RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL

Transcripción

1 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES Recurso nº 746 y 747/2016 C.A. de Cantabria nº 33 y 34/2016 Resolución nº 723/2016 RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES En Madrid, a 16 de septiembre de VISTOS los recursos interpuestos por D. D. G. V. y D. A. B. U. R. (recurso nº 746/2016), concejales del Ayuntamiento de Castro Urdiales, y por D. M.M. (recurso nº 747/2016), en representación de la Asociación de Vecinos de Sámano y el colectivo de vecinos Sámano Avanza, contra los pliegos para la adjudicaciòn del contrato de ³Concesión administrativa de la gestión y explotación del transporte colectivo urbano de viajeros del municipio de Castro-Urdiales (expediente CON/77/2016), este Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución: ANTECEDENTES DE HECHO. Primero. El Ayuntamiento de Castro Urdiales (Cantabria), convocó, mediante anuncio de información previa publicado en el DOUE de 5 de mayo de 2015, y anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Boletín Oficial de Cantabria, el día 20 de mayo de 2016, licitación para contratar por procedimiento abierto la gestión y explotación del transporte colectivo urbano de viajeros. El valor estimado del contrato se cifra en ,36 euros. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 10 de junio de Se presentaron cinco ofertas. Segundo. La licitación se lleva a cabo de conformidad con los trámites previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, -cuyo texto refundido (TRLCSP en adelante), se aprobó por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre-, y en las normas de desarrollo de la misma. Como ya señalamos en resoluciones anteriores (como referencia, en la nº 480/2016, de 17 de junio), en este caso son de aplicación determinadas previsiones de la Directiva 2014/23, sobre adjudicación de contratos de concesión, aprobada el 26 de febrero de 2014, aún no traspuesta por el Reino de España, y cuyo plazo de trasposición expiró el 18 de abril de este año. Esa Directiva AVDA. GENERAL PERÓN, 38, 8ª PLTA MADRID TEL: FAX: Tribunal_recursos.contratos@minhap.es

2 2 2014/23 regula por primera vez los contratos de concesión de servicios, y se aplica a las concesiones de un valor estimado igual o superior a euros, por lo que el contrato impugnado, dado su valor estimado, está sujeto a regulación armonizada. Tercero. Los recurrentes han impugnado los pliegos, mediante escritos presentados en el registro del órgano de contratación el 10 de junio de El primero de los recursos (nº 746/2016) solicita la anulación de diversas disposiciones del Pliego de prescripciones técnicas (PPT), en particular del apartado 12 (variaciones del calendario anual) relativas éstas a la gestión del servicio a demanda (apartado 12.2, párrafo segundo) y las referencias al mismo en el Anexo 1 del PPT (apartado 2.5), así como los apartados 2.1 a 2.4 de dicho Anexo I y la totalidad del Anexo II (Estudio de viabilidad). El segundo de los recursos (nº 747/2016) considera que: 1. El plan de viabilidad del servicio público parte de un error considerable en lo relativo a la identificación del volumen de viajeros en la línea de la pedanía de Sámano, 2. Este estudio erróneo ha llevado al Ayuntamiento a transformar la línea de servicio regular a servicio a demanda; 3. Solicita también que se anule el apartado 12.2 del PPT ya que se limita un servicio público a empadronados en las pedanías afectadas por el servicio a demanda y además contiene trabas adicionales injustificadas que, en la práctica, disuadirán del uso del transporte público, y 4. Indica además que, tal como están redactados los pliegos ³el Ayuntamiento carece de margen contractual para volver a la situación anterior, ya que es posible transformar líneas regulares en servicios a la demanda, pero no es posible un cambio a la inversa. Cuarto. El 9 de agosto se recibieron en el Tribunal los recursos junto al expediente e informe del órgano de contratación. Pone de relieve el informe que, aunque ambos recursos se interpusieron como recursos de reposición, deben calificarse como recursos especiales en materia de contratación, cuya resolución corresponde a este Tribunal. Manifiesta el Ayuntamiento que ambos recursos son extemporáneos. Respecto a las cuestiones de fondo relativas al servicio a demanda, indica que este servicio ³no es un servicio regular sino un servicio en que se flexibilizan las condiciones de prestación ante la escasa demanda o la baja densidad poblacional de determinadas zonas... La regulación del servicio a demanda obedece precisamente a la obligación que tiene la Administración Pública de hacer un uso eficiente de los recursos públicos, habiéndose hecho con carácter previo un estudio de la demanda que pone de

