2. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE DECLARÓ PROCEDENTE EL RECURSO:

Transcripción

1 Lima, dos de junio de dos mil nueve. LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA: Con los acompañados; vista la causa del expediente número cinco mil trescientos diecinueve guión dos mil ocho en el día de la fecha, expide la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas mil ochocientos por don Russo Américo Núñez Calsín contra la sentencia de vista obrante a fojas mil setecientos sesenta y nueve, su fecha doce de noviembre de dos mil ocho, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, que confirma la sentencia apelada obrante a fojas mil seiscientos cincuenta y tres, su fecha veintiséis de mayo del mismo año, que declara fundada en parte la demanda de reivindicación, en consecuencia, dispone la restitución del derecho de propiedad del predio a favor de su propietario Rogelio Blanco Yupanqui, con lo demás que contiene. 2. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE DECLARÓ PROCEDENTE EL RECURSO: Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha veintisiete de marzo del año en curso, obrante a fojas cuarenta y cuatro del cuadernillo formado por esta Sala, ha declarado procedente el recurso de casación por la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, sosteniendo que la afectación al debido proceso habría consistido en que la sentencia de vista no se ha pronunciado sobre cada uno de los agravios invocados por el recurrente en su recurso de apelación, por cuanto uno de los principales agravios según refiere está referido a que no existe el presupuesto de la determinación del inmueble, considerando el tracto del inmueble; sin embargo, el Colegiado ha omitido pronunciarse sobre este extremo de su recurso de apelación, lo que ha dado lugar a que se emita una sentencia de vista que contiene un pronunciamiento infrapetita, incumpliendo la formalidad prevista en el artículo 122, incisos 3 y 4, del Código Procesal Civil. 3. CONSIDERANDOS: PRIMERO: La doctrina ha conceptuado el debido proceso como un derecho humano o fundamental que asiste a toda persona por el sólo hecho de serlo, y que le faculta a exigir al Estado un juzgamiento imparcial y justo ante un Juez responsable, competente e independiente, toda vez que el Estado no solamente está en el deber de proveer la prestación jurisdiccional a las partes o terceros legitimados, sino a proveerla con determinadas garantías mínimas que le aseguren tal juzgamiento imparcial y justo, en tanto que el debido proceso sustantivo no sólo exige que la resolución sea razonable, sino esencialmente justa.

2 SEGUNDO: Es del caso señalar que la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales constituye una garantía constitucional, consagrado en el artículo 139, inciso 5, de la Constitución Política, el cual asegura la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, ella resguarda a los particulares y a la colectividad de las decisiones arbitrarias de los jueces, quienes de este modo no pueden ampararse en imprecisiones subjetivas ni decir las causas a capricho, sino que están obligados a enunciar las pruebas en que sostienen sus juicios y a valorarlas racionalmente; en tal sentido, la falta de motivación no puede consistir, simplemente, en que el juzgador no exponga la línea de razonamiento que lo determina a decidir la controversia, sino también en no ponderar los elementos introducidos en el proceso de acuerdo con el sistema legal, es decir, no justificar suficientemente la parte resolutiva de la sentencia a fin de legitimarla. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional señala que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificados en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso TERCERO: Uno de los principios que forman parte de la esfera del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales es el de la congruencia procesal, pues si bien no está reconocido constitucionalmente, sin embargo, constituye una especie del género del debido proceso y significa que, al sentenciar, el Juez debe respetar el contradictorio del proceso, esto es, debe pronunciarse sobre los diversos aspectos de las pretensiones postuladas por los justiciables y sólo sobre ellos de acuerdo a ley ( ). Al respecto, el principio de congruencia importa la correspondencia entre lo pretendido y lo juzgado. Ella indica que la resolución que emite la autoridad acerca del litigio debe guardar estricta conformidad con lo pretendido por las partes. Entre las afectaciones a dicho principio encontramos los siguientes: Uno) El juzgador omite decidir alguna de las cuestiones oportunamente planteadas por las partes y que sean conducentes a la solución del litigio, lo que genera el vicio de incongruencia conocido como citra petita, que torna anulable el respectivo pronunciamiento; Dos) El juzgador otorga cosa distinta a la peticionada por la parte o condena a persona no demandada o a favor de persona que no demandó, yendo más allá del planteo litigioso, ello conforma el vicio de incongruencia denominado extra petita, que también torna anulable el respectivo pronunciamiento; y, Tres) El juzgador otorga más de lo que fue pretendido por el actor: también aquí se incurre en vicio de incongruencia, ahora llamado ultra petita, que descalifica la sentencia. CUARTO: Para efectos de determinar si en el caso en concreto se han infringido las normas procesales glosadas, es del caso hacer las siguientes precisiones: Estamos ante dos procesos acumulados, mediante resolución obrante a fojas ochocientos dos, su fecha trece de diciembre del dos mil cuatro, que son los siguientes: (i) Proceso de reivindicación y otros conceptos, mediante el cual el actor, Rogelio Blanco Yupanqui, solicita la reivindicación del inmueble de su propiedad ubicado en la Zona Noreste de Puno, a un costado de la línea férrea que va de Puno a Juliaca, dentro del denominado Fundo Machallata, y acumulativamente, el cobro de frutos e indemnización de daños y perjuicios, sosteniendo que los demandados, Radio La Voz del Altiplano y Russo Américo Núñez Calsín, poseen el inmueble en litigio sin título alguno, pues tienen instalada antenas así como una caseta; (ii) Proceso de indemnización de daños y perjuicios, también planteado por el mencionado demandante, reclamando el pago de la suma

