Junta Consultiva de Contratación Administrativa

Transcripción

1 INFORME 2/2007 DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS CUANDO CONCURREN LICITADORES EXENTOS DE IGIC. [Grupos 5.5 y 16.7] El Presidente de la Asociación de Empresas de Servicios de Residencias para la Tercera Edad (AESTE), mediante escrito de fecha 15 de febrero de 2007, solicita de esta Junta Consultiva la emisión de informe por el que haga suyo el contenido del informe 1/2005 de la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Cataluña, en lo que se refiere al criterio a tener en cuenta para llevar a cabo la valoración de las ofertas económicas presentadas en una licitación, cuando concurren licitadores exentos de IGIC. A tal efecto, la citada Asociación, tras exponer el supuesto y las consideraciones en que se basa su petición, en el apartado 4 del escrito por el que se solicita el informe argumenta literalmente lo siguiente: El artículo 50 del Reglamento General de la Ley de Contratos determina la extensión de los efectos generales de los acuerdos de clasificación adoptados por una Comunidad Autónoma ante cualquier órgano de contratación de las Administraciones públicas distintos de los de la Comunidad Autónoma que le otorgó la clasificación. Considera esta Asociación Empresarial que el principio jurídico contenido en dicho precepto, la eficacia jurídica para todo el Estado de los acuerdos validamente adoptados por una Junta Consultiva de una Comunidad Autónoma, es de aplicación por analogía a la presente solicitud Antes de entrar a considerar el fondo de la cuestión que en el referido escrito se plantea, es necesario dejar bien sentado que la extensión de los efectos de los acuerdos de clasificación contemplada en el artículo 50 del Reglamento General de la Ley de Contratos (RG), a que se refiere la entidad consultante, sólo es referible a los exclusivos efectos de la clasificación empresarial otorgada, no pudiendo aplicarse por analogía tales efectos extensivos a otros actos administrativos de naturaleza jurídica sustancialmente diferente, cual es el caso de los informes emitidos en el ejercicio de la función consultiva atribuida a la Junta Consultiva, respecto de los que, dado su contenido no vinculante, de mero asesoramiento y consulta, en ningún caso podrá pretenderse la extensión preceptiva de sus conclusiones a los informes a emitir por otros órganos consultivos. 1

2 Cuestión distinta es que, una vez emitido un informe por un órgano consultivo de una Administración, se vuelva a plantear la misma cuestión ante el órgano consultivo equivalente de otra Administración, en cuyo caso éste, tras estudiar la cuestión planteada, argumentará y emitirá su informe de acuerdo con los criterios que considere acertados, pudiendo coincidir o no, total o parcialmente, con los argumentos y conclusiones de informes emitidos anteriormente por otros órganos consultivos sobre la misma cuestión. Partiendo de esta puntualización, esta Junta Consultiva considera que, no obstante la literalidad de lo solicitado en el escrito de referencia, su contenido puede interpretarse como planteamiento de una nueva consulta y, en consecuencia, considera procedente la emisión del correspondiente informe. Entrando en el análisis de la cuestión objeto de consulta, ésta se centra en los supuestos de procedimientos de adjudicación de determinados contratos a los que acuden licitadores que, por tener la consideración de entidades de carácter social, y prestar, sin ánimo de lucro, servicios de asistencia social a determinados colectivos, están exentos de IGIC, participando en concurrencia con otros licitadores que, al no tener la referida condición, están sujetos a dicho impuesto. En tales casos, el importe del precio ofertado por un licitador sujeto al IGIC ha de incorporar necesariamente el importe del impuesto, importe que, sin embargo, no forma parte del precio ofertado por el licitador exento del impuesto. A juicio de la entidad consultante, tal circunstancia provoca que, si la comparación entre ambos precios se realizara teniendo en cuenta sus importes totales, se produciría una distorsión en el cálculo de cuál es realmente la mejor oferta en cuanto al criterio precio. Ante tales consecuencias, la entidad consultante somete a informe de esta Junta Consultiva si, en estos casos, la valoración correcta del criterio precio debería realizarse atendiendo al precio neto, sin IGIC, y, de ser así, plantea la necesidad de que los pliegos de cláusulas administrativas particulares incluyan las prescripciones que literalmente se transcriben a continuación: En los procedimientos de contratación en que, por razón del objeto contractual, puedan concurrir licitadores exentos de IGIC y licitadores no exentos, los órganos de contratación incorporarán en los pliegos de cláusulas administrativas el advertimiento sobre esta circunstancia, al menos con las indicaciones siguientes: - Que las empresas licitadoras exentas de IGIC habrán de declarar expresamente encontrarse en esta situación. - Que todas las ofertas habrán de indicar por separado la cuantía correspondiente al precio neto del contrato y, si hace falta, la cuantía correspondiente al IGIC. - Que el presupuesto máximo de licitación del contrato, en el cual se detallará claramente la cuantía que corresponde a presupuesto neto y la cuantía que corresponde a IGIC, es el presupuesto base sin IGIC. 2

