PARTICIPACIÓN LOCAL Y CONSTRUCCIÓN DEL PODER POPULAR

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1 Documento de análisis 31-MAR-2015 PARTICIPACIÓN LOCAL Y CONSTRUCCIÓN DEL PODER POPULAR Este documento está escrito para generar análisis, reflexión, debate crítico y militante. Sus opiniones no necesariamente representan la posición oficial del Movimiento Alianza PAIS. 1. Antecedentes El fortalecimiento del proceso político actual radica en construir bases sociales sólidas y apoyarse en una sociedad cada vez más informada y politizada para entender los cambios radicales realizados por la Revolución Ciudadana. La construcción del poder popular es fundamental para que la ciudadanía y las organizaciones sociales se apropien de este proceso político y logren su autonomía y emancipación social y política. En este sentido, el fortalecimiento y la radicalización de la democracia a nivel local a través de la implementación de mecanismos y herramientas de participación política constituyen un paso hacia la construcción del poder popular. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana es un instrumento legal potente con el que cuenta el Estado para ayudar a los GAD a mejorar la participación política de la ciudadanía y las organizaciones sociales. La Constitución del 2008 reconoce al Buen Vivir como nuevo pacto de convivencia social para la sociedad ecuatoriana. Una condición fundamental para cumplir con este objetivo es el fortalecimiento de la sociedad para lograr una emancipación individual y colectiva. En base a ello en el nuevo texto constitucional existen importantes avances en lo que respecta al desarrollo y fortalecimiento de los procedimientos que permiten la participación ciudadana. El Titulo IV Participación y organización del poder hace énfasis en la participación en democracia y en particular en la participación en los diferentes niveles del gobierno (sección segunda del primer capítulo). Los principios de la participación están integrados en el Artículo 95: Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. Por otra parte, el Plan Nacional para el Buen vivir plantea como uno de sus tres ejes principales el cambio en las relaciones de poder para la construcción del poder popular. Esto incluye la

2 radicalización de la democracia a través del fortalecimiento de la acción colectiva, de las organizaciones sociales garantizando su autonomía, de la implementación de mecanismos de democracia participativa y directa en los diferentes niveles de gobierno, etc. 2. Herramientas de participación ciudadana La implementación de mecanismos tendientes a aumentar la participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales en el diseño de políticas públicas y en la gestión de los GAD es fundamental para incrementar el poder popular. El objetivo consiste en poner en marcha un proceso participativo y de planificación que permita la generación de consensos, la promoción del ejercicio de la ciudadanía, la lucha en contra de las divisiones sociales y étnicas y el reforzamiento de las capacidades locales y el capital humano y social existente en los territorios. Para eso, se pueden implementar diferentes tipos de participación tales como espacios de deliberación o de encuentro entre los intereses de la sociedad local y la agenda del Gobierno local (talleres, Asamblea), instancias de toma de decisiones conjunta (talleres para elaborar el Plan de desarrollo local), entes de cogestión (Comité de Desarrollo Local), e instancias de control de la gestión del GAD desde la sociedad civil. En febrero de 2010, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y de Control Social, en la cual se pueden encontrar las herramientas legales para radicalizar la democracia a nivel local. A continuación se describen algunas de estas herramientas de participación que pueden ser utilizadas tomando en cuenta los principios de la Constitución en particular los de igualdad de género, de interculturalidad, de inclusión social, etc. Pag. 2 Iniciativa Popular normativa (capitulo primero): los ciudadanos y ciudadanas y las organizaciones sociales pueden proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante cualquier institución con competencia normativa de todos los niveles de gobierno. Esto constituye una innovación respecto al anterior texto constitucional por cuanto incluye tanto la posibilidad de presentar proyectos de ley ante la Asamblea Nacional como la opción de hacerlo ante cualquier órgano con facultad normativa a nivel nacional o local 1. Los datos proporcionados en el libro Nuda Política. Democracia, participación y conflictos. Ecuador señalan que entre el segundo semestre de 2010 y el 22 de octubre de 2012 existieron 25 procesos de iniciativa normativa 2. Las temáticas más recurrentes han sido tierras y territorios (3 iniciativas), materia penal (2 iniciativas), seguridad social (2 iniciativas) y demandas para que territorios específicos sean reconocidos como parroquias (2 iniciativas) 3. Consulta popular: esta herramienta puede ser utilizada por los GAD (art. 20) y por la ciudadanía (art. 21). Para los GAD, se puede convocar, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, sobre temas de interés para su jurisdicción a la excepción de asuntos relativos a tributos y organización político-administrativa del país. 1 Franklin Ramírez Gallegos (Coord.), Matthieu Le Quang y Cristina Bastidas, La Nuda Política. Democracia, participación y conflictos. Ecuador , Quito, FES-ILDIS, FLACSO-Ecuador, Perfiles de Opinión, 2013, p Idem, p Idem, p. 122

