TECNICO ADMINISTRACION GENERAL AYTO.

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1 TECNICO ADMINISTRACION GENERAL AYTO. TEMA 24.- EL ACTO ADMINISTRATIVO. CONCEPTO. ELEMENTOS. CLASES. REQUISITOS: LA MOTIVACIÓN Y FORMA. BENIDORM 1

2 El acto administrativo se define como cualquier declaración de voluntad, deseo, conocimiento o juicio, realizada por una Administración Pública en virtud de una potestad administrativa, distinta de la potestad reglamentaria y controlable por Juzgados y Tribunales. Por tanto, podemos decir que un acto administrativo es cualquier acto dictado por la Administración con arreglo a las normas de derecho administrativo. Las características básicas de este concepto, son las siguientes: Es un acto jurídico, es decir, un acto que genera unas consecuencias jurídicas. Es un acto dictado por una Administración, de modo que quedan excluidos automáticamente todos aquellos actos realizados por los interesados ( los particulares, ya sean personas físicas o jurídicas) como solicitudes, recursos, quejas, sugerencias, reclamaciones etc... Es un acto sometido a derecho administrativo, es decir, con arreglo a normas de derecho público y no privado, ya que la Administración puede dictar actos también sujetos a un régimen jurídico privado. Estos actos quedarían excluidos por tanto, del concepto de acto administrativo. Del mismo modo quedan excluidos del concepto de acto administrativo, las normas dictadas por la Administración que tienen alcance general, como los reglamentos, los contratos administrativos y las actuaciones por vía de hecho de la Administración. CLASES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS: 2

3 Las distintas clasificaciones realizadas en torno a los actos administrativos atienden a diferentes puntos de vista, de modo que todas son perfectamente validas y todas responden a una especial incidencia sobre uno o varios elementos característicos de los actos administrativos. Reproducimos las más importantes a continuación. CLASIFICACIONES: Según el órgano del que procede: Acto simple: dictado por un solo órgano administrativo Acto complejo: dictado por varios órganos administrativos. Según la extensión de sus efectos: Acto General: acto dirigido a una pluralidad indeterminada de personas. Acto Singular: acto dirigido a personas determinadas. Por el lugar que ocupan en el procedimiento administrativo. Acto de trámite: acto que no decide la cuestión de fondo del procedimiento, sino que se dicta para preparar el acto que contendrá la resolución definitiva del mismo. Acto definitivo: en contraposición al anterior, es un acto que contiene la decisión adoptada por un órgano administrativo, con respecto al objeto de un procedimiento. Acto que causa estado: acto que agota la vía administrativa y que, por tanto, solo es recurrible ante la Jurisdicción contencioso administrativa. 3

4 Acto firme: acto que se convirtió en irrecurrible por que se dejaron transcurrir los plazos para su impugnación, salvo por medio de recursos excepcionales como el recurso potestativo de reposición o el extraordinario de revisión, ambos administrativos. Por su impugnación en vía contencioso administrativa. Acto impugnable: acto que pone término a la vía administrativa y que solo es recurrible ante el orden contencioso administrativo. Acto no impugnable: acto que no puede ser recurrido en vía contencioso administrativa porque no ha agotado la vía administrativa, requisito imprescindible para poder acceder a la impugnación del acto en vía judicial. Por su contenido: Actos constitutivos: actos que crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas. Actos declarativos: actos que contienen una declaración, es decir, que acreditan un hecho o una situación jurídica, pero no la crean, solamente manifiestan su existencia. Por la potestad ejercitada Acto reglado: acto dictado cuando todos los elementos del acto están determinados por la norma jurídica aplicable, es decir, cuando se dicta en ejercicio de una potestad reglada. Acto discrecional: acto dictado en ejercicio de una potestad discrecional de la Administración que le permite determinar por sí misma, sin la obligatoriedad de la norma, uno o varios de los elementos del acto administrativo. 4

5 Por el modo de exteriorizarse Acto expreso: acto dictado de forma y modo expreso por la Administración. Acto presunto: acto que no se produce sino que se presume su existencia. Es un tipo de acto, que como veremos, actúa a modo de ficción jurídica. ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Los elementos del acto administrativo, entendiendo por tales todas las partes intervinientes en su producción, se pueden clasificar del siguiente modo: Elemento subjetivo o sujeto Elemento objetivo u objeto Elemento final Elemento formal Elemento causal 5

6 Cuando todos estos elementos se encuentran determinados en una norma, decimos que la Administración actúa con arreglo a una potestad reglada. Cuando alguno de ellos puede ser establecido libremente por la Administración, decimos que actúa con arreglo a una potestad discrecional. Procedemos a su análisis a continuación: ELEMENTO SUBJETIVO O SUJETO DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose al procedimiento establecido. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquellos. Para poder considerar un acto como administrativo, hemos indicado anteriormente, debe ser un acto dictado por la Administración con arreglo a las normas de derecho administrativo. Así pues los elementos básicos son: Acto dictado por la Administración Acto dictado por un órgano legalmente investido en su cargo Acto dictado por un órgano imparcial 6