3 3 manifiesto la inviabilidad de la prestación del servicio en las condiciones generales establecidas,.... Quinto. El 2 de septiembre de 2016, D. A. B. U. R., concejal Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, y D. D. G. V., concejal Portavoz del Grupo Municipal Más Castro-AAV, han presentado en el registro del Ayuntamiento escrito de desistimiento del recurso presentado (nº 746/2016) ³...teniendo en cuenta que han variado las circunstancias que motivaron la interposición del citado recurso, al corregirse lo que por los abajo firmantes se consideraban vulneraciones de precepto legal,.... Sexto. El 25 de agosto de 2016, la Secretaría del Tribunal dio traslado de los recursos a los licitadores para que pudieran formular alegaciones. Así lo ha hecho AUTOBUSES CUADRA, S.A., que ha concurrido a la licitación impugnada y solicita la estimación parcial del segundo de los recursos (nº 747/2016). Entiende que los recurrentes tienen legitimación para interponerlo y que el recurso está interpuesto en plazo porque, aunque el anuncio se publicó el 20 de junio, los recurrentes ³no han acreditado que tuvieran conocimiento de los términos de la licitación entonces, a lo que hay que añadir que en el anuncio no se identificaron correctamente los modos de impugnación de los pliegos. En cuanto a las cuestiones de fondo, AUTOBUSES CUADRA, S.A., está de acuerdo con que el plan de viabilidad del servicio no identifica correctamente el volumen de viajeros en la pedanía de Sámano y que debe modificarse el PPT para que el servicio se pueda configurar como regular (como en la actualidad). Considera que algunos de los licitadores concurrieron (en particular el actual concesionario), con ofertas económicas considerablemente competitivas... probablemente sobre la base de que conocían que la demanda real de la línea de Sámano exigiría una modificación del contrato que mejoraría su resultado. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. El artículo 13 del Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (RPERMC), aprobado por Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre (BOE de 25 de septiembre), establece en su apartado 1 que: Podrá acordarse la acumulación de

4 4 dos o más recursos en cualquier momento previo a la terminación, tanto de oficio como a solicitud del recurrente o de cualquiera de los interesados comparecidos en el procedimiento. De acuerdo con ello, el Tribunal ha dispuesto la acumulación de los procedimientos de recurso números 746 y 747/2016 por referirse a la misma licitación. Segundo. Al amparo de lo dispuesto en el artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de conformidad con el cual el error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter, procede calificar ambos recursos como recurso especial en materia de contratación. En efecto, se recurren los pliegos de un contrato de gestión de servicios públicos sujeto a regulación armonizada, acto susceptible de recurso especial de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del TRLCSP. La competencia para resolver corresponde a este Tribunal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.3 del TRLCSP y en el Convenio suscrito al efecto con la Comunidad Autónoma de Cantabria publicado en el BOE el día 13 de diciembre de No obstante, la primera de las alegaciones del recurso 747/2016, impugna el estudio de viabilidad, incluido como Anexo II del PPT. Se refiere pues a una cuestión que puede tener reflejo en disposiciones del PPT impugnables, como presupuesto que es de la propia modalidad del servicio a requerir. Pero, pese a ello, este Tribunal considera que es una cuestión ajena al ámbito de su competencia, dada la naturaleza y finalidad de este recurso especial. Así lo hemos manifestado en otras resoluciones (como referencia en la nº, 57/2013 de 6 de febrero, donde ya indicamos que ³nuestra legislación ha seleccionado como recurribles por esta especial vía aquellos actos que pueden suponer una restricción indebida de la transparencia y la igualdad en la concurrencia entre licitadores, por lo que ha de entenderse que carecemos de competencia para conocer respecto al estudio de viabilidad que, aunque se incluya como anexo del PPT, no atañe al ámbito que trata de depurar este recurso especial. Tercero. Procede a continuación entrar a analizar la legitimación activa de los recurrentes. En primer lugar, en relación con el recurso 746/2016, formulado por los concejales-portavoces de los grupos municipales del Partido Popular y de Más Castro-AAV, el artículo 24 del RPERMC, relativo a casos especiales de legitimación, establece en su apartado 4 que:

