Proc.: APELACIÓN AUTOS INSTRUCCIÓN

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1 AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION 1 Avda Pedro San Martin S/N Santander Teléfono: Fax.: Modelo: C1910 Proc.: APELACIÓN AUTOS INSTRUCCIÓN Nº: /2014 NIG: Resolución: Auto /2014 Diligencias Previas / JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 4 de Santander Intervención: Interviniente: Procurador: Fiscal MINISTERIO FISCAL MINISTERIO FISCAL Apelante GOBIERNO DE CANTABRIA Apelante MINISTERIO FISCAL Apelado SERGIO VELEZ CASTELLANOS ALFONSO ALVAREZ PAÑEDA Denunciante JAVIER URIBE MENDIETA A U T O /2014 Ilmos. Sres. Magistrados Don José Luis López del Moral Echeverría. Doña María Rivas Díaz de Antoñana. Don Ernesto Sagüillo Tejerina. ======================================== En la Ciudad de Santander, a Diez de diciembre de dos mil catorce. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Por Auto de once de febrero de dos mil catorce el Juzgado de Instrucción número Cuatro de Santander acordó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones. SEGUNDO: Contra dicho Auto se interpuso por el Ministerio Fiscal y la representación del Gobierno de Cantabria recurso de reforma que fue desestimado por Auto de catorce de abril, que recurrieron en apelación. Admitidos a trámite e impugnados se elevaron las actuaciones a esta Audiencia para su resolución. TERCERO: Es ponente de esta resolución la Ilma. Sra. Magistrado doña María Rivas Díaz de Antoñana, quien expresa el parecer de la Sala. 1

2 FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO: Los recurrentes interesan se deje sin efecto el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, entendiendo que existen indicios para imputar un delito de apropiación indebida, por lo que la causa debe seguir adelante. SEGUNDO: Con relación al delito de apropiación indebida es doctrina de la Sala segunda del T.S ; que el art. 535 del Código Penal, igual que el vigente artículo 252 del Código Penal de 1995, sanciona dos tipos distintos de apropiación indebida: el clásico de apropiación indebida de cosas muebles ajenas que comete el poseedor legítimo que las incorpora a su patrimonio con ánimo de lucro, o niega haberlas recibido y el de gestión desleal que comete el administrador cuando perjudica patrimonialmente a su principal distrayendo el dinero cuya disposición tiene a su alcance. En relación al denominado tipo clásico de apropiación indebida, que es el aplicado en la sentencia recurrida, tiene declarado esta Sala, como es exponente la sentencia 964/1998, de 27 de noviembre (LA LEY 985/1999), que en esta figura delictiva distinguirse dos etapas diferenciadas. La primera se concreta en una situación inicial lícita, generalmente contractual, en la que el sujeto activo percibe en calidad de depósito, comisión o administración, o por cualquier otro título que produzca obligación de entregarles o devolverles 2

3 dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble (ahora también valores o activos patrimoniales), recepción presidida por la existencia de una convenida finalidad específica de devolución o bien de empleo en un destino determinado, es decir, de entrega a un tercero o terceros para cumplir la finalidad pactada. En la segunda etapa el agente transmuta esta posesión legítima (o propiedad afectada a un destino, en el caso de bienes fungibles), en disposición ilegítima y abusando de la tenencia material de los bienes y de la confianza recibida, dispone de ellos, los distrae de su destino o niega haberlos recibido, es decir, se los apropia indebidamente, en perjuicio del depositante, comitente, dueño o persona que debiera percibir los bienes u obtener la contrapartida derivada de su destino pactado. En el ámbito jurídico-penal apropiarse indebidamente de un bien no equivale necesariamente a convertirse ilícitamente en su dueño, sino a actuar ilícitamente sobre el bien, disponiendo del mismo como si se fuese su dueño, prescindiendo con ello de las limitaciones ínsitas en el título de recepción, establecidas en garantía de los legítimos intereses de quienes lo entregaron. Debe examinarse el título en cuya virtud el acusado poseía el bien del que ilegítimamente dispone, para poder constatar que efectivamente se trata de un título de los que producen obligación de entregar o devolver la cosa. La ley 3