7 Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas posteriormente, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. En relación con la imparcialidad del órgano a la hora de dictar un acto, hemos de hacer referencia por tanto, a las causas de abstención y recusación que afectan a los órganos administrativos. Según la ley del sector público (ley 40/2015) son motivos de abstención los siguientes: Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior. 7

8 Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en quienes se dé alguna de las circunstancias señaladas que se abstengan de toda intervención en el expediente. La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad. ELEMENTO OBJETIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO El elemento objetivo de un acto administrativo es el objeto o el contenido del acto. Las características del objeto del acto administrativo son las siguientes: 8

9 Debe ser lícito Debe ser posible Debe ser determinado o determinable Debe ser adecuado al fin del acto ELEMENTO FINAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO. El elemento final del acto administrativo responde a la pregunta para qué ese ha dictado un acto administrativo?. La respuesta debe ser siempre: para conseguir un interés público, en aplicación del art. 103 de la Constitución española de 1978, que señala que la Administración sirve con objetividad los intereses generales. ELEMENTO FORMAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Por elemento formal entendemos el conjunto de trámites y de formalidades por medio de los que se configura la voluntad administrativa. El vicio de forma, se considera 9

10 por tanto el vicio nacido de la ausencia de alguna de las formalidades que el ordenamiento jurídico impone a los actos administrativos. Los actos administrativos se producirán por escrito a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado. ELEMENTO CAUSAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO: Se refiere al porqué del nacimiento del acto administrativo, a la razón que lo justifica en su nacimiento. 10

11 Efectos de los actos administrativos (Art. 39,Ley 39/2015, de 1 de octubre). Los efectos de los actos administrativos se regulan en el Art. 39,Ley 39/2015, de 1 de octubre, que determina básicamente, al igual que hacía su antecedente legislativo inmediato (el Art. 50,Ley 30/1992, de 26 de noviembre) la presunción de validez de los mismos, así como la posibilidad excepcional de su eficacia retroactiva cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado. Los efectos de los actos administrativos se encuentran recogidos en el Art. 39,Ley 39/2015, de 1 de octubre cuyo contenido es el siguiente: Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos 11

12 administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración. Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una Administración Pública distinta y aquélla entienda que es ilegal, podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 44,Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer recurso contencioso-administrativo. En estos casos, quedará suspendido el procedimiento para dictar resolución. Los apartados 1, 2 y 3 del Art. 39,Ley 39/2015, de 1 de octubre se corresponden íntegramente con la antigua regulación del Art. 57,Ley 30/1992, de 26 de noviembre, mientras que el apartado 4 reproduce lo dispuesto en el apartado 2 del Art. 18,Ley 30/1992, de 26 de noviembre: El único contenido original en este punto es el del apartado 5 del Art. 39,Ley 39/2015, de 1 de octubre. El régimen de la nulidad y la anulabilidad de los actos administrativos parte de lo dispuesto en los Art ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, alcanzando su plena operatividad en sede de revisión de actos en vía administrativa (Art ,Ley 39/2015, de 1 de octubre). Si la declaración de nulidad de pleno derecho despliega sus efectos ex tunc (desde siempre), esto es, desde que el acto fue emitido, y no es subsanable, la nulidad relativa (procedente del ejercicio en forma y tiempo de la anulabilidad) produce sus efectos ex nunc (desde ahora), es decir, desde la fecha en la que el acto fue anulado.os Art ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, correspondientes al Capítulo III del Título III de la referida norma, se ocupan del régimen de la nulidad y la anulabilidad de los actos y disposiciones administrativas. 12

13 Así, y por lo que concierne a la nulidad de pleno derecho, el Art. 47,Ley 39/2015, de 1 de octubre dispone lo siguiente: siguientes: Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Los que tengan un contenido imposible. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. 13

14 Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Por su parte, por lo que respecta a la anulabilidad, el Art. 48, Ley 39/2015, de 1 de octubre señala que son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Los artículos Art. 49, Art. 50,Art. 51,Art. 52, Ley 39/2015, de 1 de octubre se ocupan, respectivamente, de los límites a la extensión de la nulidad y anulabilidad de los actos, la conversión de actos viciados, la conservación de actos y trámites, y, finalmente, de su convalidación. El régimen de nulidad-anulabilidad de los actos administrativos alcanza su plena operatividad en sede de revisión de actos en vía administrativa (Art ,Ley 39/2015, de 1 de octubre ) y en sus posibles consecuencias, ya que puede llegar a determinar, en su caso, la declaración de dos tipos de nulidad: - la nulidad radical o absoluta, definida por el Diccionario del español jurídico de la RAE y el CGPJ como el "grado máximo de invalidez del acto administrativo, que tiene 14

