Participación ciudadana y democracia en Latinoamérica y en la Unión Europea

Transcripción

1 ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO LATINOAMERICANA ROLUCION: Participación ciudadana y democracia en Latinoamérica y en la Unión Europea sobre la base del Informe de la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos Coponente PE: Coponente ALC: María Irigoyen Pérez (S&D) William Vélez Mesa (Parlandino) Sábado, 29 de marzo de 2014 Atenas (Grecia) AT/ AP v03-00

2 EUROLAT Resolución de 29 de marzo de 2014 Atenas (Grecia) [sobre la base del Informe de la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos] Participación ciudadana y democracia en Latinoamérica y en la Unión Europea La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Visto los artículos (Segunda Parte) sobre la no discriminación y ciudadanía del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en particular su título V relativo a la ciudadanía (artículos 39-46), Visto el Reglamento (UE) N 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2011 sobre la iniciativa ciudadana, Vistas las Declaraciones realizadas en las siete Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea celebradas respectivamente en Río de Janeiro (28 y 29 de junio de 1999), Madrid (17 y 18 de mayo de 2002), Guadalajara (28 y 29 de mayo de 2004), Viena (11-13 de mayo de 2006), Lima (15-17 de mayo de 2008), Madrid (17 y 18 de mayo de 2010) y Santiago de Chile (26 y 27 de enero de 2013), Vistas las Declaraciones aprobadas en el marco de las XVII Conferencias Interparlamentarias celebradas entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe ( ), Visto el "Libro Blanco" de la Comisión Europea sobre la gobernanza (2001), Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Vistas las acciones de la Comisión Europea para fomentar la participación ciudadana: Plano D: "Extender y profundizar el debate sobre la democracia participativa a nivel europeo" (2006) e Iniciativa para los Ciudadanos Europeos (2010), Visto el Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD):"Profundizar la democracia en un mundo fragmentado" ((New York, PNUD, 2002), Visto el Informe del PNUD: "La democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos" (New York, PNUD, 2004), Visto el Informe del PNUD/OEA : "La democracia de ciudadanía: una agenda para la construcción de ciudadanía en América Latina" (PNUD/OEA, 2009), Visto el Informe del PNUD/OEA : "Nuestra democracia" (PNUD/OEA, México,2010), AT/ /9 AP v03-00

3 Visto el VI Informe de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales:"Confianza: Base para la Gobernabilidad y la Convivencia Democrática en América Latina y el Caribe (FLACSO, San José, 2010), Vista la Memoria del I Foro Internacional de Santo Domingo celebrado en los días 28 y 29 de octubre de 2009: "Democracia, conocimiento con equidad y cohesión social en América Latina (San José, 2010), Vistos los debates de la Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad, y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria Euro Latinoamericana (EUROLAT) sobre la "Participación Ciudadana y democracia en Latinoamérica y en la Unión Europea llevados a cabo los días 22 de noviembre de 2011 en Bruselas (Bélgica) y 9 de noviembre de 2012 en Cádiz (España), Visto el Documento de Trabajo sobre "Participación Ciudadana y democracia en Latinoamérica y en la Unión Europea" presentado por la Eurodiputada María Irigoyen Pérez (S&D, España)a la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad, y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria Euro Latinoamericana, Visto el Documento de Trabajo sobre "Participación Ciudadana y democracia en Latinoamérica y en la Unión Europea" presentado por el Diputado William Vélez Mesa (Parlandino, Colombia) a la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad, y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria Euro Latinoamericana, A. Considerando que la democracia representativa basada en elecciones libres, plurales y transparentes y en el respeto de derechos y libertades fundamentales tiene enormes oportunidades de mejora incorporando a la ciudadanía de manera permanente y efectiva a los procesos de deliberación y decisión de los poderes públicos mediante la transparencia y la participación; B. Considerando que el concepto de ciudadanía implica garantizar la preceptiva igualdad básica que en términos modernos otorga equivalencia a los derechos y obligaciones de todos los individuos en virtud de su pertenencia a un Estado; C. Considerando que los derechos de las personas que componen una ciudadanía se basan en su condición de personas, que su elenco de derechos básicos se recoge en la Declaración Universal de los derechos del Hombre y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Internacionales Económicos, Sociales y Culturales, sin que la identidad nacional pueda suponer cortapisa o límite alguno en el disfrute de estos derechos; D. Considerando la necesidad de mejorar la calidad de la democracia a través de una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y de conciliar democracia, igualdad y desarrollo sostenible, para el ejercicio de una ciudadanía integral; E. Considerando que la democracia y la cohesión social requieren el fortalecimiento del Estado, de la gobernabilidad democrática, de sus instituciones y de los partidos políticos; F. Considerando que la democracia como forma de gobierno, por si sola, no garantiza la AT/ /9 AP v03-00