3 - Que para la comparación del elemento precio en las ofertas, se tendrá en cuenta, exclusivamente, el precio neto de cada una. A fin de dar respuesta a las cuestiones planteadas, es necesario, por una parte, recordar los preceptos contenidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP) y en el Reglamento General de dicha Ley (RG), respecto al precio como criterio de adjudicación y respecto a la determinación del importe del presupuesto de licitación de los contratos; y, por otra parte, será preciso recurrir a la específica normativa sectorial reguladora del IGIC. El artículo 74 del TRLCAP establece que la subasta versará sobre un tipo expresado en dinero, con adjudicación al licitador que, sin exceder de aquél, oferte el precio más bajo, mientras que en el concurso a adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la proposición más ventajosa, sin atender exclusivamente al precio de la misma Por otra parte, el artículo 77 del TRLCAP, establece, en términos generales, que siempre que en el texto de esta Ley se haga alusión al importe o cuantía de los contratos, se entenderá que en los mismos está incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo indicación expresa en contrario. Las referencias al Impuesto sobre el Valor Añadido deberán entenderse realizadas al Impuesto General Indirecto Canario. Por último, el artículo 131 del RG, al concretar específicamente los conceptos económicos que han de integrar el importe del presupuesto base de licitación en los contratos de obras, establece que dicho presupuesto se obtiene añadiendo al presupuesto de ejecución material el importe de los gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, así como el 6% de beneficio industrial. Al importe resultante, se la añadirá, en su caso, el IVA o el IGIC que sea de aplicación al contrato, cuyo tipo se aplicará sobre la suma del presupuesto de ejecución material, gastos generales y beneficio industrial, obteniéndose así el importe del presupuesto de licitación. Poniendo en relación la literalidad de los citados preceptos, hay que interpretar que tanto la cuantía del precio ofertado como el importe del presupuesto de licitación, han de ser considerados incluyendo el IGIC que en su caso resulte de aplicación. No obstante, a fin de comprobar si tal conclusión resulta respaldada por la normativa sectorial reguladora del IGIC, es necesario analizar los preceptos contenidos en la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, en lo que 3