15 lugar en supuestos excepcionales y expresamente previstos por la ley". La declaración de nulidad posee efectos ex tunc, desde la fecha en el que se dictó el acto nulo, no es subsanable y puede ser declarada en cualquier momento. - la nulidad relativa, cuyos efectos se producen ex nunc, desde el momento en que ésta se declara. El acto administrativo es la "decisión atribuible a una administración pública ya sea resolutoria o de trámite, declarativa, ejecutiva, consultiva, certificante, presunta, o de cualquier otra clase, cuando ha sido adoptada en ejercicio de una potestad administrativa" (Diccionario del español jurídico de la RAE y el CGPJ). Su eficacia, validez y régimen de nulidad y anulabilidad se regulan en el Título III de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El Diccionario del Español Jurídico de la RAE y el CGPJ define el acto administrativo como la decisión atribuible a una administración pública ya sea resolutoria o de trámite, declarativa, ejecutiva, consultiva, certificante, presunta, o de cualquier otra clase, cuando ha sido adoptada en ejercicio de una potestad administrativa. Su régimen jurídico se encuentra en el Título III de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, rotulado De los actos administrativos y dividido en tres capítulos: Capítulo I, que hace referencia a los requisitos de los actos administrativos para que éstos sean validos (Art ,Ley 39/2015, de 1 de octubre). Es decir: (Ver tema: Requisitos del acto administrativo: la motivación y la forma). 15

16 Producción y contenido: Tal y como se infiere de lo dispuesto en el apartado 1 del Art. 34,Ley 39/2015, de 1 de octubre: Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido ; el contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos. Para conocer qué actos administrativos deben ser motivados, esto es, contar con una sucinta referencia de los hechos y fundamentos de derecho en que se basan, habrá que acudir a lo dispuesto en el Art. 35,Ley 39/2015, de 1 de octubre. En cuanto a la forma del acto administrativo habrá que estar a los requisitos que al respecto establece el Art. 36,Ley 39/2015, de 1 de octubre. La motivación de los actos administrativos: Por motivación se puede entender, según el Diccionario del español jurídico de la RAE y el CGPJ, la "exposición de las razones o fundamentos en que se basa una decisión" y, por motivación del acto administrativo, la "obligación del órgano que adopta la decisión de incluir en ella una exposición sucinta de los hechos y fundamentos jurídicos en los que se basa". Características de la motivación según la jurisprudencia. 16

17 La motivación es una garantía en contra de la arbitrariedad: La motivación no consiste ni puede consistir (...) en una mera declaración de conocimiento y menos aún en una manifestación de voluntad que sería una proposición apodíctica, sino que ésta en su caso ha de ser la conclusión de una argumentación ajustada al tema o temas en litigio, para que el interesado, destinatario inmediato pero no único, y los demás, los órganos judiciales superiores y también los ciudadanos, puedan conocer el fundamento, la ratio decidendi de las resoluciones. Se convierte así en una garantía esencial del justiciable mediante la cual, sin perjuicio de la libertad del juez en la interpretación de las normas, se puede comprobar que la solución dada al caso es consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad (Tribunal Constitucional, nº 77/2000, de 27/03/2000, Rec. Recurso de amparo 3.791/1995) La motivación es un requisito no sólo de forma sino también de fondo e indispensable: - La TS, Sala de lo Contencioso, de 12/04/2012, Rec. 5651/2009 en cuyo FJ 2º establece que: El artículo 54.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, exige que sean motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos a que alude, consistiendo la motivación, como bien es sabido, en un razonamiento o en una explicación, o en una expresión racional del juicio, tras la fijación de los hechos de que se parte y tras la inclusión de éstos en una norma jurídica, y no sólo es una «elemental cortesía», como expresaba ya una Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 julio 1981, ni un simple requisito de carácter meramente formal, sino que lo es de fondo e indispensable, cuando se exige, porque sólo a través de los motivos pueden los 17

