El papel en la justicia costarricense

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1 II. El papel en la justicia costarricense Si bien el papel está presente en nuestra vida en la mayor parte de las actividades que desarrollamos, su uso de manera irresponsable está habitualmente asociado en el ámbito público a tramitologías excesivas y formalismos que convierten en una adversidad cualquier gestión que realiza la persona usuaria del servicio, la cual debe enfrentar obstáculos para obtener respuesta oportuna del sistema. La Administración de Justicia lamentablemente no es la excepción, cualquier trámite que se realiza ante una instancia judicial no escapa del calificativo de lento, complejo, deshumanizado, saturado de papeles y de gestiones repetitivas e innecesarias que abultan los expedientes judiciales y atrasan la decisión del conflicto. Los costos económicos asociados al retraso judicial afectan la tutela judicial efectiva y representan una barrera para las partes procesales. Históricamente, la realidad institucional mostraba una cultura judicial vertical alejada del contacto humano, de la realidad social y política, en la cual los jueces se encerraban en sus oficinas para dictar una resolución, sin ver los rostros de las partes ni escuchar a viva voz sus alegatos. Los jueces y las juezas estaban alejados de toda realidad material, social, política y cultural, contagiados de un ambiente de indiferencia, cargas de trabajo excesivo, bajo la presunción de que dictaban sentencias luego de haberse leído todos los autos compuestos de centenares de folios y, a veces, hasta de miles, enfrascados en una excesiva tramitología que impedía la introducción de medios alternos como la oralidad que se caracterizaba por el encuentro humano, la resolución rápida y oportuna del litigio, la conciliación mediante audiencias tempranas, entre otros. En esas condiciones, imperaba la sensación de que somos víctimas del formalismo que impedía con toda razón, la satisfacción de haber sido objeto de una tutela judicial efectiva. (En ese sentido, véase Lupita Chaves, tesis doctoral La Tutela Judicial Efectiva en el nuevo modelo de justicia contencioso administrativa. Escuela Libre de Derecho, San José, p.100). En esa realidad, la Administración de Justicia no lograba garantizar de manera efectiva los derechos de las personas usuarias cuando accedían al servicio público de justicia y enfrentaban barreras para el disfrute de sus derechos, por una inadecuada aplicación de sistemas de gestión y nuevos modelos de organización. Las palabras del jurista Alejandro Nieto resultan atinentes, cuando señala que ante el formalismo procesal y el retraso judicial al cabo de muchos años, [...] el estrépito judicial supone un laberinto en el que quizás triunfe el Derecho, pero donde se pierde la Justicia. (En ese sentido, Alejandro Nieto. Balada de la Justicia y la Ley. Editorial Trotta S.A., Madrid, España, 2002, p. 72). Por años, tanto por parte del personal judicial como por la población, se ha tenido como normal observar los recintos judiciales con estantes y escritorios desbordados de expedientes judiciales cargados de papel, de fotocopias y hasta de trámites y resoluciones judiciales innecesarias, lo cual no ha permitido que los conflictos se resuelvan de manera oportuna. 21

2 El papel ha sido la excusa para violentar el principio de inmediatez y obstaculizar las políticas de oralidad de los procesos, detrás del cual se esconden múltiples actuaciones y estrategias de algunos litigantes para retrasar la pronta decisión judicial. Ello es así, porque con su uso se han podido manipular las causas, donde se ordenan actos procesales que provocan tiempos muertos y alargan la solución del conflicto. En materia penal, por ejemplo, nadie se cuestiona que los jueces y las juezas penales permanezcan meses y meses y, a veces, más de un año, sumergidos en un debate para resolver un solo proceso judicial, contenido de montañas de papeles conformados por testimonios, pruebas documentales, periciales, con las cuales se llenan cajas y hasta oficinas. Entre tanto tiempo, con tantas declaraciones, con tantos papeles, a quién no le salta la duda de que si la justicia triunfó o se evaporó entre tanto papel. Entre tanto papel, resulta paradójico que cada causa sea un número más entre ese montón de papeles que se transforma en algo indescifrable y complicado de resolver. La Administración de Justicia se ha ahogado en papeles y tramitologías innecesarias que obstaculizan la capacidad de respuesta del sistema para resolver el conflicto y violentan el derecho fundamental a recibir una justicia pronta y cumplida, lo cual se traduce en violaciones al derecho humano fundamental de acceso a la justicia. Figura n. 1 Violaciones al Derecho de Acceso a la Justicia FORMALISMOS SUSTENTADOS EN SOLICITUDES DE DOCUMENTOS FISICOS VIOLACIÓN DEBIDO PROCESO TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DILACION DE LOS PROCESOS POR USO IRRACIONAL DEL PAPEL JURISDICCION INACCESIBLE DESHUMANIZACIÓN COSTO DE LA JUSTICIA??? La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia costarricense ha declarado con lugar una gran cantidad de recursos de amparo por motivo de retraso judicial, según se ilustra: II.- Sobre el fondo. En lo que concierne al derecho a la justicia pronta y cumplida, estatuido en el artículo 41 de la Constitución Política, la Sala debe juzgar las causas de los atrasos judiciales a fin de comprobar si el órgano jurisdiccional no ha empleado la requerida diligencia para acatar ese mandamiento constitucional. Al respecto, resulta evidente que 22

