parte del productor, es decir: baja productividad debido a la falta de conocimiento de técnicas innovadoras en el manejo de cultivo. Por lo que los autores sugieren, la necesidad de repensar el perfil de formación de quienes trabajan en extensión, ya sea al momento de seleccionar profesionales o para ofrecer capacitación a los técnicos en estas áreas, usualmente poco incluidas en los programas de formación institucional. (Landini y Bianqui, 2014, p. 13). El estudio también indagó acerca de la concepción de los extensionistas sobre los productores y el trabajo de extensión. En relación al primer punto, esto es la percepción que tienen sobre los pequeños productores, los resultados señalan que son individualistas, les falta espíritu asociativo, que no participan de capacitaciones, que poseen baja autoestima, que son desatendidos o no reciben atención adecuada por parte de los extensionistas o del sistema de extensión, y que necesitan recibir capacitación o asistencia técnica. Desde el punto de vista de los y las extensionistas; se deben gestionar grupos de productores para capacitarlos en diagnósticos, planificación, seguimiento y evaluación de proyectos. Es decir se asume la extensión como cambio de mentalidad, o como transferencia/adopción de tecnologías, capacitar, enseñar y formar al productor, sí como concientizar, motivar, hacer entender o hacer cambiar al productor. Los investigadores, ponen en evidencia, que ningún extensionista manifiesta que: los procesos de extensión en el contexto del 68

70 abordaje de sistemas de innovación, entendiendo los procesos de cambio productivo y organizacional como emergentes de la articulación de diferentes instituciones, actores y factores. (Landini y Bianqui, 2014, p. 14). En cambio, el foco parece estar, en todos los casos, en el vínculo que se establece entre extensionistas y productores. Así, se delinea fundamentalmente una idea de la extensión como cambio de mentalidad o de prácticas de producción de los beneficiarios de los programas de extensión, haciéndose eje en la acción sobre el productor a partir de enseñarle, capacitarlo, motivarlo o hacerlo cambiar de forma de pensar. (Landini y Bianqui, 2014, p. 19). Entre una de las conclusiones a las que llegan los autores Landini y Bianqui, se plantea la necesidad de un abordaje más potente e interdisciplinario de la tarea de extensión y contribuir a la formación de los extensionistas en ejercicio en estas áreas, para construir opciones para lidiar con estos problemas. Así como, la identificación de problemas referentes a educación, al nivel de diseño de políticas públicas, sugiere la necesidad dad de construir políticas articuladas, consensuadas y de largo plazo que tomen en cuenta las diferentes aristas vinculadas con los procesos de desarrollo rural. El estudio concluye, sugiriendo que se instaure modelos alternativos de extensión rural, particularmente aquellos vinculados con estrategias más horizontales y participativas, requieren brindar atención también a los factores actitudinales, afectivos e identitarios que las sustentan (Landini et al., 2009), lo que las hace tan difíciles de transformar. No obstante, lo importante es tomar conciencia de que este cambio es tanto deseable como posible, siempre pensando en el verdadero objetivo: lograr un mayor y más efectivo apoyo a los sectores rurales más desfavorecidos del Ecuador. ((Landini y Bianqui, 2014). El estudio no centra su atención en los problemas de 69

71 género, mostrando una vez más, que cuando no existe una sensibilización en la temática, los problemas no son percibidos, lo que demuestra la necesidad de fortalecer la ATER desde este enfoque. 70

72 Asistencia técnica y Extensión rural en el Ecuador Análisis de los marcos legales, normativos y procedimentales que rigen la ATER en Ecuador: Avances y limitaciones de la incorporación de la perspectiva de género. En la actualidad las mujeres rurales son parte fundamental del desarrollo y actoras clave para la transformación económica, medioambiental, social y cultural de sus naciones. Como se sabe las mujeres rurales son responsables de más de la mitad de la producción de alimentos a nivel mundial y desempeñan un papel importante en la preservación de la biodiversidad a través de la conservación de las semillas, en la recuperación de prácticas agroecológicas, la soberanía y seguridad alimentaria desde la producción de alimentos saludables. A la vez, las mujeres rurales enfrentan obstáculos para el acceso a la tierra, a los recursos naturales, al agua, a recursos públicos para apoyar la producción (crédito, asistencia técnica y 71

73 tecnología) y a servicios básicos como: salud, educación, vivienda, infraestructura, las mujeres trabajadoras remuneradas y asalariadas rurales trabajan en condiciones precarias y sin garantía de los derechos laborales básicos, son víctimas de distintas formas de violencia de género y necesitan contar con acciones desde el Estado para enfrentarlas, incluyendo medidas de apoyo a la salud reproductiva. Se impone, por tanto, asumir el compromiso de reconocer sus contribuciones y sus derechos, apoyando y garantizar el empoderamiento de las mujeres rurales para que puedan acceder a los derechos y beneficios del buen vivir. Es necesario, entonces, avanzar en el diseño de marcos legales adecuados para la implementación de políticas públicas que efectivicen derechos y promuevan la autonomía para las mujeres rurales, que cierren las brechas de desigualdad que históricamente las han afectado en todas las esferas de su vida: económica, social, cultural y política, involucrando ámbitos de acción en lo público y en lo privado. Desde esta perspectiva, los avances normativos de los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales sobre igualdad de género y derechos humanos de las mujeres rurales, son avances importantes que marcan los desafíos y retos de la nación para el logro de la igualdad, objetivo que será logrado, cuando avancemos hacia el logro de la igualdad real o material, aquella igualdad que transforma la vida de las mujeres rurales, garantizando su empoderamiento y el pleno ejercicio de sus derechos. A continuación, presentamos un detalle sistematizado de la normativa nacional que rige en Ecuador, respecto a ATER y para garantizar los derechos humanos de las mujeres en general y de manera particular los derechos humanos de las mujeres rurales del país. 72

74 El Ecuador mantiene un marco normativo internacional y nacional favorable a la igualdad de género. La Constitución Política del Ecuador 2008 reconoce como normativa nacional todos los convenios y tratados internacionales que el país ha suscrito. Bajo esta consideración, forman parte de la normativa legal nacional, los instrumentos internacionales que garantizan los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Desde esta mirada, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la Mujer (CEDAW), podemos ubicar que en relación a la ATER, existen menciones implícitas en el marco de los derechos humanos de las mujeres rurales, así la CEDAW plantea la necesidad de que los Estados garanticen todos los tipos de educación y de formación académica y no académica, incluidos los relacionados con la alfabetización de todos los servicios comunitarios y de divulgación, a fin de aumentar capacidad técnica de las mujeres; a la vez, considera fundamental que se trabaje en el acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, así como a recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento. Desde esta misma óptica, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en la cumbre mundial dela Tierra en 1992, en su principio 20, reconoce que las mujeres desempeñan un papel fundamental en el desarrollo y en la ordenación del medio ambiente, considerando imprescindible su plena participación para alcanzar un desarrollo sostenible. De igual modo, en relación a la necesidad de que las mujeres rurales cuenten con ATER adecuada que les permita alcanzar un desarrollo deseable, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, insta a los Estados a tomar las medidas necesarias para lograr un desarrollo sostenible centrado en las personas, con crecimiento económico sostenido, a través de la 73

75 enseñanza básica, la educación permanente, la alfabetización y la capacitación, así como la atención primaria de la salud para las niñas y las mujeres. Beijing marca también la necesidad de que los gobiernos consideren objetivos de desarrollo para las mujeres rurales, entre los más importantes constan: formular políticas nacionales e internacionales dirigidas especialmente a ellas, readecuar los servicios educativos de acuerdo a sus propias necesidades y preservando su identidad cultural, crear iniciativas para el aumento de su capacidad productiva, especialmente para mujeres jóvenes, jefas de hogar, con discapacidades, desplazadas, emigrantes y en riesgo familiar y, aliviar la carga doméstica. A la vez, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por los países miembros del Sistema de Naciones Unidas, con metas a cumplir hasta el 2030, consideran que las mujeres tienen un papel fundamental a desempeñar para su consecución, el Objetivos de Desarrollo Sostenible 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, establece entre sus metas, emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales. Relacionado con ATER, el Objetivos de Desarrollo Sostenible 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, considera como una de sus mestas, para el 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas. 74

76 En relación al cambio climático, el Objetivos de Desarrollo Sostenible 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, considera que es necesario reconocer y valorar las experiencias y sus conocimientos tradicionales de las mujeres rurales, como administradoras de muchos recursos naturales, por tanto, tienen el derecho a contar con todas las capacidades necesarias para protegerse, y a participar en las decisiones que tienen profundas implicaciones para las personas y el planeta; para lograr este objetivo, se plantea como meta promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaz en relación con el cambio climático, centrándose en particular en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas. La normativa ecuatoriana sobre ATER y la garantía de los derechos de las mujeres rurales. Del análisis realizado, podemos advertir que específicamente relacionada con ATER, no se evidencia una mención amplia sobre la misma, en los instrumentos normativos nacionales, existen muy pocas menciones específicas en la Ley sobre ATER; existe más bien señalamientos más amplios en las que ATER se encuentra implícita, en disposiciones y articulado legal vinculado a la educación, capacitación y transferencia de tecnología. La Constitución Política de la República del Ecuador 2008 es el instrumento normativo de más alta jerarquía del estado ecuatoriano que establece una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y autonomía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir, el sumak kausay, lo cual marca una mirada diferente del desarrollo nacional, colocando por primera vez, los derechos de la naturaleza como un ámbito central del desarrollo sustentable y del vivir bien, superando posicionamientos androcéntricos, patriarcales y elitistas que 75

77 propenden al desarrollo del capital en desmedro del ser humano y la naturaleza. En cuanto a ATER, la Constitución del 2008 no hace ninguna mención explícita; sin embargo podemos colegir que se encuentra implícita cuando se determina que es deber primordial del Estado, entre otros, el promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir (Art. 3), a la vez, establece que la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente (Art. 281), para lo cual el Estado será responsable de asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación tecnológica apropiadas para garantizar la soberanía alimentaria (Art. 8). Cumplir estos mandatos constitucionales será factible si se desarrollan procesos formativos relacionados con la ATER, así en la carta magna se determina que el Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo (Art. 329). Cabe mencionar que la Constitución del 2008 está cruzada transversalmente por un lenguaje inclusivo y establece un vasto articulado que promueve y garantiza los derechos humanos de las mujeres en general y de las mujeres rurales en particular, entre ellos: Se garantiza y promueve la igualdad de derechos, deberes y oportunidades para todas las personas, así como medidas afirmativas para conseguir su incorporación a mejores condiciones de vida (Art 11, numeral 2). Bajo esta consideración, la situación de la tenencia de la tierra en el Ecuador refleja profundas desigualdades existentes; es por eso que la Constitución señala que para el pleno acceso a la tierra se 76

78 deben combatir las desigualdades de género, es decir las producidas entre hombres y mujeres. A la vez, en cuanto a derechos para las mujeres productoras, dispone la garantía en igualdad de derechos y oportunidades, al acceso a la propiedad (Art. 324) y establece que el acceso equitativo a los factores de producción, para lo cual le corresponderá desarrollar políticas específicas para erradicar la desigualdad hacia las mujeres productoras en el acceso a los factores de producción (Art. 334). En relación al empleo para las mujeres garantiza la igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo (Art. 331); reconoce el trabajo de cuidado humano como una forma de trabajo y como labor productiva el trabajo no remunerado de auto sustento y cuidado humano que se realiza en los hogares (Art. 333). En lo que tiene que ver con la igualdad de género establece la obligatoriedad del Estado de formular y ejecutar políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través de la asistencia técnica, así como la obligatoria incorporación del enfoque de género en las políticas planes y programas del sector público, (Art.70). Por otro lado, la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, en relación a ATER, establece dos artículos específicos. Un primer artículo relacionado con la investigación científica y tecnológica en materia agroalimentaria, que tendrá por objeto mejorar la calidad nutricional de los alimentos, la productividad, la sanidad alimentaria, así como proteger y enriquecer la agro biodiversidad. Reconoce en este artículo, la necesidad de vincular la investigación y la ATER a los conocimientos ancestrales que permita la transferencia de tecnología generada en la investigación, a fin de proporcionar una asistencia técnica, 77

79 sustentada en un diálogo e intercambio de saberes con los pequeños y medianos productores, valorando el conocimiento de mujeres y hombres. (Art. 9). A la vez, en un segundo articulado se determina que dentro de los programas de investigación y extensión se contará con programas de difusión y transferencia de tecnología dirigido al sector agroalimentario, con preferencia en los pequeños y medianos productores que tendrá un enfoque de demanda considerando la heterogeneidad de zonas agro bioclimáticas y patrones culturales de producción; y programas para el análisis de los diversos sistemas alimentarios existentes en las diferentes regiones del país, a fin de orientar las políticas de mejoramiento de la soberanía alimentaria. De manera implícita, sobre ATER, se establece un único artículo determinado que el Ministerio del ramo desarrollará programas de capacitación organizacional, técnica y de comercialización, entre otros, para fortalecer a estas organizaciones y propender a su sostenibilidad. En cuanto a la garantía de los derechos de las mujeres rurales, esta Ley considera un mayor número de artículos, por un lado, garantiza la paridad de género en la elección de las y los representantes de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, espacio de consulta y deliberación con la sociedad civil para la formulación de la política pública sobre soberanía alimentaria. (Art. 33). Por otro lado, la Ley determina como un deber del Estado promover la participación social y la deliberación pública en forma paritaria entre hombres y mujeres en la elaboración de leyes y en la formulación e implementación de políticas relativas a la soberanía alimentaria. (Art. 3). A la vez, considera dentro de los principios de aplicación de esta Ley, entre otros: la no discriminación, la participación, la equidad de género, la interculturalidad en el acceso a los factores de la producción, 78