3 La consulta popular por iniciativa ciudadana puede versar sobre cualquier asunto, a excepción de los tributos, el gasto público o la organización política administrativa del país. Si se compara este mecanismo de participación con lo establecido en la Constitución de 1998 se observa que existe una reducción del porcentaje de respaldo requerido del 8% al 5% a nivel nacional y del 20% al 10% a nivel local, en relación al padrón electoral 4. Entre febrero de 2010 y agosto de 2012 han existido 13 solicitudes de Consulta Popular, de las cuales solo 2 han finalizado en una convocatoria electoral. Además, estas iniciativas han tenido lugar preferentemente a nivel cantonal y parroquial, referidas sobre todo a diferendos limítrofes y territoriales, configuración de circunscripciones territoriales indígenas y recursos estratégicos. Revocatoria del mandato (capítulo cuarto): los electores pueden revocar el mandato de todas las autoridades de elección popular (incluido el Presidente de la República) mediante la recolección de firmas, después del primer año de gestión y antes del último. Esto es una diferencia con lo estipulado en la Constitución de 1998 que limitaba la utilización de la Revocatoria de mandato para el caso de las autoridades locales y parlamentarias. El mecanismo de revocatoria de mandato es el mecanismo de democracia directa más utilizado por la sociedad ecuatoriana, existiendo 784 solicitudes dirigidas al Consejo Nacional Electoral (CNE) entre inicios del año 2010 y abril de De éstas, el 98% han sido para autoridades locales, seguidas de aquellas dirigidas a los asambleístas 5. De las 784 solicitudes de Revocatoria de Mandato, 730 fueron presentadas con anterioridad a la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia) y a la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Participación Ciudadana, que regulan el mecanismo de revocatoria de mandato. De estas 730, 286 entraron a un proceso de transición con el objetivo de adecuarse a la nueva normativa vigente. Las 444 restantes fueron procesadas entre 2009 y 2011; tras lo cual se convocaron 78 procesos electorales para someter a votación popular la continuidad o no del mandato de las autoridades electas. Pag. 3 Vale destacar que los vocales de junta parroquial han sido los principales actores sometidos a este tipo de procesos (30), seguidos por los concejales urbanos y rurales (23), los alcaldes (17) y los presidentes de Junta Parroquial (8). Por último, teniendo en cuenta los partidos políticos a los cuales pertenecen los alcaldes que han sido objeto de estos procesos se observa que si bien los alcaldes de Alianza País han sido quienes más han recibido iniciativas de revocatoria de mandato, en ningún caso han sido revocados. El Partido Sociedad Patriótica es el partido cuya proporción de alcaldes revocados es mayoritaria. Control social: incluye procesos de veedurías, observatorios y otros mecanismos de control social a la actuación de autoridades y órganos de los GAD. Voluntariado: de acuerdo al artículo 37 El Estado reconoce al voluntariado de acción social y desarrollo como una forma de participación social, como una actividad de servicio social y participación libre de la ciudadanía y las organizaciones sociales en diversos temas de interés público con independencia y 4 Idem, p Idem, p. 126.