4 prosperidad ni el bienestar de todos los ciudadanos, aunque si debiera garantizar la igualdad de oportunidades; considerando que la participación ciudadana es una oportunidad para mejorar los procesos de decisión de los poderes públicos, incorporar a los mismos todo el conocimiento disponible y promover el concepto de corresponsabilidad en la gestión de los asuntos públicos; G. Considerando que la participación de los ciudadanos en la vida política y la toma de decisiones es una condición sine qua non para la pervivencia y el buen funcionamiento del sistema democrático; H. Considerando que cuanto más elevado sea el nivel de participación ciudadana en los procesos políticos de un país, más se refuerza su sistema democrático; I. Considerando que la participación de la ciudadanía en las democracias contemporáneas avanzadas requiere la existencia de una pluralidad de partidos políticos y que la democracia requiere elecciones periódicas y transparentes para las cuáles los partidos políticos son indispensables; J. Considerando que los procesos electorales tradicionales pueden completarse con sistemas de seguimiento en tiempo real de los procesos de decisión de los poderes públicos en los que, además de los partidos y la representación institucional que obtengan en las elecciones debe darse cauce a las aportaciones ciudadanas; K. Considerando que esta apertura a la participación incrementa el valor a la democracia representativa que refuerza su papel mediador, su protagonismo en el arbitraje entre distintos intereses y su responsabilidad en la definición del bien común; L. Considerando que la democratización y la participación ciudadana pueden ayudar a consolidar gobiernos más eficientes y sociedades más libres, siendo instrumentos vitales para el mejoramiento de la forma de gobernar a la vez que deberían de ser un componente fundamental de las prácticas políticas en cualquier sociedad; M. Considerando que la participación ciudadana, condición sine qua non para la democracia, aparece como un medio - incrementa la calidad de las políticas públicas -, y como un fines causa y consecuencia de una mayor vertebración social y consecuentemente, de una mayor calidad democrática; N. Considerando que, en los últimos años, componentes esenciales de los sistemas democráticos como algunos Gobiernos, instituciones representativas, partidos políticos no han aplicado coherentemente los nuevos conceptos de gobernanza y están perdiendo parte de su apoyo social; O. Considerando que los efectos de la crisis financiera y económica internacional, el aumento de las desigualdades sociales y económicas, la corrupción, la falta de respuesta a las demandas de los ciudadanos, así como el incremento de la violencia y la inseguridad, la criminalidad organizada y las violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente pueden contribuir a una desafección progresiva de la ciudadanía hacia la actividad política; AT/ /9 AP v03-00

5 P. Considerando que las prácticas antidemocráticas y las interferencias que se producen en la división de poderes, los condicionamientos económicos que limitan la libertad de los medios y los problemas de calidad democrática, degradan las libertades públicas; Q. Considerando que la mala imagen de los partidos políticos en la Unión Europea así como en otras regiones del mundo, genera una pérdida de apoyo y una disminución de la participación política tradicional de la ciudadanía; considerando que como consecuencia de lo anterior se están produciendo nuevas formas de participación política generadas por las oportunidades derivadas de la aparición de nuevas redes sociales y otros cambios sociales y tecnológicos; R. Considerando que, la desconfianza hacia los partidos políticos proviene en gran parte de su incapacidad para reducir la brecha de la desigualdad social, para garantizar la seguridad ciudadana y cumplir las promesas electorales, para atajar los altos índices de corrupción y para lograr una mejor articulación con los movimientos sociales; S. Considerando el importante avance realizado en la promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, culturales y sociales en las últimas décadas; T. Considerando que la participación de la sociedad civil organizada (SCO) se ha transformado en un elemento significativo de la gobernanza; U. Considerando que los papeles de la SCO y de los partidos políticos siguen siendo distintos y complementarios: movilización y participación ciudadana para la sociedad civil y representación institucional y canalización de demandas para los partidos políticos; V Considerando el acceso a la información y a la comunicación como derechos humanos fundamentales, como un atributo necesario e ineludible para una ciudadanía efectiva en el marco de democracias sólidas y plenas, por lo cual, la información no puede estar sujeta exclusivamente a las reglas del mercado; W. Considerando que las nuevas formas de comunicación como Internet y las redes sociales son poderosos instrumentos de divulgación y debate público de cuestiones políticas y sociales y pueden ser una enorme plataforma de debate y dialogo con la ciudadanía de cara al lanzamiento de nuevas propuestas de la agenda política; considerando que esas plataformas se han convertido en importantes medios de difusión, denuncia y convocatoria de muchos movimientos sociales y políticos, generando lo que hoy conocemos como Democracia 2.0; X. Considerando la importancia de los movimientos sociales como mecanismos de canalización de iniciativas y de expresión de demandas; Y Considerando como elemento central de la legitimidad del Estado el cumplimiento de los derechos humanos, con especial hincapié en los derechos económicos, sociales y culturales. 1. Estima que en un mundo globalizado, el ejercicio de los principios democráticos debe adquirir vigencia práctica a escala mundial; AT/ /9 AP v03-00

