DICTAMEN 124 / 2008 ANTECEDENTES

Transcripción

1 DICTAMEN 124 / 2008 Materia sometida a dictamen: Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de la asistencia sanitaria prestada en el Hospital de Alcañiz (Teruel). ANTECEDENTES Primero.- Por escrito de fecha 30 de mayo de 2008 (con registro de entrada en esta Comisión Jurídica Asesora del día 18 de junio), la Consejera de Salud y Consumo del Gobierno aragonés solicita Dictamen en relación a un procedimiento de responsabilidad patrimonial instado por A.Z. por los daños que dice se le han producido por deficiente asistencia sanitaria que le fue prestada a su difunta esposa L.P. en el Hospital de Alcañiz (Teruel). Segundo.- El procedimiento se inicia con un escrito suscrito por el reclamante y su esposa que tuvo entrada en el Registro General de la Oficina Delegada en Alcañiz del Gobierno de Aragón en fecha 4 de julio de En el mismo se formula una reclamación de daños y perjuicios, por importe de euros, por mala asistencia sanitaria prestada en el citado hospital público y fundamentado en las siguientes alegaciones fácticas y jurídicas: a) Afirma que L.P. de 77 años de edad, le fue diagnosticado durante el año 2006 una hernia inguinal derecha en el precitado hospital público, siéndole prescrita intervención quirúrgica, por lo que se le procedió a inscribirla en el Registro de demanda quirúrgica en fecha 13 de junio de b) Dice que ante la rápida pérdida de peso de la paciente, en el mes de julio el especialista en medicina interna de la sanidad privada al que acudía la paciente le indicó la 1

2 necesidad de que fuera intervenida quirúrgicamente urgentemente, pues existía una "hernia en región FIDcha más alta del arcocrural que 2 o 3 veces por semana se inarcera y le impide comer" (sic). c) Señala que dado que a su mujer se le había comentado verbalmente en la sanidad pública que probablemente hasta fin de año 2006 no podría ser intervenida, y dado que los facultativos de la sanidad privada aconsejaban su intervención de urgencia, su marido - ahora reclamante- ante el riesgo de que falleciera por inanición (sic), decidieron acudir a la sanidad privada para la realización de la meritada intervención quirúrgica que tuvo lugar el día 5 de julio de d) Entiende el reclamante que la actuación de la Administración constituye claramente una falta de atención que les ha generado unos gastos, en cuantía de 502,74 euros por la hospitalización y mil quinientos euros por la intervención, cuantía que, redondeada por defecto hasta euros, es la que reclama. La reclamante acompañaba a su reclamación diversos informes expedidos por el médico de la clínica privada que atendió e intervino y distintas facturas del citado hospital privado. Así mismo en el escrito inicial se solicitaba la práctica de una extensa prueba documental y testifical. Tercero.- En el expediente remitido se encuentran varios documentos cuyo contenido se va a resumir en estos antecedentes. Obviamente se encuentra la historia clínica así como informes de los médicos que le atendieron en distintas circunstancias. Entre los mismos, debe destacarse el que emite, en fecha 27 de julio de 2007, el jefe del servicio de cirugía del Hospital de Alcañiz que indica lo siguiente: La citada paciente fue vista en nuestra consulta el día 25 de mayo de 2006 por parte de mi compañera la Dra. V. para valorar una hernia inguinal derecha, siendo remitida desde Atención Primaria. Entre sus antecedentes constaba enfermedad de Alzheimer, HTA, TBC, Hepatopatía por virus Hepatitis C, divertículos sigmoideos y bronquiectasias. La paciente refería gases abdominales y pérdida de varios kilos en los últimos 6 meses. En la exploración consta una hernia inguinal derecha de tamaño medio y fácil reducción. Dados sus múltiples antecedentes se realizó una revisión de las pruebas practicadas en el Servicio de Digestivo donde se objetivó que tenía un estudio gastroduodenal normal, una ecografía abdominal que informaba de hepatopatía y ateromatosis aórtica calcificada y una colonoscopia hasta signa. Ante ello, la Dra. V. amplió los estudios solicitando una sangre oculta en heces que fue negativa y una colonoscopia completa que informó de lesiones vasculares en ciego y colon izdo. Y una diverticulosis en sigma. Estos resultados fueron vistos por la citada doctora el día 13 de junio en nuestra consulta. Como la paciente se quejaba de molestias en la hernia inguinal y se quería operar se indicó la cirugía, incluyéndola con fecha 13 de junio en la lista de espera quirúrgica de nuestro Servicio con el diagnóstico de hernia inguinal derecha para practicar hernioplastia. La paciente firmó el consentimiento informado al respecto. 2

