NPR Acumuladas y Fecha sentencia 20/06/2013 Materia Ética

Transcripción

1 NPR Acumuladas y Fecha sentencia 20/06/2013 Materia Ética Esencia del deber profesional; Obligaciones para con el cliente; Responsabilidad relativa a la conducción del asunto. Disposiciones Según O. Artículos 1, 25, 28 del Código de Ética Profesional de infraccionadas Instructor Según Artículos 1º, 25º, 28º del Código de Ética Profesional de Tribunal de Ética El Tribunal resuelve Sancionar con MULTA de 5 cuotas ordinarias, censura por escrito y además se insta a devolver honorarios a uno de los afectados y a compensar al otro.. Conclusiones Relevantes del Fallo 1. La falta de cumplimiento de las cargas procesales impuestas al litigante, la omisión de hechos relevantes relativos al estado del encargo al cliente y el engaño, son actos del abogado que afectan directamente la esencia de su deber profesional, en los términos del artículo 1º del Código de Ética de Las acciones descritas son a su vez indicativas de falta de eficacia y empeño en la litigación y al materializarse generan responsabilidad para el letrado, que debe ser satisfecha allanándose a la reparación de los daños causados al cliente. Santiago, veinte de junio de dos mil trece. Fallo Acumuladas NPR y PRIMERO: Doña Lorena Seleme Carmona, abogado Instructora del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados A.G., ha formulado cargos en contra del abogado XX, abogado colegiado, número de registro XX, chileno, domiciliado en Santiago Centro, en virtud de las denuncias formuladas por don XX, ingeniero mecánico, representado por doña XX, empleada, ambos domiciliados para estos efectos en XX La Florida, y por don XX, empleado público, representado por don XX, ambos domiciliados en Puente Alto, quienes denunciaron al señor XX por diversos actos que fundamentan los cargos, denuncias que dieron lugar a las denuncias ING/NPR 20/11 y 42/12, las que fueron investigadas en forma acumulada y conocidas en una única audiencia de juicio. SEGUNDO: Expuso la Instructora, en lo que a la denuncia del señor XX se refiere (ING/NPR 20/11), que contrató los servicios del reclamado señor XX para interponer las acciones penales correspondientes, vinculadas a la desaparición de su vehículo Subaru Impreza XX, el que, el 4 de julio de 2010, dejó en custodia en el taller mecánico de don XX, ubicado en Puente Alto, pero que una vez que el señor XX intentó retirarlo constató que éste no estaba en el referido taller. El mecánico a cargo reconoció su responsabilidad por la pérdida del vehículo y se comprometió a pagar su valor, cuestión que no sucedió, lo que también motivó la contratación de los servicios profesionales del señor XX. Fallo Acumuladas y Página 1

2 De esta manera, el abogado denunciado propuso interponer una querella criminal y que sus honorarios por ello ascendían a la suma de $ , lo que fue aceptado por el señor XX, razón por la que el 11 de noviembre de 2010 otorgó mandato judicial por escritura pública para la interposición de la señalada querella. Se indica además en los cargos que de los honorarios pactados sólo alcanzaron a ser pagados $ (ciento sesenta mil pesos). Indica el requerimiento que el señor XX tramitó de manera negligente la gestión encargada, dado que no realizó diligencia alguna después de la presentación de la querella, dejando completamente abandonado el procedimiento y, en consecuencia, a su cliente. Conforme a los cargos que se trajeron a juicio, los hechos antes descritos configuran infracciones a los artículos 1, 25 y 28 del Código de Ética Profesional. Todos los artículos citados corresponden al Código de Ética Profesional de 1948 que resulta aplicable a estos hechos, en tanto cuerpo normativo vigente a la época de comisión de las infracciones ya referidas, y que ellas fueron cometidas por el abogado reclamado en calidad de autor. TERCERO: Respecto de la denuncia formulada por el señor XX (ING/NPR 42/12), expone la Instructora en su formulación de cargos que con ocasión de un accidente de tránsito sufrido por él el 24 de Abril del año 2009, se abrió la causa Rol XX, ante el 1 Juzgado de Policía Local de Puente Alto, en el marco de la cual contrató los servicios profesionales del abogado señor XX para que lo representara, pagando por concepto de honorarios profesionales la suma de $ , sin recibir por ello el recibo de dinero correspondiente. El señor XX tramitó la causa en primera instancia y el 12 de enero de 2010 el tribunal dictó sentencia definitiva, condenado al señor XX a pagar la suma de $ , más multa