DISERTACIÓN EN EL TALLER SOBRE ACOSO LABORAL Sucre, 15 de Febrero de 2014 Quiero felicitar la iniciativa de Juana Maturano, nuestra Representante Departamental por esta iniciativa que busca abordar uno de los temas más recurrentes pero al mismo tiempo menos debatidos en relación a los derechos humanos, me refiero a los derechos laborales y especialmente a desarrollar una actividad remunerada en las condiciones de calidad, respeto y dignidad que merecemos todas y todos. Antes de ingresar al tema, quisiera referirme a algunos aspectos que hacen a contexto general, concretamente al ejercicio del derecho al trabajo. De acuerdo a los datos oficiales, el desempleo en Bolivia es menor a 3.8%, el nivel más bajo de los últimos 10 años, inferior al registrado el 2010 que alcanzó al 5.7%. La Tasa Global de Participación para el total de la población urbana fue 60%: 69% por ciento para hombres y 50,90% para mujeres, lo que muestra una mayor participación de los hombres en el mercado laboral que las mujeres. Lo que oculta este dato es que en nuestro país el empleo es esencialmente precario. Una investigación especializada del Centro para el Desarrollo Laboral - CEDLA indica por ejemplo que en las ciudades del eje central urbano del país y El Alto, 79 de cada 100 ocupados tenían empleos precarios y 51 con fuentes de trabajo extremadamente pobres. Entre los trabajadores asalariados, 81 de cada 100, trabajan en empleos con algún grado de precariedad y 29 en empleos precarios en extremo, siendo los salarios por debajo de una canasta alimentaria básica uno de sus indicadores importantes. El año 2012, la población ocupada sumaba un total de 1 millón 755 mil personas, de los cuales sólo 21 de cada 100 ocupados contaban con empleos no precarios, cifra menor al del año 2001 donde 22 accedieron a este tipo de fuentes laborales, revelando que la calidad
del empleo no tuvo mejora alguna y, pareció mostrar más bien un proceso regresivo. Las tasas más elevadas de desempleo se encuentran en los jóvenes entre 15 y 24 años de edad, lo que cuentan con menor experiencia laboral y, por lo general tienen inserciones laborales menos estables y más precarias, por lo que sus transiciones entre la ocupación y el desempleo ocurren con períodos de desempleo más prolongados. Para el 2011 en las ciudades capitales del eje central urbano del país y El Alto, la mitad de los ocupados eran trabajadores asalariados (incluyendo el trabajo asalariado del hogar); de estos, 29% eran obreros y 71% eran empleados. Casi dos tercios se encontraban en el sector llamado informal y el tercio restante en establecimientos semiempresariales. Desde el 2008, el empleo en las principales ciudades del país aumentó a un ritmo de 3.6% anual, menos que la población en edad de trabajar. El crecimiento del empleo asalariado se hizo más lento (2.4%). Por otro lado se está generalizando la tendencia a la contratación en forma directa o la subcontratación sin los derechos laborales reconocidos por la Constitución. Sobre todo en los sectores de la construcción, manufactura y comercio, pero también en el sector estatal aumentaron las modalidades de contrato civil en sustitución de los contratos laborales para eludir el pago de beneficios sociales 1, señala el CEDLA. El sector informal de Bolivia es el mayor de América Latina: casi el 80% de los empleos urbanos y rurales son informales, comparado con el 60% para la región. Además en Bolivia la proporción de la economía informal en relación con el PIB se calcula en un 68%, mientras que América Latina tiene en promedio un 60%. Por otra parte, se calcula que la tasa de desempleo abierta en el área urbana fue del 7,4% en 2009, aunque disminuyó al 5,7 % en el 2010. Según el mismo CEDLA, el 34% de los ocupados eran trabajadores por cuenta propia, 25% empleados, 23% trabajadores familiares o aprendices sin remuneración, 11% obreros, 5% patrón, socio o 1 CEDLA, Revista Alerta Laboral, edición N 71, mayo de 2013.