3 Como verás, no he actuado en ningún momento en cuanto a su asistencia en nuestro Servicio, la cual ha sido completamente correcta y yo a la paciente la conocí cuando acudió a mi consulta privada de Alcañiz de motu propio y con objeto de ser valorada por mi parte. Como creo que ya esto pertenece a mi ejercicio privado, creo que ya se escapa de este informe que debe referirse, obviamente, a la actuación de nuestro Servicio de Cirugía del Hospital de Alcañiz. Se resume a continuación el Informe emitido por la inspección médica con fecha 17 de septiembre de 2007 en cuyo relato de hechos y conclusiones se lee: 1. La paciente fue visitada en consulta externa del Hospital de Alcañiz por el Servicio de Cirugía a petición de Atención Primaria el día 25 de mayo de 2006 para valorar una hernia inguinal derecha. 2. La paciente presentaba una pluripatología consistente en: enfermedad de Alzheimer, HTA, TBC, hepatopatía por virus de la hepatitis C, divertículos sigmoideos, bronquiectasias y pérdida de peso importante en los últimos meses. 3. la exploración de la hernia inguinal derecha se clasificó de tamaño medio y fácil reducción, por lo que, con buen criterio médico, se procedió a practicar a la paciente, dados sus antecedentes clínicos ya descritos, una revisión más amplia por parte del Servicio de Aparato Digestivo consistente en un estudio gastroduodenal, una colonoscopia y una ecografía abdominal que confirmó la hepatopatía y una ateromatosis aortica calcificada. También le fueron practicadas pruebas analíticas para detectar sangre oculta en heces. De estas exploraciones se confirmaron lesiones vasculares en colon izquierdo y una diverticulosis en sigma. A estos resultados se llegó con fecha 13 de junio, es decir, 18 días después de iniciada la primera consulta de valoración por su hernia inguinal derecha De lo anterior se demuestra la diligencia y buena praxis seguida con la paciente en todo momento, no pudiendo constatarse demora alguna en la atención prestada. Cuarto.- Por comunicación de 17 de marzo de 2007 del Director del Servicio Provincial del Departamento de Salud y Consumo se confirió a la reclamante el trámite de audiencia para que en el plazo de diez días pudiera consultar el expediente, formular alegaciones y proponer y practicar cuantas pruebas considerara oportunas. En este trámite compareció el reclamante, acreditando el fallecimiento de su esposa, reiterando su reclamación inicial y solicitando, de nuevo, la práctica de una extensa prueba documental y testifical, solicitud que fue desestimada, por el Director del Servicio Provincial del Departamento de Salud y Consumo mediante escrito suficientemente motivado que fue notificado al reclamante en fecha que no consta, si bien el interesado debió recibir el mismo pues contra él formuló un "recurso de alzada" que, acertadamente, el instructor ha considerado como de oposición a la denegación de la prueba solicitada incorporándolo al expediente. 3