de 1.5 UTM, rechazándose la demanda reconvencional que el señor XX había deducido en representación del señor XX. El abogado Reclamado apeló en contra de la referida sentencia, generándose así el Ingreso de Corte N XX, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel. Sin embargo, el 26 de marzo de 2010, se declaró desierto el recurso, por no haberse hecho parte del mismo en segunda instancia. En virtud de lo anterior el señor XX solicitó explicaciones al abogado señor XX, además de la devolución de los honorarios cancelados, sin embargo éste no dio respuesta satisfactoria, ni devolvió los referidos honorarios. Culminan los cargos señalando que los hechos descritos configuran infracciones a los artículos 1, 25 y 28 del Código de Ética Profesional. Todos los artículos citados corresponden al Código de Ética Profesional de 1948, que resulta aplicable a este asunto en tanto cuerpo normativo vigente a la época de comisión de las infracciones ya referidas, toda vez que el hecho que configura la infracción ocurrió el 26 de marzo de 2010, y que las infracciones antes descritas fueron cometidas por el abogado reclamado en calidad de autor. CUARTO: Puestos en conocimiento del denunciado los cargos, éste no presentó defensa alguna ni compareció a la audiencia del juicio. Fallo Acumuladas y Página 2

3 QUINTO: En audiencia pública llevada a cabo antes este tribunal ético el miércoles 5 de junio de 2013, la Fiscal presentó la siguiente prueba con el objeto de acreditar los hechos materia de la denuncia formulada por don XX (ING/NPR 20/11): 1) Declaración de doña XX, madre del denunciante señor XX, y quien compareció ante el Colegio de Abogados a formular la denuncia en contra de don XX, y dio cuenta que ella junto a su hijo, concurrieron a la oficina y encomendaron al abogado señor XX la interposición de las acciones legales vinculadas a la desaparición del automóvil de propiedad de su hijo. Indicó que en el mes de julio de 2010 su hijo llevó a reparar el automóvil de su propiedad al taller y que ante su desaparición, decidieron iniciar acciones legales. La contratación del abogado señor XX fue hecha por recomendación de su cuñado XX. Concurrieron con su hijo a la oficina del abogado. Al plantearle el caso el abogado le propuso honorarios por $ (quinientos mil pesos), pero que su hijo solicitó facilidades de pago, con pagos mensuales de $ (cuarenta mil pesos). El abogado aceptó dichos pagos mensuales, en el entendido que el primero fuera de $ (ochenta mil pesos). Así, se efectuó un pago inicial por la cifra indicada y luego refiere haber efectuado otros dos pagos por $ (cuarenta mil pesos). Los primeros contactos se llevaron a cabo en la oficina del abogado en calle Morandé y luego perdió contacto personal con él. Intentó ubicarlo en reiteradas oportunidades sin éxito. Cuando logró dar con él refiere haber recibido malos tratos de parte del abogado, riéndose de sus peticiones. 2) Carta poder otorgada por el señor XX en favor de doña XX, ante el notario señor XX, de 10 de septiembre de 2011, con el objeto de perseguir las responsabilidades éticas por el comportamiento del abogado señor XX. 3) Copia de declaración jurada del denunciante don XX, prestada ante la notario público doña Myriam Escobar Díaz, el 27 de agosto de 2012, en la cual relata haber dejado su automóvil marca Subarú modelo Impreza XX, el que, el 4 de julio de 2010, en custodia en el taller mecánico de don XX, ubicado en Puente Alto, para someterlo a reparaciones. Pero cuando intentó retirarlo constató que éste no estaba en el referido taller. El mecánico reconoció su responsabilidad por la pérdida del vehículo y se comprometió a pagar su valor, cuestión que no sucedió, lo que también motivó la contratación de los servicios profesionales del señor XX en el mes de octubre del año 2010, pactando honorarios por $ ~(quinientos mil pesos), de los cuales habría pagado $ (ciento sesenta mil pesos). Supo que el señor XX, valiéndose de un mandato otorgado por él ante notario, el 25 de noviembre de 2010 interpuso una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto, la cual dio lugar al procedimiento judicial RIT XX, cuya primera resolución fue ordenar a la parte aclarar dónde habrían ocurrido los hechos, lo cual no fue aclarado por el abogado señor XX, razón por la que la causa terminó archivada, sin que el abogado devolviera el dinero pagado ni parte de los documentos que fueron entregados para tramitar el caso. 4) Declaración del abogado señor XX, de 16 de noviembre de 2011, prestada ante la señora Fiscal Instructora. Expresa haber efectuado el encargo y que no le fueron pagados sus honorarios. Más aún, algunos de los comprobantes de depósito que se esgrimen como prueba de haberse pagado la suma de $ (ciento sesenta mil pesos), aduce que serían falsos. Indica haber sido injuriado y amenazado por la madre del reclamante ante terceras personas y que no tiene ningún interés en llegar a un acuerdo con el reclamante, por quien realizó otras gestiones adicionales para facilitar la labor de su actual abogado, doña XX, quien se hizo cargo del caso inicialmente encomendado a él. Fallo Acumuladas y Página 3