6 2. Señala que la creación y fortalecimiento de la sociedad civil implica el establecimiento de mecanismos más abiertos, participativos y democráticos en las instituciones nacionales, internacionales y supranacionales, entre ellas, las medidas encaminadas a equilibrar la participación en los organismos multilaterales; 3. Reconoce la labor que han desempeñado tanto los organismos públicos como las organizaciones no gubernamentales en la promoción de los valores democráticos y alienta a toda la ciudadanía a participar en la permanente mejora del sistema democrático; 4. Estima que hay que favorecer la participación activa de la ciudadanía en la vida política en todas sus formas y a través de partidos políticos más abiertos y accesibles a la sociedad civil; 5. Señala que es obligación de los poderes públicos, facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica y social; 6. Subraya la importancia de las nuevas formas de participación política en el debate público y en los procesos de toma de decisiones como medio de sensibilización política; 7. Subraya la importancia de promover la participación de la ciudadanía en los procesos de decisión de las instituciones representativas mediante la oferta de la información sobre los temas a decidir en tiempo real, favoreciendo canales de interactuación con las instituciones representativas, mecanismos públicos de evaluación y desarrollando esta interacción con total transparencia; 8. Recuerda y reitera la importancia de mecanismos de participación como las iniciativas legislativas populares, derechos de petición o referendos como elementos directos de participación ciudadana; 9. Propone fortalecer la legitimidad del poder del Estado, fomentando la gobernabilidad democrática, modernizando sus instituciones, acercándolas a la ciudadanía, y proveyéndolas de recursos humanos y financieros eficaces; 10. Resalta que la participación ciudadana, indispensablemente, debe ser democrática utilizando mecanismos establecidos, partidos políticos, e instituciones democráticas legítimas en las cuales se encuentren representados todos los ciudadanos; 11. Recomienda el fortalecimiento de los mecanismos de control de los principios democráticos de independencia, separación y equilibrio de los poderes del Estado; asimismo, la consolidación de las instancias de rendición de cuentas nacionales (y según corresponda, supranacionales) para lograr una total transparencia en la gestión pública, el cumplimiento del principio de responsabilidad y con ello, el incremento de la confianza ciudadana; 12. Considera que la representación política ha de verse enriquecida por una elevada participación ciudadana fruto de la democracia deliberativa; 13. Saluda como experiencia paradigmática de participación ciudadana en Latinoamérica los presupuestos participativos, que privilegian la inversión en programas y proyectos de AT/ /9 AP v03-00

