Desde el inicio de la administración Santos en agosto de 2010, 20 líderes defensores de tierras y territorios han sido asesinados.

Transcripción

1 Noviembre 1, 2011 La Honorable Secretaria de Estado Hillary Clinton Departamento de Estado de los Estados Unidos 2201 C Street NW Washington, DC Estimada Secretaria Clinton, Recibimos con agrado la iniciativa del gobierno colombiano de reparar a las víctimas del conflicto armado interno y de restituir las tierras a algunas de las de 5 millones de personas que perdieron su tierra producto de la violencia. Sin embargo estamos sumamente preocupados por el hecho que esta iniciativa se esté desarrollando sin que se haya prestado una adecuada atención a la necesidad de proteger la vida de los lideres defensores de tierras y territorios y comunidades que ya han regresado, o que planean regresar a sus tierras. Sin un plan adecuado de protección para las comunidades y sus líderes y sin desmantelar efectivamente los grupos paramilitares y otros grupos armados ilegales que están detrás de la violencia, la población retornante solo encontrará a su regreso la muerte o un nuevo desplazamiento. Por esta razón le solicitamos muy respetuosamente que tanto los esfuerzos diplomáticos como de cooperación del gobierno de los Estados Unidos hacia Colombia, promuevan de manera activa la protección de la población rural y apoye retornos seguros, sostenibles y voluntarios de acuerdo con los principios rectores de las Naciones Unidas sobre Desplazamiento Forzado. La efectiva implementación de una política de restitución de tierras en Colombia podría contribuir a crear un clima en el que la resolución del conflicto armado sea posible. En cambio si se falla en la protección efectiva de las comunidades retornantes tan solo contribuirá a exacerbar el conflicto. Desde el inicio de la administración Santos en agosto de 2010, 20 líderes defensores de tierras y territorios han sido asesinados. En la gran mayoría de estos casos los líderes habían solicitado protección a las autoridades colombianas, sin embargo la protección nunca fue autorizada. El Ministerio de Agricultura ha reconocido el aumento de las amenazas, violencia y situaciones de riesgo para líderes defensores de tierras y territorios y comunidades retornantes durante los últimos meses. Si bien se ha intentado desarrollar una respuesta inter-institucional a esta situación, esta ha sido inadecuada hasta el momento. Por lo tanto le solicitamos al Departamento de Estado que condicione el apoyo que se le vaya a brindar desde los Estados Unidos a esta iniciativa, al desarrollo e implementación por parte del gobierno colombiano de un plan de protección factible, comprehensivo, que cuente con los suficientes recursos, y que sea liderado por instituciones civiles del Estado. Dicho plan debe ser desarrollado sobre la base de una participación amplia de las comunidades a las que pretende beneficiar. Nuestras co-partes de la sociedad civil colombiana de una manera unificada y enfática insisten en que un plan de protección no se crea sobre la base de una presencia militar únicamente, ya que esta en muchas ocasiones pone a la población civil en una situación de mayor riesgo. Pedimos que funcionarios del más alto nivel al interior del gobierno de los Estados Unidos, de manera pública y privada enfaticen la importancia de protección para las comunidades que han retornado o que están en proceso de retornar; y que funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, de USAID y del Departamento de Estado trabajen de manera constante en solicitar un conjunto de medidas y acciones encaminadas a la construcción de una política de protección efectiva. Los elementos centrales de esta compleja iniciativa deben incluir lo siguiente: Crear un clima en el que las comunidades puedan retornar de manera segura. El gobierno colombiano debe mejorar sus esfuerzos en investigar, sancionar y capturar a miembros de los nuevos grupos paramilitares y a aquellas personas que los apoyan política y financieramente. También debe suspender, investigar y sancionar a aquellos miembros de las fuerzas

