DISCURSO DE RECEPCIÓN EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID CON MOTIVO DE LA APERTURA DEL AÑO JUDICIAL 2015-2016 Debo agradecer a todos los presentes su asistencia a este acto, con el que se formaliza el comienzo del curso judicial, tras la solemne apertura realizada el pasado 8 de septiembre en el Tribunal Supremo. El inicio del Año Judicial 2015-2016 coincide esta vez con la incorporación del nuevo Fiscal Superior, el Excmo. Sr. D. Jesús Caballero Klink, al que nuevamente doy la bienvenida, que ha expuesto los datos más relevantes de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Un año más nos enfrentamos con un curso judicial lleno de retos. Con unos órganos judiciales sometidos a una presión competencial muy importante, una de las más intensas de toda España al ser la segunda Comunidad Autónoma en la que se registran más asuntos judiciales y en tasa de litigiosidad (203,8 asuntos por 1.000 habitantes, cuando la media nacional está en 185 por cada mil habitantes), muchos Juzgados y Tribunales de Madrid se verán obligados a realizar un esfuerzo suplementario por varios motivos: - Deberemos adaptarnos a las últimas reformas legislativas, como la modificación del Código Penal que afecta no sólo a los órganos penales, sino también a los civiles al despenalizar la mayor parte de los hechos derivados de la circulación de vehículos de motor, lo que obligará a trasladar las correspondientes reclamaciones indemnizatorias a la vía civil, o de la Ley Concursal en relación al concurso de personas físicas, que incrementará los asuntos en los Juzgados de Primera Instancia, por poner sólo dos ejemplos de las repercusiones de los cambios legislativos en los órganos judiciales. - La próxima asunción de competencias de conocimiento de recurso de apelación por la Sala de lo Civil y Penal de los TSJ respecto de autos definitivos y sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales trasladará a nuestra Comunidad una importante carga competencial, a la que habrá de hacerse frente con los recursos personales y materiales idóneos. - También deberemos afrontar el incremento de demandas derivadas de situaciones que en los últimos tiempos preocupan a un número importante de ciudadanos, como el tratamiento de los productos bancarios contratados por particulares, que ya está generando acumulación de asuntos pendientes en los Juzgados de Primera Instancia. - En jurisdicciones, como la Social, que arrastran en los últimos tiempos un aumento incesante de la litigiosidad, deberemos continuar reduciendo el excesivo tiempo de respuesta, intolerable en un ámbito tan delicado como el de las relaciones laborales. - Y otros retos afectan a la tecnología aplicada al mundo judicial. Después de una ardua tarea emprendida para la implantación de 1
sistemas informáticos acordes a los nuevos tiempos, en la que ha sido esencial la colaboración de algunos de los mejores y más abnegados Magistrados, Secretarios y Funcionarios, ahora se anuncia la próxima obligatoriedad de presentación de escritos digitalizados para la erradicación del papel en la Administración de Justicia. Es condición imprescindible, sin embargo, para llegar al loable objetivo del papel cero en nuestro ámbito contar, en todos los órganos judiciales, con un sistema informático de gestión procesal adecuado. Ya se ha logrado en las jurisdicciones contenciosoadministrativa y social, y está en camino en la civil. Pero falta aún un trecho por recorrer, que sólo podrá culminarse con la cooperación de los directamente implicados, que debe continuar, a pesar de los sinsabores. Y, antes de la digitalización de los procedimientos judiciales y desaparición del papel, deben ponderarse todas las dificultades previsibles, con directa intervención de jueces y magistrados, sobre todo, pero también de los Letrados de la Administración de Justicia y del resto del personal, y evitar, con carácter previo, todas las posibles consecuencias desfavorables que puedan significar una mayor penosidad en la resolución de los procedimientos. Así deben instaurarse sistemas eficaces y rápidos de consulta de las actuaciones judiciales; la dotación de equipos informáticos adecuados; la adopción de medios que eviten la afectación en la salud y seguridad de los usuarios, en particular de jueces y magistrados; la formación específica en el uso de las nuevas tecnologías; en definitiva, un estudio completo de todas los aspectos