INSTITUTO COSTARRICENSE DE DERECHO NOTARIAL ICODEN DE: ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN GUANACASTE

Transcripción

1 PROCESO DISCIPLINARIO NOTARIAL EXPEDIENTE # NO DE: ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN GUANACASTE CONTRA: LICDA. JOHANNA MORENO BUSTOS VOTO # TRIBUNAL DE NOTARIADO.- San José, a las nueve horas veinte minutos del veintitrés de febrero del dos mil seis. Proceso disciplinario establecido ante el Juzgado Notarial por la ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN GUANACASTE (ASACOG) representada por su presidente Luis Fernando Garita Zamora, quien es mayor, soltero, coordinador, vecino de Liberia, cédula , contra JOHANNA MARÍA MORENO BUSTOS mayor, soltera, abogada y notaria, vecina de Liberia, cédula Intervino además la Dirección Nacional de Notariado. RESULTANDO: I.- La ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN GUANACASTE, denunció a la notaria Moreno Bustos, porque durante los años 1996 y 1998, se desempeñó como abogada y notaria de la asociación, y como tal autorizó varios documentos notariales de crédito, entre los cuales se encuentran los siguientes: a)documento de crédito otorgado por Erick Pastrana Hidalgo; b) Prenda de Guillermo Jiménez Chacón, mediante escritura número 89 del 1 de junio de En este caso, el vehículo no aparece a nombre del deudor, y además el mismo soporta anotaciones que impiden su inscripción; c) Escritura número 43 del 26 de abril de 1999, que es hipoteca de Xiomara Driggs, y que no debió otorgarse porque la finca soportaba limitaciones del Banvhi, razón por la que le ha sido cancelada su presentación en dos ocasiones; d) Escritura número 77 del 12 de abril de 1996, que es hipoteca de Jaime Francisco Vargas. La finca dada en garantía soporta también limitaciones del Banvhi; e) Escritura número 39 del 10 de agosto de 1998, que es hipoteca de Benigno Guadamuz. La finca hipotecada también soporta limitaciones del Banvhi y además está afectada a patrimonio familiar. Por otro lado, la hipoteca se constituyó como de primer grado, y eso no era posible, porque ya existía una de primer grado a favor del Instituto de Seguros. A la fecha de la denuncia, la notaria no ha entregado los

2 documentos debidamente inscritos, no obstante que se le requirió para que lo hiciera, y no obstante que se le cancelaron los honorarios, timbres e impuestos correspondientes. La denunciante solicitó que se le prevenga a la notaria la inscripción de los documentos y que de lo contrario se le suspenda. Pide también que se le condene a pagar daños y perjuicios, los cuales liquidó de la siguiente manera: Daño material: a) timbres, impuestos y honorarios pagados a la notaria por los documentos que no inscribió: cuatrocientos setenta y cinco mil ciento ochenta colones. b) Los montos por saldos de capital adeudados a la asociación y que no se podrán cobrar por la irresponsabilidad de la notaria, y que ascienden al total de siete millones trescientos noventa y ocho mil ciento dieciocho colones noventa céntimos; c) Los intereses adeudados por cada deudor, que ascienden al total de tres millones seiscientos cincuenta mil doscientos sesenta y tres colones noventa céntimos. Daño moral: tres millones de colones. Perjuicios: los intereses legales sobre todas y cada una de las partidas liquidadas a partir de la fecha en que la asociación debió ejecutar los documentos, o subsidiariamente a partir de la firmeza de la sentencia. Todo para un gran total de catorce millones quinientos veintitrés mil quinientos sesenta y dos colones noventa y seis céntimos. II.- Se dio curso a la denuncia y la notaria contestó lo siguiente: que el documento del primer caso, relativo a Erick Pastrana, se encuentra inscrito. Que al documento de Guillermo Jiménez, se le han corregido muchos defectos y actualmente está pendiente de inscripción, y está anotado, por lo que es falso que la prenda sea nula. La hipoteca de Xiomara Driggs, se encuentra inscrita. Que está tramitando el levantamiento de las limitaciones del Banvhi en el caso de Jaime Francisco, porque ya están vencidas. Que ella solicitó a la asociación una carta donde conste la concesión del crédito con el fin de tramitar las diligencias de utilidad y necesidad en el caso de Bienvenido Guadamuz, pero la asociación no ha cumplido. Aclaró además la denunciada que los timbres e impuestos fueron pagados al registro. Se opuso a cualquier pago de indemnización alguna, intereses o demás gastos. Opuso las excepciones de falta derecho y prescripción, y solicitó que se declare sin lugar la demanda y se condene en costas a la denunciante. III.- La autoridad de primera instancia, mediante sentencia de las quince horas cinco minutos del cuatro de octubre del dos mil cinco, declaró con lugar la denuncia, y le impuso a la notaria dos meses de suspensión. Acogió también la pretensión resarcitoria y condenó a la notaria a pagar un millón de colones de daño moral, más los intereses legales a partir de la firmeza de la sentencia, y ambas costas del juicio. Rechazó el pago de daño material. IV.-

