Política Nacional Docente: Las profesoras, educadoras y profesores, al centro de la reforma

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Política Nacional Docente: Las profesoras, educadoras y profesores, al centro de la reforma Jaime Veas Sánchez, Director del Centro de Desarrollo Docente del Mineduc (CPEIP) El objetivo de la Reforma Educacional ya en marcha, es situar al Estado como garante del derecho a una educación de calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Esto es, que nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos puedan efectivamente, a través de la educación, moldear el curso de sus vidas. Comprendiendo el rol fundamental que cumplen los docentes en este desarrollo personal y social de la ciudadanía, la Ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente fue concebida como uno de los pilares de esta reforma, junto con la Ley de nueva institucionalidad para la Educación Parvularia, la Ley de Inclusión Escolar, el proyecto de Nueva Educación Pública y la futura iniciativa de reforma a la Educación Superior. El proyecto que le dio origen fue enviado al Congreso por la Presidenta Michelle Bachelet el 21 de abril de 2015. En su tramitación, fue objeto de un extenso diálogo y de profundas modificaciones realizadas a partir de la conformación de una mesa tripartita en la cual participaron el Ejecutivo, los diputados de la Comisión de Educación y el Colegio de Profesores. Nueve meses después reformulado, pero manteniendo siempre sus principios- el proyecto fue aprobado por el Congreso, habiendo logrado un amplio acuerdo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. La ley 20.903, fruto de este acuerdo nacional, fue promulgada el 4 de marzo de 2016 por la Presidenta de la República y publicada el 1 de abril en el Diario Oficial. En ella se trazan las transformaciones requeridas para dar solución e intervenir en materias propias de la profesionalidad docente, las necesidades de apoyo a su desempeño y la valoración de una profesión atractiva para las nuevas generaciones. 1

Su implementación, que se lleva adelante desde este año y hasta 2025, significará una de las mayores inversiones de la Reforma Educacional y conllevará cambios fundamentales que impactarán en los más de 200 mil educadoras y docentes de establecimientos que reciben financiamiento del Estado, tanto públicos como particular subvencionados; en las cerca de 12 mil escuelas y liceos del sistema y principalmente, en los 3 millones 270 mil estudiantes actuales y los futuros, quienes constituyen el propósito de esta reforma. Formación Inicial Docente Esta es una ley con enfoque sistémico, que aborda desde la atracción de los futuros estudiantes de pedagogía. Es así que actualmente el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), en coordinación con el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) está implementando un programa específico de atracción de talentos a la formación pedagógica. Asimismo, por primera vez se establece que todas las universidades del país deberán exigir requisitos mínimos al matricular estudiantes en las carreras de pedagogía. Se trata de un cambio rotundo si se considera que el año 2015, 48% de quienes ingresaban a estas carreras lo hacía sin puntaje PSU o con menos de 500 puntos. Estas exigencias que se irán elevando gradualmente hasta el año 2023, consideran no solo puntajes en la Prueba de Selección Universitaria, sino también instrumentos vocacionales y de equidad, como el ranking de notas y los programas de acceso equitativo a la educación superior reconocidos por el Mineduc (PACE). La Ley también contempla apoyo y acompañamiento a las carreras de pedagogía para la generación de procesos retroalimentados de mejora continua. Con estos fines se ha conformado recientemente el Consejo Asesor de la Formación Inicial de Docentes. Adicionalmente, y según el mandato de la Ley, se desarrollan los estándares disciplinarios y pedagógicos para la formación inicial docente, los cuales deberán ser aprobados por el Consejo Nacional de Educación (CNED) en 2018. Con el mismo objetivo de fomentar la calidad de la formación inicial, la normativa establece que todas las instituciones formadoras de educadoras y profesores deberán elaborar y aplicar una evaluación diagnóstica para sus estudiantes en su primer año de estudio, con el fin de conocer y generar acciones respecto de sus necesidades de nivelación. Se agrega la aplicación de una Prueba Diagnóstica Nacional de la Formación Inicial Docente (FID), que deberá ser rendida por todos los estudiantes de pedagogía en el penúltimo año antes del egreso y como requisito de titulación. Se trata de una evaluación obligatoria, no habilitante, cuyos resultados serán entregados a la Comisión Nacional de Acreditación, con el fin de que las universidades establezcan planes 2