empleador que no recibe remuneración, 2% empleados del hogar y el restante 0,1% correspondía a las categorías de patrón, socio o empleador que recibe remuneración y cooperativista de producción. Por área geográfica y sexo, se observa en el área urbana que 61,66% de los hombres ocupados son asalariados y 47,55% de las mujeres ocupadas se encuentran también en esta condición. Según los datos que brinda la Confederación de Trabajadores de la Construcción de Bolivia, actualmente están trabajando en ese rubro 450.000 personas, entre albañiles, carpinteros, electricistas, pintores y otros 2, lo que significa el 8.1% de la población económicamente activa que según la encuesta de hogares del INE es de 5.508.191 personas. Si por desgracia ocurriera una caída del sector de la construcción como ocurrió en otros países, la crisis sobre el empleo sería catastrófica. Hemos visto un panorama que nos muestra fundamentalmente dos aspectos importantes: primero que los empleos en nuestro país son precarios, es decir que más del 70% de las personas que trabajan no tiene seguridad social, vacaciones, estabilidad laboral, sueldos dignos, derecho a la sindicalización, etc. Son de laguna manera tratados como ciudadanos de segunda clase. En segundo lugar que la mayoría de los trabajadores labura en el sector informal, es decir aquel que, además, se mantiene en una especie de penumbra de ilegalidad en su relación con el Estado. En relación al Estado, por otra parte, de acuerdo a los datos que tenemos, es el mejor empleador del país ya que otorga los mejores sueldos y las mejores condiciones, además, aparentemente es el que más respeta los derechos laborales. Recientemente tuvimos la suerte de recibir un tercer aguinaldo y en esta gestión de gobierno, se ha determinado incrementos salariales por lo menos en cinco oportunidades. Sin embargo, los grandes problemas que tiene el Estado en cuanto al empleo siguen teniendo que ver con la existencia de ciudadanos de 2 Revista LEA, edición enero de 2012, pág. 15
primera, (los que tienen itemes y son de planta) y ciudadanos de segunda (los empleados a contrato); el otro problema es la inestabilidad y la alta politización de los empleos que son considerados como trofeo de,l partido que gobierna en el país, en la gobernación o en la alcaldía. Pero quiero volver al tema que nos reúne aquí hoy, es decir el acoso laboral. Y toda esta serie de datos pretende precisamente explicar algunas de las múltiples razones que la explican. En primer lugar tenemos que las profundas disparidades, desigualdades e inequidades nos muestran como siempre a un grupo de personas que son las dueñas de los medios de producción o los que ejercen el poder, y a otro grupo que solo venden su fuerza de trabajo. Los unos por lo tanto tienen poder sobre los otros. En segundo lugar, tenemos una sociedad fuertemente machista que asume que por naturaleza puede ejercer el control y la fuerza sobre las mujeres, pero que además no tolera la idea que una mujer pueda ser jefa, gerenta o directora. Otro aspecto que podemos señalar es la ausencia de normativa clara sobre el tema del acoso laboral, el desconocimiento de los derechos y la falta de mecanismos para controlar, vigila o sancionar esta conducta. Finalmente, entre las causas también está la permisividad y el temor a perder el empleo y por lo tanto a caer en el gigantesco grupo de empleados precarios que viven en una situación aún peor. Todos estos aspectos configuran un escenario de alta gravedad y sensibilidad que generan lo que llamamos acoso laboral y que según la OIT, se puede definir como cualquier incidente en el cual una persona es abusada o maltratada en circunstancias relacionadas con su trabajo. Estas situaciones pueden ser originadas por jefes, compañeros de trabajo y en cualquier nivel de organización. Este comportamiento es una vulneración de derechos.
Adquiere múltiples formas y a veces puede asumir otros tipos de conducta como el acoso sexual en el trabajo, el acoso o el hostigamiento político o la presión laboral por motivos ideológicos, religiosos e incluso por origen o preferencia sexual. Todas estas formas encuentran resultados más o menos similares: infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia. Aunque la Constitución Política prohíbe el ejercicio del acoso, todavía esta conducta no está normada y por lo tanto aún hay espacios grises que impiden definirla con claridad para sancionarla. Ese es un tema pendiente en el que estamos trabajando actualmente. La gravedad del problema la encontramos en nuestro propio sistema de recepción de casos por vulneración de derechos que muestra que durante la gestión 2013 hemos recibido 1.709 casos relacionados con el acoso laboral, de un total de 15.000 denuncias que registramos en todo el a{o, es decir que más del 10% se refiere a este tema. Quiero terminar esta reflexión, felicitando nuevamente a Juana y a todas y todos ustedes por su decisión de abordar esta temática de manera directa y clara para visibilizarla y buscar los mecanismos que nos permitan enfrentar el problema y encontrarle una solución. Les deseo el mayor de los éxitos en la jornada y les auguro resultados aún más auspiciosos. Muchas gracias