80 con especial atención a los microempresarios, microempresa o micro, pequeña y mediana producción (Art. 4). Finalmente, esta Ley considera brindar incentivos estatales a los pequeños y medianos productores, basados en principios como la inclusión económica, social y territorial, solidaridad, equidad, interculturalidad, protección de los saberes ancestrales, equidad de género, no discriminación, entre otros. (Art. 12). Otra normativa de importancia que el país ha aprobado en relación con la producción agropecuaria, es la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua contempla menciones específicas sobre ATER, al mencionar la promoción de la organización y capacitación, estableciendo que la Autoridad Única del Agua y los Gobiernos Autónomos Descentralizados fortalecerán la organización de los consumidores y usuarios del agua, promoverán su conformación en los lugares en donde no exista. Para tal efecto establecerán políticas de información, difusión, capacitación, educación y formación social a los usuarios, consumidores y a la población en general. (Art.69). En cuanto a derechos a la igualdad y no discriminación, la Ley determina el derecho humano al agua en condiciones de igualdad. (Art. 61), de igual modo, prohíbe entre otros aspectos, toda discriminación por motivos de etnia, género, sexo, orientación sexual, estado civil o cualquier otra condición política, social o de otro tipo que tenga por efecto anular o menoscabar el igual disfrute o el ejercicio del derecho humano al agua. A la vez, prevé que el Estado adoptará cuantas medidas de acción afirmativa sean necesarias con el objeto de promover la igualdad real en el ejercicio del derecho humano al agua, protegerá y atenderá de manera preferente a los grupos de atención prioritaria. 79

81 Otro marco normativo importante, respecto a la ATER es el Proyecto de Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales que al momento fue aprobado por la Asamblea Nacional y se encuentra en la etapa de aprobación del Presidente de la República; en relación a la temática de ATER esta Ley considera dentro de los lineamientos generales para las tierras rurales, que es necesario proporcionar asistencia técnica e información permanente, promover el diálogo de saberes e inversión pública orientada a garantizar la soberanía alimentaria ( Art. 9). A la vez, hace una mención implícita sobre la ATER, en cuanto a la clasificación de la agricultura familiar campesina, contemplando la necesidad del fortalecimiento organizativo, para lo cual Estado debe implementar políticas de asistencia técnica, innovación tecnológica y capacitación en gestión a los campesinos y campesinas (Art. 30). Entre las atribuciones que la Ley determina para la Autoridad Agraria Nacional constan entre otras: coordinar con las instituciones competentes, el acceso al crédito en condiciones preferenciales y la capacitación de los beneficiarios de los programas de titulación y redistribución de tierras; proveer asistencia técnica, capacitación e innovación tecnológica para mejorar la productividad y facilitar el acceso a mercados. (Art. 32). De igual modo, en el ámbito de las responsabilidades de la Autoridad Agraria Nacional, considera la de proporcionar a las y los productores de la agricultura familiar campesina, de la economía popular y solidaria y a las y los pequeños y medianos productores, mecanismos de información, asistencia técnica y financiera, capacitación, innovación y transferencia tecnológica. (Art. 33). Dentro de los incentivos que establece la Ley en el marco de la Estrategia de Desarrollo del Territorio Ancestral, se 80

82 ubica como incentivos, entre otros, a la asistencia técnica e innovación (Art. 82). Finalmente, en la disposición transitoria cuarta de la Ley se determina que, en el plazo de ciento ochenta días a partir de la promulgación de esta Ley, la Autoridad Agraria Nacional y la banca pública establecerán los mecanismos de asistencia técnica y financiera, para lograr el adecuado aprovechamiento de la tierra rural transferida mediante programas de redistribución de las tierras comunales y territorios ancestrales. En cuanto a la agricultura familiar y campesina, esta propuesta de Ley fomenta la agricultura familiar, considerándola como una modalidad productiva que implica una forma de vida y una realidad cultural cuyo objetivo es la reproducción social de la familia en condiciones dignas. Entre los fines de la Ley se considera fortalecer la agricultura familiar campesina en los procesos de producción, comercialización y transformación productiva (Art. 8, literal f). En cuanto a la normativa específica sobre ATER del MAGAP podemos mencionar el Acuerdo Ministerial No. 240 de 16 de mayo del año 2013, en el que se establece la incorporación del Equipo de la Estrategia Hombro a Hombro como un equipo de trabajo dependiente de la Coordinación General de Innovación (Art. 1), y le atribuye como funciones proveer el servicio de asistencia técnica y extensión rural para brindar capacitación integral a las asociaciones involucradas y un sistema de réplica hacia las bases campesinas, así como a productores y productoras de forma individual (Art. 3 numeral 4). Por otro lado, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, expedido mediante Acuerdo Ministerial 281, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N 198 de 30 de septiembre de 2011, establece el proceso de 81

83 Gerenciamiento de la Innovación, que entre otras atribuciones y responsabilidades tiene el fortalecimiento de capacidades de los pequeños y medianos productores, a través de mecanismos asociativos, para sistematizar sus demandas de investigación, transferencia y adopción tecnológica como guía para mejorar sus sistemas productivos (Art.11). Dentro de este proceso se crea la Coordinación General de Innovación que entre otras atribuciones tiene la de fortalecer el capital social y humano en comunidades campesinas e indígenas para promover la participación activa y efectiva, la puesta en marcha de innovaciones agrícolas, de producción forestal, agroforestal, ganadera, acuícola y pesquera. A la vez, este Estatuto orgánico crea la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades con el objetivo de facilitar servicios de apoyo técnico, financiero y de formación de talentos humanos en la zona rural, con atribuciones y responsabilidades en la coordinación de los procesos de capacitación a los técnicos de las direcciones provinciales, en los aspectos de fomento, organización y control de la gestión de las organizaciones del agro; dirigir la formulación y ejecución de acciones de asesoría técnica, entrenamiento y formación de talentos humanos con asociaciones productoras campesinas. Entre los productos y servicios que tiene que entregar esta Dirección del MAGAP están: Desarrollar planes de capacitación para el fomento y desarrollo de las organizaciones agroproductivas y desarrollar planes, proyectos y programas de formación del talento humano en los diversos territorios, con enfoque de equidad y participación. Este Estatuto Orgánico, establece también la creación de la Dirección de Políticas y Estrategia la que, a través de la Unidad de Gestión Ambiental, debe desarrollar un plan de 82

84 capacitación a pequeños productores en buenas prácticas de producción y reproducción con responsabilidad ambiental. A la vez, la Dirección de Producción y Nutrición a través de la Unidad de manejo de pastos debe ejecutar un plan de capacitación y asistencia técnica a pequeños productores en manejo de pastos. De igual modo, este Estatuto Orgánico establece que la Unidad de Conservación de forrajes debe implementar planes de capacitación y asistencia técnica a pequeños productores en conservación de forrajes. Por otro lado, la Unidad de Sistemas Silvopastoriles debe implementar un plan de capacitación y asistencia técnica a pequeños productores en manejo de sistemas silvopastoriles. En el mismo sentido, la Dirección de Desarrollo de Especies Pecuarias a través de la Unidad de Salud animal brindará capacitación y asistencia técnica a pequeños productores en manejo en buenas prácticas pecuarias. Otra normativa del MAGAP que contiene menciones implícitas a ATER, es la Ley de Desarrollo Agrario. Registro Oficial Suplemento 315 de 16 de abril de 2004, última modificación el 10 de febrero de 2014, esta normativa determina que dentro de las políticas agrarias se considerarán políticas de capacitación integral al indígena, al montubio, al afro ecuatoriano y al campesino en general, para que mejore sus conocimientos relativos a la aplicación de los mecanismos de preparación del suelo, de cultivo, cosecha, comercialización, procesamiento y en general, de aprovechamiento de recursos agrícolas (Art. 3). A la vez, determina que el Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá, poner en marcha un Programa Nacional de Capacitación y Transferencia de Tecnología que incluya además 83

85 la potenciación e innovación de los conocimientos y técnicas ancestrales. (Art. 5). La Agenda Nacional de la Mujeres y la Igualdad de Género (ANMIG), también orienta a que se incorporen los conocimientos, prácticas y saberes sustentables de las mujeres rurales, reconoce y valora su rol en la preservación de la biodiversidad y los recursos naturales, busca incrementar y fortalecer la participación de las mujeres rurales en el manejo de las unidades de producción agropecuaria para garantizar la soberanía alimentaria; impulsa la participación paritaria de las mujeres en actividades productivas, asegurando la participación paritaria de las mujeres rurales en la gestión y administración de las juntas de agua potable y riego, así como en la protección de fuentes de agua pura sin contaminación, impulsa acciones afirmativas para prevenir, reducir y remediar los impactos ocasionados por los daños ambientales de los sectores energéticos, mineros y agroindustriales, así como los ocasionados por el cambio climático, que afecten la calidad de vida de las mujeres, especialmente del área rural. Marco operativo de políticas públicas para las mujeres rurales. El Plan Nacional del Buen Vivir - PNBV Dentro del Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la diversidad, el PNBV establece la Política 1.3 Promover la inclusión social y económica con enfoque de género, intercultural e intergeneracional para generar condiciones de equidad. Se plantean los siguientes lineamientos de política: d) Desarrollar incentivos a la organización social y comunitaria para la conformación de unidades económicas solidarias y autosustentables que generen 84

86 trabajo y empleo, con especial atención a las organizaciones de mujeres rurales y urbanas marginales. g) Generar mejores condiciones económicas para los hogares en sus diversos tipos y, a través de programas sociales específicos, erradicar el trabajo infantil, priorizando los hogares con jefatura femenina de áreas urbano marginales y rurales. La Política 1.4 Democratizar los medios de producción para generar condiciones y oportunidades equitativas. En relación a la temática de mujeres rurales, establece los siguientes lineamientos de política: m) Fomentar acciones afirmativas que beneficien el acceso y la generación de infraestructuras de apoyo para la producción y comercialización, ciencia y tecnología, información, conocimientos ancestrales, capacitación, asistencia técnica y financiamiento a los grupos humanos históricamente excluidos social, económica y territorialmente. Dentro del Objetivo 1 del PNBV , Política 1.6, expresa: Reconocer y respetar las diversidades socioculturales y erradicar toda forma de discriminación, sea ésta por motivos de género, de opción sexual, étnico-culturales, políticos, económicos, religiosos, de origen, migratorios, geográficos, etarios, de condición socioeconómica, condición de discapacidad u otros, en el literal (a) contempla el fortalecimiento de las capacidades para la exigibilidad de derechos; la no discriminación, favoreciendo acciones afirmativas hacia las mujeres, diversidad sexual, indígenas y afrodescendientes, entre otros, en todos los ámbitos de la vida pública. 85

87 En cuanto al Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad, la Política 2.1. Propone varios lineamientos de política orientados a: apoyar iniciativas de economía popular y solidaria ( ) mediante mecanismos de asistencia técnica, circuitos económicos, aglomeración de economías familiares, sistemas de comercialización alternativa, ( ) acceso a financiamiento, medios de producción, conocimientos y capacidades, acorde a las potencialidades territoriales. Además Generar incentivos para la asociatividad, ( ) la adquisición de tierras y el acceso a insumos y recursos para la producción a organizaciones de la economía popular y solidaria, y generar mecanismos e incentivos que promuevan el ahorro y faciliten el acceso a recursos financieros, creando líneas preferenciales para organizaciones de la economía popular y solidaria, con especial atención a las mujeres y jóvenes del área rural y a iniciativas para la inclusión económica (SENPLADES, 2013, pp ) Dentro del Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible, la Política 8.9 propone dos lineamientos de política que buscan Establecer condiciones preferentes a los actores de la economía popular en el acceso a financiamiento y facilidad de tasas de interés ( ) [y] regular procesos diferenciados para la simplificación de trámites en la generación de emprendimientos, así como para el cumplimiento de las obligaciones con el Estado. (SENPLADES. p ). Estrategia del Cambio de la Matriz Productiva La Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva ha sido planteada con la visión de impulsar la transición del país de una economía basada en recursos 86