4 relaciona varios de tales títulos, depósito, comisión o administración y termina con una fórmula abierta que permite incluir todas aquellas relaciones jurídicas por las cuales la cosa mueble pasa a poder de quien antes no la tenía, bien transmitiendo la propiedad cuando se trata de dinero u otra cosa fungible (salvo que existan patrimonios separados, como ocurre con los supuestos de administración de una sociedad, comunidad o entidad semejante), en cuyo caso esta transmisión se hace con una finalidad concreta, consistente en dar a la cosa un determinado destino (por esto se excluyen el mutuo y el depósito irregular, porque en éstos la cosa fungible se da sin limitación alguna a quien la recibe, para que éste la emplee como estime oportuno), o bien sin tal transmisión de propiedad, esto es, por otra relación diferente, cuando se trate de las demás cosas muebles, las no fungibles, lo que obliga a conservar la cosa conforme al título por el que se entregó. Pueden surgir dificultades en los llamados «casos límites» es decir cuando se trata de determinar la distinción entre el ilícito civil y el ilícito penal. La línea diferencial entre un incumplimiento contractual y el delito de apropiación indebida radica en que, en el primer supuesto, no existe voluntad apropiativa sino solamente un retraso o imposibilidad transitoria de cumplimiento de la obligación de devolver, mientras en el segundo existe un propósito de hacer la cosa como propia 4

5 incorporándola al patrimonio del infractor. En estos "casos límite" o problemáticos no puede olvidarse que el derecho penal se rige, entre otros, por el principio de intervención mínima, que es un principio de política criminal mediante cuya invocación se postula como criterio informador del derecho penal el de reservar la actuación legislativa del ius puniendi, como última ratio, para los actos especialmente lesivos de los bienes jurídicos más dignos de protección. TERCERO: Respecto de los cuadros que se dicen indebidamente apropiados por Sergio Vélez de lo actuado se constata que; la denuncia se interpuso el 25 de abril de dos mil doce en la que se hace mención a 81 cuadros desaparecidos propiedad de la Administración Pública, con remisión a un inventario de fecha ; la Policía, sin necesidad de mayores investigaciones, se puso en contacto con las dos empresas que habían mantenido relación con el Gobierno de Cantabria relacionadas con los cuadros, traslados, exposiciones, etc., y nada más ponerse en contacto con Sergio Vélez se despejaron las dudas en cuanto a los cuadros desaparecidos,el denunciado los tenía depositados y almacenados en un local de su propiedad desde hacía tiempo; ningún responsable del actual Gobierno le requirió al Sr. Vélez ni le preguntó sobre las obras que no encontraban pese a constarles las dos empresas que mantuvieron relación con el Gobierno de 5

6 Cantabria que se ocupaban de las obras, precisamente ese fue el conducto que utilizó la Policía para localizar con rapidez y sin ningún problema a Sergio Vélez y a los cuadros; con posterioridad al auto de esta misma Audiencia Provincial se recibió declaración a José Andrés Rivas, al que también le tomó declaración en su día la Policía quien sigue manteniendo relación con el Gobierno de Cantabria, el cual declaró que no siempre las obras retornaban al punto de origen pues, en ocasiones, iban a otros despachos o centros o quedaban depositadas en el almacén de Puzzle cuyo responsable era Sergio Vélez; los cuadros se encontraban en un almacén del denunciado en perfectas condiciones sin haber dispuesto de los mismos, no los tenía en las paredes de su casa, tampoco los había vendido ni los había expuesto. De todo lo expuesto cabe concluir que poseía los cuadros en virtud de una relación contractual con el Gobierno de Cantabria, los percibió en calidad de depósito, en cuanto se le preguntó por los mismos colaboró y afirmó haberlos recibido, no les dio un destino diferente al pactado ni los incorporó a su patrimonio, lo que motiva la desestimación del recurso. CUARTO: Se declaran de oficio las costas de esta alzada. Por cuanto antecede, 6

7 LA SALA ACUERDA: Desestimar los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y la representación del Gobierno de Cantabria contra el Auto ya citado del Juzgado de Instrucción núm. Cuatro del Gobierno de Cantabria que se confirma, declarando de oficio las costas de esta alzada. Siendo firme este Auto desde ésta fecha, por no caber contra el mismo recurso alguno, devuélvase la causa junto con su testimonio al Juzgado de procedencia para su ejecución y cumplimiento. Así por este Auto, lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados de lo que yo el Secretario doy fe.- 7