: DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE : INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS

Transcripción

1 EXPEDIENTE N : JR-CI-02 DEMANDANTE DEMANDADAS : LUIS ALBERTO AMAYA ZARATE : DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE TUMBES Y/O MATERIA : INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS RESOLUCIÓN NÚMERO: QUINCE Tumbes, dieciséis de agosto del año dos mil diez.- VISTO: el presente expediente, con el escrito de fecha doce de agosto de los corrientes, el cual se manda a agregar a los autos y tener presente; y el acta de vista de la causa que antecede; I. RESOLUCIÓN OBJETO DE REVISIÓN: Es materia de apelación la sentencia de fecha dieciséis de abril del dos mil diez, obrante de folios ciento sesenta y ocho a ciento setenta y cuatro, que declaró infundada la demanda interpuesta por Luis Alberto Amaya Zarate contra el Gobierno Regional de Tumbes y la Dirección Regional de Agricultura sobre indemnización por daños y perjuicios. II.- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN El demandante, en su escrito impugnatorio de folios ciento noventa y ocho y siguientes, señala en esencia los siguientes errores de hecho y de derecho: i) Las comisiones conformadas para revisar los ceses colectivos en el sector público fueron creadas mediante Ley y no 27452, como se alega en la apelada; ii) Se ha probado el daño, pues tanto la comisión creada para el efecto, como la máxima autoridad del Gobierno Regional de Tumbes, han determinado la irregularidad de su cese; entonces, existe relación de causalidad entre el hecho generador del daño, es decir, la conducta del agente y el daño producido a la victima; y, iii) El daño en materia económica fue insuficientemente compensado con los incentivos que se establecieron, más si se logra apreciar un daño extramatrimonial que se manifiesta a través de la perdida del puesto de - 1 -

2 trabajo. Precisa pretensión impugnatoria: solicita la REVOCATORIA de la recurrida, a efecto que sea declarada nula y sin efecto. III.- CONSIDERANDOS DE LA SENTENCIA: PRIMERO: El demandante, mediante su escrito postularorio, pretende entablar una relación jurídica procesal con la Dirección Regional de Agricultura de Tumbes y el Gobierno Regional de Tumbes, a fin de que éstas dos entidades, le cancelen la suma de doscientos sesenta y nueve mil quinientos cincuenta y uno y 06/100 nuevos soles( S/ ), por concepto de indemnización, que según señala, resarcirá los daños y perjuicios derivados del daño emergente generado por la dictadura del fujimorismo mediante Decreto Ley Alega que, mediante Resolución Suprema N AG, de fecha once de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, de conformidad con la Ley 26093, se resolvió declarar a diversos servidores del Ministerio de Agricultura - entre ellos a su persona - como personal excedente, por lo que fue cesado de manera irregular, tal como ha quedado establecido en el Informe final de la Comisión Especial de Revisión de Ceses Colectivos, que concluyó que los trabajadores fueron cesados violándose sus derechos reconocidos por la Constitución y la Ley. Afirma asimismo, que mediante Resolución Ministerial TR, Resolución Ministerial N TR y Resolución Suprema N TR, el Ministerio de Trabajo publica las tres listas de trabajadores que fueron cesados irregularmente, a quienes concede el derecho a los beneficios contemplados en la Ley N 27803, señalando que optó por acogerse de reincorporación y/o reubicación laboral; sin embargo, las remuneraciones dejadas de percibir durante el cese tienen naturaleza indemnizatoria. Argumenta además, que al ser cesado de su centro de labores, se violentó sus derechos constitucionales a la estabilidad laboral, debido proceso y legítimo derecho de defensa, causándole un grave daño moral y frustración económica para su persona y su familia, por lo que sostiene, su pedido otorgamiento de la indemnización que reclama corresponde ser estimado. SEGUNDO: Por su parte, el co-demandado Gobierno Regional de Tumbes, por intermedio de su Procurador Público, contesta la demanda sosteniendo que mediante Decreto Ley N 26109, del veintiocho de diciembre del año mil novecientos noventa y dos, se declaró en proceso de reorganización y reestructuración administrativa a los gobiernos regionales, por ello, se deja establecido que el accionante ha sido cesado en aplicación de dispositivos legales vigentes en aquella época, existiendo una ruptura del - 2 -