7 desarrollo humano, actualmente utilizados en más de municipios de todos los continentes; 14. Recomienda que se promuevan experiencias positivas como el presupuesto participativo en el ámbito municipal en América Latina, de modo que se transfieran algunas prerrogativas públicas de las instancias representativas a los niveles locales y regionales para desarrollar una democracia más participativa en el ámbito más cercano a los ciudadanos; 15. Insiste en adoptar políticas públicas eficaces en los campos clave de la fiscalidad, la cohesión, el desarrollo de los derechos fundamentales, la justicia social, los servicios sociales básicos, la educación y la seguridad ciudadana que permitirán mejorar la calidad de vida de sus habitantes así como la imagen de la actividad política; subraya que la transparencia y la participación deben presidir la elaboración y explicación de estas políticas; 16. Propone la implementación de una política fiscal eficaz, justa y redistrutiva que tenga en cuenta que la tributación es un elemento fundamental para la reducción de las desigualdades sociales así como un factor importante para elevar la competitividad; 17. Considera que en democracia el legislador ha de ser consciente de las posibles repercusiones que sus decisiones acarrean a los ciudadanos. En este sentido, insta a los Estados a consultar las minorías culturales, autóctonas o inmigrantes siempre que las decisiones estatales les afecten (Convención N 169 de la OIT); 18. Insta a los estados a respetar las minorías nacionales y no limitar su acceso a los derechos fundamentales ni la participación de los asuntos públicos. Anima a los estados a revisar el concepto de nación en el siglo XXI a la luz de las deliberaciones al respecto de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa; 19. Pide promover un diálogo constante con las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades públicas a todos los niveles territoriales y de apoyar la participación activa de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes; 20. Señala que la administración de justicia ha de llevarse a cabo de manera independiente, eficaz, igualitaria, rápida y equitativa para erradicar la impunidad y para así aumentar la confianza de la ciudadanía en la justicia. Los Estados deben garantizar el acceso universal y gratuito a la justicia, sin limitarlo por razón alguna; 21. Considera que las democracias son más avanzadas y sólidas cuando los medios de comunicación son más modernos, más independientes, más libres y proporcionan información veraz y contrastada. Por el contrario, la concentración de medios y los monopolios informativos son incompatibles con la construcción de una ciudadanía informada, factor que implica un riesgo para la convivencia democrática; 22. Anima a los medios de comunicación a replantearse su labor garantizando de modo responsable el derecho a la libertad de información y comunicación, lamentando los efectos de la crisis sobre este sector; AT/ /9 AP v03-00

8 23. Expresa su beneplácito con los países y pueblos que han impulsado la creación de medios públicos y comunitarios y han debatido profunda y democráticamente el riesgo que significa la monopolización o la concentración de medios, destacando la importancia de la libertad de prensa y la responsabilidad pública y privada en garantizarla; 24. Recomienda la importancia de que existan canales electrónicos y redes sociales interactivas para la expresión directa de la opinión ciudadana ya que tales mecanismos generan espacios de libertad política y de debate y fomentan la deliberación y la participación ciudadanas en la vida política y en la sociedad en general; 25. Afirma que los poderes locales y regionales son, por su proximidad tradicional a la ciudadanía, excelentes laboratorios de innovación política y anima a que se constituyan observatorios e intercambios de buenas prácticas que documenten y consoliden el conocimiento que acumulan en este área de acuerdo con modelos similares a los experimentados por las Naciones Unidas en la experiencia "IT4all regions" o la Internacional de Tecnologías Parlamentarias ( ICTP); 26. Señala que para contribuir a la mejora de la democracia el recurso a las herramientas digitales y a las nuevas tecnologías de la información y comunicación no debe limitarse solo al acceso igualitario y transparente a la información oficial sino que ha de extenderse a la elaboración de propuestas, contenidos, plataformas y aplicaciones centradas en propiciar una relación interactiva con la ciudadanía, generando cohesión social, aumentando la legitimidad de las decisiones y reforzando la identidad colectiva; 27. Recomienda la formación de aquellas personas a las que no llegan las nuevas tecnologías como forma de inclusión social y política, evitar la "brecha digital" e impedir que de esta forma queden excluidas de estos nuevos instrumentos de deliberación democrática; 28. Ratifica su confianza en la democracia como única forma de gobierno y participación política que da cauce a la expresión política de los ciudadanos a través de sus legítimos representantes elegidos; 29. Recomienda la aprobación de leyes sobre financiación de los partidos políticos, que establezcan condiciones equitativas de acceso a los recursos y la realización de las campañas, penando la apropiación indebida y el desvío de fondos y exigiendo máxima transparencia y rendición de cuentas; 30. Ratifica su compromiso con la participación de la sociedad civil en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, a través de la realización de reuniones periódicas y la difusión entre sus miembros de las recomendaciones recibidas por parte de estas organizaciones; * * * * * 31. Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo de la Unión Europea y a la Comisión Europea, a los Parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea y de todos los países de América Latina y el Caribe, al Parlamento Latinoamericano, al Parlamento Centroamericano, al Parlamento Andino, al Parlamento del Mercosur, a la Secretaría de la Comunidad Andina, a la Comisión de Representantes Permanentes de Mercosur, a la Secretaría Permanente del Sistema Económico AT/ /9 AP v03-00

9 Latinoamericano, y a los Secretarios Generales de la OEA, de UNASUR y de Naciones Unidas. AT/ /9 AP v03-00