3 la duración excesiva y no justificada de los procesos implica una clara violación a ese principio, pues los reclamos y recursos puestos a conocimiento de la Administración de Justicia deben ser resueltos, por razones de seguridad jurídica, en plazos razonablemente cortos [ ]. (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución n de las 14:40 horas del 27 de marzo de 2007). [ ] En este caso queda claro que lleva razón el petente en el sentido de que el expediente judicial número CI no ha sido tramitado diligentemente, pues desde setiembre del 2004 el amparado gestionó su marcha, sin que más de dos años después el Juzgado haya resuelto. Ese plazo, excede los límites de lo razonablemente permitido, lo cual causa un perjuicio al amparado; por lo que esta Sala tiene por acreditada la mora incurrida por el despacho y, consecuentemente, procede a estimar este recurso, como en efecto se dispone Por tanto: Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº de las 18:52 horas del 27 de febrero de 2007). Lamentablemente, las condenatorias de recursos declarados con lugar y pagos de daños y perjuicios por retraso judicial constituyen una causa más de las que afecta el costo de la justicia por uso desmedido del papel. A continuación, en la siguiente matriz, se refleja el aumento en el costo de la justicia costarricense, tanto en relación con el gasto público como por casos terminados y por habitante. Año % Gasto Justicia / Gasto Público 5,5 5,7 6,1 6,4 5,9 Costo medio casos terminados ( ) , , , , ,3 Costo medio casos terminados ($) 381,9 424,4 529,2 556,0 706,5 % Costo Adm. respecto del costo de justicia 14,9 15,5 14,7 17,0 20,8 % Costo Jurisd. respecto del costo de justicia 36,2 35,7 36,8 34,1 35,5 % Gasto por pago de Personal 89,7 88,5 84,9 84,3 87,4 Gasto en Justicia por Habitante ( ) , , , , ,3 Gasto en Justicia por Habitante ($) 43,9 50,6 64,9 73,1 91,4 Jueces por 100 mil habitantes 18,3 18,5 20,6 21,4 21,8 Personal Auxiliar por 100 mil habitantes 47,9 48,6 46,2 46,5 51,0 Fiscales por 100 mil Habitantes 7,8 7,9 10,2 10,2 10,2 Defensores Públicos por 100 mil habitantes 5,9 6,1 7,4 7,6 7,8 Compendio de Indicadores Judiciales , elaborado por la Sección de Estadística, Departamento de Planificación, Poder Judicial, Costa Rica 23

4 Desafortunadamente, el aumento del costo de la justicia no está relacionado con un indicador de mejora en el servicio, de agilidad de la tramitación y la calidad de las gestiones judiciales. Ello es así, porque a pesar del aumento en los costos de la justicia costarricense, nos encontramos en un estado de mayor grado de congestión de los despachos judiciales, donde la tasa de pendencia es muy alta, lo mismo ocurre con el número de casos abandonados. Cada día hay más jueces y juezas, personal de apoyo, fiscales y defensoras y defensores públicos por cada habitantes. Sin embargo, la cantidad de causas resueltas cada vez es menor, como se ilustra a continuación. Según el Compendio de indicadores judiciales para el período , en comparación con el 2009, la cantidad de jueces y juezas creció en un 3%, registrando en el 2010 un total de 995, lo que implica que el indicador llegue a 21,8 jueces por 100 mil habitantes. Esta cifra es considerada una de las más altas de Iberoamérica. Adicionalmente, el personal auxiliar por 100 mil habitantes también mostró un aumento importante en el 2010, al pasar de 46,5 auxiliares por 100 mil habitantes en el 2009 a 51 un año después. En términos absolutos, las variables analizadas se han comportado de manera creciente a través de los años, lo cual se constituye en un esfuerzo por parte del Poder Judicial para mejorar la Administración de Justicia y para el beneficio de la población en general. T O T A L Gráfico N 1 Jueces, Auxiliares, Fiscales, y Defensores por 100 mil habitantes durante el período ,9 18,3 7,8 5,9 48,6 18,5 7,9 6,1 Jueces Fiscales 46,2 20,6 10,2 7, AÑO 46,5 Personal Auxiliar Defensores Públicos 21,4 10,2 7,6 51,0 21,8 10,2 7,8 Compendio de Indicadores Judiciales , elaborado por la Sección de Estadística, Departamento de Planificación, Poder Judicial, Costa Rica. Gráfico Nº 2 Tasa de pendencia y resolución según años C A S O S ,4 48,1 45,3 Pendientes Resolución Abandonados 47,1 7,3 4,8 5,9 47,3 46,8 49,6 46,8 43,3 40, AÑO 10,0 10,3 Compendio de Indicadores Judiciales , elaborado por la Sección de Estadística, Departamento de Planificación, Poder Judicial, Costa Rica. La pendencia o asuntos pendientes de un despacho permite establecer la cantidad de expedientes que están a la espera de ser tramitados o bien que ya iniciaron su tramitación; pero aún no se concluyen. 24