4 Quinto.- La propuesta de resolución que acompaña al expediente remitido por la Consejera de Salud y Consumo, rechaza la producción de la responsabilidad administrativa por falta de daño antijurídico al haberse producido una atención médica dentro de los parámetros de la Lex artis ad hoc. CONSIDERACIONES JURIDICAS I El dictamen solicitado se encuentra dentro del ámbito competencial objetivo que legalmente tiene atribuido la Comisión Jurídica Asesora. Según el artículo 56.1 c) del Texto Refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, cuando el ordenamiento jurídico así lo disponga, la Comisión emitirá dictamen preceptivo sobre las reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios. En el mismo sentido se pronuncia el art a) del Decreto 132/1996, de 11 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón. Esta referencia al ordenamiento jurídico aplicable, nos lleva a citar el art. 12 del Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas aprobado por RD 429/1993, de 26 de marzo, que dispone la necesidad de intervención del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Por otra parte, el Dictamen debe considerarse preceptivo en función de lo previsto en el art. 24 de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Por fin, en función de lo indicado en el art en relación con el 63 del Texto refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, resulta competente la Comisión Permanente de esta Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón para la emisión de este Dictamen. La Comisión Jurídica Asesora ha de pronunciarse acerca de si, a la vista del expediente tramitado por el órgano competente de la Administración Autonómica, procede o no estimar la reclamación de indemnización económica presentada en relación con los daños sufridos por una persona atendida en un Hospital dependiente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. II 4

5 Sabemos, en general, que los requisitos para que sea declarada la responsabilidad patrimonial de la Administración, según reiterada y pacífica formulación doctrinal y jurisprudencial, pueden resumirse del siguiente modo: 1º) la efectiva realización del daño o perjuicio evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas; 2º) que el daño o lesión sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa de causa a efecto sin intervención extraña que pueda influir en el nexo causal; 3º) que el daño o perjuicio no se hubiera producido por fuerza mayor; y 4º) que no haya prescrito el derecho a reclamar (cuyo plazo se fija legalmente en un año, computado desde la producción del hecho o acto que motive la indemnización o desde la manifestación de su efecto lesivo). III Lo que se ha hecho en el final de la anterior consideración jurídica es un recuerdo a los principios de la responsabilidad administrativa que, con origen en el art. 106 de la Constitución, serían los que, en su caso, deberíamos apreciar aquí a los efectos de concluir en la existencia, o no, de responsabilidad de la Administración. Analizando el fondo del asunto y siguiendo nuestra doctrina consolidada y la jurisprudencia sobre la materia a la que también nos hemos referido repetidamente, no cabe duda de que en el ámbito de la sanidad la producción de responsabilidad administrativa no siempre está ligada a un fracaso en la actuación de los medios personales y materiales de la Administración, dado que en la sanidad asistencial el éxito no puede garantizarse nunca, sino que la responsabilidad se vincula a una utilización conforme a los principios de la buena práctica médica (lex artis ad hoc) de dichos medios personales y materiales. A esos efectos conviene recordar, en primer lugar, que el Consejo de Estado (Dictámenes 166 y 692/1999, de 11 y 25 de marzo, entre otros) y esta Comisión (Dictamen 132/2003, de 23 de septiembre, Dictamen 178/2003, de 2 de diciembre, entre otros) vienen sustentando de forma reiterada y con palabras semejantes a las que reproducimos a continuación que: para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial es preciso acudir a parámetros como la lex artis, de modo que tan sólo en caso de una infracción de esta ley cabrá imputar a la Administración de la cual dependen los servicios sanitarios la responsabilidad por los perjuicios causados. En el caso de que no se infrinja la lex artis, ha de concluirse que tales perjuicios no son imputables a la Administración y han de ser soportados por el particular sin que generen, en modo alguno, el derecho apercibir una indemnización. Al mismo tiempo el Tribunal Supremo tiene declarado que según el artículo de la LPAC sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley, pues lo contrario convertiría a las Administraciones Públicas en aseguradoras universales de todos los riesgos sociales, lo que no resulta acorde con el significado de la responsabilidad extracontractual aunque sea objetiva o por el resultado (Vid. Sentencia del T.S. de 10 de febrero de 2001). 5