4 5) Dos comprobantes de pago consistentes en depósitos en una cuenta RUT del Banco del Estado de Chile. En ellos se puede leer que (el primero) el 11 de noviembre de 2011, en la sucursal ubicada en calle Froilán Roa 7206, se depositaron $ (ochenta mil pesos), en la cuenta N XX, cuyo titular es don XX. En el segundo de los documentos se constata que el 4 de febrero de 2012, en la sucursal ubicada en calle Froilán Roa 7206, se depositaron $ (cuarenta mil pesos), en la cuenta Nº XX, cuyo titular es don XX. 6) Antecedentes consistentes en partes del procedimiento judicial RIT XX del Juzgado de Garantía de Puente Alto, consistentes en: a. Mandato judicial otorgado mediante escritura pública suscrita ante el notario señor Félix Jara Cadot, conferido por don XX a favor de don XX, el 11 de noviembre de b. Impresión de pantalla extraída desde la página web del poder judicial, respecto de la causa caratulada "XX c/ NN", RIT XX, del Juzgado de Garantía de Puente Alto, que da cuenta de la presentación de una querella por hurto efectuada el 25 de noviembre de 2010, de una resolución de la misma fecha cuya suma es "Previo a resolver", de una solicitud cuya descripción es "Solicita documento", de 3 de mayo de 2012 y de una resolución de 4 de mayo de 2012, cuya descripción es "Dese copia de resolución". A lo anterior se suman las constancias de las notificaciones practicadas en el procedimiento. c. Copia de querella criminal presentada por don XX en representación de don XX, ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto, el 25 de noviembre de 2010, por el delito de hurto del automóvil Subarú Impreza, Turbo, color blanco, patente XX, de propiedad del señor XX. d. Copia de resolución de 25 de noviembre de 2010, suscrita por el señor Juez Titular del Juzgado de Garantía de Puente Alto, don Juan Pablo Villavicencio Theoduloz, que ordena al querellante aclarar el lugar de comisión del delito, dentro de tercero día. e. Copia de resolución de 4 de mayo de 2012, que accede a una solicitud de otorgar copias de lo obrado en la causa RIT XX del Juzgado de Garantía de Puente Alto, suscrita por la Magistrado Titular de dicho Tribunal, doña Roxana Venegas Díaz. 7) Certificación de la notificación de los cargos formulados a don XX, diligencias practicada por el Ministro de Fe don José Chávez Zapata, el 21 de septiembre de 2012, a las 16:00 horas, en las oficinas ubicadas en Doctor Sotero del Río. 8) Certificado de fecha 23 de agosto de 2012, emitido por Secretaria del Colegio de Abogado de Chile A.G, que da cuenta de la inexistencia de reclamos y sanciones impuestas al reclamado don XX. 9) Certificado de Colegiatura de don XX. SEXTO: Con el objeto de acreditar la denuncia formulada por el señor XX (ING/NPR 42/12), y en la misma audiencia celebrada el miércoles 5 de junio de 2013, la señora Fiscal Instructora presentó las siguientes pruebas de cargo: 1) Declaración de don XX, padre del reclamante, quien señaló sentirse estafado y burlado por el señor XX. Indicó haberlo conocido por intermedio de un hermano del testigo. Refiere haber contactado al abogado señor XX una vez que su hijo tuvo el accidente, recomendándolo y Fallo Acumuladas y Página 4

5 haber entregado su hijo su defensa ante el Juzgado de Policía Local. Se pactaron honorarios por $ (cuatrocientos cincuenta mil pesos), los que fueron pagados íntegramente. Cuando lo contactó por primera vez el señor XX tenía domicilio en calle Morandé. Luego se cambió de domicilio. Logró ubicarlo con posterioridad. Los contactos con el abogado se hicieron en el tribunal, al firmar los documentos que lo designaban como abogado. Luego el abogado XX desapareció. El testigo dice conocer otro caso similar, el que se lo mencionó su hermano, por un tema de familia. Espera del tribunal que se impida al señor XX seguir ejerciendo la profesión y que devuelva el dinero que se le pagó. Expresa que se enteraron que habían perdido el caso cuando