5 Por su parte, la resolución facilita el poder evidenciar cuántos de los expedientes dentro de los pendientes han salido. Según el Compendio de Indicadores Judiciales, en el 2006 y 2007, la tasa de resolución fue superior a la de pendencia. No obstante, a partir del 2008 cambia este comportamiento, al observarse que la tasa de resolución empieza a decrecer hasta alcanzar en el 2010 al valor más bajo de los últimos años con un 40,1%, mientras que, por el contrario, la de pendencia se incrementa registrando un 49,6%, cifra no alcanzada anteriormente. Estas cifras reflejan la desmejora que se ha venido dando que registra una baja en los asuntos resueltos. Desde esta perspectiva, la escritura que trae aparejada el uso de papel que ha contribuido a hacer más costosa la justicia ha cargado el presupuesto de los Poderes Judiciales con gastos irracionales por derroche de compra de papel y su consumo. Bien pudo haberse utilizado este dinero en el mejoramiento del servicio público de justicia. A nivel institucional, año con año, dentro de la subpartida presupuestaria Productos de papel, cartón e impresos, el monto presupuestado así como lo gastado por consumo de papel en el Poder Judicial costarricense observan una tendencia de crecimiento acelerado. En el 2005, el presupuesto inicial formulado por la institución fue de $ ,63 6 y, para el 2009, lo fue por la suma de $ ,53 7, es decir, se calculó una cantidad mayor en $ ,49 8 para compra de papel, diferencia en números porcentuales en un período de cinco años mayor a un 118%. Gráfico n. 3 Auditoria Judicial, Departamento de Financiero Contable y Departamento de Planificación. Ahora bien, la radiografía se agrava al momento de ejecutar el presupuesto, en la medida que lo formulado debe ser reforzado con recursos adicionales para la compra de papel, como se observa en el gráfico anterior, donde al comparar lo gastado (devengado) del 2005 al 2009, se da un incremento de $ ,48 9 que representa un aumento en el período de %, y el punto crítico se da entre el 2008 al 2009 con un gasto de $ ,08 10 que, en términos porcentuales, representa un 105.0% de un año a otro. 6 Para determinar el monto en dólares, se consideró el tipo cambiario de venta de dólares de los Estados Unidos de América, referencia del Banco Central de Costa Rica, en función de los colones costarricenses, para lo cual se sacó un promedio para el 2005, el cual es de por dólar. En este caso, el monto en colones es de ,00 (trescientos veintinueve millones ciento sesenta mil setenta y tres colones). 7 El promedio para el 2009 es de por dólar. En este caso, el monto en colones es de ,00 (ochocientos dos millones cuatrocientos sesenta mil novecientos sesenta y tres colones). 8 El promedio para el 2009 es de por dólar. En este caso, el monto en colones es de (cuatrocientos setenta y tres millones trescientos mil ochocientos noventa colones). 9 El promedio para el 2009 es de por dólar. En este caso, el monto en colones es de ,10 (seiscientos ochenta y ocho millones ochenta y nueve mil doscientos tres colones con diez centavos). 10 El promedio para el 2009 es de por dólar. En este caso, el monto en colones es de ,00 (quinientos cinco millones doscientos sesenta mil quinientos ocho colones). 25

6 Toda esta situación refuerza la necesidad de revisar y buscar nuevas arquitecturas de gestión judicial acompañadas de creatividad e innovación para agilizar la resolución de los procesos judiciales y aumentar la productividad con aplicación de nuevos criterios de gestión de los recursos materiales y humanos y el replanteamiento radical de los roles en la Administración de Justicia y de todas las partes intervinientes (personal del despacho, litigantes, personas usuarias, otras instituciones públicas, privadas y otros). Su fin es frenar el consumo desmedido de papel como uno de los factores que ha contribuido al retraso judicial, en la medida que se ha sustentado por años en un sistema escrito que debe ser superado en el nuevo milenio por obligación institucional y responsabilidad social organizacional con el medio ambiente. 26

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