El legado y la lucha por el acuerdo humanitario del ex presidente López Michelsen

Transcripción

1 Este artículo es una publicación de la Corporación Viva la Ciudadanía Opiniones sobre este artículo escribanos a: El legado y la lucha por el acuerdo humanitario del ex presidente López Michelsen Álvaro Villarraga Sarmiento Presidente de la Fundación Cultura Democrática El ex presidente Alfonso López Michelsen tiene un lugar en la historia del país por diversas razones, entre ellas su incidencia determinante en el reconocimiento y aplicación del derecho humanitario en Colombia. Por tanto, además de los reconocimientos y discusiones que se pueden derivar de su vida política y de su ejercicio presidencial, merece destacarse su aporte a la fundamentación de las obligaciones humanitarias y su ejemplo de solidaridad y compromiso con la activa participación en la exigencia del acuerdo humanitario. Su avanzada edad no fue obstáculo para que con derroche de inteligencia, vitalidad y entusiasmo promoviera hasta sus últimos días, junto con las víctimas, la exigencia de que se suscriba el acuerdo humanitario entre el Gobierno nacional y las FARC que permita la liberación de las personas retenidas y secuestradas por motivo del conflicto armado. Por tales razones, en su memoria es preciso recordar hechos históricos que precedieron su actitud y retomar su legado y su lucha por la causa humanitaria. En la historia de Colombia, la violencia política, las guerras civiles y los conflictos armados de carácter nacional o regional han sido frecuentes. Este tipo de circunstancia existe en el proceso de formación del Estado colombiano desde el siglo pasado, hace parte de la dinámica política en medio de la cual se han sentado bases constitucionales y legales de nuestra nación y reaparece en la guerra irregular surgida a mediados del siglo XX, que se prolonga lamentablemente hasta el presente. Tal peculiaridad ha conllevado un interés especial en el país por el tratamiento de temas como la superación de la violencia, el derecho internacional humanitario y la recuperación de la paz. No olvidemos que en el concierto internacional moderno surgimos como Estado a partir del armisticio suscrito entre Simón Bolívar y Pablo Morillo, el cual incorporó compromisos expresos sobre comportamientos humanitarios, cuyo contenido pionero en el derecho internacional para el tratamiento de una guerra de liberación librada al interior de un Estado impresiona por su similitud con lo que más de un siglo después fue el Protocolo II, adicional a los Convenios de Ginebra y entre otros asuntos destacó en varias normas la aplicación del canje de prisioneros. 1