2 armadas que estén sindicados de colaborar o permitir los abusos de los grupos paramilitares; se deberá hacer un mayor esfuerzo en áreas en las que se registre una mayor presencia de estos grupos. Miembros de las fuerzas armadas que hayan sido encontrados culpables deberán pagar su condena en centros penitenciarios regulares. El gobierno de los Estados Unidos debe dejarle en claro al gobierno de Colombia que el efectivo desmantelamiento de los grupos paramilitares será un factor central a la hora de considerar la suspensión o continuación de la ayuda militar. El gobierno colombiano debe dar prioridad a la ampliación de la presencia de instituciones civiles del Estado en zonas donde hay presencia del conflicto armado. Si bien los Centros de Consolidación y Acción Integral (CCAI), que el gobierno de los Estados Unidos apoya con recursos, tiene este propósito, este debe poner al mando a las instituciones civiles, o continuará fracasando en su intento de crear una presencia del Estado civil que pueda proteger a las comunidades. Esta presencia ampliada de instituciones civiles debe incluir un aumento en el número de defensores comunitarios y personeros locales, como funcionarios representantes de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Las fuerzas armadas deben ser llamadas a actuar de manera más decidida en la captura y desmantelamiento de los grupos paramilitares. Sin embargo en cuanto a la protección de las comunidades rurales, en el largo plazo se debe aumentar el pie de fuerza de la policía para reemplace a las fuerzas armadas como garantes de seguridad en las zonas rurales. En las áreas rurales donde se requiera, se harán despliegues temporales de fuerzas especializadas policiales que no sean del área con el objetivo de desmantelar a los grupos paramilitares y evitar la infiltración y cooptación de grupos armados ilegales locales. Una titulación de tierras que sea justa, transparente y eficiente es esencial a la hora de garantizar que aquellos que usurparon la tierra a través del uso de la violencia o sus testaferros no se beneficien. La falta de títulos claros sobre la propiedad rural invita a más violencia y es un factor de vulnerabilidad para las comunidades campesinas. Los territorios colectivos que pertenecen a comunidades indígenas y afro-colombianas deben recibir un título de propiedad formal sobre sus territorios. El gobierno colombiano debe asignar recursos y dirigir su política agropecuaria y de comercio hacia la creación de economías campesinas sostenibles y que apoyen a los pequeños productores, sobre el entendimiento que dicha política es esencial para lograr retornos sostenibles y seguridad ciudadana. El acceso al crédito y a subsidios, y la creación de una infraestructura que permita una comercialización directa de los productos, deben ser condiciones esenciales de dicha política. Tanto las tierras como los bienes que fueron abandonados o usurpados pudieron haber sido destruidos, por lo que deben ser mejorados y reconstruidos para que los retornos sean viables. Los retornos no deben ser condicionados a que las comunidades retornantes acepten planes de desarrollo contrarios a los propuestos por las mismas comunidades. El gobierno colombiano debe apoyar la propuesta de decreto de reparaciones que presentó la Mesa de Organizaciones Afrocolombianas. Esta propuesta surgió como respuesta a la falta de una consulta adecuada con las comunidades afro-colombianas en el marco de la ley de víctimas. Después de la aprobación de la ley se realizó una consulta muy limitada con un grupo de alto nivel para la consulta que no es reconocido por la mayoría de las comunidades afro-colombianas y organizaciones de base, y que por lo tanto no fue de carácter libre, previo e informado de acuerdo a la convención 169 de la OIT. El decreto propuesto por la Mesa fue construido sobre la base de la participación amplia de las comunidades y organizaciones de base, lo cual garantiza que dicho decreto respeta los derechos de las comunidades afro-colombianas. Proporcionar plan de protección efectivo. El Ministerio del Interior deberá desarrollar un plan de protección para la comunidades en consulta

3 con una amplia representación de las asociaciones de desplazados, asociaciones de pequeños campesinos, representantes de las comunidades afro-colombianas e indígenas, organizaciones de derechos humanos y con aquellos miembros de la sociedad civil participantes en las Mesas de Garantías, en especial de la Mesa Temática sobre Tierras. El plan deberá incluir un enfoque diferencial que responda a las necesidades de los beneficiarios. El Ministerio del Interior deberá trabajar con la oficina de ACNUR, así como el Ministerio de Agricultura, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Defensa en el diseño del plan. Sin embargo, en última instancia solo los planes de protección que se hayan desarrollado en el nivel local con la plena participación de las comunidades los cuales se describen a continuación podrán garantizar una protección efectiva. Como parte del plan de protección el Ministerio del Interior deberá diseñar en consulta con los beneficiarios un protocolo de reacción inmediata bajo la responsabilidad de autoridades locales, la policía y las fuerzas armadas, que suministre protección de emergencia las 24 horas del día a comunidades retornantes o en procesos de retorno y