Santiago de Querétaro, Querétaro, 28 (veintiocho) de agosto del 2017 (dos mil diecisiete).

Transcripción

1 Santiago de Querétaro, Querétaro, 28 (veintiocho) de agosto del 2017 (dos mil diecisiete). Vistos para resolver en sentencia instancial los autos del presente expediente, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, se procede a dictar sentencia en base a los siguientes: Acto impugnado a) La boleta de infracción de folio Q080 de fecha 21 (veintiuno) de febrero del 2017 (dos mil diecisiete), b) El cobro de la multa, efectuado por la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, y que se ampara en el recibo único número Z R E S U L T A N D O S 1.- El 19 (diecinueve) de mayo de 2017 (dos mil diecisiete), se presentó escrito de demanda. 2.- El 25 (veinticinco) de mayo de 2017 (dos mil diecisiete) se formó cuaderno y se le previno al accionante para que en el improrrogable plazo de 05 (cinco) días hábiles, cumpliera con lo requerido. 3.- El 14 (catorce) de junio de 2017 (dos mil diecisiete), se admitió a trámite el escrito inicial de demanda, ordenando el emplazamiento del Secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, Policía de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro y Secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia final. 4.- En fecha 06 (seis) de julio de 2017 (dos mil diecisiete), se les tuvo dando contestación a las autoridades demandadas dando contestación a la demanda, se admitieron los medios de prueba los indicados en dicho proveído. 1

2 En cuanto al Policía de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, se le declara por precluído su derecho y se le tiene por confeso de los hechos que la parte actora le atribuye. 4.- El día 14 (catorce) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) a las 14:30 (catorce horas), se desahogó audiencia de pruebas y de alegatos en términos de ley, ordenándose la citación para sentencia. C O N S I D E R A N D O S Competencia PRIMERO.- Este Juzgado Primero Administrativo en Querétaro, es competente para conocer del presente juicio de conformidad con los artículos 17, 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 34, Apartado A, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Querétaro; en atención a lo dispuesto en los artículos, primero, cuarto y quinto transitorios de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga el 18 (dieciocho) de abril de 2017 (dos mil diecisiete); artículos 1, 2, 4 fracción IV, 18, 19, 20 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; artículos 1, 2, 4 y 19, de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro. Anteriores ordenamientos legales, de los que se deriva que este juzgado es competente para dirimir las controversias de carácter administrativo, que se susciten entre las dependencias administrativas estatales y municipales con los particulares, en razón de que se trata de la impugnación de actos dictado por autoridad del Municipio de Querétaro, como son: Secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro y el Policía adscrito a la Secretaria de Seguridad Publica Municipal de Querétaro, en agravio del actor y que generó la necesidad de llamar a juicio al Secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro. Existencia del acto reclamado SEGUNDO.- Primeramente se tiene al actor señalando como acto impugnado boleta de infracción de folio Q080 de fecha 21 (veintiuno) de febrero del 2017 (dos mil diecisiete) emitida por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro y elaborada por el Policía de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, aportada en original por la parte actora visible a foja 09 (nueve) y la reimpresión visible a foja 38 (treinta y 2

3 ocho) del presente sumario, documental emitida por autoridad facultada para ello, se le otorga pleno valor probatorio de conformidad a los artículos 67, 92, 131 y 135 fracción I de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, para acreditar primeramente la existencia del acto impugnado. En cuánto al cobro de la multa, efectuado por la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro y que se ampara en el recibo único número Z , mismo que fuera exhibido en original por el actor, el cual obra en la foja numero 10 (diez) de las que integran la presente causa y en dicho sentido, es de advertirse que el RECIBO DE PAGO emitido como tal es únicamente una constancia de pago que se le expide al particular como comprobante de una erogación realizada ante la autoridad, por lo tanto no se encuentra constreñida a cumplir con los requisitos del acto de autoridad, menos aun lo referente a estar fundado y motivada, ya que no es una declaración unilateral de la voluntad, toda vez que se emite como un mero comprobante de pago, que efectúa el particular, precisándose que el recibo de pago, por si mismo no crea obligaciones, facultades o situaciones jurídicas, de igual forma no modifica o extingue derechos; siendo por tanto que si un acto no fue emitido en ejercicio de las facultades antes señaladas, se advierte que no constituye una potestad administrativa que lo traduzca, en un verdadero acto de autoridad, criterio que se encuentra sustenta por la Jurisprudencia, en materia Administrativa que a la letra dice: de la Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XX, Diciembre de 2004, tesis: 2a./J. 193/2004, Página: 554. TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS Y DERECHOS POR SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR. EL RECIBO QUE ACREDITA SU ENTERO NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE ANTE EL FEDERAL FISCAL Y. El artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa prevé que este órgano conocerá de los juicios promovidos contra resoluciones definitivas que, entre otras cuestiones, determinen la existencia de una obligación fiscal; fijen en cantidad líquida o den las bases para una liquidación; nieguen la devolución de un ingreso regulado por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; impongan multas por infracción a las normas administrativas federales o causen un agravio en materia fiscal distinto a los anteriores. 3