2 En nuestra historia política y constitucional abundan alusiones al derecho de gentes - como se denominó el derecho humanitario en el siglo XIX y principios del XX-- y a los principios del DIH. En la guerra civil de , única ganada por los insurrectos, se suscribieron el Pacto de Chinchiná, la Esponsión de Manizales y el Armisticio de Chaguaní, claros antecedentes sobre regulación de la guerra. 1 En 1863 se adoptó una constitución muy avanzada inspirada por el radicalismo liberal con amplias y precisas referencias al derecho de gentes. A partir de allí se derivó el Código Militar de 1881 que en su libro IV particularizó como nunca en Colombia las obligaciones humanitarias. Avances lamentablemente reversados junto a otros de gran importancia por la Constitución Política conservadora que se impuso en Al fin del siglo XIX e inicio de XX vivimos la más dramática y cruenta guerra que hemos tenido, conocida como Guerra de los Mil Días, 2 particularmente intensa en su fase regular en territorios de los actuales departamentos de Santander y Norte de Santander y en su ulterior fase irregular principalmente del Tolima. Pero aquí hubo grupos de socorro humanitario que no hicieron distinción de bando entre las víctimas y se presentaron experiencias de treguas, canje de prisioneros y comportamientos atenidos al derecho de gentes. No obstante a no haberse suscrito el acuerdo humanitario demandado por el dirigente liberal Rafael Uribe Uribe ante la negativa del presidente Sanclemente. 3 En la historia reciente, Colombia adoptó, mediante la Ley 5 de 1960, los Cuatro Convenios de Ginebra y, por consiguiente nos ha regido el Artículo Tercero Común, referido ala protección de los no combatientes y de la población civil en las circunstancias de un conflicto armado de carácter no internacional. Pero su impacto en términos de medidas reglamentarias y acogimiento no se dio por varias décadas. En la guerra irregular entre las Fuerzas Armadas estatales y las guerrillas por más de tres décadas no hubo referencias ni medidas de aplicación a la luz de las normas humanitarias y las partes asumieron prácticas arbitrarias contrarias a sus demandas. A lo sumo los gobiernos ofrecían, y llegaron a decretar, amnistías sobre la base de exigir la desarticulación de los movimientos rebeldes. De parte del Estado la recepción de la doctrina de la seguridad nacional conllevó la concepción de enemigo interno y el adiestramiento norteamericano en prácticas antiterroristas que justificaban el uso del terrorismo so pretexto de combatir al comunismo, lo cual condujo a considerar a los pobladores de las áreas de presencia guerrillera, a líderes sociales y opositores políticos como auxiliares de la subversión. Las consecuencias fueron nefastas en términos de sistemáticas violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario. De allí se derivaron homicidios, masacres, desapariciones, torturas, desplazamientos y 1 Derecho Humanitario para Colombia, Alejandro Valencia Villa, Defensoría del Pueblo, Bogotá, Tema que ha ocupado varios libros, ensayos y artículos del historiador Carlos Eduardo Jaramillo, ex consejero de paz. 3 Un bello texto de exhortación al acogimiento convenido por las partes de las normas humanitarias lo hemos encontrado exhibido actualmente en el Museo de Ocaña, Norte de Santander. 2

3 otros delitos. A su vez, las guerrillas implementaron formas frecuentes de actuación que incluían ataques a contradictores políticos y a reales o supuestos colaboradores de sus enemigos, por lo cual mas allá de las hostilidades realizaban homicidios, toma de rehenes y secuestros, ataques a bienes civiles, amenazas y uso de terrorismo. Pero recordemos que entre 1974 y 1977 Colombia participó en las sesiones de la Conferencia que aprobó los Protocolos I y II adicionales a los Convenios de Ginebra, respectivamente relacionados con conflictos de carácter internacional y no internacional. 4 Precisamente bajo el gobierno de Alfonso López Michelsen. Entonces, la delegación colombiana, por instrucciones de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa, no suscribió estos instrumentos y presentó propuestas de enmienda, sin resultados. Las discusiones presentadas radicaban en temores infundados, en especial de las Fuerzas Armadas de que estas normas implicarían un reconocimiento de beligerancia a las guerrillas. Pensaban que podían menoscabar la autonomía del gobierno para calificar y tratar el enfrentamiento armado y que lesionaría la soberanía, debido a la intervención de entidades humanitarias como el CICR. El siguiente gobierno de Julio Cesar Turbay, caracterizado por un tratamiento militar del conflicto, no consideró el asunto. De manera distinta procedió el Gobierno de Belisario Betancur al relacionar el tema con el proceso de paz que llevó a los pactos de tregua de 1984 con las guerrillas con la presentación de proyectos para adoptar los protocolos por parte de su canciller Augusto Ramírez Ocampo que sin embargo no fueron aprobados por el Congreso. Sin embargo, en 1988 el ex presidente López Michelsen abrió un debate para argumentar la importancia de que Colombia adoptara dichos protocolos y discutió a favor de que se adoptaran medidas para la regulación humanitaria de la guerra interna. Expresamente rectificó consideraciones anteriores, puso de presente la existencia de precedentes al respecto en nuestro contexto y señaló que entre los funcionarios oficiales, la cancillería y los diplomáticos existían fieros opositores de tal iniciativa. Puso de presente y citó textualmente la Declaración Constitutiva de la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar con respecto a la propuesta de acatar el tratamiento humanitario, sean sinceros o no, para afirmar tal urgencia y el necesario compromiso al respecto del Estado. En 1989, tras la visita al país del presidente del CICR, Cornelio Sonmaruga, el gobierno de Virgilio Barco creó una comisión para estudiar tal posibilidad sin resultados. Sin embargo, en el contexto de los procesos de paz con parte de la insurgencia 5 y la realización de la Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución Política de 1991 incorporó el reconocimiento del Derecho Internacional Humanitario y, a renglón seguido, la Comisión Especial Legislativa 4 Conferencia Diplomática sobre Reafirmación y Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario Aplicable en los Conflictos Armados. 5 El M19, el EPL, el PRT y el MAQL. 3