88 primarios y sobre todo petroleros a una economía postpetrolera basada en el conocimiento. (SEMPLADES, 2013). La estrategia es un proceso en construcción, que considera el desarrollo de: (i) cadenas productivas inclusivas, donde participen la organización de conglomerados o redes de empresas asociativas y solidarias como proveedores o partícipes (ii) acceso a medios de producción como tierra, riego, crédito e infraestructura productiva, mediante la implementación de políticas con especial apoyo a la agricultura familiar campesina y a los sistemas comunitarios de producción, para la construcción de una sociedad con mayores oportunidades (iii) Seguridad y soberanía alimentaria, realizando mayores esfuerzos para mejorar el acceso a los alimentos de todos los ecuatorianos, definiendo precios justos en bienes agroalimentarios tanto para compra al productor como para la venta al consumidor final. (Vicepresidencia del Ecuador, 2015, p. 39). Según la SENPLADES en su documento, Transformación de la Matriz Productiva: Revolución Productiva a través del Conocimiento y el Talento Humano (2012), los ejes para la transformación de la matriz productiva son: 1. Diversificación productiva basada en el desarrollo de industrias estratégicas-refinería, astillero, petroquímica, metalurgia y siderúrgica y en el establecimiento de nuevas actividades productivas-maricultura, biocombustibles, productos forestales de madera que amplíen la oferta de productos ecuatorianos y reduzcan la dependencia del país. 2. Agregación de valor en la producción existente mediante la incorporación de tecnología y conocimiento en los actuales procesos productivos de biotecnología (bioquímica y biomedicina), servicios ambientales y energías renovables. 3. Sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios que ya producimos actualmente y que seríamos 87

89 capaces de sustituir en el corto plazo: industria farmacéutica, tecnología (software, hardware y servicios informáticos) y metalmecánica. 4. Fomento a las exportaciones de productos nuevos, provenientes de actores nuevos -particularmente de la economía popular y solidaria-, o que incluyan mayor valor agregado -alimentos frescos y procesados, confecciones y calzado, turismo-. Con el fomento a las exportaciones buscamos también diversificar y ampliar los destinos internacionales de nuestros productos. Estrategia para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza (ENIPEP). Según la Secretaria Técnica para la Erradicación de la Pobreza (SETEP), entidad adscrita a SENPLADES, la pobreza en Ecuador es un problema político, no es el resultado de la falta de recursos sino más bien es el resultado de estructuras históricas excluyentes y discriminatorias de poder político y económico. La pobreza es un fenómeno multidimensional que expresa carencias en ámbitos diversos (educación, salud, vivienda, agua, etc.). Para la SETEP, la pobreza es la negación de derechos fundamentales y acentúa la exclusión ligada al género, la discapacidad, la interculturalidad, el territorio. Por tanto, erradicar la pobreza es lograr la inclusión y la equidad social, compartir los bienes comunes en definitiva lograr el ejercicio pleno de derechos. La Estrategia Nacional para la Igualdad y Erradicación de la Pobreza reconoce las brechas de desigualdad que afectan a las mujeres, entre las que se cuentan: Educación (analfabetismo). - Mercados laborales (+ subempleo e informalidad). 88

90 - Salarios bajos: (inequidad urbano/rural). - Activos productivos (limitado acceso a tierra, crédito asistencia técnica) - Menor capacitación con baja adecuación a necesidades por género. La Estrategia que establece la Secretaría Técnica para la erradicación de la pobreza, plantean como condicionante fundamental, la consecución del poder popular y la acción colectiva, para lo cual es necesaria la construcción y fortalecimiento de redes de cooperación entre las mujeres en los territorios, así como estimular el debate sobre inequidad y desigualdad de oportunidades, y la participación activa de las mujeres en el establecimiento y control de políticas de género. A la vez, la ENIEP plantea enfrentar la discriminación directa de las mujeres al interior de las economías solidarias, promover la corresponsabilidad con los varones en las tareas del cuidado y propiciar el equilibrio de género en la gestión asociativa de las mismas. En el marco de la consecución de los objetivos de la Revolución Agraria y Soberanía Alimentaria, la ENIEP pone en marcha el Componente 2: Revolución Productiva, Trabajo y Empleo, que considera los siguientes ejes estratégicos de acción vinculados al ámbito de la ruralidad: El despliegue del Buen Vivir en la ruralidad ecuatoriana supone la construcción de un nuevo modelo de desarrollo agropecuario: incluyente, sustentable y solidariamente competitivo, que: - Define un inédito pacto social dirigido a activar un proceso de cambio de carácter estructural, que promueve la agricultura campesina, indígena y familiar, con su diversidad de sistemas productivos, afirmando la soberanía alimentaria. 89

91 - Mejorar la productividad de la agricultura familiar campesina y la pesca artesanal, para alcanzar la soberanía alimentaria, la justicia económica y la sustentabilidad ambiental. - Mejorar la infraestructura productiva y de comercialización: el almacenaje, el transporte, el riego comunitario, la electrificación, la comunicación, los caminos vecinales rurales y la conectividad digital. - Detener los procesos de degradación de la base productiva de los recursos. En relación al cumplimiento de los derechos y mandatos de la Economía Social y Solidaria, la ENIEP se plantea la implementación de los siguientes ejes estratégicos de acción: - Romper los paradigmas convencionales para la erradicación de la pobreza al establecer vínculos entre lo social, lo económico y lo ambiental, buscando abrir oportunidades de acceso a activos productivos, ampliar las capacidades y crear condiciones para la justicia económica. - Construir desde los territorios economías solidarias de proximidad buscando establecer encadenamientos empresariales complementarios y sustentables, para mejorar cualitativamente las brechas de productividad entre las distintas empresas asociativas. - Promover la construcción de una amplia base de articulación de productores buscando un desarrollo local inclusivo, mediante la asociación y la generación de propuestas integradoras A la vez, la ENIEP considera y prioriza dentro de sus componentes un ámbito fundamental vinculado al pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres rurales, que es el ámbito del cuidado humano, y a partir de esta 90

92 consideración, establece los siguientes ejes estratégicos de acción: - Generar espacios de concienciación en lo referente a igualdad de responsabilidades para hombres y mujeres, para el cuidado humano y doméstico. - Promover campañas para la difusión de la igualdad de responsabilidades para las labores de cuidado humano y doméstico; y, - Desarrollar e implementar acciones institucionales e intersectoriales para la transformación de patrones socioculturales que naturalizan y reproducen la violencia de género en los ámbitos públicos, privados y comunitarios. Como hemos visto, del análisis presentado, no se evidencia un importante articulado explícito y amplio sobre la ATER en la normativa nacional; por el contrario, en relación a la garantía de los derechos de las mujeres, si existe un detalle más amplio, lo cual nos podría indicar que es posible desarrollar un trabajo de ATER con perspectiva de género, si se considera como referentes para el desarrollo de la ATER, los mandatos de la normativa internacional y nacional respecto de las mujeres rurales. Este debe, necesariamente ir acompañado de importantes procesos de sensibilización y capacitación en género al personal directivo y de técnicos/as extensionistas que llevan adelante el proceso de ATER en las zonas rurales y campesinas del Ecuador, amparados en dos mandatos constitucionales importantes, por un lado la obligatoriedad del Estado de formular y ejecutar políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporar el enfoque de género en planes y programas, así como brindar asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público (Art. 70), así como la obligación del Estado de garantizar la formación y capacitación continua de las servidoras y servidores públicos a través de las 91

93 escuelas, institutos, academias y programas de formación o capacitación del sector público (Art. 324). La ATER en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesa (MAGAP) es el rector de las políticas públicas del sector agropecuario, acuacultura y pesca. Tiene como misión: Ejercer la rectoría de la política para el sector, producción forestal, acuícola y pesquero y viabilizar su implementación, consolidando la articulación del multisector para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. Sus objetivos estratégicos están dirigidos a: (i) Promover la integración sectorial y multisectorial público-privada y la coordinación de acciones y servicios en las áreas de transferencia tecnológica, rescate de los saberes ancestrales, agro diversidad, acceso a factores de producción, marco regulatorio e innovación mediante la ejecución de planes, programas y proyectos orientados al desarrollo productivo y sustentable del multisector; y, (ii) Impulsar la revalorización del agro ecuatoriano a través de la proposición de políticas de Estado a largo plazo, el fortalecimiento institucional y de los mecanismos de cooperación para el desarrollo del sector agroalimentario y del medio rural. Estos objetivos estratégicos responden al Plan Nacional del Buen Vivir , en el objetivo 2 que se relaciona con la asociatividad y la seguridad alimentaria; el objetivo 9, que corresponde a la agricultura con la generación de trabajo digno; y, con el objetivo 10, que relaciona la agricultura familiar campesina a la organización y economía social y solidaria. Desde este marco y teniendo como norte, la Constitución del 2008 que consta el carácter del Estado como 92

94 un estado garantista de derechos que reconoce su carácter pluricultural, multiétnico, multinacional, multicultural, incorpora los principios de igualdad y no discriminación en razón del sexo, etnia, edad, diversidad sexual etc. Dicha perspectiva es marca una ruptura, en tanto si se reconoce que el país es intercultural, la ATER, no puede ser ni vertical, ni homogénea por lo que debería hablarse de un dialogo de saberes y abordarla desde un concepto horizontal que reconozca las diversidades (Entrevista, Dután, 2016). De la misma manera al hablar de conceptos como soberanía alimentaria, participación ciudadana y control social, se trazan los grandes conceptos, desde los cuales debe abordarse la asistencia técnica y extensión rural. Para la FAO, desde el 2007 se ha fortalecido el proceso de Asistencia Técnica, porque el Estado ha mirado otra vez hacia el campo y se ha invertido y reflexionado sobre la importancia que tienen la extensión rural en términos de incrementar la producción agropecuaria y consecuentemente en mejorar las condiciones de vida de los agricultores. Creo que se considera más a la mujer rural al menos en el discurso público, en documentos públicos se mira que existe mayor conciencia del rol que juega la mujer en sus labores en el campo. No sé si existe un real enfoque de género en los políticas y programas ATER, pero si podemos decir que existe conciencia en el funcionario público de que la mujer juega un papel importantísimo. (Entrevista, Representante FAO, Ecuador, 2016). Dos ejes marcan el enfoque de ATER para el MAGAP: (a) El enfoque de democratización de la Asistencia Técnica, en oposición al enfoque de mercado, que elitiza la asistencia técnica al sector de agricultores que pueden pagarla y (b) la territorialización de la Asistencia Técnica, lógica que se traza atendiendo a la dinámica productiva agrícola, por ello se considera la organización del país en provincias y cantones, 93

95 mientras que con fines administrativos o de economía de escala se toma en cuenta la zonificación propuesta de SENPLADES. (Entrevista, Cadena, 2016). El MAGAP asume que durante este tiempo se ha recuperado la rectoría en función de la presencia de los gobiernos autónomos descentralizados (GAG) con base a lo que dice el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). En la apuesta hacia la revolución agraria, el MAGAP se ha planteado desafíos que se expresan en el desarrollo de grandes proyectos, con una estrategia metodológica integral, e integradora que tiene como principales actores de la ruralidad a los pequeños y medianos productores y productoras como se aprecia en el Gráfico N 1. 94

96 Gráfico N 1. Desafíos / rupturas. Fuente y elaboración: MAGAP, Viceministerio de Desarrollo Rural, 2015 La nueva ruralidad, desde el enfoque del Ministerio representa una forma innovada de implementación de la tecnología y metodología en la que están enmarcados todos los proyectos institucionales. Esta forma de entender la ruralidad y su articulación con los proyectos y la asistencia técnica y extensión rural, se aprecia en el gráfico N 3. En el que se resalta la asistencia técnica, que se ha incrementado de un 7% en el 2000 a un 15% en el año Los métodos de asistencia técnica y extensión rural se basan en las personas, los productos y los agrosistemas. 95

97 Gráfico N 2. Ruralidad actual Fuente y elaboración: MAGAP, Viceministerio de Desarrollo Rural, 2015 En la intervención a través de ATER del MAGAP dirigido a los productores y productoras del sector rural se está realizando una serie de modificaciones, con la finalidad de adecuar las metodologías a los contextos rurales, esto es la adaptación a los sistemas productivos prevalecientes en los territorios. 96

98 En el gráfico N 3, se muestra la forma como el MAGAP está brindando la ATER que tienen sus particularidades de acuerdo al contexto territorial y a los objetivos y metas de cada intervención. De acuerdo al MAGAP, la intervención que permite la diferenciación y focalización de la política pública, con uso de información adecuada y suficiente, permite diseñar proyectos con pertinencia territorial lo que mejora las condiciones en las familias y promueve su desarrollo integral en busca del Buen Vivir Rural. Gráfico N 3. Intervención del MAGAP Fuente y elaboración: MAGAP, Viceministerio de Desarrollo Rural, 2015 Si bien el MAGAP tiene varios proyectos, resaltan tres programas de asistencia técnica y extensión rural emblemáticos: (1) Proyecto Nacional de Innovación Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola (PITPPA), (2) Estrategia Hombro a Hombro y la Estrategia del Banano; y (3) Proyecto Nacional de Semillas para Agro cadenas Estratégicas. 97

99 Las Escuelas de la Revolución Agraria ERA Las ERA fueron creadas como cuerpo metodológico y constituían un componente de la primera fase del Proyecto PITPPA que buscaba brindar capacitación integral y un sistema de réplica hacia las bases campesinas. La definición de una ERA, en síntesis, abarca la metodología de aprendizaje vivencial y participativa que genera desarrollo y engloba conocimientos en la educación no formal para adultos; utiliza el proceso completo de producción en el campo, procesamiento, mercado, resolución de un problema específico, como recurso de enseñanza y aprendizaje para el empoderamiento y desarrollo de las comunidades. En la dinámica se busca que los participantes sean sujetos activos en la toma de decisiones después de observar y analizar en su contexto la realidad de su cultivo, ganado, agro-ecosistema en general y conocer su problemática política y social. (Manual de Capacitación de Facilitadores de ERAS, 2012, citado por Paredes y Aguirre, 2015). Las ERAs tenían como propósito: La apropiación local de proyectos de innovación y tecnología aplicada. Los planes de trabajo de las instituciones que laboran localmente. La capacitación y la producción con respecto a la soberanía alimentaria y mercados. El máximo usufructo de las alianzas estratégicas; trabajando mancomunadamente con más instituciones y organizaciones de agricultores. Los gobiernos autónomos locales, son aliados importantes para la consolidación de la metodología. 98