4 Desprendiéndose de la anterior trascripción que el acto en esta vía combatido, consistente en el RECIBO DE PAGO invocado, no constituye por sí solo un acto administrativo, siendo únicamente el comprobante otorgado como contraprestación al cumplimiento de pago de un derecho, una multa, o una obligación tributaria a cargo del gobernado, en virtud de lo cual al no considerarse que la documental que pretende impugnar constituya un acto administrativo impugnable. En razón de lo anteriormente transcrito, concluye esta Juzgadora que el acto, cobro de la multa, efectuado por la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro y que se ampara en el recibo único número Z , resulta que no acredita la existencia un acto para tenerlo como impugnado, toda vez que el concepto es por multa de tránsito no se trata de la resolución en donde consta la imposición de multa administrativa y por sí solo no es acto administrativo para esta Juzgadora, ya que no reúne los elementos esenciales del acto administrativo, además que, de constancias procesales no se advierte que se hayan realizado actos tendientes al cobro de la sanción. A causa de lo anterior, se actualiza la causal de sobreseimiento contemplada en el artículo 21 fracción IV de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, por lo que, queda acreditada la inexistencia del acto impugnado. En consecuencia, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO de la presente causa respecto del acto impugnado consistente en cobro de la multa, efectuado por la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, y que se ampara en el recibo único número Z Estudio de Causal de Improcedencia, excepciones y defensas TERCERO.- Una vez determinado y acreditada la existencia del acto impugnado, en el presente considerando debemos ocuparnos en segundo lugar de los requisitos de procedibilidad del juicio de nulidad y específicamente a la oportunidad procesal en la presentación de la demanda de nulidad; acorde a los artículos 20, fracción VI, 50, fracción I, y 144, fracción I, de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro. Lo anterior porque el artículo 144, fracción I, de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro ordena y faculta a esta Juzgadora a primeramente analizar los presupuestos procesales para accionar, entre ellos el de competencia y existencia del acto; mismos que han quedado 4

5 analizados en los considerandos primero y segundo de la presente sentencia; quedando pendiente el de la oportunidad procesal y respecto del cual nos ocuparemos en el presente considerando. Siendo necesario el estudio porque de faltar o no actualizarse algún presupuesto procesal, la acción de nulidad resultaría improcedente y esta Juzgadora acorde a los artículos 20, 21 y 22, de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro. Precisado lo anterior, se atiende al presupuesto procesal de oportunidad procesal para accionar, respecto a lo anterior la autoridad demandada Secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, estableció: Al actor no le asiste el derecho a reclamar los agravios vertidos dentro del presente, en razón de que el actor, se realizaron conforme a derecho, con todos y cada uno de los requisitos de fundamentación y motivación, así como las formalidades de legalidad establecidas en el artículo 85 del Reglamento de Tránsito del Estado y del artículo 4 de la ley de Procedimientos Administrativos para el Estado y Municipios, tal y como se acredita en la boleta de infracción y por consecuencia el recurrente tuvo conocimiento de los hechos en fecha 21 de febrero de 2017, como lo menciona el propio actor en el hecho número 2, que al regresar a su vehículo se percató de que no tenía una placa y que en el parabrisas de su auto estaba la boleta de infracción motivo de la presente y así mismo el plazo para interponer el presente juicio de nulidad es a partir del 23 de febrero de 2017 y hasta el 15 de marzo de 2017, de ahí que para dicha infracción ya feneció el plazo para formular su escrito de demanda, toda vez que contraviene lo establecido en el numeral 50 fracción I de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, pues como hecho notorio que es la infracción folio Q080, fue elaborada y tuvo conocimiento el 21 de febrero del 2017 es decir, ha pasado más de quince días que el actor tuvo conocimiento del hecho. Luego entones es de establecerse que la boleta de infracción multicitada no fue impugnada o recurrida dentro de los plazos y términos que las leyes de la materia establecen, considerándose como acto consentido tácitamente; siendo éste aquel que no se impugna dentro de la temporalidad y término prescrito por la ley en la materia como lo es la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro en el numeral 50 fracción I, debido a lo anterior solicito el sobreseimiento del presente juicio, ya que se adecúa a la hipótesis contenida en el artículo 20 fracción VI y 21 fracción II de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro. 5