concurrieron al tribunal con su hijo, que vive fuera de Santiago, por propia iniciativa. Ahí se enteraron que el caso lo habían perdido y que su hijo tenía una orden de arresto y reclusión nocturna. Asimismo, se enteran que debían pagar una indemnización a la contraparte, la que había conseguido una orden de embargo. Termina señalando que ahora están tratando de pagar la condena en pesos en cuotas, de la cual no se ha pagado nada aún, intentando llegar a un arreglo. Respecto de los honorarios pagados al señor XX, señala que se hicieron dos pagos, en dinero efectivo, la primera vez la suma de $ (doscientos mil pesos) y la segunda la suma de $ (doscientos cincuenta mil pesos). Expresa que tales pagos se hicieron en el Juzgado de Policía Local de Puente Alto. No recuerda cuándo se perdió el contacto físico con el abogado señor XX, el cual sólo se retoma por vía telefónica mucho después, expresando que todo estaba bien y luego, cuando se impusieron de la condena, que ello se podía arreglar. 2) Poder simple otorgado por don XX a su padre XX, otorgado en Puente Alto en el mes de marzo de 2012, con el objeto que lo represente ante el Colegio de Abogados. 3) Antecedentes correspondientes a la causa ROL XX, del Juzgado de Policía Local de Puente Alto, correspondientes a: a. Copia de escrito de patrocinio y poder otorgado por don XX a don XX, presentado el 30 de julio de b. Copia de contestación y demanda reconvencional, presentada por el abogado señor XX en representación del señor XX, en fecha indeterminada. c. Acta de comparendo llevada a cabo en los autos ante el Primer Juzgado de Policía Local de Puente Alto el 30 de julio de 2009, a la que comparecieron el señor XX, en representación de doña XX, y el abogado don XX, en representación de don XX. d. Sentencia dictada por el señor Juez del Primer Jugado de Policía Local don José Miguel Verdugo Gajardo, el 12 de enero 2010, mediante la cual se condena al reclamante señor XX a pagar una multa de 1,5 UTM y a pagar a doña XX la suma de $ (dos millones novecientos ochenta y seis mil novecientos pesos), por daños sufridos en accidente de tránsito, siendo rechazada la demanda reconvencional deducida por el abogado señor XX en representación del señor XX. e. Escrito de apelación presentado por el abogado señor XX, en contra de la sentencia referida en el literal anterior, deducida el 9 de febrero de f. Copia de resolución de 12 de febrero de 2010, dictada por el Juzgado de Policía Local de Puente Alto, mediante la cual concede para ante la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel el recurso de apelación deducido por el señor XX en representación del señor XX. Fallo Acumuladas y Página 5

6 g. Certificación suscrita por la Secretaria de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, doña Mónica Balboa Carrera, de 24 de marzo de 2010, mediante la cual da cuenta de la no comparecencia en segunda instancia por parte del apelante señor XX. h. Resolución de 26 de marzo de 2010, mediante la cual la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel declara la deserción del recurso deducido por el abogado señor XX en representación de don XX. i. Resolución de 27 de mayo de 2010, dictada por el Primer Juzgado de Policía Local de Puente Alto, que ordena la reclusión nocturna de don Juan Guillermo Barrientos Rice, por no haber pagado la multa impuesta en su contra. j. Comprobante de pago de la multa, efectuada por don XX a favor de la Municipalidad de Puente Alto, en cumplimiento de la sentencia dictada en su contra en el juicio Rol N XX del Primer Juzgado de Policía Local de dicha comuna, pago que se efectuó el día 30 de septiembre de k. Copia de oficio número 1203, emanado del Primer Juzgado de Policía Local de Puente Alto, que contiene contraorden de arresto emanada de dicho tribunal en contra de XX. I. Copia de escrito presentado por don XX el 7 de junio de 2010 ante el Primer Juzgado de Policía Local de Puente Alto, solicitando el cumplimiento incidental del fallo dictado en contra de don XX. m. Resolución de 8 de junio del 2010, que accede a dicho cumplimiento incidental, con citación. n. Estampado de la receptora doña XX, que da cuenta que el 10 de junio de 2010 notificó personalmente al reclamado, en calle Morandé, domicilio de don XX, la resolución que accede al cumplimiento incidental del fallo. o. Copia de escrito presentado por don XX el 8 de octubre de 2010 ante el Primer Juzgado de Policía Local de Puente Alto, mediante el cual solicitando la liquidación del crédito y el embargo de bienes de don