4 respecta a la repercusión de dicho impuesto sobre el destinatario de la operación gravada. A los efectos indicados, vemos que el artículo 20,Uno.1 de dicha ley preceptúa expresamente lo siguiente: Los sujetos pasivos deberán repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre aquel para quien se realice la operación gravada, quedando éste obligado a soportarlo siempre que la repercusión se ajuste a lo dispuesto en esta ley, cualesquiera que fueran las estipulaciones existentes entre ellos. En las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas al Impuesto cuyos destinatarios fuesen entes públicos se entenderá siempre que los empresarios y profesionales que realicen las operaciones gravadas, al formular sus propuestas económicas, aunque sean verbales, han incluido dentro de las mismas el Impuesto General Indirecto Canario, que no obstante deberá ser repercutido como partida independiente, cuando así proceda, en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento como consecuencia de la consignación del tributo devengado. Por otra parte, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 28.1 y 29.4 de la citada Ley 20/1991, se comprueba que el empresario que efectúa operaciones sujetas al IGIC y no exentas del mismo, a la hora de configurar los costes de su proposición económica, si bien deberá incluir el IGIC que repercutirá a la Administración contratante, sin embargo no incluirá en dichos costes las cuotas del IGIC que a su vez haya soportado en la adquisición de los bienes o servicios que vaya a afectar al desarrollo de la operación objeto de contratación, pues deducirá el importe de tales cuotas en su liquidación del impuesto. Por el contrario, el empresario que realiza la operación estando exento del IGIC, si bien no incluirá en los costes de la proposición económica la repercusión del IGIC a la Administración contratante, sin embargo sí tendrá que incluir en los elementos que integran tales costes el importe de las cuotas del IGIC por él soportadas en la adquisición a terceros de los bienes o servicios que le resulten necesarios para ejecutar el contrato, pues, en su liquidación del impuesto, no podrá beneficiarse de la deducción de tales cuotas. Así pues, a la vista de los citados preceptos tributarios, tenemos que llegar a la conclusión de que, en los contratos que se celebren con las Administraciones Públicas canarias, el IGIC incide siempre como elemento determinante de las costes a tener en cuenta en las correspondientes proposiciones económicas de los licitadores, bien sea por repercusión directa a la Administración contratante como destinataria de la operación a realizar, cuando ésta no esté exenta del IGIC, o bien, si la operación está exenta, porque las cuotas de IGIC que el contratista ha soportado en la adquisición a terceros de los bienes o servicios que le resulten necesarios para ejecutar el contrato, forman parte igualmente de los costes de su proposición económica. 4

5 Con tal conclusión, que es concordante con los términos en que está redactado los antes citados artículo 77 del TRLCAP y 131 del RG, es obligado concluir igualmente que, formando parte el IGIC en todo caso de la composición de los costes que integran las proposiciones económicas presentadas en una licitación, la comparación de éstas para determinar cual sea la oferta más baja económicamente, ha de realizarse teniendo en cuenta los importes brutos ofertados, incluyendo tanto el IGIC soportado y no deducido por los licitadores exentos, como el IGIC a repercutir a la Administración por los licitadores no exentos del impuesto. De esta forma, por otra parte, queda sin fundamentación el argumento de discriminación en que se basa el planteamiento de la entidad que formula la consulta, ya que, teniendo en cuenta, las consideraciones antes expuestas, tanto los licitadores exentos como los no exentos se ven afectados por la incidencia del IGIC en los costes de sus proposiciones económicas. Obtenidas estas conclusiones, es obvio que no resultan procedentes las prescripciones que, a juicio de la entidad consultante, deberían incluirse en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los procedimientos en los que liciten empresas exentas de IGIC en concurrencia con licitadores no exentos de dicho impuesto. CONCLUSIONES 1º.- La determinación de cual sea la oferta más baja económicamente en las licitaciones en las que concurran empresas exentas de IGIC, en concurrencia con licitadores no exentos de dicho impuesto, ha de realizarse teniendo en cuenta los importes brutos ofertados, incluyendo el IGIC a repercutir a la Administración por los licitadores no exentos del impuesto. 2º.- El importe del presupuesto máximo de licitación ha de ser considerado incluyendo el importe del IGIC que, en su caso, habrán de repercutir los licitadores no exentos. 3º.- En concordancia con las anteriores conclusiones, no resultan procedentes las prescripciones que la entidad consultante propone incluir en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los procedimientos en los que liciten empresas exentas de IGIC en concurrencia con licitadores no exentos de dicho impuesto. Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de