100 La inclusión del conocimiento local en el proceso de desarrollo. La fusión del conocimiento y la experiencia del agricultor con la información técnica existente; posterior generación y desarrollo de nuevos conocimientos a partir de tal consolidación de saberes. Formar el nuevo "Ciudadano Rural", como sujeto de desarrollo. Las ERAS utilizaban la metodología de las Escuelas de Campo, pero buscaban ser más horizontales, acercar el técnico al productor e incluir temáticas sobre el ciudadano rural además de los productivos. Cada técnico tenía asignada una parroquia dónde debía atender a 4 grupos de 25 a 30 personas cada uno (grupos constituidos, en constitución o por constituir). (Manual de Capacitación de Facilitadores de ERAS, 2012, citado por Paredes y Aguirre, 2015). Las ERAS trabajan en territorio, siendo su foco principal de trabajo. Desde esta realidad las y los técnicos se encargaban de realizar un diagnóstico rural participativo, utilizando un conjunto de herramientas para construir la historia de la comunidad hasta definir los rubros en que les interesaba trabajar, identificando los principales problemas o temas prioritarios a desarrollar en cada rubro. Las ERAS se articulaban con varias instituciones en territorio, sobre todo para realizar la gestión social. Esta estrategia, si bien tiene algunas virtudes en cuanto a su metodología, no logra sostenerse, porque no se ancla en el desarrollo de capacidades propias del territorio, según lo sostienen las dirigentes entrevistadas- por lo tanto-, se percibe que los técnicos de afuera, al no conocer las dinámicas locales y culturales propias irrumpen además en aspectos organizativos con fines político-ideológicos; aspecto que de alguna manera 99

101 crea ciertas rupturas en los tejidos sociales propios de la comunidad. Sin embargo, las ERAS permitieron mejorar la presencia del MAGAP en los territorios, y una formación de técnicos con mayores niveles de sostenibilidad. Programa de Innovación Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola (PITPPA) 7. Este proyecto está a cargo del Viceministerio de Desarrollo Rural a través de la Coordinación General de Innovación, con el involucramiento de los Viceministerios de Agricultura y Ganadería para los cultivos de banano, quinua, frutales, plantas medicinales y alimentos para el fomento pecuario; la Subsecretaría de Comercialización para impulsar el fortalecimiento de los rubros papa y trigo; las mismas que serán responsables de supervisar y dar seguimiento e informar a nivel central el desarrollo del proyecto. La estrategia de implementación del Proyecto permite acercar los productos y servicios del MAGAP al territorio, así como de las instituciones con las que se coordina el Proyecto. 7 Este es un Programa Nacional de Innovación Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola del MAGAP, elaborado en agosto 2013 y que se encuentra en plena implementación. 100

102 Gráfico N 4. Modelo de Gestión del Proyecto Fuente y elaboración: MAGAP, Viceministerio de Desarrollo Rural, La población objetivo del Programa son las y los productoras del sector rural, sean personas naturales o jurídicas (cooperativas productivas, asociaciones, comunas, entre otras); cuyo interés es incrementar su producción, mediante la transferencia de tecnologías, asistencia técnica, capacitación, prácticas innovadoras, y mejoramiento de cadenas de valor. En general, el PITPPA tiene incidencia en todas las regiones del país: Costa, Sierra, Amazonía y región Insular. El PITPPA caracteriza a los beneficiarios y beneficiarias por ser pequeños productores y productoras; considerando como pequeño productor aquellos que poseen de cero a diez hectáreas, aclarando que las y los productores de banano son las pequeñas extensiones de hasta 30 hectáreas. 101

103 El objetivo general del Programa es: Promover la reactivación del Agro a través de la optimización de procesos de asistencia técnica y extensionismo, complementando con dotación de tecnología innovadora, infraestructura y equipamiento tecnológico de punta a fin de mejorar las capacidades productivas tradicionales de los pequeños y medianos productores del sector agropecuario, propendiendo que la población beneficiaria mejore su calidad de vida. (Proyecto PITPPA actualizado, 2015). Son sus objetivos específicos: - Desarrollar procesos de innovación tecnológica, que permitan mejorar los rendimientos agros productivos. - Implementar un sistema de asistencia técnica y extensión rural participativa, que desarrolle las capacidades agro productivas y el tejido social de los pequeños/as y medianos/as productores/as. - Dotar de Infraestructura y equipamiento productivo para el mejoramiento de la competitividad sistémica de los productores/as. Los Indicadores de resultados propuestos en el Proyecto son tres: 50% de incremento promedio del rendimiento, en las ha intervenidas, para el familias capacitadas en temas de mejora de producción mediante mecanismos innovadores, para el organizaciones fortalecidas en asociatividad y optimización de la infraestructura agro- productiva. Los rubros, es decir los productos agrícolas, se definen de acuerdo a las potencialidades de las zonas agroecológicas especificadas en el cuadro N

104 Cuadro N 2. Localización geográfica para el fomento de los diferentes cultivos. Cultivo Cobertura Ente de ejecución MAGAP Papa Bolívar, Carchi, Chimborazo y Coordinación Zonal Tungurahua 1,3 Trigo Chimborazo, Cañar, Bolívar Coordinación Zonal 3,5,6 Cebada Imbabura, Pichincha, Coordinación Zonal Cotopaxi 1,2,3 Arroz Los Ríos y Guayas Coordinación Zonal 5 Maíz Suave Bolívar, Imbabura, Coordinación Zonal Tungurahua, Azuay 1,3,5,6 Maíz Duro Los Ríos, Manabí, Loja y Azuay Coordinación Zonal 4,5,6,7 Soya Los Ríos Coordinación Zonal 5 Banano El Oro, Guayas, Los Ríos Coordinación Zonal 5,7 Plátano El Oro, Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas Coordinación Zonal 5,7 Quinua Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay Coordinación Zonal 1,2,3,6,7 Frutales Todo el país Coordinación Zonal 1,2,3,6,7 Plantas medicinales y condimentos Todo el país Coordinación Zonal 1,2,3,6,7 Agricultura Familiar Todo el país Coordinación Zonal 1, 2,3, 4, 5, 6,7. Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 2000, SENPLADES Elaborado: Coordinación General de Innovación, Subsecretaria de Agricultura MAGAP 2012 El monto total del proyecto es de USD, correspondiendo a montos fiscales $ a préstamos externos $ y a colocaciones internas $

105 El Proyecto inició su ejecución en julio de 2010 y proyecta su finalización a diciembre de En la línea base del proyecto se muestran los indicadores de asistencia técnica y capacitación en los años 2010, 2012 y Cuadro N 3. Asistencia técnica y capacitación Asistencia técnica y capacitación Número de familias beneficiarias directas Número de organizaciones fortalecidas Número de productoras/es capacitadas/os en redes, circuitos comerciales y agro negocios Número de Unidades de Asistencia Técnica Rural construidas y operativas en los circuitos Fuente: Base de datos de la Coordinación General de Innovación, Subsecretaria de Agricultura, Subsecretaria de Comercialización. MAGAP Elaborado: Coordinación General de Innovación MAGAP 2013 El Proyecto PITPPA es el oferente de los servicios de asistencia técnica y capacitación del MAGAP a nivel nacional. 104

106 Cuadro N 4. Población actual con servicios de asistencia técnica del MAGAP 8. Región N Provincia Población atendida al Carchi Imbabura Región 1 3 Esmeraldas Sucumbíos Pichincha Región 2 6 Napo Orellana Cotopaxi Región 3 9 Chimborazo Pastaza Tungurahua Manabí Región 4 13 Santo Domingo Galápagos Guayas Región 5 16 Santa Elena Los Ríos Bolívar Azuay Región 6 20 Cañar Morona Santiago Loja Región 7 23 El Oro Zamora Chinchipe Zonas no determinadas Total Fuente: Proyecto PITPPA. Agosto del 2013, MAGAP De acuerdo al PITPPA existe una demanda insatisfecha determinada que representa beneficiarios/as, 8 Esta información corresponde solo a la asistencia técnica proporcionada por el Estado. 105

107 población que se agrupa en familias, que se calcula por la población identificada como demandante efectiva menos la población que actualmente recibe servicios de asistencia técnica del MAGAP. Cuadro N 5. Población rural demanda insatisfecha Región N Provincia Población demanda efectiva Región 1 Región 2 Región 3 Región 4 Región 5 Región 6 Región 7 Población atendida al 2013 Demanda insatisfecha 1 Carchi Imbabura Esmeraldas Sucumbíos Pichincha Napo Orellana Cotopaxi Chimborazo Pastaza Tungurahua Manabí Santo Domingo 14 Galápagos Guayas Santa Elena Los Ríos Bolívar Azuay Cañar Morona Santiago 22 Loja El Oro Zamora Chinchipe Zonas no determinadas Total Fuente: Proyecto PITPPA. Agosto del 2013, MAGAP 106

108 Componentes del Proyecto El PITPPA tiene tres componentes: Componente 1. Desarrollo de procesos de innovación tecnológica, que permitan mejorar los rendimientos agroproductivos. Implementación de métodos y técnicas agropecuarias, rescatando saberes ancestrales y articulándolos con tecnologías innovadoras para mejorar la productividad agropecuaria, enfatizando la competitividad de las cadenas agro productivas, la agricultura familiar sostenible y la agroecología fomentando el sumak kawsay, la soberanía alimentaria y el cambio de la matriz productiva. Componente 2. Implementación de un sistema de asistencia técnica capacitación, que desarrolle las capacidades agro productivas y el tejido social de los pequeños/as y medianos/as productores/as. Desarrollo y aplicación de buenas prácticas agropecuarias, a través de la asistencia técnica, extensión rural, difusión e información participativa, capacitación, fortalecimiento organizativo y participación activa de los pequeños y pequeñas y medianos productores/as inmersos en el Proyecto, con énfasis en el proceso de cambio de la matriz productiva y la agricultura familiar. Las líneas de intervención para la asistencia técnica son: - Capacitación para incremento de la producción y en manejo de cosecha y pos cosecha - Fomento a la asociatividad - Fortalecimiento de organizaciones - Alfabetización financiera - Campañas de difusión masiva - Fomento de redes - Plataforma virtual de capacitación 107

109 Como manifiesta Paladines, Coordinador del Programa de Innovación Tecnológica, el proyecto ha contratado a 1235 extensionistas a nivel nacional, de estos el 43% son mujeres. Por disposición del Ministro Ponce, se está tratando de concentrar en un solo proyecto toda la asistencia técnica que el Ministerio oferta. (Entrevista, 2016). Componente 3. Dotación de Infraestructura y equipamiento productivo para el mejoramiento de la competitividad sistémica de los productores/as. Fortalecimiento de servicios de logística comunales: Se fortalecerá los servicios de logística comunales a través de la dotación de maquinaria y equipos, así como también la capacitación en procesos administrativos y gerenciales, para el correcto uso y mantenimiento de los Centros de Servicios. Existe una interacción y complementariedad entre los componentes y estrategias del Proyecto de Innovación: Cuadro N 6. Articulación Componentes Estrategias Componentes Innovación tecnológica Asistencia técnica Infraestructura y equipamiento E S T R A Hombro a Hombro Cadenas Agro productivas Dotación de semilla y genética mejorada, bioinsumos, abonos, fertilizantes, plaguicidas, BPAs. Bioinsumos, abonos, fertilizantes, plaguicidas, BPAs. Extensión rural y difusión e información participativa Asistencia técnica especializada. Construcción de UATs, riego, labora, maquinaria agrícola. Riego, drenajes, adecuación de instalaciones, empacadoras, procesadoras. 108

110 T E G I A S Agricultura familiar Infraestructura y equipamiento productivo Semillas y genética mejorada, bioinsumos a base de microorganismos, bioinsumos, BPAs. Software, modelos de administración, agricultura de precisión, entre otras. Fuente: Proyecto PITPPA. Agosto del 2013, MAGAP Extensión rural y difusión e información participativa Asistencia técnica especializada en manejo y administración de infraestructura y equipos Mecanización agrícola, infraestructura para logística productiva Construcción de bodegas, centros de acopio, tendales, secadoras, entre otras. Provisión de equipamiento: sembradoras, cosechadoras, clasificadoras, fertilizadoras, maquinaria de almacenamiento, entre otros. En el Proyecto PITPPA, las estrategias territoriales utilizarán diversas metodologías de extensión que las denomina Canasta Metodológica que será utilizada por técnicos y técnicas para realizar de mejor forma el proceso de capacitación, con enfoque andragógico, de educación de adultos, como se observa en el gráfico N