a sus líderes, y de esta manera se puedan establecer responsabilidades y generar compromisos por parte de las entidades vinculadas en el plan de protección. El Sistema de Alertas Tempranas deberá ser fortalecido al permitir que la Defensoría del Pueblo o el Ministerio del Interior puedan emitir alertas sin que medie la aprobación del Ministerio de Defensa; y al asegurarse que los informes de riesgo del Sistema sean públicos y que se hayan tomado acciones disciplinarias cuando las alertas no son atendidas por funcionarios públicos locales o las fuerzas armadas, tal como ha sido recomendado por la USAID en evaluaciones pasadas. Aunque el plan nacional de protección se constituye en el marco general de acción, es en el nivel local donde se debe prestar más atención. Comisiones regionales de protección lideradas por el Ministerio del Interior deberán ser un espacio de encuentro de instituciones del Estado, la sociedad civil y actores internacionales en el que se busque guiar el proceso de restitución y generar un compromiso institucional hacia la protección. Autoridades locales y regionales deberán trabajar en conjunto con las comunidades retornantes en el desarrollo de planes de protección que respondan a las necesidades específicas de cada comunidad. Deberán de igual manera evaluar las condiciones de seguridad en el terreno de acuerdo con los indicadores establecidos por la Corte Constitucional de Colombia y en el Marco del Comité Inter-agencial sobre Soluciones Duraderas para el Desplazamiento Interno. Organizaciones de derechos humanos del orden nacional, agencias humanitarias internacionales, la Defensoría del Pueblo, ACNUR y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos deberán suministrar acompañamiento, seguimiento y evaluación de los acuerdos locales de protección y sobre la situación de seguridad. Los planes de protección tendrán que identificar diferentes necesidades y por lo tanto diferentes soluciones, incluyendo: investigaciones sobre las amenazas y ataques en contra de las comunidades y sus líderes; despliegue de fuerza pública para que patrullen de una manera tal que no perjudiquen el principio de distinción, de acuerdo con el derecho internacional humanitario; sistemas de comunicación seguros; destinación de recursos para proyectos de desarrollo rural en las comunidades; obras de infraestructura tales como vías de acceso y electrificación; mayor presencia de defensores locales; sanciones a funcionarios públicos corruptos; y formalización de títulos sobre la propiedad rural. El programa de protección deberá asegurar que los programas de protección que han sido desarrollados por la sociedad civil en los que se declara neutralidad frente al conflicto armado, sean respetados y protegidos. Estos incluyen las zonas humanitarias, planes de salvaguardia y planes de vida. El Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior deberán dar órdenes precisas a las fuerzas armadas y a la policía para que respeten y apoyen estas iniciativas en vez de obstruirlas. La mayoría de las personas que se encuentran en situación de desplazamiento son mujeres y niños. Es así que sus necesidades específicas deben ser atendidas e incorporadas tanto en el diseño e implementación de políticas de desarrollo, así como en programas de protección. Esto debe incluir el

4 acceso efectivo de las mujeres a títulos de propiedad; el diseño de programas y políticas que vayan encaminadas hacia la eliminación de los altos niveles de violencia de género tanto domestica como aquella relacionada con el conflicto armado; y al reconocimiento y promoción del liderazgo de las mujeres al interior de las comunidades retornantes. Sumado al plan de protección para las comunidades, se encuentra el programa de protección para líderes defensores de tierras y territorios que es de suma importancia por lo que debe ser fortalecido. El Ministerio del Interior deberá revisar el programa de protección existente para líderes defensores de tierras y territorios en situación de riesgo. Este proceso debe llevarse a cabo sobre la base de la participación de los beneficiarios de las medidas de protección, que responda a las necesidades diferenciales de las mujeres y líderes de las minorías étnicas y que responda a las recomendaciones de la Corte Constitucional en el auto 200 del 2007 sobre la materia. La Fiscalía General de la Nación deberá dar prioridad a la efectiva investigación y sanción de los casos de ataques y amenazas en contra de los líderes defensores de tierras y territorios desde enero del 2010 hasta el presente, así como dar prioridad a investigaciones de algunos casos emblemáticos de desplazamiento forzado. La investigación y sanción de estos casos se constituye en la medida más