SENTENCIA Nº 132/2015

Transcripción

1 SENTENCIA: JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.3 DE LANGREO Teléfono: Fax: N.I.G.: Procedimiento origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO /2015 Sobre D/ña. Procurador/a Sr/a. Abogado/a Sr/a. DEMANDADO D/ña. Procurador/a Sr/a. Abogado/a Sr/a. SENTENCIA Nº 132/2015 En Langreo, a diecinueve de noviembre de dos mil quince. Vistos por mi, Dª Lucia Rodríguez-Vigil Iturrate, Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Langreo ha visto los autos de juicio verbal seguidos ante el mismo bajo el número de registro 46/2015 promovidos por D. AAA y Dª BBB representados por la Procuradora de los Tribunales Dª María Teresa Casar González y asistidos del letrado D. José Antonio Ballesteros Garrido contra la mercantil BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A, representada por el Procurador de los Tribunales D. Juan Ramón Suárez García y asistida de la letrada Dª María José Cosmea Rodríguez procedo a dictar Sentencia de conformidad con los siguientes, ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El día 2 de febrero de 2015 se presenta en el Juzgado Decano de Langreo por Dª Maria Teresa Casar González, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de D. AAA y Dª BBB demanda de juicio ordinario frente a la entidad BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A en donde se exponían los hechos que constan en la demanda y que en aras a la brevedad se dan por reproducidos y,

2 tras alegar los fundamentos jurídicos que estimó aplicables al caso, terminó suplicando se dicte sentencia por la que se declara la nulidad o no incorporación de la cláusula 3.3 que aparece en el apartado de cargas de la descripción de la vivienda que adquieren los actores en la escritura de compraventa con subrogación de hipoteca de 28 de diciembre de 2007 que impone un tipo de interés mínimo del 2,75%,; se condenara a la demandada a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de la cláusula nula por abusiva que ascendían a 9.681,23 euros más el interés legal todo ello con imposición a la entidad demandada de las costas procesales. SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda por Decreto de la Sra. Letrada de la Administración de Justicia, se acordó emplazar a la demandada para que contestara a la demanda contra la misma formulada y, haciéndolo en plazo, en el sentido de oponerse a las pretensiones de la parte actora. A continuación se convoco a las partes a la celebración de la audiencia previa. En el acto de la Audiencia Previa se procedió a determinar la cuantía del presente procedimiento en 4.391,32 euros, por lo que se acordó la continuación de la tramitación del presente procedimiento por los trámites de Juicio Verbal. TERCERO.- Convocadas las partes al acto de la vista, esta se celebro con la concurrencia de todas ellas. La parte actora se afirmó y ratificó en el contenido de su demanda, oponiéndose la demandada por los motivos esgrimidos, que en aras a una mayor brevedad, se dan por reproducidos. Recibido el juicio a prueba, fueron practicadas las declaradas pertinentes, con el resultado obrante en autos, y previa audiencia a la parte para que informasen sobre su resultado han quedado los autos vistos para Sentencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Ejercita la parte actora acción tendente a la declaración de nulidad, por tener carácter de abusiva, de la cláusula suelo contenida como cláusula 3.3 que aparece en el apartado de cargas de la descripción de la vivienda que adquieren los actores en la escritura de compraventa con subrogación de hipoteca de 28 de diciembre de 2007, todo ello con la devolución de las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de dicha cláusula. Sostiene la parte su pretensión en la falta de transparencia en la incorporación y redacción de dicha