111 Gráfico N 5. Estratégia Territorial, canasta metodológica Fuente: Proyecto PITPPA. Agosto del 2013, MAGAP. Cabe resaltar, que, a pesar del esfuerzo desplegado, aun no se ha logrado establecer una estrategia metodológica para el trabajo en ATER que de los lineamientos generales; por tanto, cada Proyecto tiene su propia metodología y su accionar es compartamentalizada. (Entrevista, Paladines, diciembre de 2015) Viabilidad económica La inversión en asistencia técnica y capacitación para los años 2014 a 2017 es de de un total de $ ,86. Como se demuestra en el cuadro N

112 Cuadro N 7. Inversión requerida para el proyecto por componente Inversión Total Componentes Desarrollo de procesos de innovación tecnológica, que , , , , ,40 permitan mejorar los rendimientos agros productivos. Implementación de un sistema de asistencia técnica capacitación, que , , , , ,58 desarrolle las capacidades agro productivas y el tejido social de los pequeños/as y medianos/as productores/as. Dotación de Infraestructura y equipamiento productivo para el mejoramiento de la competitividad sistémica de los productores/as , , , , ,89 Total , , , , ,86 Fuente: MAGAP, Coordinación General de Innovación,

113 La Estrategia Hombro a Hombro. En el Documento de trabajo Propuesta para alinear los programas de Asistencia Técnica y Extensión Rural más emblemáticos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador al marco de un Sistema de Innovación Agrícola (2015), se menciona que la estrategia Hombro a Hombro es parte de la iniciativa del Proyecto PITPPA. El nombre surge de la expresión simbólica de acompañamiento de los técnicos y productores hombro con hombro, que implica equidad, esfuerzos conjuntos y en definitiva hacer de los desafíos de las comunidades y productores una visión compartida (Paredes y Aguirre, 2015, p. 22). La estrategia Hombro a Hombro establece dos pilares fundamentales como son la Democratización y Territorialización de los productos y servicios ofrecidos por el MAGAP. El objetivo de la estrategia es contribuir a la soberanía alimentaria mediante el incremento de la producción agropecuaria, acuícola y pesquera, a través de la asistencia técnica e innovación permanente en los territorios. Son sus objetivos específicos: - Brindar asistencia técnica de acuerdo a las demandas del territorio - Garantizar servicios de calidad - Facilitar el acceso a los servicios - Optimizar los recursos - Lograr mejores prácticas agropecuarias desde el encuentro de conocimientos - Entregar asistencia técnica continua y permanente (estadía de técnicos en las parroquias), coordinadamente con los otros ministerios, GADs y sociedad 181

114 - Generar espacios de formación práctica para los nuevos profesionales que entrega la universidad (servicio comunitario) (Paredes y Aguirre, 2015, p. 23). La Estrategia se desarrolla en 5 provincias de la sierra centro: Latacunga, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo y Cañar, en áreas de mayores índices de pobreza rural. Además, y esto como un cambio, en la estrategia de la intervención anterior, propone que los técnicos estén presentes a nivel parroquial debido a que la asistencia técnica en actividades pecuarias suelen ser de carácter urgente y deben ser tratadas de manera oportuna por personas que conozcan las especificidades del territorio. Proyecto de Desarrollo de la Productividad de los Pequeños Productores Bananeros del Ecuador. El propósito del Proyecto es mejorar la productividad y la rentabilidad de las fincas de los pequeños productores de banano de hasta 10 hectáreas (cómo es la participación de las mujeres en los cultivos de banano. Ellas son las principales responsables, mediante la adopción de sistemas agronómicos sostenibles y amigables al medio ambiente. Los objetivos específicos son: - Facilitar el acceso a financiamiento a los pequeños productores bananeros y a los gremios de los pequeños productores para la adquisición de activos fijos (desarrollo de infraestructura bananera) y para capital de trabajo. - Asistencia técnica, transferencia de tecnologías y conocimientos, en la producción de banano, a los pequeños productores bananeros, para elevar los rendimientos y la calidad de la fruta, para lo cual se creará una coordinación de asistencia técnica bananera. 182

115 - Potencializar las zonas productivas aptas para el cultivo e identificar las zonas no aptas para buscar opciones agronómicas adecuadas. - Desarrollar una política de investigación continua que alimente el servicio de asistencia técnica bananera y AGROCALIDAD, que permita fortalecer la política de sanidad vegetal en banano. (Proyecto Banano, 2012). Para el cumplimento de estos objetivos específicos, se han definido los siguientes componentes: - Asistencia técnica y transferencia de tecnología, mediante procesos participativos dónde tratan de reconocer las necesidades y urgencias del productor y su modelo productivo, se brinda capacitación y asistencia técnica en temas técnicos, agronómicos, sanitarios, certificaciones y otros. - Fortalecimiento asociativo y empresarial de organizaciones de pequeños productores bananeros. Se los apoya en términos legales en cuestiones de legalización de tierras y asociativos, en varios temas empresariales, de liderazgo y requerimientos de formalización. - Se asesora a productores en acceso al crédito, se analiza si tienen problemas agroecológicos o del modelo productivo y en relación a eso se les apoya en el acceso a créditos (BNF y Corporativos) para el desarrollo y/o mejoramiento de infraestructura básica y otros activos fijos, así como para capital de trabajo. El proyecto menciona que sus beneficiarios serán pequeños productores de banano con fincas de hasta 10 hectáreas, que representan el 65,80% del total de productores en el Ecuador y poseen en total ,39 hectáreas que representan el 14,60% del total de hectáreas de banano el país. 183

116 La metodología de extensión y asistencia técnica consiste en visitas a productores/asociaciones y se hacen diagnósticos en conjunto. Si es con productores realizan un diagnóstico de campo y si es con organizaciones, revisan el plan estratégico y el plan operativo anual y determinan conjuntamente en qué actividades apoyará el programa. (Paredes y Aguirre, 2015, p, 18). El Proyecto se integra y coordina a nivel territorial con las coordinaciones zonales, ONG en territorio, con ferias inclusivas organizadas por el Ministerio y en algunos casos, con proveedores de agroquímicos, llevando propuestas adecuadas de varias empresas a los productores. (Entrevista Paladines, 2016). La Agenda de la transformación Amazónica 9. La Agenda tiene como misión hacer de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica una región próspera en donde las tendencias de desarrollo económico enfoquen sus esfuerzos a la aplicabilidad del buen vivir en la producción, la conservación y el fortalecimiento del Bioconocimiento. En la Agenda de Transformación Productiva Amazónica (ATPA) intervienen de acuerdo a sus competencias cinco instituciones claves para el cambio de la matriz productiva, encargándose como ministerio coordinador y responsable de la articulación de la ATPA ante las demás instituciones al Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC), poniéndose en marcha el nuevo reto de transformación productiva amazónica, mediante la investigación y vinculación de proyectos productivos enfocados a la reducción de la frontera agrícola y uso sostenible de los 9 Recuperado de:

117 recursos naturales de la amazonia, generando capacidades locales con miras de producción sostenible y sustentable que garanticen la seguridad alimentaria de los pobladores amazónicos. La Unidad de la Agenda de Transformación Productiva Amazónica, a través del proyecto Investigación para el desarrollo de la CTEA, apoya a los emprendimientos destinando recursos para la adquisición de maquinaria y/o equipos, contratación de asistencia técnica especializada, elaboración planes de bionegocios y planes de manejo de especies forestales. Proyecto Nacional de Semillas para Agro cadenas Estratégicas. El proyecto nace en el 2014, está en cuatro provincias: Guayas, Los Ríos, Manabí y Loja con maíz duro y arroz, pero también, tienen presencia en la Amazonía, Esmeraldas, partes bajas de Cañar, Bolívar. El objetivo general del Proyecto: Es incrementar la productividad en los cultivos de pequeños y medianos productores, garantizando la disponibilidad, acceso y uso tecnificado de semilla de alto rendimiento aplicando soluciones integrales agronómicas en el manejo del cultivo a través de la dotación de semillas de alto rendimiento, incentivos económicos, insumos tecnificados y asistencia técnica, logrando así la reducción de importaciones de productos primarios y potencializando el desarrollo del sector agrícola (Proyecto Semillas, 2013). Los objetivos específicos son: - Garantizar la disponibilidad y el acceso a semillas certificadas a fin de obtener plantas vigorosas que permitan alcanzar rendimientos óptimos, a precios accesibles a los productores agrícolas del país 185

118 - Fomentar en los productores el buen uso de semillas certificadas mediante la aplicación de soluciones integrales agronómicas a fin de mejorar los ingresos de los productores permitiendo promover la sostenibilidad ambiental Los beneficiarios del proyecto deben reunir las siguientes características: (i) ser pequeño productor,( ii) no haber empleado semillas certificadas durante los últimos 2 años, (iii) en el caso de los pequeños productores de papas se priorizará productores que disponen de riego para poder planificar las siembras durante todo el año, (iv) en el caso de arroz, contar con riego o producir arroz en secano durante el ciclo de invierno, (v) en el caso de la caña de azúcar se beneficiará a los pequeños y medianos productores que destinen su producción para transformación de etanol para biocombustible. El Proyecto tiene 5 elementos como base conceptual: - Enfoque de demanda, el cual busca atender las necesidades de los productores y sus diferentes realidades - Enfoque a pequeños productores - Enfoque de sostenibilidad, que busca generar procesos replicables a través del tiempo, lo que involucra conservación de recursos (en especial suelo y agua), salud humana y rentabilidad, para que el productor pueda mantener su ocupación en la agricultura - Enfoque de agricultura ampliada, de cadena, dónde la fase productiva es parte de un proceso más largo que incluye pos cosecha, agroindustria y comercialización - Enfoque participativo, el cual busca una vinculación activa de los productores en el proceso para que sean ellos quienes debatan y validen lo que se les enseña 186

119 El Proyecto utiliza varias técnicas para la asistencia técnica: charlas, intercambio de experiencias y demostraciones prácticas rotativas en fincas de productores. Este programa tiene su foco en agro cadenas, por lo cual las técnicas utilizadas son más de asistencia técnica que de extensión rural, consiste sobretodo en supervisar cómo se está sembrando y aplicando los insumos. Según uno de los técnicos, en asistencia técnica se trabaja en cuatro provincias con personal propio capacitado en metodologías y estrategias diseñadas por el Proyecto. Se trabaja bajo un enfoque de demanda y de cadena de valor. A más de la AT también los técnicos apoyan en la gestión para acceso a créditos con el BNF, pero también con el Banco de Loja, Azuay y Cañar, con la Cooperativa Jardín Azuayo, empresas como PRONACA que dan productos a crédito, así como también en los subsidios y comercializa (Entrevista, Técnico MAG, 2015). Este modelo ofrece: semilla certificada subsidiada, kit de insumos subsidiado, asistencia técnica subsidiada, crédito para la brecha no cubierta por el subsidio, AGROSEGURO y rondas de comercialización entre asociaciones y agroindustria. El proyecto tiene 4 rubros primordialmente de la costa: banano, maíz duro, arroz, café. Asistencia técnica subvenciona kits, semillas certificadas e insumos. En el equipo de campo del Proyecto existen hombres y mujeres, con predominio de los hombres. Para la selección y contratación del personal de campo no existen acciones positivas ni para grupos de atención prioritaria ni para mujeres. La selección se hace por meritocracia, es decir, se analiza el currículo para conocer la experiencia profesional general y específica, si tiene experiencia en cultivos; se aplica una prueba para medir los conocimientos y luego se hace la entrevista, además de los antecedentes profesionales. En la matriz diseñada se selecciona a los mejores y a esos se contrata. No 187

120 hay variable ni procedimiento para privilegiar ni segregar mujeres. (Si cumple, ingresa) (Entrevista, Solís, 2015). Un elemento que si se toma en cuenta, dice Solís, es que sean de los territorios donde van a trabajar porque ellos conocen mejor la zona y además porque no existe presupuesto para que se trasladen a otro cantón o provincia, pero no siempre se encuentra personal idóneo. Cuando se trata, de las mujeres, y si están embarazadas, se procura que no tenga que viajar demasiado. Por ejemplo, las que viven en Guayaquil las acercamos poco a poco, son consideraciones individuales más no porque exista una política en relación a esto. El Proyecto tiene su metodología propia de asistencia técnica y apoyo de capacitación en conjunto. En esta metodología lo importante es el agricultor, el cultivo es el medio. Si bien la asistencia técnica y la capacitación están orientadas a resolver problemas en los cultivos, pero son los problemas que el agricultor o agricultora quieren resolver, nosotros trabajamos para resolver sus problemas, sus necesidades, sus aspiraciones y metas de acuerdo a la realidad del campo. (Entrevista, Técnico MAG, 2015). Además, señala, el mismo técnico, que entre la metodología que nosotros aplicamos de asistencia técnica y la metodología de asistencia técnica de las empresas se persiguen los mismos objetivos, pero con estrategias e intereses diferentes. Ambas dan capacitación, ambas ayudan al agricultor, a ambas les importa el cultivo. La diferencia es que nosotros buscamos el bienestar del agricultor; mientras que, la empresa su meta es la productividad y la competitividad. En el sector privado las casas comerciales de agroquímicos tienen su propia estrategia de asistencia técnica y está orientada a la venta. (Entrevista, Técnico MAG, 2015). 188