concernidos por este novedoso tratamiento documental, al que no pueden trasladarse miméticamente experiencias de otros ámbitos administrativos, mucho menos complejos que el judicial. Son, pues, unos tiempos difíciles para la Justicia, inmersa, como el resto de la sociedad, a incertidumbres y cuestionamientos de muchos de los planteamientos tradicionales, y sometida, al menos en esta Comunidad, a decepciones agudas, algunas de ellas por posibles comportamientos corruptos, intolerables en personas encargadas de la gestión de medios al servicio de la Administración de Justicia madrileña. Pero nos corresponde a todos los que ejercemos responsabilidades públicas superar esta situación, sin desfallecer en momento alguno. Contamos recientemente con un nuevo equipo al frente de la Comunidad de Madrid, con su Presidenta al frente y el Consejero de Justicia, que junto a sus colaboradores han asumido la tarea de gestionar los medios personales y materiales necesarios para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Como competencia indeclinable de la Comunidad de Madrid, debe recordarse, una vez más, que el óptimo ejercicio de las competencias de justicia contribuye a mejorar uno de los factores esenciales para el desarrollo económico y social de Madrid. Si esta Comunidad está a la cabeza de las Comunidades Autónomas de España es también gracias al funcionamiento de la Administración de Justicia. Contamos con unos profesionales de la Justicia 2
de primer nivel y que, a pesar de la enorme carga de trabajo que soportan, imparten, con la colaboración de todos Jueces, Secretarios Judiciales, Gestores, Tramitadores, Auxiliares, Médicos Forenses, Psicólogos, y resto del personal- una justicia de notable calidad. Tenemos abundantes ejemplos de una total entrega y dedicación a la función judicial, y no sólo en los Magistrados, Jueces y funcionarios profesionales, algunos de los cuales nos han dejado este año estando en activo, como el Magistrado Don Ángel Illescas Rus, sino también en los que, como el Juez de Paz de Manzanares, Don Aurelio Guijarro Criado, aquí presente, han dedicado cerca de 50 años a solucionar conflictos y a otorgar la tutela judicial efectiva que reclaman los ciudadanos. Pero la situación de la justicia madrileña, con una carga de trabajo abrumadora, con instalaciones deficientes, con escasos medios, con falta de personal, está en un equilibrio inestable. Si no se solucionan ya los graves déficits que aquejan a los juzgados y tribunales de Madrid podemos iniciar la caída por la pendiente de un deterioro imparable. Los datos estadísticos que se reflejan en la Memoria de 2014, presentada en el mes de julio, son elocuentes: - Somos la segunda Comunidad Autónoma con un mayor número de asuntos registrados en los Juzgados y Tribunales, con casi un millón cuatrocientos mil, lo que representa estadísticamente 1.948,8 asuntos por cada juez o magistrado, cifra muy por encima de los 1.702,7 asuntos de media en ámbito nacional. - Los Juzgados de lo Social de Madrid soportan una carga de trabajo que se sitúa entre un 172% y un 197% sobre el nivel óptimo estimado por el CGPJ como asumible para este tipo de juzgados. - La jurisdicción contencioso-administrativa ha cambiado la tónica de anteriores años, incrementándose el número de asuntos registrados y superándose ligeramente el módulo de entrada previsto como adecuado por el CGPJ. - Los Juzgados civiles también han experimentado en el ingreso de asuntos un incremento interanual del 11,5%, destacando la delicada situación de los Juzgados de lo Mercantil, en los que el aumento de asuntos registrados se ha elevado al 20%. - Sólo la jurisdicción penal parece algo más aliviada con un leve descenso de asuntos registrados, aunque continúan sin solucionarse en su totalidad los problemas que arrastran algunos Juzgados, como los Penales de Alcalá de Henares. Si queremos mejorar la situación, varias son las actuaciones que deben emprenderse con la mayor urgencia: - Las infraestructuras de los órganos judiciales, tanto en Madrid Capital como en los partidos judiciales de la periferia más necesitados exigen ya una respuesta definitiva. Bien unificando en un mismo entorno todas las instalaciones, bien agrupándolas por jurisdicciones, los responsables políticos han de solucionar este grave problema que 3