XX, p. Resolución de 14 de octubre de 2010 dictada por el Primer Juzgado de Policía Local de Puente Alto, que accede a liquidar el crédito y ordena la traba del embargo solicitada. SÉPTIMO: Las pruebas rendidas durante el juicio han permitido a estos jueces dar por acreditados los siguientes hechos: A) En relación a la denuncia ING/NPR 20/11 1) Que durante el mes de octubre de 2010 el abogado don XX fue contratado como tal por don XX, con el objeto que iniciara las acciones legales derivadas de la desaparición de un automóvil de su propiedad, tendientes a castigar a quienes se lo apropiaron de forma ilícita y/o a obtener el pago equivalente al valor de dicho bien. Por ello se pactaron honorarios por $ (quinientos mil pesos), de los cuales se acreditó que se pagaron $ (ciento veinte mil pesos). Fallo Acumuladas y Página 6

7 2) Que el abogado señor XX, en cumplimiento del encargo, interpuso una querella criminal por el delito en hurto ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto, RITXX, la cual antes de ser proveída por dicho tribunal, fue solicitada aclarar respecto del lugar de comisión de los hechos, dentro de tercero día, lo cual fue incumplido, ordenándose el archivo de la querella sin proceder a tramitarla. Que el abogado señor XX no dio cuenta del resultado encargo a su mandante, dejando abandonada la tramitación de la querella y no existiendo constancia de que haya iniciado otras acciones legales orientadas a satisfacer el requerimiento profesional del señor XX. En cuanto a la denuncia ING/NPR 42/12 Que don XX, con el objeto de ser defendido en un juicio que se lleva a cabo ante el Juzgado de Policía Local de Puente Alto, Rol N XX, contrató los servicios de don XX. Que el señor XX efectivamente asumió la defensa del señor XX en el juicio indicado, contestando una demanda deducida en contra del señor XX y deduciendo en su nombre una demanda reconvencional. Que habiéndose dictado sentencia definitiva de primera instancia condenatoria en contra del señor XX, el señor XX dedujo recurso de apelación para ante la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, el que fue concedido por el tribunal a quo. Que ingresados los autos infraccionales ante la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, el apoderado señor XX no compareció ante el tribunal de segunda instancia, declarándose la deserción del recurso. Que en virtud de ello, la sentencia quedó ejecutoriada, sin que conste en modo alguno que el señor XX haya comunicado el resultado del juicio a su representado. Por el contrario, existe prueba en cuanto a que lo mantuvo, mientras estuvo comunicado con él, en la creencia que el juicio seguía pendiente. Que producto del incumplimiento del señor XX de cumplir con la sentencia, se despachó orden de reclusión nocturna a su respecto, y se procedió a dar inicio al cumplimiento incidental del fallo, trámite este último que fue notificado al señor XX, sin que haya defendido en modo alguno los intereses de su mandante. Que el señor XX se impuso del resultado del juicio, y de su condena y apremios a su respecto, en el mes de septiembre de 2011, fecha en la cual concurrió en compañía de su padre al Juzgado de Policía Local, en donde se le indicó que de no pagar la multa sería recluido, frente a lo cual pagó el monto de la condena infraccional. 8) Que a partir de septiembre de 2011 el señor XX se impuso, personalmente, de la condena civil en su contra, la cual se encuentra negociando directamente con la contraparte para pagarla. 9) Por el contrario, no logró acreditarse que, según los dichos del reclamante, se haya pagado la suma de $ (cuatrocientos cincuenta mil pesos) al abogado XX, aunque es evidente que debió percibir honorarios por las gestiones realizadas. OCTAVO: Conforme al requerimiento formulado por la señora Fiscal Instructora, los hechos antes descritos configuran infracciones a los artículos 12, 25 y 28 del Código de Ética Profesional de 1948, que resulta aplicable a estos hechos, en tanto cuerpo normativo vigente a la Fallo Acumuladas y Página 7