121 Proyecto de Irrigación Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y Productoras (PIT). El proyecto tiene como objetivo incrementar y diversificar la producción de la pequeña y mediana agricultura con irrigación tecnificada a nivel de parcela, desarrollando tecnologías que optimicen el uso y aprovechamiento del agua, como el riego por aspersión o goteo y sistemas de cosecha y almacenamiento de agua. También pretende impulsar la gestión ambiental de la irrigación parcelaria y fortalecer las capacidades locales para la gestión social del agua en la producción agropecuaria. (Proyecto de Irrigación Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y Productoras (PIT, MAGAP, 2015). El proyecto tendrá financiamiento del Banco Mundial y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Se estima una inversión de 128,6 millones de dólares y una donación de 8 millones de euros de la Unión Europea. El proyecto se ejecuta en 17 provincias del Ecuador: 10 en la Sierra y 7 de la Costa. Se espera atender a familias y dotar de riego a hectáreas. Con ello se busca incidir en la disminución de la enorme brecha existente entre la superficie bajo riego que controlan las pequeñas y medianas UPAS, que alcanza las has. y la superficie con riego tecnificado, que apenas llega a las has. Esto significa que apenas el 7% de la tierra en propiedad de pequeñas y medianas UPAS ha podido acceder a la tecnificación, mientas que el 93% ( ha.) no cuenta con de riego tecnificado. La población potencialmente participante es una muestra de la diversidad de pueblos, nacionalidades y culturas del país, pues incluye a campesinos mestizos, indígenas, afroecuatorianos y montubios. (PIT- MAGAP, 2015) Las tres principales líneas de acción son: 189

122 - Asesoría legal para ampliar la inclusión de los grupos participantes - Fortalecimiento de capacidades locales - Fortalecimiento institucional del MAGAP, los GAD y proveedores de servicios En la línea de fortalecimiento de capacidades se establece tres ejes: (a) Asesoría técnica para el riego y la producción; (b) Capacitación de Promotores locales; y, (c) Coordinación con otros programas del MAGAP. En entrevista con Dennis García, Subsecretario de Riego Parcelario, señala que trabaja con pequeños productores que garantizan la seguridad alimentaria del país. Bajo el concepto de la Agricultura Campesina Familiar -AGF, en el que destaca dos aspectos: a) Agricultores que tienen su finca y es administrada por la familia, en el cual el jefe o la jefa de hogar presiden ese trabajo y el destino de la producción es el consumo interno, acota, que el tema de la AFC es muy importante, la FAO estima que alrededor del 70 y 80% de la producción es producida por este tipo de organizaciones campesinas, por lo tanto este tipo es de campesinos es el que se prioriza; y, b) La cobertura es nacional, siempre que haya agua y un buen nivel de organización, el riego no es individual, se busca que los productores que reciben el riego se asocien para la siembra, la cosecha, la comercialización, esos son los criterios. (Entrevista, García, 2015). García expresa que el propósito es lograr la tecnificación del riego por aspersión, micro aspersión y por goteo, para evitar el desperdicio del agua en las zonas agrícolas del país. Ello contribuirá a mejorar los ingresos de más de 14 mil familias de pequeños y medianos productores, a través del fomento productivo y manejo sustentable del agua y suelos. Se menciona como logros en el proyecto, lo siguiente: 190

123 - Se ha recuperado el rol del Estado en el manejo del agua de riego para la producción. - Trabajar con los pequeños productores. Niveles de tecnificación para los pequeños productores. Otro impacto, cambia las economías campesinas. Cosechas 3 veces al año, antes una. Diversificación de productos de 2 o 3 productos como: maíz, zapallo trigo, cebada, fréjol en la Sierra, ahora se siembra hasta 60 productos. El nivel de productividad se eleva muchísimo, ahora se produce bastante más. - Se brinda capacitación técnica a los pequeños y medianos productores y productoras, así como tecnología para el riego, que es por aspersión. - Se ha recuperado el rol importante de las mujeres en la AFC, en el MAGAP las beneficiarias a la larga son las mujeres, porque son ellas las que sostienen las unidades familiares y alimentan. (Entrevista, García, 2015). como: Además, menciona que es necesario mejorar, aspectos - El nivel de asociatividad, el país vive un reflujo. Hay un nivel de fragmentación muy grande, un nivel de asociatividad muy débil, este es el aspecto más difícil con los que nos topamos. A veces se les entrega tierra pero no lo producen. - Una mentalidad de algunos burócratas viejos de resistencia al cambio, hay que luchar por lograr mayores niveles de compromisos de los servidores públicos, es un tema a mejorar. - Homogenización, porque no se asume que este país es heterogéneo que hay realidades distintas. En la Sierra hay mejores niveles de organización que en la Costa. El campesino costeño tiene menos tradición comunitaria. (Entrevista, García, 2015). 191

124 Programa del Buen Vivir Rural en Territorios Rurales El Programa tiene como objetivo de desarrollo promover la sostenibilidad de los medios de vida de al menos 25,000 familias rurales en los respectivos territorios. Por lo que ha establecido como meta mejorar el nivel de vida de la población rural en 8 territorios (165 juntas parroquias rurales) mediante el fortalecimiento de capacidades de gestión territorial de las organizaciones sociales y gobiernos autónomos descentralizados; y la consolidación de iniciativas económicas estratégicas relacionadas con la soberanía alimentaria. (MAGAP, 2011). El Programa ha definido tres componentes que se relacionan y articulan entre sí: - Componente 1: Fortalecimiento de capacidades de gestión territorial. Este componente cofinanciará iniciativas que faciliten la apropiación de capacidades relacionadas con procesos de planificación y presupuestos participativos de los GAD y fortalecimiento de organizaciones de base, segundo y tercer grado que busquen mejorar su incidencia en la planificación, monitoreo de la inversión pública y la veeduría social. La estrategia para el fortalecimiento de organizaciones se centrará en las uniones intercomunitarias, asociaciones, y otras figuras de segundo y tercer nivel con la capacidad o el potencial para incidir a nivel del territorio en cuanto a facilitar la inclusión social, prestación de servicios, acceso a mercados, intercambio de experiencias, aplicación de normas ambientales, y otros objetivos. - Componente 2: Fondo de Inversión para Iniciativas Territoriales. El componente cofinanciará con transferencias no-reembolsables iniciativas (sub- 192

125 proyectos) endógenas y mancomunadas que se presenten al Programa para impulsar la gestión de recursos naturales, infraestructura socioproductiva, y otras inversiones que se estimen estratégicas a nivel territorial para mejorar los ingresos y seguridad alimentaria de la población meta del Programa. El Fondo cofinanciará, propuestas que contemplan, entre otras iniciativas: inversiones en bienes productivos; implementación de sistemas de producción agroecológicos; recuperación de suelos; reforestación y agroforestería; gestión de agua para sistemas de riego a nivel de parcela o comunidad; prevención de contaminación y aplicación de normas legales y medidas para la adecuada utilización de agroquímicos; producción de abonos orgánicos; acceso a servicios para la promoción de la agrobiodiversidad y saberes tradicionales adaptados a los nichos bio-culturales de los territorios; certificación orgánica; infraestructura de manejo pos-cosecha; transformación de productos agrícolas; consolidación de cadenas de valor; enlace con redes de comercio y distribución a nivel regional o nacional; promoción de intercambio solidario a través de canastas comunitarias y otras redes organizadas como Aliméntate Ecuador; promoción de acceso a mercados internacionales; y consolidación de otras iniciativas económicas no-agrícolas a través del fomento de microempresas de transformación, artesanales, turísticas y otros servicios. - Componente 3: Sistema de Seguimiento y Evaluación Participativa -SEP. Se ha diseñado como un componente integral en la implementación del Programa, con la finalidad de: (i) manejar el reto de las alianzas operativas con diversos actores en que se fundamental la estrategia de implementación del Programa en el marco de la descentralización política; y (ii) facilitar el aprendizaje participativo y la apropiación del Programa en los respectivos territorios. El objetivo general del SEP 193

126 es crear un sistema de recopilación y uso de información oportuna que le permita a todos los actores: Medir el impacto económico, social y ambiental del Programa; facilitar la retroalimentación sistemática de parte de los actores sobre la efectividad de la gestión, procesos y la aplicación de los reglamentos del Programa; apropiarse de los procesos de aprendizaje social e institucional relacionados con el éxito de las iniciativas cofinanciadas por el Programa, el seguimiento ambiental, y la consolidación de la estrategia territorial del MAGAP, así como la creación de alianzas interinstitucionales; y facilitar la articulación del Programa con el Proyecto Control Ciudadano de SENPLADES y CONAJUPARE; y en lo relacionado con la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación de SENPLADES. (Programa del Buen Vivir Rural en Territorios Rurales MAGAP, 2011). En el gráfico N 6 se refleja la forma de relación e interacción entre componentes del programa para la implementación articulada y sistémica del mismo. 194

127 Gráfico No. 6 Interrelación de los componentes del Programa Fuente y elaboración: GPrograma del Buen Vivir Rural en Territorios Rurales MAGAP, 2011) Desde la Gerencia de la Unidad de Gestión del Buen Vivir Rural, se señala que: el programa tiene como indicadores de su desempeño que al menos el 30% de los emprendimientos que se genera con el programa deben ser de mujeres, en especial las jejas de hogar, cuyo principio es el respeto de las dinámicas de las mujeres considerando sus tareas como madres, impulsoras, emprendedoras. Existe, según la misma fuente, más o menos de 4 a 5000 emprendimientos con jefatura femenina, sin embargo, considera que no sólo es el número, sino la trascendencia de este hecho, pues detrás del número existe una nueva valoración de la compañera en su organización, en su hogar. Aquello, acota, es un signo para que los productores y productoras vayan reconociendo esta capacidad de las mujeres, ellas son muy organizadas en el manejo económico, reproducen las prácticas culturales, gracias 195

128 a su trabajo, sus hogares de alta pobreza han logrado sobrevivir, evidentemente, cuando pasan a manejar recursos sociales lo hacen con la misma comprensión. (Entrevista, Dután, 2016). En otros programas como el Programa de Hombro a Hombro, la asistencia técnica, trata que los profesionales de campo sean hombres y mujeres. Hay algunas iniciativas en ese sentido, todavía insuficientes, porque el profesional que el MAGAP contrata es un profesional titulado, sin una comprensión adecuada entre el conocimiento técnico con el conocimiento social, político, que está dado por una matriz de división disciplinar, el agrónomo es agrónomo y no hay una comprensión global de trabajar en equipos multidisciplinares, por tanto nuestro acercamiento a la comunidad siempre va ser sesgado. Entonces, el desafío, según el Gerente del Programa del Buen Vivir Rural, es pensar la Asistencia Técnica de otra manera, dada la gran diversidad y heterogeneidad del país, no se puede mirar desde la sierra las dinámicas costeñas, Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro, al interior de las provincias existen culturas distintas, hombres mujeres distintos, se necesita una voluntad colectiva para diversificar las intervenciones, que este país sea distinto. (Entrevista, Dután, 2016) 196

129 Propuesta para mejorar los programas y políticas de ATER para las mujeres rurales en Ecuador. Objetivo - Aportar con recomendaciones metodológicas, procedimentales y de gestión para la incorporación de la perspectiva de género en las políticas, programas y proyectos sobre asistencia técnica y extensión rural con énfasis en mujeres rurales del Ecuador. Esta propuesta está basada en el trabajo desarrollado en el estudio desde un análisis conceptual, metodológico, procedimental y recoge las opiniones de las mujeres rurales, de los técnicos y técnicas que brindan asistencia técnica y extensión rural en los programas y proyectos, así como también de las autoridades del MAGAP y expertas en el tema de género y agricultura. La propuesta contempla cinco elementos fundamentales para mejorar la asistencia técnica y extensión 197

130 rural desde una perspectiva de género y derechos de las mujeres rurales; a saber: - Marcos normativos para la ATER con perspectiva de género. - La planificación estratégica de género. - Políticas públicas de ATER con un enfoque de género. - La metodología y los instrumentos técnicos y de gestión de ATER desde una mirada de género. - La institucionalización de los programas y proyectos de ATER para las mujeres rurales. - Fortalecimiento de capacidades de las mujeres rurales que están en la Agricultura Familiar Campesina (AFC), así como, de los tomadores de decisiones y equipos técnicos que realizan ATER en el Ecuador. - Las alianzas estratégicas y la coordinación interinstitucional. Elementos para mejorar la ATER desde una mirada de género: Marcos normativos para la ATER con perspectiva de género. El Ecuador en su calidad de Estado miembro del Sistema de Naciones Unidas y otros mecanismos e instancias mundiales, regionales y subregionales, cuenta con una auspiciosa normativa internacional de protección y garantía de los derechos de las mujeres y en particular para las mujeres rurales, lo cual representa un avance significativo para que el Estado ecuatoriano formule e implemente políticas, planes, programas y proyectos orientados a equiparar las condiciones y oportunidades de las mujeres en todas las dimensiones del desarrollo que coadyuven a cerrar las brechas de desigualdad y las condiciones de discriminación y violencia que históricamente ha afectado a las mujeres rurales. La Constitución de la República del Ecuador recupera los mandatos internacionales para la garantía de los derechos 198