18 interesados conocer las razones que «justifican» el acto, porque son necesarios para que la jurisdicción contencioso-administrativa pueda controlar la actividad de la Administración, y porque sólo expresándolos puede el interesado dirigir contra el acto las alegaciones y pruebas que correspondan según lo que resulte de dicha motivación que, si se omite, puede generar la indefensión prohibida por el art de la Constitución. La motivación podrá ser sucinta, como señala la norma, pero ha de ser suficientemente indicativa de las razones que llevan a la resolución que se adopte, por tanto su extensión estará en función de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione o de la mayor o menor dificultad del razonamiento que se requiera, lo que implica que puede ser sucinta o escueta, sin necesidad de amplias consideraciones, cuando no son precisas más explicaciones ante la simplicidad de la cuestión que se plantea y que se resuelve o que ha ser exhaustiva y compleja cuando las circunstancias del asunto así lo requieren (Cfr. Tribunal Constitucional, nº 37/1982, de 16/06/1982, Rec. Recurso de amparo 216/1981). Lugar de la motivación: la motivación por remisión. La motivación puede estar en el propio acto o bien puede realizarse por referencia a informes o dictámenes que le preceden, así, por ejemplo, en la Tribunal Constitucional, nº 150/1993, de 03/05/1993, Rec. Recurso de amparo 943/1990. se admite dicha posibilidad de motivación por remisión al decir que no existiendo un derecho fundamental a una determinada extensión de la motivación judicial, no corresponde a 18

19 este Tribunal censurar cuantitativamente la interpretación y aplicación del derecho, ni revisar la forma y estructura de la resolución judicial, puesto que su función se limita a comprobar si el razonamiento que contiene constituye, lógica y jurídicamente, suficiente motivación de la decisión adoptada, cualquiera que sea su brevedad y concisión (Tribunal Constitucional, nº 174/1987, de 03/11/1987, Rec. Recurso de amparo 1.072/1986, Tribunal Constitucional, nº 75/1988, de 25/04/1988, Rec. Recurso de amparo 601/1986, Tribunal Constitucional, nº 184/1988, de 13/10/1988, Rec. Recurso de amparo 1.305/1986, Tribunal Constitucional, nº 14/1981, de 29/04/1981, Rec. Cuestión de Inconstitucionalidad 17/1981 y Tribunal Constitucional, nº 175/1992, de 02/11/1992, Rec. Recurso de amparo 538/1989), incluso en supuestos de motivación por remisión (Tribunal Constitucional, nº 174/1987, de 03/11/1987, Rec. Recurso de amparo 1.072/1986, Tribunal Constitucional, nº 146/1990, de 01/10/1990, Rec. Recurso de amparo 760/1988 y Tribunal Constitucional, nº 27/1992, de 09/03/1992, Rec. Recurso de amparo 901/1989 y Tribunal Constitucional, nº 688/1986, de 10/09/1986, Rec. Recurso de amparo 394/1986 y Tribunal Constitucional, nº 956/1988, de 21/07/1988, Rec. Recurso de amparo 1.779/1987)". Sobre la motivación por remisión, se debe tener en cuenta, además, lo siguiente: TS, Sala de lo Contencioso, nº S/S, de 19/01/2004, Rec. 410/2001: Aunque con carácter general, no es necesario que los informes obrantes en el expediente se incorporen literalmente en la resolución administrativa, pero también lo es que el supuesto contemplado en el artículo 89.9 LRJ y PAC es el relativo a la aceptación pura y simple de informes o dictámenes, y en tal caso el texto de éstos ha de constar en la resolución en la medida en que lo exige la propia motivación para dar a conocer las razones de la decisión administrativa. 19

20 TSJ La Rioja, Sala de lo Contencioso, nº 10/2016, de 13/01/2016, Rec. 271/2012: los informes y dictámenes hayan sido evacuados por los correspondientes órganos consultivos, en cuanto coadyuvantes a la formación de la voluntad del órgano activo o incluso a otros documentos. Actos administrativos que requieren motivación. Sin embargo, no todos los actos administrativos precisan de motivación sino sólo aquellos a los que alude el Art. 35,Ley 39/2015, de 1 de octubre: Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el Art. 56,Ley 39/2015, de 1 de octubre. 20

21 Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. Efectos de la falta de motivación. 21

22 Según la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 1998, la "falta de motivación o la motivación defectuosa pueden integrar un vicio de anulabilidad o una mera irregularidad no invalidante y el deslinde de ambos supuestos ha de hacerse atendiendo a un criterio que tiene dos manifestaciones: a) desde el punto de vista subjetivo, y dado que el procedimiento administrativo tienen una función de garantía del administrado, habrá que indagar si realmente ha existido o no indefensión; b) en el aspecto objetivo, y puesto que el proceso tiene por objeto determinar si el acto impugnado se ajusta o no a Derecho, será preciso verificar si se cuenta o no con los datos necesarios para llegar a la conclusión indicada. La forma de los actos administrativos Por otra parte, el acto administrativo es, a su vez, un acto formal, por lo que habrá de atender a una serie de requisitos de forma, es decir, ha de observar una determinada manifestación externa. Según el Art. 36,Ley 39/2015, de 1 de octubre: Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por 22

23 el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado. 23