5 5 4. Están legitimados para interponer recurso especial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, los miembros de las entidades locales que hubieran votado en contra de los actos y acuerdos impugnados. En el presente caso, ambos recurrentes han aportado su credencial de concejales y consta en su recurso ³que han votado en contra de los acuerdos que se impugnan.... En el informe del Ayuntamiento sobre el recurso se hace referencia también al cumplimiento de ambas condiciones. Distintos son los requisitos exigibles a la Asociación de Vecinos que ha interpuesto el recurso 747/2016. El artículo 24.1 del RPERMC hace referencia a la legitimación de las asociaciones representativas de intereses en los siguientes términos: 1. Sin perjuicio de los supuestos generales previstos en el artículo 42 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el 102 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, los recursos regulados en este Reglamento podrán ser interpuestos por las asociaciones representativas de intereses relacionados con el objeto del contrato que se impugna exclusivamente cuando lo sean para la defensa de los intereses colectivos de sus asociados. Con tal disposición se viene admitiendo la legitimación de las asociaciones empresariales para cuestionar aquellas cláusulas del pliego que pudieran afectar a la libre concurrencia, si bien, en todo caso, es necesario que se acredite por el recurrente que la eventual estimación del recurso formulado afecta directamente a la esfera de los intereses colectivos que representan, intereses que deben ser concretos y no meramente hipotéticos. Una gestión del transporte público como servicio regular en lugar de como servicio a demanda puede redundar en un beneficio para los vecinos, potenciales usuarios de tal servicio, pero, como indicábamos en la Resolución 166/2015, de 18 de febrero para un supuesto análogo al ahora considerado, ³tal impacto no tiene la concreción suficiente para justificar la legitimación de las asociaciones vecinales en el presente procedimiento. Cuarto. Sobre el escrito de desistimiento presentado en el recurso nº 746/2016, aunque el TRLCSP no contempla expresamente esta posibilidad de finalización del procedimiento, ya hemos manifestado en numerosas resoluciones (como referencia en la nº 288/2016, de 15 de abril), que el recurrente puede desistir por aplicación de lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

6 6 Administrativo Común. De acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de esa misma norma, el desistimiento pone fin al procedimiento, con las salvedades previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 91. En el presente caso no se produce ninguna de tales salvedades, por cuanto los interesados en la continuación del procedimiento han interpuesto su propio recurso (nº 747/2016), para el que carecen de legitimación suficiente, y no existe razón de interés público que recomiende o exija la resolución del recurso interpuesto. Por tanto, de acuerdo con los preceptos citados, debe aceptarse el desistimiento solicitado. Por todo ello, procede declarar el archivo del primero de los recursos (nº 746/2016) y la inadmisión del segundo por falta de legitimación (nº 747/2016), sin entrar a examinar los demás requisitos de acceso ni los argumentos de fondo aducidos en los mismos. Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación, ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA: Primero. Inadmitir por falta de legitimación el recurso interpuesto por D. M. M. (recurso nº 747/2016), en representación de la Asociación de Vecinos de Sámano y el colectivo de vecinos Sámano Avanza, contra los pliegos para la adjudicaciòn del contrato de ³Concesión administrativa de la gestión y explotación del transporte colectivo urbano de viajeros del municipio de Castro- Urdiales. Segundo. Aceptar el desistimiento presentado por D. D. G. V. y D. A. B. U. R. (recurso nº 746/2016), concejales del Ayuntamiento de Castro Urdiales, y dar por concluido el procedimiento relativo a este recurso. Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición de los recursos por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP.

7 7 Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1.k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.