3 Por no estar conforme con lo resuelto, apeló la notaria denunciada, en vista de lo cual conoce ahora el tribunal de la sentencia indicada. V.- En los procedimientos se han observado las prescripciones y plazos de ley. No se notan defectos u omisiones que puedan causar nulidad. REDACTA LA JUEZ CHING VARGAS. CONSIDERANDO: I.- Se corrige el hecho primero de la lista que contiene la sentencia apelada, para que se lea que el número de placa correcto es Al hecho quinto se le agrega como prueba, el escrito de denuncia de folio 38 y la certificación de folio 51, donde consta el número de finca hipotecada. Se corrige el hecho sétimo para que se lea que la escritura es del doce de noviembre de El hecho 8) se corrige en cuanto a la prueba, para que se lea que la única prueba que sustenta ese hecho es la que consta a folio 90. Se corrige el hecho nueve para que se lea que la finca dada en garantía es la número ochenta y dos mil doscientos cuarenta y siete. El hecho décimo se corrige también en cuanto a la prueba, para que se tenga como tal, el folio 90 únicamente. Se aprueban todos los demás hechos en la forma como están expuestos por ser fiel reflejo de la prueba que consta en autos. II.- Se aprueba asimismo el hecho tenido por indemostrado. III.- La presente denuncia se interpuso el doce de diciembre del 2001, por la falta de inscripción de cinco documentos en los que es parte la denunciante. El veinte de febrero del 2003, antes de que el Juzgado otorgara el plazo respectivo para la inscripción de esos documentos, la denunciante presentó el escrito de folio 90, donde solicita que se le entregue el documento ya inscrito del señor Guillermo Jiménez Chacón que fue depositado en el despacho, y donde manifiesta que ya la notaria le entregó debidamente inscritos los otros cuatro documentos. Esta gestión fue avalada por el Juzgado mediante resolución de las once horas del diecisiete de diciembre del El artículo 144 inciso a) del Código Notarial establece que procederá la suspensión del notario que atrase durante más de seis meses y por causa atribuible a él, la inscripción de un documento, después de ser prevenido para inscribirlo y habérsele otorgado un plazo de uno a seis meses. En el presente

4 caso, se da el atraso de seis meses que contempla el artículo citado, pero no se da el otro presupuesto, pues la notaria inscribió los documentos que interesan a la quejosa, antes de que el juzgado le diera el respectivo plazo para inscribir. Es por eso que no se le puede sancionar. Sin embargo, sí hay una conducta antijurídica de su parte, pues su obligación era proceder a la inscripción de los documentos que ella autorizó, a la mayor brevedad posible, y vemos que no fue así. Con eso, se cumple con uno de los requisitos necesarios para que proceda la condenatoria en daños y perjuicios. Los otros requisitos son el daño causado, la culpabilidad y la causalidad entre conducta y daño. La autoridad de primera instancia rechazó el daño material y los perjuicios que reclamó la denunciante. Sin embargo, concedió el daño moral por un monto de un millón de colones, más los intereses que devengue esa suma a partir de la firmeza de la sentencia. De lo así resuelto difiere este Tribunal, porque lo pedido en ese concepto no constituye un daño que deba ser resarcido a una persona jurídica. La demandante pidió tres millones de colones. Dijo que"determino como daño moral la burla sufrida por la Asociación que creyó estar siendo asesorada correcta y debidamente sin que ello fuera así". La demandante es una persona jurídica, y respecto al daño moral con relación a estas personas, se ha dicho que "el honor objetivo, o prestigio o reputación es tutelable a las personas jurídicas como valor fundamental, como bien preciado. Esto es así, puesto que el valor del honor es íntimo de la persona física como autopercepción, más la reputación como percepción exterior de la persona resulta un bien muy preciado para dichos grupos como elemento de cohesión y proyección. De esta forma, en cuanto al derecho a la reputación como derecho fundamental consistente en la percepción exterior de los demás hacia una persona es tutelable a una persona jurídica". (Voto número 1026 de las diez horas cincuenta y cuatro minutos del dieciocho de febrero de 1994 de la Sala Constitucional). En el presente asunto, y tomando en cuenta los hechos denunciados, no está de por medio el honor objetivo, prestigio o reputación de la asociación, sino que se considera como daño la burla sufrida por la Asociación que creyó estar siendo asesorada correcta y debidamente sin que ello fuera así, lo que a criterio de este Tribunal no constituye un daño que deba ser indemnizado. Así las cosas, lo que se impone en el presente asunto es, en lo apelado, revocar la sentencia recurrida, acoger la excepción de falta derecho, declarar sin lugar la denuncia y la condenatoria al pago de daño moral y de intereses sobre el monto concedido, y condenar en ambas costas de la pretensión resarcitoria a la denunciante. POR TANTO: En lo apelado, se revoca la sentencia recurrida y se acoge la excepción de falta derecho. Se declara sin lugar la denuncia y la condenatoria al pago de un millón de colones de daño moral más sus intereses concedidos a partir de la firmeza de la sentencia. Se condena a la denunciante al pago de ambas costas de la pretensión resarcitoria.

5 Licda. Ana Cecilia Ching Vargas Lic. Roy Jiménez Oreamuno Lic. Rafael Sánchez Sánchez acv Es copia fiel del original - Tomado del Sistema Costarricense de Información Jurídica el: 12/1/2011 9:39:03 AM