131 humanos de las mujeres y la igualdad de género, aspecto que constituye un avance fundamental, al profundizar la normativa nacional en la progresividad de los derechos al buen vivir rural y de la naturaleza, una visión de la economía, basada en el régimen de la economía social y solidaria, el derecho a una vida libre de violencia y no discriminación, el acceso a los activos de la producción, a la soberanía alimentaria, a la preservación de los saberes ancestrales, a la participación ciudadana y control social, al reconocimiento del Ecuador como un Estado plurinacional y multiétnico, el reconocimiento del trabajo reproductivo y de cuidados como un aporte fundamental de las mujeres al sostenimiento y reproducción de la vida y al desarrollo nacional. Pese a los avances anotados, en cuanto a la normativa internacional y la Constitución de la República, las leyes secundarias que rigen el ámbito de la ruralidad y en particular de la ATER como un mecanismo idóneo para el empoderamiento social y económico de las mujeres rurales presentan debilidades, puesto que asumen una agregación analítica que invisibiliza las desigualdades de género. Por lo tanto, no recuperan plenamente la garantía de derechos que establece la Carta Magna para las mujeres y la igualdad de género relacionado con la ATER para garantizar el acceso y propiedad de la tierra y los activos productivos como maquinaria, insumos y tecnología, acceso al agua, recursos financieros y no financieros -crédito, capacitación, comercialización y mercados. La normativa y las leyes secundarias relacionadas con la ruralidad y la ATER requieren profundizar el tratamiento de la transversalidad de género, incorporando disposiciones específicas que permitan revertir las condiciones de desigualdad y discriminación que sufren las mujeres rurales. Las disposiciones legales que regulan el sector rural deben considerar mecanismos para lograr una asistencia técnica 199

132 articulada, pues las experiencias han demostrado que las intervenciones responden, solamente a objetivos parciales de cada institución o proyecto, y no a las necesidades de los y las ciudadanas en el territorio, por lo que los impactos de la asistencia técnica no logran modificar los problemas estructurales de pobreza y desigualdad de género. Del análisis del marco normativo nacional sobre el sector rural, se desprende que dichas leyes deben establecer disposiciones claras y procedimientos efectivos para el seguimiento y evaluación de la asistencia técnica y la extensión rural, que permita intervenciones efectivas para el cierre de las brechas de desigualdad para las mujeres rurales. Es necesario fortalecer en las normativas para el sector rural, disposiciones que promuevan la agencia de las mujeres rurales en la definición de todo el ciclo de las políticas públicas, considerando sus intereses, necesidades objetivas y subjetivas, las mismas que deben plasmarse en las estrategias metodológicas y procedimientos de la asistencia técnica y extensión rural en el país. Es importante que la normativa del sector financiero rural contemple medidas de ATER y disposiciones para garantizar el acceso de las mujeres rurales a los servicios financieros y no financieros como el crédito y los mercados; eliminando criterios de parametrización rígidos y homogeneizantes, que priorizan la colocación y recuperación del criterio en condiciones de rentabilidad, antes que los impactos en las condiciones de vida de las mujeres rurales y el desarrollo sostenible de las comunidades campesinas. El país no ha logrado avanzar significativamente en el proceso de la revolución agraria, especialmente en la redistribución de la tierra que se constituye uno de los ejes fundamentales para garantizar los derechos al Buen Vivir; actualmente la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios 200

133 Ancestrales, que contempla como prioridad la redistribución de tierras rurales a las organizaciones que cuenten entre sus miembros a mujeres que han asumido la manutención del hogar, jefes o jefas de familias sin tierra, pobladores rurales jóvenes sin tierra, pertenecientes a los quintiles más bajos de pobreza, se encuentra en manos del Presidente de la República para su aprobación definitiva. Cabe señalar, que en el proceso de discusión de la Ley los movimientos sociales, consideraron que la Ley no permite la democratización porque se promueve la entrega de tierras a precios de mercado, que puede favorecer a quienes puedan pagarla, y que tampoco se considera mecanismos para la reconstitución de los territorios ancestrales. Si bien la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria incorpora parcialmente el enfoque de género, no es menos cierto que se requiere enfatizar en la visibilidad y reconocimiento del trabajo productivo, reproductivo y de cuidados que desarrollan las mujeres rurales, quienes son las principales responsables de la producción para el auto consumo, como uno de los pilares de sustento de la soberanía alimentaria, a la vez que se requiere priorizar recursos para garantizar la asistencia técnica que permita salvaguardar los saberes ancestrales, en torno al manejo de semillas, y en el uso y mantenimiento de tecnologías apropiadas. Es necesario fortalecer los mecanismos de veeduría y control social para la aplicación de la normativa y la Ley, pues existe una distancia entre la existencia de la Ley y su aplicación efectiva. La planificación estratégica de género. Considerando la importancia de la planificación estratégica para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas, programas y proyectos que contemplan ATER es necesario mejorar los sistemas de estadística y generación de información con que cuenta el MAGAP a fin de contar con 201

134 información e indicadores desagregados por sexo que permitan una cuantificación objetiva de la población de hombres y mujeres en los programas y proyectos. A la vez, los sistemas de información deberán dar cuenta de las actividades productivas y de generación de ingresos a las que están vinculadas las mujeres rurales, por ejemplo, dónde están localizadas geográficamente, edad, adscripción étnica, discapacidad, tipo de producción; así como su rol en la conservación de los recursos genéticos y documentar sobre los saberes ancestrales que manejan en los ámbitos de la producción. Al respecto, el Oficial de Proyectos de FAO Ecuador, manifiesta que existe una carencia de información, de registro administrativo de quien es productor familiar que dé cuenta de quién es y no es productor, lo que permitiría planificar e implementar mejor las políticas de ATER, porque actualmente no se sabe con exactitud cuántos productores hay, tampoco se sabe con exactitud, cuántos de esos productores son mujeres, no sabemos el rol de las mujeres, etc. Todas son estimaciones, no se sabe cuántas mujeres rurales hay, en que territorio, qué producen, ni que necesidades tienen. En realidad no queremos los datos macro sino que queremos hilar fino, queremos el nombre y apellido de la mujer productora, su número de cedula, de teléfono y como ubicarla, si pertenece a una asociación, es decir, se trata de un registro más de tipo administrativo que no existe, y esa es una herramienta a nuestro criterio fundamental, indispensable e irremplazable si queremos afinar la boleta pública de extensión. Contar con esta esta información por ejemplo nos puede decir, si el 60% de la producción está a cargo de las mujeres, el número de UPAs que están a su cargo. (Entrevista, FAO, 2016). En este marco, es fundamental que el Censo Agropecuario liderado por el MAGAP incorpore indicadores de género que permitan establecer cuáles son las brechas de desigualdad que sufren las mujeres rurales en el Ecuador, convirtiéndose en un insumo importantes para la toma de 202

135 decisiones en la formulación de políticas, programas y proyectos de ATER en el sector agropecuario. Políticas públicas de ATER desde un enfoque de género. El Plan Nacional del Buen Vivir se constituye en un avance fundamental en el establecimiento de políticas públicas sectoriales, pues recupera el rol del Estado en los procesos de planificación, en la asignación de los presupuestos y la inversión pública en función de los grandes objetivos nacionales. El Plan permite el alineamiento de la institucionalidad publica a nivel nacional y local a los objetivos, políticas y lineamientos estratégicos, metas e indicadores en torno a la consecución del Buen Vivir, lo cual se traduce en que el Estado viabilice programas y proyectos para alcanzar las metas tendientes a disminuir brechas históricas de desigualdad y discriminación, que incluye políticas a favor de las mujeres rurales. A fin de cumplir con los objetivos y metas del Plan Nacional del Buen Vivir, se requiere poner en marcha políticas de ATER que consideren las demandas de las mujeres rurales vinculados a los procesos de producción. Al respecto en el grupo focal de mujeres rurales, la lideresa de Cotopaxi señala la necesidad de contar con políticas y programas de ATER para la comercialización desde el MAGAP, plantea que se considere la construcción e implementación de mercados para las y los pequeños productores, especialmente para las mujeres productoras, quienes son las que más sufren de violencia, discriminación y exclusión en los procesos de comercialización, puesto que los intermediarios y comerciantes son los que deciden qué tiempo ocupar las instalaciones, imponen los precios y se aprovechan del tiempo, dinero y fuerza de trabajo invertida por las productoras. En este ámbito habría que recuperar la experiencia de Brasil y Uruguay donde la producción tiene un sello para los productores pequeños y medianos lo que les facilita la participación en ferias, en 203

136 intercambios y capacitaciones. (Grupo focal Mujeres rurales, 2016). Las mujeres rurales participantes del grupo focal, expresaron casi unánimemente su insatisfacción sobre los servicios financieros que brinda la banca pública, especialmente en relación al crédito. A lo que se suma, los engorrosos trámites y requisitos para obtener el crédito, pues resulta dificultoso para las mujeres rurales, debido a que no reciben asistencia técnica ni capacitación en el manejo administrativo que les permita solventar estas deficiencias. Es necesario que el MAGAP establezca políticas agropecuarias y de ATER (Políticas específicas para las mujeres) que promuevan el empoderamiento económico de las mujeres rurales, considerando para ellas oportunidades de empleo y de generación de ingresos, a partir de una adecuada división sexual del trabajo en las zonas rurales, procesos que harán posible que las mujeres de la AFC logren un mejor uso, acceso y control de los beneficios de su trabajo y consecuentemente mejoren su calidad de vida. La política pública de ATER dirigida a mujeres rurales debe considerar mecanismos para el fortalecimiento de la veeduría y control social desde las organizaciones de mujeres y asociaciones de productoras, a fin de garantizar que los programas y proyectos cumplan con sus objetivos de conformidad a lo que establece la normativa legal vigente. Como menciona Cadena, Coordinadora del Programa de Innovación del MAGAP, una de las mejores decisiones que ha tomado el Señor Ministro para afianzar el tema de la articulación del sector del agro en territorio, es la vinculación de los consejos ciudadanos, que son una estructura ciudadana escogida a nivel provincial, en la que participan dirigentes de organizaciones y representantes a nivel nacional; ellos están trabajando a la par con nosotros en todos los procesos de 204

137 planificación y veeduría de la política pública. Estos consejos ciudadanos son elegidos a nivel provincial y cuentan con la participación de hombres y mujeres, al momento hay varias mujeres que los presiden a nivel provincial. Los consejos ciudadanos tienen que al final velar porque las políticas se cumplan, esto es parte de democratizar el servicio y las intervenciones. (Entrevista, Cadena, 2016). La metodología y los instrumentos técnicos y de gestión de ATER desde una mirada de género. En los ámbitos de la asistencia técnica y la extensión, no se cuenta con una estrategia unificada de intervención, sino que ésta se desarrolla de acuerdo a los rubros de la producción, por tanto, la Autoridad Nacional Agraria debe trabajar en la estandarización de la asistencia técnica desde un enfoque interseccional que considere las dimensiones de género, (Mi sugerencia es no mesclar los diferentes temas, que demandan estrategias diferentes). Según la Coordinadora del Programa de Innovación del MAGAP estamos en el momento justo para hacer este paso, conceptualizar la AT y definir los roles que cada uno cumple. Una de las primeras cosas que tratamos de hacer cuando entramos a la Coordinación es desarrollar los productos y servicios de ATER que ofrecemos para identificar que hace cada uno o que les corresponde hacer a cada uno. (Entrevista, Autoridad del MAG., 2016). En relación a esta temática, Samaniego, Oficial de Proyectos de FAO Ecuador considera que en los programas de ATER la meta es definir ciertos lineamientos generales a nivel central, pero luego dejar a la gente de territorio que le dé forma, converse con la comunidad, elijan los temas, caso contrario se convierte en una visión centralizada desde el escritorio de quien dirige el programa, por tanto se necesita buscar un punto de equilibrio donde el programa da los lineamientos generales, los mismos que posteriormente se acuerden y adecuan en el territorio, porque quien afronta las 205

138 realidades son los técnicos en los territorios. (Entrevista, FAO, 2016). El objetivo central de los programas de asistencia técnica y extensión rural que buscan aportar a mejorar la calidad de vida de las familias involucradas en la agricultura familiar campesina, puede verse limitado en sus impactos al no considerar las especificidades y demandas de los diferentes integrantes de la familia rural, dejando por fuera de los procedimientos de la asistencia técnica, cuestiones trascendentales para las mujeres rurales como son la erradicación de la violencia de género y la economía del cuidado que considera la carga global del trabajo que tienen las mujeres rurales, al cumplir tareas en el ámbito productivo y reproductivo, puesto que como señala la encuesta Específica del Uso del tiempo - EUT desarrollada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género - CNIG en el año 2012, en el área rural las mujeres trabajan hasta 23h14 más en la semana que los hombres. Bajo esta consideración la asistencia técnica debe contemplar la capacitación en contenidos para promover la corresponsabilidad de los miembros de la unidad familiar en las tareas domésticas y de cuidado a fin de disminuir esta carga que tienen las mujeres, lo cual permitir liberar tiempo para asistir a los programas de capacitación y asistencia técnica. Es necesario identificar en las metodologías de ATER las barreras que impiden a las mujeres participar adecuadamente en estos procesos, que básicamente tienen que ver con la doble y triple jornada productiva y reproductiva que cumplen las mujeres rurales. En tal sentido, es fundamental que los programas y proyectos dentro de sus planificaciones flexibilicen los horarios, los días, las distancias y las condiciones en se desarrolla la ATER, para ello es indispensable que se considere 206