3 cláusula al contrato de préstamo hipotecario suscrito así como en la falta de información sobre la existencia de la misma por la entidad demandada. La parte demandada se opone alegando que la parte actora conocía la existencia de la cláusula de la cual fue informada no solamente de su incorporación al contrato sino también de las consecuencias que la aplicación de la misma tendría para los actores. SEGUNDO.- Al abordar la cuestión de la nulidad de las cláusulas suelo incorporadas a un contrato de hipoteca debe partirse de la Sentencia de Pleno del Tribunal Supremo de fecha 9 de mayo de 2013, que hoy se ha convertido en doctrina legal reiterada al haber sido mantenida con posterioridad y hasta la fecha entre otras en sus sentencias de 16 de julio y 8 de septiembre, ambas de 2014 y las mas recientes de 24 y 25 de marzo de En la citada Sentencia de Pleno se condiciona la validez y eficacia de las denominadas cláusulas suelo incorporadas a préstamos concertados con consumidores al cumplimiento por las entidades financieras del requisito de transparencia reforzada. Requisito que se traduce en la necesidad por parte de las mismas, de acreditar que el consumidor prestatario conocía la existencia de la cláusula, el alcance y significado de la misma, y la carga económica que esta representaba en el desarrollo del contrato por haber sido informado previamente a su suscripción, y por lo tanto conocer el consumidor en definitiva que " lo estipulado es un préstamo a interés fijo mínimo, en el que las variación del tipo de referencia a la baja probablemente no repercutirán o lo harán de forma imperceptible en su beneficio". Igualmente se exige en este requisito de transparencia reforzada que la información suministrada ha de ser tal que "permita al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato", añadiendo que "no pueden estar enmascaradas entre informaciones abrumadoramente exhaustivas que, en definitiva, dificultan su identificación y proyectan sombras sobre lo que considerado aisladamente sería claro. Máxime en aquellos casos en los que los matices que introducen en el objeto percibido por el consumidor como principal puede verse alterado de forma relevante". Se trata, como sostuvo la sentencia del TJUE de 21 de Marzo de 2.013, que el contrato se exprese de manera transparente "de forma que el consumidor

4 pueda prever, sobre la base de criterios claros y comprensibles, las eventuales modificaciones del coste [...]". Concluye el Tribunal Supremo en este aspecto lo siguiente: "a) Que el cumplimiento de los requisitos de transparencia de la cláusula aisladamente considerada, exigidos por la LCGC para la incorporación a los contratos de condiciones generales, es insuficiente para eludir el control de abusividad de una cláusula no negociada individualmente, aunque describa o se refiera a la definición del objeto principal del contrato, si no es transparente. b) Que la transparencia de las cláusulas no negociadas, en contratos suscritos con consumidores, incluye el control de comprensibilidad real de su importancia en el desarrollo razonable del contrato". En lo que se refiere a la concreción del requisito de la transparencia, la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de Mayo de pone el acento en la información suministrada por las entidades bancarias, que debe guardar la debida proporción en el desarrollo razonable del contrato. En definitiva, el Tribunal Supremo considera que las cláusulas no son transparentes cuando: a) Falta información suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato. b) Se insertan de forma conjunta con las cláusulas techo y como aparente contraprestación de las mismas. c) No existen simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar. d) No hay información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la propia entidad, caso de existir,- o advertencia de que al concreto perfil de cliente no se le ofertan las mismas. Dicho lo anterior, y a la hora de aplicar esa doctrina es preciso tener en cuenta que cuando el Alto Tribunal ha abordado ese requisito de transparencia en la inicial sentencia de 9 de mayo de 2013 en contratos de préstamo hipotecario concertados con consumidores lo ha hecho desde una perspectiva general, y por lo tanto necesariamente abstracta, esto es, prescindiendo de la información que a titulo particular haya podido recibir en cada caso el cliente con carácter previo a la