se arrastra desde hace muchos años. Y, mientras llega la solución definitiva a las infraestructuras, se impone una especial atención al mantenimiento de los edificios e instalaciones actuales, asignando una partida presupuestaria adecuada. - La gestión del personal no admite más esperas: deben cubrirse todas las plazas vacantes, sin perjuicio de las reestructuraciones necesarias en aquellos órganos que cuenten con un excedente de funcionarios. Desde la asunción de las competencias de Justicia por la Comunidad de Madrid no se ha afrontado una política de personal en la Administración de Justicia que impulse su modernización y la optimización de funciones. Es hora ya de organizar adecuadamente el personal, para establecer unos destinos o puestos de trabajo que permitan afrontar, con flexibilidad, la carga de trabajo que en cada momento recaiga en los órganos judiciales, para asegurar la formación de los que interinamente se incorporen como funcionarios, para aprovechar la especialización en las funciones, en definitiva, para optimizar el esfuerzo de los funcionarios. - Los organismos auxiliares a la labor jurisdiccional, como el Instituto de Medicina Legal, o los equipos técnicos, requieren una organización adecuada que permita un mejor servicio y más homogéneo en toda la Comunidad. - Y deben crearse y dotarse los órganos o plazas judiciales necesarias para asumir la importante carga competencial que asumen los juzgados y tribunales madrileños. Pero también ha de acudirse a soluciones imaginativas. La nueva reforma de la LOPJ, recientemente entrada en vigor hace pocos días, fomenta la especialización de juzgados con competencia provincial. En Madrid se dan las condiciones óptimas: - Propongo la creación de juzgados provinciales que asuman los asuntos de reclamación de responsabilidades civiles derivadas de la circulación de vehículos de motor, lo que servirá para aliviar a los Juzgados de Primera Instancia de los procedimientos que se iniciarán tras la despenalización de casi todos los asuntos de tráfico. - Igualmente, la asunción por los Juzgados de Primera Instancia especializados en Tutelas e Incapacidades, o en Asuntos Hipotecarios, o incluso en Familia, con el correspondiente refuerzo de nuevos juzgados, de todos los asuntos de su respectiva naturaleza tramitados en la Comunidad de Madrid serviría, no sólo para aliviar la carga de trabajo de los 20 partidos judiciales de la Periferia, sino, como los citados de responsabilidad civil en la circulación de vehículos de motor, para dotar de una mayor seguridad jurídica y mayor calidad y predictibilidad a las resoluciones de esos asuntos. - Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer también deben abarcar en su competencia más de un partido judicial para mejorar la lucha contra este estigma social. La especialización de estos juzgados y los equipos técnicos con los que cuentan debe ser aprovechada para dar un mejor tratamiento a estos asuntos y a las víctimas, posibilitando 4
que juzgados de guardia las 24 horas del día, como son los de Madrid, atiendan los asuntos de otros partidos judiciales que no cuentan con estos órganos especializados. Junto a esas medidas, también debe fomentarse decididamente el arbitraje y la mediación. El primero de estos métodos alternativos de resolución de conflictos, incrementando las garantías de imparcialidad de los árbitros, que es lo que en definitiva generará confianza en el arbitraje. Y la mediación, que sirve, no sólo para reducir la litigiosidad en los órganos judiciales, sino para lograr soluciones más satisfactorias para los litigantes, apoyando los poderes públicos la mediación con los recursos económicos necesarios. Concluyo. El estado delicado de la Justicia madrileña exige una serie de medidas que deben ser adoptadas por los responsables políticos con la mayor urgencia, sin perjuicio de la entrega, dedicación y esfuerzo de Magistrados, Jueces, Secretarios y funcionarios, que junto a los colaboradores de la Administración de Justicia, Procuradores, Abogados y Graduados Sociales son los que están manteniendo realmente el funcionamiento de juzgados y tribunales, a pesar de las graves carencias, gracias a su enorme profesionalidad y sentido de responsabilidad. A todos ellos les exhorto a continuar en su apoyo a la Justicia Madrileña, sin perjuicio de mantener sus legítimas reclamaciones. Muchas gracias a todos, queda inaugurado el año judicial 2015-2016. Madrid, 8 octubre 2015. Francisco Javier Vieira Morante Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 5