4 autonomía del Estado. Esta herramienta de participación se puede implementar desde los GAD en el marco de los planes institucionales. Asambleas locales (Sección primera del Capítulo segundo del título VI): definida como un mecanismo de deliberación pública entre las y los ciudadanos, para fortalecer la interlocución con las autoridades para incidir en la gestión pública. Consejos locales de participación (Sección tercera del Capítulo segundo del título VI): son los espacios encargados de la formulación de los planes de desarrollo a partir de los ejes y objetivos discutidos en las instancias de participación local. Presupuestos participativos locales (Título VII): la implementación de presupuestos participativos locales constituye una obligación de cada nivel de gobierno siguiendo los lineamientos de los planes locales de desarrollo lo que implica una rendición de cuentas respecto a los resultados de la ejecución presupuestaria. Su incumplimiento generará responsabilidades de carácter político y administrativo. Audiencias públicas (Sección primera del Capítulo primero del título VIII): definidas como instancia de participación habilitada por la autoridad responsable, ya sea por iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía, para atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para fundamentar decisiones o acciones de gobierno. Cabildo popular (Art. 76): definido como una instancia de participación cantonal para realizar sesiones públicas de convocatoria abierta a toda la ciudadanía, con el fin de discutir asuntos específicos vinculados a la gestión municipal. Pag. 4 Silla vacía (Sección tercera del Capítulo primero del título VIII): Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son públicas y en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por una o un representante, varias o varios representantes de la ciudadanía, en función de los temas que se van a tratar, con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones. Una vez listados los mecanismos de participación ciudadana que se pueden implementar, si se tiene en cuenta los porcentajes de participación asociativa ciudadana se observa que para el año 2008 casi el 91% de los ecuatorianos afirmaba no ser socio ni participante de ninguna dinámica organizativa 6. Cuatro años después, en 2012 este porcentaje aumentó al 93,8% de los encuestados. Mientras que si se tienen en cuenta las prácticas organizativas, Ecuador figura como el segundo país, después de México, con menor nivel de participación organizada. Sin embargo, en términos de participación en reuniones del gobierno municipal en una serie histórica, con el gráfico 1, se observa una tendencia decreciente en los niveles de participación local de 2001 a 2006 y a partir de 2006 un crecimiento importante hasta superar los niveles anteriores. Este es un incentivo necesario para llevar a cabo acciones desde los territorios que permitan procesos de acumulación política para viabilizar el proyecto político nacional pero que además y fundamentalmente se traduzcan en una mayor y mejor organización popular para el logro del Buen Vivir. Así un estadio ideal de la acción de gobierno en territorio debe siempre generar un tejido organizativo, más allá de los esfuerzos intrínsecos al tipo de acción. 6 Idem, p. 143.

5 Gráfico 1: Participación en reuniones del gobierno municipal en Ecuador % 10.80% 11.00% 7.90% 4.90% 5.70% 7.00% Fuente: LAPOP Elaboración: IPP 3. Conclusión Pag. 5 En el actual ciclo político, la construcción de poder popular y de bases sociales organizadas que puedan apropiarse de los logros y beneficios del proyecto de la Revolución Ciudadana opera como una condición fundamental para radicalizar la democracia en los espacios locales. Si bien los datos presentados dan cuenta de una específica cultura política ecuatoriana que registra bajos porcentajes de participación ciudadana organizada, ello debe convertirse en un desafío tanto para las instancias de gobierno locales como también para los Comités de la Revolución Ciudadana, que pueden implementar las herramientas de participación descriptas en este documento. Ello puede contribuir a mejorar los canales de diálogo de la ciudadanía con las autoridades y empoderar a la población en el territorio. En este sentido, a continuación se enumeran una serie de propuestas de implementación de la participación a nivel local. a. Fomentar la participación ciudadana a través de la implementación de los mecanismos descritos anteriormente para dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. b. Facilitar de manera más especifica la participación ciudadana individual y colectiva con la implementación de los presupuestos participativos y asambleas participativas. c. Facilitar todo tipo de información y transparencia de la administración pública y la prevención y lucha contra la corrupción. Eso puede pasar por la creación o mejoramiento de la página web del gobierno local y la implementación de mecanismos de denuncias, rindiendo cuenta de su gestión con la mayor periodicidad posible. d. Facilitar la participación ciudadana de todos los ciudadanos y ciudadanas y de las organizaciones sociales a través de talleres de formación política, reuniones de información sobre las políticas públicas fomentadas desde su institución, capacitación técnica, etc. Asimismo ayudar en su reconocimiento y su legalización.

6 e. Promover y desarrollar programas, proyectos y políticas que se realicen con el apoyo de organizaciones sociales, incluidos aquellos dirigidos a incentivar la producción y a favorecer la redistribución de los medios de producción. f. Fomentar la autoorganización social, la vida asociativa y la construcción de una ciudadana activa que valore el bien común. g. Difundir los derechos y los deberes de los ciudadanos y ciudadana a través de la difusión de campañas informativas (por ejemplo en medios de comunicación). Difusión también de la memoria histórica, de las tradiciones locales así como de los conocimientos y saberes ancestrales. h. Formar y capacitar a las y los servidores públicos en temas de participación ciudadana así como en la gestión pública participativa. i. Asignar fondos concursables, becas educativas, créditos y otros, a fin de que las organizaciones sociales realicen proyectos y procesos tendientes a formar y a involucrar a la ciudadanía en temas relacionados a la participación y al mejoramiento de la democracia. Estos procesos deben ser transparentes, públicos y abiertos además de garantizar el pluralismo. j. Promover el dialogo como forma de convivencia democrática y mecanismo para la transformación de conflictos. Pag. 6