5 suscripción del contrato y, por ello, se ha hecho hincapié en que los limites a la variación del tipo de interés deberían destacarse en forma clara, concreta y sencilla en la Escritura, no enmascarándose entre una multitud de datos que dificulten su conocimiento y comprensión de su transcendencia por el consumidor, de ahí que cuando como en este caso sucede lo ejercitado es una acción individual la doctrina establecida por el Alto Tribunal al respecto, no impide que ese posible defecto abstracto de transparencia pueda ser conjurado o desvirtuado por la entidad financiera probando que la información precontractual facilitada al consumidor le ilustró convenientemente sobre su real existencia y comprendió su contenido y la consecuencia real económica que la misma tenia, aceptándola después con pleno conocimiento de causa. TERCERO.- Descendiendo al supuesto de autos, la particularidad que presenta el mismo es que los actores se subrogan en la escritura de compraventa del promotor de la vivienda en la que se contienen unas condiciones que no son las que realmente se aplicaron por parte de la entidad bancaria al préstamo hipotecario suscrito con los actores. Así los actores se acogieron a las condiciones negociadas por el Colegio de Farmacéuticos con la entidad demandada (dada la condición de farmacéutica de la actora), y que consistían en la aplicación de un tipo inicial del 5% durante un año, transcurrido el cual se aplicaría el diferencial del 0,45% al índice de referencia, en este caso, el euribor. Estas condiciones particulares suscritas con los hoy actores se reflejan en el documento nº 2 de los aportados junto con el escrito de demanda, consistente en un histórico de amortización del préstamo hipotecario emitido por la entidad demanda, y donde se evidencia la aplicación de unas condiciones diferentes durante las anualidades de 2008 y 2009 a las pactadas en la escritura de subrogación aportada (documento nº 1 de la demanda), donde se estipula al establecer la variación del tipo de interés inicial que durante el periodo de amortización se procederá a la adición de un margen de 0,75% al interés de referencia (Euribor). Igualmente consta en el cuadro histórico de amortización que desde enero de 2010 se aplicó la cláusula suelo contenida en la escritura de subrogación consistente en un tipo de interés anual mínimo de 2,75 % hasta diciembre de 2014, toda vez los demandaos reconocen que desde enero de 2015 se procedió a la supresión de la cláusula suelo por la entidad demandada. Sostienen los demandantes que de dicha cláusula en ningún momento se les informó como parte

6 de las condiciones negociadas por el Colegio de Farmacéuticos por parte de la entidad demandada, así como tampoco se les hizo simulación alguna de escenarios diversos con los comportamientos del tipo de interés en los que entrara en juego este limite. La parte demandada no aportó ningún tipo de documentación sobre el particular, ni en Convenio con el Colegio de Farmacéuticos donde figuran las condiciones aplicables a este colectivo, ni documento alguno de remisión en un momento dado por parte de la demandada a las condiciones de las condiciones pactadas en la escritura de subrogación. En este punto conviene tener en cuenta, y a la vista de la actuación de la entidad demandada, la doctrina de los actos propios. Esta doctrina aparece resumida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2015 donde se declara que la de los actos, como dice la sentencia de esta Sala núm. 936/2006 de 6 octubre, tiene su fundamento en la protección de la confianza y en el principio de la buena fe ( Sentencias de 25 de octubre y 28 de noviembre de 2000 ) pues se falta a la buena fe en sentido objetivo, es decir, como exigencia de lealtad y honestidad en los tratos y en el ejercicio de los derechos (artículo 7.1 Código Civil ) cuando se va contra la resultancia de los propios actos ( Sentencias de 16 de julio y 21 de septiembre de 1987, 6 de junio de 1992, etc.), pero ello exige que los actos propios sean inequívocos, en el sentido de crear, definir, fijar, esclarecer, modificar o extinguir una determinada situación que afecta jurídicamente a su autor, para lo cual es insoslayable el carácter concluyente e indubitado, con plena significación inequívoca, de modo que entre la conducta anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad o contradicción, con el sentido que, de buena fe, hubiera de atribuirse a la conducta anterior ( Sentencias de 9 de mayo de 2000, 27 de febrero, 16 de abril y 24 de mayo de 2001, 25 de enero de 2002entre otras muchas), por lo que no es de aplicación cuando los precedentes fácticos que se invocan tienen carácter ambiguo o inconcreto ( Sentencias de 23 de julio de 1997 y 9 de julio de 1999 ) o carecen de trascendencia para producir el cambio jurídico (Sentencias de 28 de enero de 2000, 7 de mayo de 2001, 25 de enero de 2002 ) y, aún menos, cuando el cambio de actitud obedece a una reacción ante nuevos hechos o actos».