139 su disponibilidad de tiempo y se prevea mecanismos para el cuidado de hijas e hijos menores. Cabe mencionar que las metodologías e instrumentos técnicos que utilizan los programas y proyectos colocan en un mismo nivel a todas las personas, es decir hacen una agregación analítica, que invisibiliza las necesidades, las demandas y el trabajo y aporte que realizan las mujeres rurales. Es necesario que los técnicos y técnicas que brindan ATER en territorios de pueblos y nacionalidades, manejen el quichua y otros idiomas ancestrales, a fin de que puedan comunicarse y llegar de manera adecuada especialmente a las mujeres rurales que han tenido un menor acercamiento al español y a la educación. Si va un técnico o técnica a una comunidad extremadamente indígena, quichua hablante, si yo pregunto en quichua me responderán? Si tengo una inquietud en quichua, me darán respuestas, me responderán? Si por igual van a la Amazonía, a la Costa al pueblo awa, los técnicos podrán dar respuesta y apoyar en su idioma? No creo compañeras. (Grupo focal mujeres rurales, 2016). Las mujeres rurales participantes del grupo focal, recomiendan que es necesario pasar de una micro capacitación en micro-talleres para las micro empresarias a una mirada de encadenamientos productivos y empresas de economía de escala, con la participación de mujeres y hombre productoras/es, para lograr la soberanía alimentaria de la familia y la comercialización de productos desde una mirada técnica. Es muy importante que dentro de las metodologías para la ATER se consideren las pasantías e intercambio de experiencias de las mujeres productoras a nivel local, nacional e internacional, puesto que les abre un panorama de mayores posibilidades para conocer nuevas experiencias exitosas y les permite acercarse a nuevas e innovadoras tecnologías de 207

140 producción, así como incorporarse a redes de apoyo a la Agricultura Familiar y Campesina. La asistencia técnica con visión de género en el territorio, debe incluir metodologías lúdicas y participativas, utilizando materiales cercanos a la realidad de las mujeres y hombres de las zonas rurales, como videos y folletería con lenguaje simple, con gráficos y dibujos que permiten un mayor nivel de aprendizaje, especialmente para las mujeres de las zonas rurales. La institucionalización de los programas y proyectos de ATER para las mujeres rurales. Si bien el Estado ha logrado posicionarse como la principal fuente de asistencia técnica y extensión rural hacia las familias campesinas, existen problemas de cobertura y logística de estos programas estatales, que limita atender la gran demanda de asistencia técnica en las zonas rurales del país. A la vez, esta asistencia técnica invisibiliza las diversidades y no considera el enfoque de género en sus procedimientos de aplicación, por lo que en la normativa se debe establecer disposiciones específicas que obliguen a la institucionalidad pública del sector, a fortalecer la capacidad estatal para la asistencia técnica y transversalizar el enfoque de género en sus procedimientos. A fin de institucionalizar en las políticas, programas y proyectos es fundamental que se cree una instancia responsable de coordinar las acciones institucionales para la transversalización de la perspectiva de género, MAGAP anclada al Viceministerio de Desarrollo Rural, la misma que debe estar conformada por especialistas en género, agricultura y desarrollo sostenible, cuyo rol sea el de elaborar políticas y estrategias específicas y orientar a los equipos técnicos en la incorporación de género en su trabajo. 208

141 Es importante fortalecer y profundizar la asistencia técnica de los programas de la agricultura familiar campesina, que considera a toda la familia dentro del grupo de productores y no solo a los hombres como los únicos responsables de la producción, pues como lo señalan las mujeres participantes del grupo focal en la agricultura del campo no está solo el hombre, sino que está una familia completa, desde el niño, la niña que no hacen un trabajo forzado, sino que aprende de la madre como se siembra, como se deshierba y a manera de juego aprende hacer. (Grupo focal mujeres rurales, 2016). Si bien el MAGAP está brindando asistencia técnica a productores/as de cacao, café y banano, a decir de las mujeres rurales existen algunas falencias en cuanto al número de técnicos y técnicas que realizan la asistencia técnica a nivel de finca, pues como lo refleja el siguiente testimonio de una mujer campesina el MAGAP en Esmeraldas no tienen todos los técnicos, solo nos dan un día al mes, pero somos 335 socios ganaderos, la falencia está en la falta de personal que impide una asistencia continua e integral a nivel de finca. (Grupo focal Mujeres rurales, 2016). A la vez, ellas identifican que el MAGAP en asocio con las casas comerciales de agroquímicos entrega las semillas junto con un paquete tecnológico que en algunos casos no considera las condiciones de uso del suelo, como por ejemplo la entrega de urea en Amazonía para aumentar los niveles de humedad del suelo. También señalan que no se respeta el uso y manejo de semillas ancestrales, ya que la ATER está acompañada de nuevas semillas certificadas que no conocen y controlan las mujeres en el campo. Lo anotado se corrobora en el testimonio de una de las participantes del grupo focal mujeres rurales quien destacó que: No estoy de acuerdo porque en nuestra comunidad tenemos nuestra propias semillas nativas, que son bien nutritivas y bien adaptadas a la zona, pero vienen los técnicos a entregarnos 209

142 estas semillas supuestamente certificadas que dañan la producción, la genética y la calidad de las semillas nativas de nuestra zonas, también hacen que se pierdan los microrganismos que tenemos en los suelos con la entrega del abono químico, igualmente la tierra se empobrece, así como el ser humano, por esta situación quiero plantear que desde las instituciones del Estado se haga un manejo técnico que recupere la sabiduría ancestral y que sea adaptada a la realidad de cada zona. (Grupo focal, Mujeres rurales, 2016). A la vez, se menciona que se entregan los paquetes tecnológicos sin una capacitación adecuada sobre su uso y manejo y las atan a depender de ciertos productos y marcas, puesto que existe para cada tipo de semilla un paquete tecnológico, lo cual produce una dependencia de las productores y productores a estos paquetes y un control de mercado por parte de las comercializadoras. Según lo expuesto, esta problemática está asociada a una dependencia del conocimiento científico en la creación de insumos para la producción agropecuaria que tiene que ver con la soberanía del conocimiento planteada en la Estrategia del Cambio de la Matriz Productiva, que promueve que el país pase de ser un consumidor de tecnología importada a productor de ciencia y tecnología propia y soberana, fomentando la agroecología, el respeto a la naturaleza y la soberanía alimentaria. Es a la vez necesario, que los programas y proyectos de ATER institucionalicen el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías de comunicación e información, para lo cual se deben definir estrategias comunicacionales interactivas a disposición de las productoras y productores, utilizando la amplia red de infocentros públicos creados por la Corporación de Telecomunicaciones en las zonas rurales del país, que en su mayoría son dirigidos y operados por mujeres. 210

143 Fortalecimiento de capacidades de las mujeres rurales que están en la AFC., así como, de los tomadores de decisiones y equipos técnicos que realizan ATER en el Ecuador. La Asistencia técnica y extensión rural para el empoderamiento económico de las mujeres debe considerar como punto de partida el entorno en el cual viven, es decir tomar en cuenta, por ejemplo, las relaciones de pareja y los niveles de violencia intrafamiliar, la salud y educación de las mujeres, su pertenencia étnica; así como también el acceso a bienes, servicios y recursos productivos, pues el empoderamiento económico de las mujeres requiere un abordaje integral, como lo señala Amartya Sen (2004) la expansión de las capacidades individuales es crucial para el desarrollo, pero las libertades sustantivas de los pobres pueden verse restringidas por las condiciones del entorno en las que viven y trabajan (Sen, 2004, citado por Contreras, diciembre 2015). El fortalecimiento de capacidades debe estar orientado a promover la participación de las mujeres como sujetas de derecho y apoyar su rol de agente de cambio en el espacio colectivo y de organización en el territorio, para lo cual es necesario desarrollar y ampliar los programas de ATER para que las mujeres rurales se concienticen sobre sus derechos y estimulen su participación en organizaciones propias y mixtas, apoyando el surgimiento y fortalecimiento de liderazgos tanto en el aumento del número de lideresas rurales como en asunción de sus competencias como mujeres líderes. Además, el fortalecimiento de capacidades debe estar orientado a ampliar la agencia de las mujeres como actoras y productoras para lo cual hay que dotarlas de mayores capacidades a las mujeres como productoras en el ámbito económico y como actoras del desarrollo en el ámbito político y ciudadano. 211

144 Dentro de las demandas específicas de las mujeres, expresadas en el grupo focal de este estudio, se señala las siguientes: El MAGAP debe formar talento humano territorial que convierta a las mujeres rurales en promotoras del desarrollo comunitario, instalando escuelas de formación que combinen los saberes ancestrales en torno a la agricultura y la producción con las técnicas productivas, a fin de contar con mujeres empoderadas en el territorio que cuenten con conocimientos técnicos básicos para mejorar la producción agropecuaria y promover la organización social como principal fuente de cambio y desarrollo en el territorio. Los programas de AT deben considerar la capacitación a mujeres en ámbitos productivos sin sesgos por roles de género, pues como ubicaban en proyectos acuícolas de la Provincia de Manabí, no se permite a las mujeres gambetear en la cosecha del camarón puesto que se considera que este es una actividad asignada a los hombres. No obstante, las mujeres indican que es una actividad que ellas realizan cotidianamente pero que no son aceptadas por las empresas camaroneras, impidiendo su derecho al trabajo y poder contar con un salario para subsistir como madres solteras, jefas de hogar. Es necesario que el MAGAP en los planes de capacitación técnica de sus profesionales que realizan asistencia técnica incorpore la temática de género y derechos humanos de las mujeres teórico-prácticos para que asuman la competencia en el abordaje de estos temas. Habrá que definir medidas de acción afirmativa que permitan la participación de las técnicas mujeres en estos procesos, pues como lo relata una técnica del MAGAP, tuvimos el caso de una compañera que siendo técnica tenía que ir a una capacitación a otra provincia, y el esposo no le dio permiso, 212

145 pues tenía una niña pequeña. (Grupo focal técnicos/as MAGAP, 2016). Se recomienda desde los técnicos /as del MAGAP presentes en el grupo focal se les capacite en temas socio organizativos y de género, puesto que hay una falencia importante en el manejo de estos conocimientos, pues la formación que recibieron fue netamente especializada en la carrera y no abordó este tipo de contenidos necesarios para la asistencia técnica en los territorios donde interviene el MAGAP. Los técnicos no tienen como trabajar con género en lo social y en el fortalecimiento de las organizaciones porque no se tienen estos conocimientos, desde la universidad se debería incrementar estos temas en los currículums y el MAGAP debería proporcionarnos a los técnicos que realizamos ATER sobre estos temas. (Grupo focal técnicos/as MAGAP, 2016). En esta misma línea, el grupo focal de técnicos y técnicas del MAGAP consultados en este estudio, indica que: El MAGAP debe considerar en la asistencia técnica que desarrolla la institución incorpore a promotores y técnicos/as del propio territorio, pues la gente se siente más identificado con ellos, sobre todo la mujer siente más confianza e identificación. Hay personas que son del mismo territorio y prestan servicios técnicos y la gente les tiene más confianza. (Grupo focal técnicos/as MAGAP, 2016). A la vez, es importante desarrollar estrategias para el fortalecimiento, capacitación y formación de lideresas y líderes de las comunidades que puedan abordar la gestión territorial del MAGAP, considerando que el tejido social es importante dentro del territorio y dentro de él es importante contar el aporte de las nuevas generaciones mujeres y hombres. Los técnicos/as del MAGAP identifican que existe violencia de género en las zonas rurales pero tienen problemas 213

146 en el abordaje adecuado de esta temática, como lo expresa un técnico participante del grupo focal. Todos sabemos que hay que hacer respetar a las mujeres, sabemos que existe violencia hacia las mujeres en los hogares, pero no estamos trabajando al respecto, da miedo tratar este tema, porque implica romper con esquemas tradicionales y culturales de las zonas rurales. (Grupo focal técnicos/as MAGAP, 2016). Las alianzas estratégicas y la coordinación interinstitucional. Es necesario que para brindar una ATER apropiada el MAGAP realice un mapeo y un análisis sobre la ATER que brindan otros actores en el territorio que pueden ser otras instituciones del sector central desconcentrado la GAD y ONG en aras de evitar la duplicidad de acciones y desarrollar una coordinación mucho más efectiva de la asistencia técnica desde el nivel central provincial y local. Sería necesario que el MAGAP establezca un marco de cooperación interinstitucional con el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, a través de la suscripción de un Convenio para la incorporación y transversalización de la igualdad de género en las políticas, programas y proyectos de asistencia técnica que brinda el MAGAP en los territorios, en especial en los programas PITPPA, Buen Vivir Rural, Plan Semillas y Riego Parcelario; lo que permitirá diseñar instrumentos con enfoque de género para el levantamiento de información, formulación de políticas públicas, fortalecimientos de capacidades, así como para el seguimiento y evaluación de los mismos. El Convenio también debe contemplar un proceso conjunto de fortalecimiento de capacidades técnicas en el manejo del enfoque de género en las y los técnicos, responsables de estos programas y de las autoridades de MAGAP a fin de contar con la voluntad para desarrollar estos procesos. 214

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