3 nexo causal, dado que ellos no han expedido la ley N 26109, ni tampoco la han derogado, pues de acuerdo a la estructura del Estado esto le corresponde al Poder Legislativo. Alega también, que mediante Ley 27803, los trabajadores cesados irregularmente podían acogerse a alguno de los beneficios previstos, como reincorporación o reubicación laboral, compensación económica, jubilación adelantada y la reconversión laboral y que el actor optó por la reincorporación laboral, por lo que su pretensión no tiene amparo fáctico ni jurídico. TERCERO: Como es sabido, la disciplina de la responsabilidad civil está referida al aspecto fundamental de indemnizar los daños ocasionados en la vida de relación de los particulares, bien se traten de daños producidos como consecuencia del incumplimiento de una obligación voluntaria, ante lo cual estaríamos frente a una Responsabilidad Civil Contractual o como resultado de una conducta que, sin mediar ningún vinculo de orden obligacional que los una o incluso existiendo éste, los daños no se producen por el incumplimiento de una obligación voluntaria, sino como consecuencia del incumplimiento del deber genérico de no causar daño a otro, supuesto normativo que nos invita a explorar en ámbito de la Responsabilidad Civil Extracontractual. No esta demás decir, que nuestro ordenamiento jurídico recoge las dos formas de responsabilidad civil anteriormente señaladas. La primera de ellas, es regulada en el apartado referido a la Inejecución de Obligaciones, específicamente en los artículos 1314 y siguientes del Código Civil. Por su parte, el tópico de la Responsabilidad Civil Extracontractual, se encuentra incorporado en la Sección Sexta del Libro VII: Fuentes de las obligaciones del acotado curpus jurídico (artículos 1969 y los que continúan). A tenor de lo afirmado por el demandante, nos encontramos frente a un supuesto de responsabilidad por incumplimiento contractual atribuido a las demandadas; por lo que para los efectos de determinar la existencia del alegado incumplimiento contractual, habrá que efectuar un análisis concienzudo del caso en comento. CUARTO: Debe dejarse anotado, que mediante la Ley N se dispuso la implementación de las recomendaciones, que en su oportunidad evacuaran las comisiones creadas en mérito a las Leyes y 27586, procediéndose de inmediato a revisar los arbitrarios e ilegales ceses colectivos efectuados por el régimen político que gobernó nuestro país en la década de los años noventa; y es en razón a dicha política que se buscó resarcir a los miles de ex trabajadores, que fueron injusta e indebidamente cesados en dicha década, implementándose los beneficios de reincorporación, reubicación, compensación económica, jubilación anticipada, etc. emitiéndose los - 3 -

4 respectivos listados de ex- trabajadores a efecto que sean inscritos en el registro nacional de ex trabajadores cesados; dictándose como consecuencia de ello diversas normas orientadas a lograr la implementación de los beneficios ya anotados; sin embargo para la dación del Decreto de Urgencia se dejó establecido que aproximadamente el 50% de ex trabajadores, debidamente registrados que habían optado por la reincorporación o reubicación laboral no habían logrado ejecutar su beneficio, pues no habían alcanzado plaza presupuestada vacante; regulándose en mérito al artículo 3 del decreto de urgencia antes acotado, que los ex trabajadores cesados irregularmente, inscritos en el registro respectivo podían desistirse de su solicitud de reincorporación o reubicación y optar por una compensación económica; iniciándose simultáneamente con la etapa de reubicación general a cargo del Ministerio de trabajo, que culminaría con el informe debidamente detallado de los ex- trabajadores que deberían ser incorporados por reubicación en la plaza presupuestada vacante existente en las entidades del Estado, emitiéndose para el efecto las normas de desarrollo pertinentes que reglamentaron este proceso de reubicación.- QUINTO: Se aprecia de autos, que Luis Alberto Amaya Zarate- incluido dentro del grupo ocupacional de los Técnicos-, fue cesado por causal de excedencia- D. L 26093, mediante Resolución Suprema N AG, de fecha diez de febrero de mil novecientos noventa y cuatro; ruptura del vinculo laboral que con posterioridad fue calificado como irregular y que motivó la publicación de sendas listas de extrabajadores afectados, encontrándose incluido el accionante- en la fecha- en la última de aquellas, la cual fue aprobada por Resolución Suprema N TR. De autos se advierte además, que el actor mediante declaración jurada obrante a folios trece, optó por uno de los beneficios contemplados en la Ley N 27803, el cual consistía en la reincorporación y reubicación laboral, interés éste que se materializó con la expedición de la Resolución Directoral N / GOB.REG.TUMBES-DRAT-D, la misma que dispuso su reincorporación en la plaza de Técnico Administrativo III en la DRAT. AA Contralmirante Villar, a partir del uno de enero del dos mil siete. SEXTO: Sobre el sub examine, este Colegiado considera que efectivamente los ceses colectivos a los que fueron sometidos miles de trabajadores en la década del noventa, fueron ceses irregulares, pues no existían motivos justificados que posibilitaran la extinción unilateral del vinculo laboral y, que por lo tanto, las leyes así lo han establecido, se trató de despidos arbitrarios y; que es cierto también reconocer, que estos fueron consecuencia de una política del Estado orientada a controlar su aparato - 4 -