3 de setenta mil nuevos soles por daño moral y lucro cesante porque la parte demandada accionó con dolo y culpa inexcusable, atribuyéndole delitos no cometidos; (iii) La parte demandada contradice la demanda, sosteniendo que el instrumento de propiedad del actor es fraudulento por no haberse acreditado en forma fehaciente el tracto sucesivo respecto del bien en litigio, pues, según refiere, en los procesos de desalojo que se acompañan se declaró improcedente la demanda por falta de legitimidad para obrar del demandante; (iv) El Juez, mediante sentencia obrante a fojas mil seiscientos cincuenta y tres, declaró fundada en parte la demanda en el extremo de la pretensión principal de reivindicación, ordenando la restitución de dicho predio a favor del demandante; infundada la demanda en el extremo de las pretensiones accesorias de cobro de frutos e indemnización de daños y perjuicios por improbada; e, infundada la demanda acumulada de indemnización de daños y perjuicios; (v) Esta decisión es apelada por el recurrente, mediante escrito obrante a fojas mil seiscientos setenta y cuatro, denunciando entre otros agravios que no existe una exacta y real determinación del inmueble en litigio, toda vez que la denominación del predio, área y colindancias no concuerdan con el tracto sucesivo que el Juez pretende sustentar su decisión; y, (vi) Sin embargo, cabe precisar que dicho cu estionamiento no ha sido resuelto por la Sala Superior, pues al expedir la impugnada, sólo hace una referencia vaga respecto a la determinación del inmueble y el tracto sucesivo de la parte demandante, sin expresar ningún razonamiento respecto de los agravios del recurso de apelación orientados a dicho cuestionamiento; por consiguiente, se desprende que el Colegiado emitió una decisión citra petita, pues, no resolvió respecto de una de las cuestiones planteadas por los justiciables. QUINTO: Consecuentemente, el presente medio impugnatorio merece ser amparado al configurarse la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, prevista en el artículo 386, inciso 3, del Código Procesal Civil, debiendo anularse la sentencia de vista. 4. DECISION: Por tales consideraciones y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 396, inciso 2, acápite 2.1 del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas mil ochocientos por don Russo Américo Núñez Calsín, por la causal relativa a la contravención de normas que garantizan la observancia del debido proceso y, en consecuencia, NULA la sentencia de vista obrante a fojas mil setecientos sesenta y nueve, su fecha doce de noviembre del dos mil ocho, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Puno; ORDENARON que la Sala Superior expida nueva resolución con arreglo a ley; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Rogelio Blanco Yupanqui con Radio La Voz del Altiplano sobre reivindicación y otro; interviniendo como Vocal Ponente el señor Castañeda Serrano; y los devolvieron. SS.

4 TAVARA CORDOVA PALOMINO GARCIA CASTAÑEDA SERRANO ARANDA RODRÍGUEZ IDROGO DELGADO Svc Fundamento jurídico cuatro de la Sentencia del Tribunal Constitucional N PHC/TC. Marcial Rubio Correa. La Interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional. Pontificia Universidad Católica del Perú Fondo Editorial. Lima, p 124 SENTENCIA CASACION Nro PUNO

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