de mejora a partir de los mismos y serán considerados para el diseño de acciones formativas por parte del CPEIP. Inducción al ejercicio profesional El tránsito de la formación universitaria al aula es una etapa compleja y trascendental dentro de la profesión. Uno de los propósitos que animaron la formulación de un sistema de desarrollo profesional docente, fue que los docentes nunca más estén solos en su ejercicio y que acompañar esta transición adquiriera un carácter primordial. Por ello, la Ley garantiza acompañamiento a los docentes y educadoras nóveles a través de mentorías, desarrolladas con la colaboración de maestros experimentados que son formados para ello, y de sistemas propios de inducción que podrán desarrollar las escuelas categorizadas en alto desempeño, según el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Este sistema se implementará gradualmente a partir de 2017. La inducción se realizará durante el primer o segundo año de ejercicio profesional y tendrá una duración de hasta diez meses. Las horas destinadas para este proceso serán distintas a las contratadas por el sostenedor y serán financiadas por el Mineduc, de modo de garantizar tiempo exclusivo para la preparación del docente. Estas son las medidas que conforman un fortalecimiento estructural de la profesionalidad temprana y la formación inicial. Nueva Carrera Docente La Carrera Profesional Docente que establece la Ley 20.903 entrega a los docentes un marco explícito, conocido y motivador para el desarrollo profesional y personal, aportando de mejor manera a los objetivos buscados por el sistema educativo chileno. Esta Carrera valora y pone como centro el desarrollo profesional docente, situado en contextos de mejora continua escolar y de trayectorias profesionales para incidir en aprendizajes de calidad, de modo de asegurar una educación integral para todas y todos los niños, jóvenes y adultos a lo largo de toda la escolaridad. De este modo se reconocerán las distintas etapas de desarrollo que van alcanzando las educadoras y docentes a lo largo de su trayectoria, sus responsabilidades funcionarias, su desempeño y sus méritos, lo cual irá asociado a incentivos profesionales claros y a una nueva escala de remuneraciones que permitirá incrementar sustantivamente los salarios de todos los docentes en ejercicio y los que a futuro ingresen a la profesión, incluidos estímulos de remuneraciones adicionales para quienes, estando en los más altos niveles de desarrollo, se desempeñen en establecimientos con alta concentración de alumnos prioritarios. El tema remunerativo dice relación con las nuevas condiciones laborales que se establecen para la profesión docente, pero no es lo único. Desde el próximo año se incrementará el tiempo no lectivo, aumentándolo primero en 5 puntos porcentuales y en 2019, en otros 5 puntos, llegando a una proporción 65% de horas lectivas y 35% de horas no lectivas. En el caso de los profesionales de la educación que 3

realicen docencia de primer ciclo en establecimientos con más de 80% de alumnos vulnerables, podrán contar con 40% de horas no lectivas desde el año 2019. Para esto, los sostenedores tendrán autorizado el uso de recursos SEP. Estos incrementos del tiempo no lectivo serán resguardados para la preparación de clases, la evaluación de aprendizajes, así como otras actividades pedagógicas relevantes, según establece la Ley. Formación para el desarrollo profesional como un derecho garantizado Entendida la profesión docente bajo el principio del desarrollo continuo, esta ley garantiza que el Estado brinde acompañamiento y apoyo para potenciar las trayectorias laborales y de desarrollo profesional, fortaleciendo las capacidades docentes y reforzando su ejercicio profesional. De acuerdo con esto, en la Ley se imprime este compromiso explicitando que educadoras y docentes serán apoyados en su desarrollo profesional con formación en ejercicio gratuita y pertinente, concebida, diseñada e implementada como política docente. Esto a través de un sistema que provee formación y apoyo en las distintas etapas de la carrera profesional, con especial enfoque en las educadoras y docentes que prestan servicio en establecimientos aislados y rurales y en los profesionales que evidencian mayor necesidad de acompañamiento. Esta formación para el desarrollo deberá ser consistente y coherente no solo con la información que disponga el nuevo Sistema de Reconocimiento del Desarrollo Profesional, sino que también con los diagnósticos y planes emanados de los propios establecimientos, sus sostenedores, redes de colaboración y de los futuros Servicios Locales de Educación. Uno de los espacios de desarrollo del CPEIP ocurre a través de medidas para la desconcentración de sus definiciones y acciones de acompañamiento al desarrollo docente. Con este objetivo se crean los Comités Locales de Desarrollo Profesional Docente que el CPEIP está apoyando en todas las provincias del país (el 2015 se crearon 22), los que tendrán un rol fundamental en el diagnóstico y desarrollo de acciones de formación para los docentes, pertinentes a su contexto e identificadas como necesidades docentes dentro de un territorio determinado. A partir de dicha información de necesidades formativas territoriales, estas entidades deberán incentivar su satisfacción en el nivel local e informar de la pertinencia de las acciones formativas nacionales. Todas estas acciones de formación en servicio se desarrollarán bajo el principio transversal de la colegialidad docente, el desarrollo entre pares y en redes de maestros. Los mencionados son algunos de los cambios que conlleva esta Ley: transforma la visión de la profesionalidad, la concibe en un proceso de desarrollo y vincula la formación inicial y continua con una institucionalidad de fortalecimiento nacional de la profesión docente. Estos cambios impulsan una nueva comprensión de la pedagogía como una profesión decisiva y altamente compleja, en cuyo desarrollo el Estado tiene una responsabilidad insustituible. 4

En conjunto, estas acciones sistémicas impactarán en la calidad de la docencia, en el fomento de la innovación pedagógica y generarán una mayor valoración de la profesión por parte de las nuevas y futuras generaciones. En el contexto mayor de la reforma educacional, constituye un pilar esencial para la calidad de la educación del país. 5