5 remunerativo, de modo tal, que la búsqueda de soluciones a estas situaciones arbitrarias también tuvo un matiz político; en ese orden, el Estado, con el objeto de resarcir a quienes fueron cesados en aquella época, ha expedido diversas normas que culminó con la dación de Ley N 27803, dispositivo legal que establecía excluyentemente algunos beneficios para las personas afectadas; y como bien lo afirma la juez en el considerando sexto de la impugnada, el articulo tercero de la acotada norma establecía cuatro beneficios que podían ser optados de manera excluyente y alternativa por los trabajadores considerados cesados arbitrariamente. SÉTIMO: Conforme a los considerandos precedentes, al haber optado el demandante por su reincorporación o reubicación laboral, no le es permitido solicitar - ahora en sede jurisdiccional- una compensación económica, pues la indemnización es única, según las normas que disciplinan al acaso en concreto y la doctrina más calificada del medio. Además, efectuándose la distinción entre indemnización y resarcimiento, el actor en el presente caso ha solicitado una indemnización, la misma que es entendida como aquellos actos compensatorios por medio de los cuales la ley específicamente considera una forma de respuesta frente al daño causado. En el caso en comento, se ha establecido que el mecanismo para indemnizar a una persona que ha sido cesada irregularmente, entre otros consistió en una compensación económica, beneficio al cual renunció explícitamente el demandante al optar por la reincorporación laboral, que cumplió con la misma finalidad; de modo que, no se es factible solicitar dos tipos de indemnizaciones frente a un mismo hecho dañoso, pues sino estaríamos ante el supuesto de un enriquecimiento indebido. OCTAVO: En este Contexto, el Colegiado estima que el razonamiento y la valoración de la prueba efectuada por la A quo en el proceso, resulta adecuada, coherente y esencial para resolver la presente controversia, por tanto, al no advertirse vicio o defecto procesal alguno que invalide la decisión emitida; corresponde en esta oportunidad confirmar la apelada en todos sus extremos. III. DECISIÓN DE LA SALA: Por las consideraciones glosadas y los propios fundamentos de la recurrida, la SALA SUPERIOR ESPECIALIZADA EN LO CIVIL DE TUMBES, resuelve: CONFIRMAR la sentencia de fecha dieciséis de abril del dos mil diez, obrante de folios ciento sesenta y ocho a ciento setenta y cuatro, que declaró INFUNDADA la demanda interpuesta por LUIS ALBERTO AMAYA ZARATE contra el - 5 -

6 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES y la DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE TUMBES sobre INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS; con lo demás que contiene; devuélvase el expediente al juzgado de origen en su oportunidad. Actuó como Ponente el magistrado Williams Hernán Vizcarra Tinedo. NOTIFÍQUESE.- Señores Jueces Superiores: Vizcarra Tinedo, Valencia Hilares y Maqui Vera. Secretaria: Carla M. Lip Zegarra