efectiva de protección por parte del Estado colombiano. Apreciamos que USAID esté desarrollando una serie de programas para apoyar el proceso de restitución de tierras. Pedimos que esta agencia le dé prioridad a los siguientes programas y acciones: Incentivar y apoyar con recursos proyectos de desarrollo local que hayan sido diseñados por las comunidades. En el portafolio general de la USAID se deberá dar prioridad a proyectos productivos sostenibles dirigidos a comunidades que hayan retornado recientemente a sus tierras. El éxito de dichos proyectos deberá ser medido sobre la posibilidad de las comunidades retornantes de permanecer en sus tierras y de implementar sus propios planes de desarrollo. Apoyar y contribuir con recursos al proceso de consulta, acompañamiento y evaluación necesario en la construcción de los programas de protección para las comunidades retornantes. Asignarle fondos a la ampliación de la capacidad de personal tanto en el Ministerio del Interior como en el de Agricultura que estén encargados de coordinar los planes de protección para retornos seguros, como defensores comunitarios y personeros en zonas de conflicto y en áreas de retornos; al mismo tiempo incentivar al gobierno colombiano para que este asigne recursos de largo plazo para este mismo propósito y así se garantice la sostenibilidad de los programas. Continuar apoyando con recursos a la Comisión de Seguimiento de la Política Publica sobre Desplazamiento Forzado, una iniciativa de la sociedad civil en conjunto con algunas instituciones del Estado que se encarga de darle seguimiento a las respuestas del gobierno colombiano a las órdenes y sentencias de la corte constitucional sobre desplazamiento forzado. Los programas de USAID deberán continuar apoyando los esfuerzos de titulación de tierras (sobre la base de un proceso cuidadoso de verificación que impida que el proceso de titulación beneficie aquellos ocupantes de mala fe que usurparon o se beneficiaron de procesos de usurpación de tierras). USAID deberá ayudar a proteger a los beneficiarios de sus programas. USAID deberá reportar violaciones a los derechos humanos en contra de los beneficiarios de sus programas a la oficial de derechos humanos de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, quien a su vez deberá reportar estos casos a las entidades del gobierno colombiano correspondientes. Agradeceríamos la posibilidad de exponer y discutir con funcionarios del Departamento de Estado y USAID

5 sobre la necesidad de protección para líderes defensores de tierras y territorios y comunidades retornantes. Una atención especial en cuanto a la construcción de una clima de seguridad en los que se puedan llevar a cabo los retornos así como la construcción de mecanismos efectivos de protección son imperativos si se quiere romper con el ciclo del desplazamiento y la violencia, y para que las promesas de este importante proceso de restitución de tierras puedan ser cumplidas. Sinceramente, Latin America Working Group Education Fund US Office on Colombia Washington Office on Latin America Lutheran World Relief Jesuit Refugee Service/USA Refugees International Afrodes USA American Jewish World Service Center for International Policy Presbyterian Church (U.S.A.), Office of Public Witness Presbyterian Peace Fellowship USA Colombian mission, Presbyterian Church (USA) General Board of Church and Society, United Methodist Church Church World Service Joan B. Kroc Institute for Peace & Justice, University of San Diego. Witness for Peace Fellowship of Reconciliation USA Justice and Witness Ministries, United Church of Christ Social and International Ministries, Jesuit Conference Cc: Dan Restrepo, Special Assistant to the President and Director for Western Hemisphere Affairs William J. Burns, Deputy Secretary of State Maria Otero, Under Secretary for Democracy and Global Affairs Roberta Jacobson, Assistant Secretary of State for Western Hemisphere Affairs Michael H. Posner, Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights and Labor Kathleen FitzPatrick, Deputy Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights and Labor David Robinson, Acting Assistant Secretary of State for Population, Refugees and Migration Ambassador Michael McKinley, U.S. Ambassador to Colombia Dr. Rajiv Shah, Administrator, USAID Mark Feierstein, Assistant Administrator for Latin America and Caribbean, USAID Nadereh Lee, USAID Mission Director, Colombia Senator Patrick Leahy, Chair, Senate Foreign Operations Subcommittee Senator Lindsay Graham, Ranking Member, Senate Foreign Operations Subcommittee Representative Kay Granger, Chair, House Foreign Operations Subcommittee Representative Nita Lowey, Ranking Member, House Foreign Operations Subcommittee