6 Planteada así la cuestión, siguiendo las pautas de lo dicho por Tribunal Supremo en su Sentencia de 22 de diciembre de 2001 (f.d. tercero), cabe decir que la asistencia prestada, según los informes médicos que obran en el expediente y, singularmente, el de la Inspección médica, fue realizada correctamente de acuerdo con el estado del saber en la actualidad, sin que haya quedado probada la existencia de un nexo causal entre la atención prestada a la paciente y el pretendido daño alegado por la reclamante. En particular ha quedado acreditado: - Que la paciente, con numerosos antecedentes médicos y clínicos (enfermedad de Alzheimer, HTA, TBC, hepatopatía por virus de la hepatitis C, diverticulosis signoideos y bronquiectasias) es correctamente diagnosticado en la sanidad pública, al igual que lo fue en la privada, de hernia inguinal derecha. - Que, de acuerdo con la normopraxis médica, la hernia inguinal derecha se clasificó de tamaño medio y fácil reducción, por lo que, con buen criterio médico se procedió a practicar a la paciente un más minucioso estudio, con el fin de determinar, atendiendo a las numerosas patologías que sufría, si la intervención quirúrgica podía ser practicada sin correr otros riesgos para su salud. Así, a la paciente se le practican numerosísimas pruebas (estudio gastroduodenal, colonoscopia, ecografía abdominal, pruebas analíticas para detectar sangre en heces,...) obteniéndose los resultados apenas 18 días después de haberse diagnosticado la existencia de una hernia, lo que demuestra el cuidado y la atención con la que fue tratada la esposa del ahora reclamante. A la paciente, tras esas pruebas se le incluyó en lista de espera para ser operada de esa dolencia, si bien no revestía las características de urgencia vital, como es fácilmente constatable de la sola lectura de la historia clínica. - Que la paciente no solicitó una segunda opinión en la sanidad pública, sino que directamente acudió a la medicina privada, en donde, por lo demás, le efectuaron el mismo diagnóstico que en la sanidad pública, esto es, hernia inguinal derecha, si bien se le ofreció tratamiento quirúrgico casi inmediato, sin que por ello pueda afirmarse que hubo error de diagnóstico en la sanidad pública ni desatención en la misma. - Que la decisión de no solicitar una segunda opinión en la sanidad pública, en la que venía siendo tratada por muy diversos especialistas y durante muchos años, y acudir a la sanidad privada fue tomada por el ahora reclamante por voluntad propia y sin que se constate rechazo alguno en la sanidad pública, por lo que en modo alguno cabe imputar a la Administración sanitaria las consecuencias de orden económico de tal decisión. Todo lo anterior conduce a concluir que el daño alegado por el reclamante no se corresponde con una actuación médica incorrecta o separada de la lex artis ad hoc, o lo que es lo mismo, cabe afirmar que, en el presente caso, en la actuación seguida por la sanidad privada al efectuar el diagnóstico de la enfermedad y tratamiento que debía seguir la paciente, no se observa infracción de la lex artis ad hoc, por lo que, por ello, no existe título de imputación de responsabilidad a la Administración. 6

7 En resumen, a la vista de los hechos que constan en el expediente y de las consideraciones jurídicas precedentes se aprecia: 1) que ha sido solicitada la indemnización dentro del plazo legalmente establecido; 2) que se han cumplido las exigencias del procedimiento, en el que tiene especial relieve la audiencia al reclamante; 3) que el diagnóstico, tratamiento y seguimiento instaurado a la paciente fueron adecuados a la lex artis ad hoc; 4) que no hay relación de causalidad entre la asistencia sanitaria prestada en la sanidad pública y los costes incurridos por el reclamante al acudir por su sola voluntad a la medicina privada; y, 5) que, en definitiva, no existe un daño antijurídico que el reclamante no deba soportar. En mérito a lo expuesto, la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón emite el siguiente DICTAMEN: Que de conformidad con la propuesta del Departamento de Sanidad y Consumo, procede desestimar la solicitud de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de la asistencia sanitaria prestada a L.P. formulada por A.Z. En Zaragoza, a veintitrés de septiembre de dos mil ocho. 7