4 aprobó el Protocolo I. Luego, en 1994, por iniciativa del gobierno de Ernesto Samper, se aprobó el Protocolo II que reviste particular importancia por referirse a conflictos armados internos como el nuestro. Este mismo gobierno en el marco de los acercamientos con el ELN en el tema humanitario invitó a la Comisión de Encuesta del Protocolo I que se hizo presente en labores de asesoría tanto a la parte oficial como a los voceros de ésta guerrilla y suscribió con éxito un acuerdo humanitario con las FARC que permitió la liberación unilateral de 61 miembros de las Fuerzas Armadas retenidos en combate por éstas guerrillas. Además, como es conocido, a pesar del fracaso final de los diálogos de paz entre el Gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, en el 2001 también resultó exitoso el acuerdo humanitario suscrito que posibilitó la liberación de más de trescientos miembros de la Fuerza Pública cautivos por la insurgencia y la excarcelación de menos de una veintena de guerrilleros. En contraste con experiencias anteriores, durante el pasado y el actual gobierno del presidente Álvaro Uribe, a pesar del creciente movimiento de opinión y de movilización ciudadana liderado por los familiares de las víctimas y que ha conseguido significativos respaldos en torno a la exigencia de que se suscriba un acuerdo humanitario con las FARC para que se consiga la libertad de los rehenes capturados en combate y de los civiles secuestrados, no ha sido posible tal propósito. A pesar de que las partes, Gobierno y FARC, han aceptado facilitadores internos e internacionales, nombraron negociadores y se llegó en la coyuntura de cambio de período presidencial a un acercamiento y a contar con una fórmula viable sobre el difícil asunto del espacio territorial de interlocución, pronto se frustró la posibilidad de concretarlo, en medio de los virajes de política y decisiones del gobierno y la rigidez de las posturas de las FARC. Pero en estos años, el ex presidente López Michelsen, junto con otros ex presidentes, líderes políticos, sociales y religiosos emprendió una acción decidida a favor de que se consiga el acuerdo humanitario. Por tanto, su muerte, con justeza entendida y sentida hoy como hecho de repercusión histórica, conlleva también el reconocimiento de su incidencia y participación en distintas circunstancias y momentos con relación al tema humanitario y en la exigencia actual del acuerdo humanitario, lo que constituyó su última gran batalla política. Por esta causa escribió numerosas e importantes columnas de prensa rebatiendo las incomprensiones jurídicas y argumentando su necesidad humanitaria y su justeza política; no obstante su avanzada edad lo vimos en repetidas ocasiones en conferencias, foros, seminarios, reuniones y manifestaciones públicas en distintos lugares del país en la exigencia del lado de las víctimas del acuerdo humanitario. Discrepó con altura y autoridad ante el gobierno nacional. Hizo parte de la decidida voz de rechazo al secuestro como arma de guerra, se sumó a la indignación nacional y la condena a las FARC por la muerte de los 11 diputados del Valle, pero reafirmó así mismo hasta su última columna y en su última declaración, la exhortación a las partes para que concierten el acuerdo que haga 4

5 posible la vía más segura, conveniente y necesaria en nuestras circunstancias para que todos los cautivos recuperen su libertad. 5