6 Por cuanto ve a la temporalidad y oportunidad procesal en la presentación de la demanda, tenemos que el artículo 50, fracción I, de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, dispone que el plazo en el que se deberá presentar la demanda de nulidad que será de 15 (quince) días a partir del día siguiente a la fecha en que surta efectos la notificación del acto impugnado; tal como se lee a continuación: Artículo 50. La demanda deberá formularse por escrito y presentarse, de manera optativa, directamente ante el juzgado de lo contencioso administrativo competente en el lugar donde tenga su domicilio el actor o en donde se haya emitido el acto administrativo, dentro del plazo que corresponda, el cual comenzará a correr a partir del día siguiente a la fecha en que surta efectos la notificación del acto impugnado, siendo estos plazos los siguientes: I. Quince días hábiles si el actor tiene su domicilio en el municipio que sea cabecera del Distrito Judicial que corresponda. En tal sentido, esta Juzgadora determina que la presentación de la demanda es extemporánea, como se verá a continuación: Por lo que respecta al acto administrativo consistente en la boleta de infracción de folio Q080, emitido por la Secretaría de Seguridad Publica Municipal de Querétaro, de la cual se desprende del contenido de dicha documental que se encuentra expedida el día 21 (veintiuno) de febrero del 2017 (dos mil diecisiete). Y por cuanto ve a lo esgrimido por el actor en el sentido que la boleta nunca se calificó, se tiene que quien califica y determina dicha sanción es la Secretaria de Seguridad Publica Municipal de Querétaro, por medio de la boleta de infracción calificada, la cual para el caso concreto fue exhibida en original por la autoridad demandada Secretario de Seguridad Publica Municipal de Querétaro, visible en la foja número 38 (treinta y ocho), misma que contiene los datos de calificación de infracción, folio, fecha y hora, la cual fuera el 21/02/ (veintiuno) de febrero de 2017 (dos mil diecisiete); motivo monto total de la multa, entro otros datos, misma que se valora de manera plena tal como lo permiten los artículos 92, 94 y 135 de la Ley Adjetiva de la Materia. Teniendo por consiguiente que, si bien la boleta de infracción, no se encuentra a nombre del actor, es de advertirse que presentó el recibo de pago de folio Z que fuera emitido a su nombre y que obra el mismo número de folio de la boleta de infracción con la cual se acreditó el interés jurídico del actor, creando convicción de que el actor al momento de la imposición del boleta de infracción tuvo conocimiento de dicho acto, pues si bien en su hecho cuatro dice que se le requirió el pago sin que mediara calificación, del estudio de constancia 6

7 de autos queda acreditado lo contrario, pues existe boleta de infracción calificada que fue exhibida por la autoridad demanda en el expediente administrativo, así cómo no obra constancia de actos tendiente un requerimiento de pago. Por lo tanto, es aplicable la primera fracción del artículo 50 de la Ley en cita, situación por la cual el plazo legal para la interposición del escrito de demanda, de acuerdo a la fecha de emisión y conocimiento del acto que pretende combatir, le corrió del 23 (veintitrés) de febrero al 15 (quince) de marzo de 2017 (dos mil diecisiete). Ahora bien, de la demanda inicial, no se advierte señalamiento alguno que se acredite con medio probatorio idóneo, respecto de que haya tenido conocimiento hasta el 08 (ocho) de mayo de 2017 (dos mil diecisiete), situación por la cual conviene atender que si no existe acreditación alguna sobre algo que sólo se manifestó bajo protesta de decir verdad, pero de manera aislada, al no aportar medio de prueba alguno que fortalezca tal protesta, lo cual se acredita con el mismo acto impugnado a saber boleta de infracción de folio Q080. Por tanto, al haber sido presentado el escrito de demanda en fecha 19 (diecinueve) de mayo de 2017 (dos mil diecisiete), resulta evidentemente que fue presentado en forma extemporánea para impugnar el acto consistente en la nulidad de la boleta de infracción así como el cobro de la multa, efectuado por la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, y que se ampara en el recibo único número Z ; excediendo el plazo legal concedido al gobernado, lo cual conlleva a tener por operante la excepción planteada por la autoridad demandada Secretario de Seguridad Publica Municipal de Querétaro, respecto a la boleta de infracción, resultando por tanto a declarar la improcedencia y tener al promovente consintiendo el acto administrativo que pretende impugnar, actualizándose así el supuesto legal contenido en el artículo 20 fracción VI de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado, que establece: ARTICULO 20. El juicio ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo es improcedente: VI.- Contra actos o resoluciones que hayan sido tácita o expresamente consentidas 7