8 época de comisión de las infracciones ya referidas, y que tales infracciones fueron cometidas por el abogado reclamado en calidad de autor. Este Tribunal está de acuerdo con dicha valoración. En efecto, ha resultado demostrado que el abogado señor XX atentó con su proceder en contra de la esencia del deber profesional del abogado, cual es atender y defender empeñosamente los derechos de su cliente. Resultó acreditado que en dos casos diferentes el abogado señor XX abandonó la tramitación de los casos sometidos a su desempeño, incluso uno de ellos sin efectuar otra gestión que no fuera la presentación de una acción penal que fue archivada sin mayor trámite, precisamente porque el profesional no cumplió con una carga procesal que le impuso el tribunal del caso y que era su deber cumplir. En el segundo caso, abandonó la tramitación de un caso ante un tribunal de segunda instancia, sin comunicar tal circunstancia a su cliente, a quien mantuvo engañado y luego sin comunicación alguna sobre el caso, al punto de verse expuesto su mandante a sufrir privación de su libertad por no pagar la multa impuesta, orden que no se cumplió sólo gracias a la propia actuación del cliente del señor XX, quien concurrió personalmente al tribunal y se impuso de su situación personal en el caso. Todo lo anterior es demostrativo de la infracción del artículo 1 del Código de Ética Profesional aplicable al caso. El artículo 25 del Código deontológico de la profesión reitera los deberes del abogado de servicio fiel y eficaz a los intereses de sus clientes, lo que, como está dicho, no se ha cumplido en este caso. En ningún caso, como lo alegó el señor XX, el no pago total de los honorarios pactados puede ser esgrimido para abandonar unilateralmente y sin notificación legal tales deberes y obligaciones. Finalmente, el artículo 28 del Código de Ética de 1948 establece la obligación del abogado de asumir sus errores o comportamientos negligentes o dolosos para con sus clientes. En este caso, el señor XX no sólo no dio cuenta de sus gestiones a sus clientes, sino que los mantuvo en el engaño hasta finalmente dejar de prestar atención a sus requerimientos de información. Por la misma razón, se desentendió de una de las reclamaciones que sustentan el requerimiento de la señora Fiscal Instructora y en la otra se negó a devolver los honorarios pagados por sus servicios fracasados. NOVENO: Que no concurren respecto del abogado señor XX circunstancias agravantes, ya que se encuentra acreditado que a su respecto no han sido impuestas sanciones por este Colegio Profesional por su proceder ético. DECIMO: Asimismo, la acción disciplinaria para perseguir las conductas sancionables no se encuentran prescritas, por cuanto, en el primer caso (ING/NPR 20/11), la denuncia fue formulada el 28 de septiembre de 2011, por actos cometidos en el mes de noviembre de 2010, razón por la que el plazo de prescripción establecido en el artículo 8 del Reglamento Disciplinario que rige este procedimiento no se encuentra cumplido. Por otra parte, la segunda de las denuncias (ING/NPR 42/12), si bien se aprecia que el abogado señor XX abandonó los intereses de su cliente el 26 de marzo de 2010 y la denuncia fue formulada el 9 de abril de 2012, lo cierto es que tal abandonó se prolongó a lo menos hasta que el señor XX se impuso por sí mismo del estado del proceso a cuyo cargo tenía el abogado señor XX. El señor XX sólo pudo enterarse de dicho abandono del negocio y de la infracción del señor XX cuando decide comparecer personalmente al Primer Juzgado de Policía Local de Puente Alto, no obstante que el abogado le había indicado que el asunto estaba pendiente, lo que sucedió recién en el mes de Fallo Acumuladas y Página 8

9 septiembre de 2011, fecha hasta la cual se mantiene el abandono de intereses y a partir del cual puede efectivamente el reclamante denunciar la infracción ética, estando impedido de hacerlo antes por la propia actuación del denunciado. En virtud de todo lo expuesto es que este Tribunal de Ética, dando por acreditados los hechos denunciados, ACOGE el requerimiento formulado por la señora Fiscal Instructora y declara: 1) Que se condena al abogado señor XX por haber infringido los artículos 1, 25 y 28 del Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados de 1948, aplicable en la especie atendida la fecha de comisión de las infracciones. 2) Que no concurre respecto del abogado señor XX circunstancias agravantes. 3) Que en virtud de ello, y conforme al requerimiento formulado por la señora Fiscal Instructora, se impone al señor XX las sanciones de censura por escrito más multa de 5 cuotas ordinarias vigentes a la fecha de la aplicación de la multa, con publicación en la revista. 4) Finalmente, se insta al abogado señor XX a devolver al señor XX la suma de $ (ciento veinte mil pesos) pagados por el encargo fallido, y a compensar proporcionalmente al señor XX, haciendo devolución de al menos una parte de los honorarios que le fueron efectivamente pagados. Notifíquese. Fallo Acumuladas y Página 9