7 Así en el presente supuesto, la parte demandada durante dos anualidades del préstamo hipotecario suscrito con la entidad demandada, concretamente en 2008 y 2009, no procedió a la aplicación de las condiciones estipuladas en la escritura de subrogación sino a las pactadas individualmente con los demandantes en el marco de un Convenio con el Colegio de Farmacéuticos. No habiéndose justificado por qué desde el año 2010 hasta diciembre de 2014 procedió a la aplicación de la cláusula suelo contenida en la escritura de subrogación de compraventa. No se aporta por la entidad demanda ningún tipo de prueba que acredite la comunicación de ese cambio de condiciones aplicables al préstamo suscrito por las partes. De otra parte, y volviendo al examen de la validez de la cláusula suelo cuya nulidad se pretende, debe entenderse de la prueba documenta aportada, no puede sino concluirse que de la misma no se proporcionó información suficiente al prestatario sobre la existencia de la misma, y que permitiera contemplar esta como un elemento definitorio del contrato, antes al contrario este se aplico durante el años 2009 como un crédito de interés variable. No consta que la entidad demandada negociara o informara a los demandantes sobre la existencia de este límite al interés variable del préstamo en el momento de contratar, pese a estar contenido en la escritura de subrogación, las condiciones de esta nunca se aplicaron durante dos anualidades habiéndose generado en los actores la confianza de la aplicación de unas condiciones distintas a las allí contenidas, y mas concretamente la aplicación de un convenio especial para determinados profesionales por la entidad demandada. No superando los requisitos de transparencia reforzada exigidos en la contratación con consumidores la cláusula de límite al interés variable en el préstamo hipotecario suscrito por los actores con la entidad BANCO POPULAR ESPAÑOL no puede sino concluirse procediendo a la declaración de nulidad de la misma por falta de transparencia y claridad. CUARTO.- En relación a los efectos de la declaración de nulidad interesa la parte actora que los efectos de dicha declaración se retrotraigan a la Sentencia de Pleno del Tribunal Supremo de fecha 9 de mayo de Sobre este particular debe tenerse en cuenta la Sentencia de Pleno de 25 de marzo de 2015 que viene a declarar como doctrina general el principio de irretroactividad de dicha declaración de nulidad proclamado en la Sentencia también

8 de Pleno de 9 de mayo de 2013 en todos los supuestos, incluidos los derivados del ejercicio de acciones individuales, según la cual: " Se fija como doctrina: "Que cuando en aplicación de la doctrina fijada en la sentencia de Pleno de 9 de mayo de 2013, ratificada por la de 16 de julio de 2014, Rc. 1217/2013 y la de 24 de marzo de 2015, Rc. 1765/2013 se declare abusiva y, por ende, nula la denominada cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo con tipo de interés variable, procederá la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula a partir de la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013 Por todo lo anterior, debe limitarse los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula suelo por abusividad de la misma al reintegro a los prestatarios de los intereses que hubieran pagado en aplicación de la citada cláusula a partir de la fecha de publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, hasta el mes de enero de 2015, fecha en la que se suprimió por la demandada la cláusula suelo. QUINTO.- Intereses.- En cuanto a los intereses de la cantidad debida, hallándose pendiente el pago de la cantidad reclamada, al amparo del artículo del Código Civil, respecto de la indemnización por mora, y del artículo del mismo cuerpo legal que entiende producida la mora en el cumplimiento de las obligaciones desde el requerimiento judicial o extrajudicial, procede la imposición de los mismos desde la fecha de interposición de la demanda SEXTO.-Costas. Conforme a lo dispuesto en el articulo de la LEC, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo apreciación de serias dudas de hecho o de derecho. En el supuesto que nos ocupa, y habiendo sido estimada íntegramente la demanda, procede imponer a la entidad demandada las costas del presente procedimiento. Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

9 PARTE DISPOSITIVA ESTIMANDO INTEGRAMENTE la demanda presentada por la representación procesal de D. AAA y Dª BBB contra la entidad BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A debo DECLARAR y DECLARO la nulidad de la cláusula de limite a la variación del tipo de interés aplicable al contrato donde se estipula que el tipo de interés nominal anual mínimo aplicable al contrato será de 2,75%; que debo CONDENAR y CONDENO a la entidad BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A a restituir a los actores los intereses que hubieran pagado en aplicación de la citada cláusula a partir de la fecha de publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 hasta el mes de enero de Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada. Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella podrán interponer recurso de apelación en el término de los veinte días siguientes al de su notificación ante la Ilma. Audiencia Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, exigiéndose para la admisión a trámite del recurso la constitución del depósito previsto en la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, mediante la consignación en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado de la cantidad pertinente, prevista en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Juez que la suscribe estando celebrando audiencia en el día de su fecha, de lo que doy fe.