8 Entendiéndose como consentido por no haber sido impugnado vía juicio de nulidad, dentro del plazo que fija la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, al no combatirse dentro de la temporalidad legal, por tal motivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 fracción II del ordenamiento legal en cita, al encontrarse ante un acto consentido, toda vez que entre la realización de los actos de autoridad y la interposición del juicio ante este Juzgado, transcurrió y excedió el plazo legal, necesario e indispensable para su impugnación, que lo es de 15 (quince) días hábiles, supuesto que encuadra en el criterio sustentado por nuestro mas alto Tribunal al establecer: Décima Época IUS: Tribunales Colegiados de Circuito Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: XI.1o.A.T. J/1 (10a.) Página: 699 Jurisprudencia ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no 8

9 se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo. PRIMER COLEGIADO EN MATERIAS Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. Argumento que se ilustra también con el contenido de la jurisprudencia número VI.2o. J/21, de la novena época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Agosto de 1995 (mil novecientos noventa y cinco) Página: 291, cuyo texto y rubro dicen: ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. Sobreviniendo en consecuencia el sobreseimiento del juicio respecto de los actos impugnados consistente en: La boleta de infracción con número de folio Q080 de fecha 21 (veintiuno) de febrero del 2017 (dos mil diecisiete), al encontrarse ante un acto consentido, toda vez que entre la realización de los actos de autoridad y la interposición del juicio ante este Juzgado, transcurrió y excedió el plazo legal, necesario e indispensable para su impugnación, que lo es de 15 (quince) días hábiles, al no haber sido impugnado dentro del término legal prescrito en la Ley que norma la actuación de este Órgano Jurisdiccional En ese sentido, al estar ante un acto consentido, ya que de la demanda se interpuso de manera extemporánea lo cual resulta ser limitante para la declaración de nulidad del acto combatido de conformidad con el artículo 50 de la Ley Adjetiva de la Materia y de la misma forma al resultar tácitamente consentido; sobreviene así, el sobreseimiento de la causa en términos de lo dispuesto por el artículo 21, fracción II, de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, que a la letra dispone: 9

10 Artículo 21. Procede el sobreseimiento del juicio: II. Cuando durante el juicio apareciera o sobreviniera alguna de las causas de improcedencia referidas en el artículo anterior. En ese sentido, es procedente declarar el sobreseimiento de la causa, al haber quedado debidamente acreditada una causal de improcedencia del juicio de nulidad, contenida en la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro. Por lo anterior, esta juzgadora se encuentra ante una imposibilidad legal para resolver el problema planteado. Determinación que se fortalece e ilustra con el criterio jurisprudencial número VI. 1o. J/23, de la Octava Época, emitido por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo 22-24, de octubre-diciembre de 1989 (mil novecientos ochenta y nueve), en la página 252, de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. En mérito a lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 17, 18, fracción III, inciso b), 20, fracción VI, 21, fracción II, 22, segundo párrafo, 50, fracción I, 144 y 147, de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, este Juzgado: R E S U E L V E : PRIMERO.- Este Juzgado Primero Administrativo en Querétaro, es competente para conocer y resolver el presente juicio de nulidad promovido por la parte actora, de conformidad a lo expuesto en el considerando primero de esta resolución. SEGUNDO.- Se sobresee la presente causa, de conformidad con lo dispuesto en los considerandos segundo y tercero de la presente resolución. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 3 fracciones VII, VIII, XIII incisos a) y d) y XX; 4, 6 inciso d), 8, 69 fracción II, 108, 109, 110, 111 y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la 10

11 Información Pública del Estado de Querétaro, se ordena poner a disposición general, la versión pública de la presente resolución salvaguardando sus datos identificados e identificables. Notifíquese personalmente a la parte actora*** ; por oficio al Secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro y al Secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro por listas al Policía de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro.-Publíquese y Cúmplase.- Así en definitiva lo sentenció y firmó la Licenciada María Eugenia Cervantes Cantera, Juez Primero Administrativo en Querétaro, quien actúa ante el Licenciado Jesús Edgar Alberico Yáñez Trejo, Secretario Proyectista en funciones de Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe. DOY FE. DOY FE. Licenciado Jesús Edgar Alberico Yáñez Trejo. PUBLICA EN LISTAS, EL 29 (VEINTINUEVE) DE AGOSTO DEL 2017 (DOS MIL DIECISIETE).- CONSTE. Negv 11