RECURSO DE CASACIÓN N CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO

Transcripción

1 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO JUEZ PONENTE: DR. JOSÉ LUIS TERÁN SUÁREZ Quito, a 29 de noviembre de Las 11H VISTOS: Conocemos de la presente causa en virtud de la Resolución No de 25 de enero de 2012 emitida por el Concejo de la Judicatura; y, por los Oficios Nos SG-CNJ-IJ y 1888-SG-CNJ-IJ de 25 de septiembre de 2013 expedidos por el Dr. Carlos Ramírez Romero, Presidente de la Corte Nacional de Justicia. En lo principal, mediante sentencia dictada el 14 de septiembre de 2011, la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en Guayaquil, declara sin lugar la acción de impugnación presentada por el Ing. Francisco Pérez Gilabert, en calidad de Gerente General y por tanto representante legal de la compañía EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA S.A., en contra del Director Regional del Servicio de Rentas Internas Litoral Sur. Dentro del término concedido en el art. 5 de la Ley de Casación, la empresa actora presenta un escrito contentivo del pertinente recurso; aceptado que ha sido el recurso por el Tribunal juzgador en providencia de 29 de septiembre de 2011, ha subido en conocimiento de esta Sala Especializada para que confirme o revoque tal aceptación, lo que ha sucedido en auto de 12 de noviembre del mismo año; y, además, se pone en conocimiento de la parte demandada para los fines previstos en el art. 13 de la Ley de Casación, la que no ha contestado ni señalado casilla judicial donde recibir notificaciones. Concluida la tramitación de la causa y siendo su estado el de dictar sentencia, para hacerlo se considera: PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer del presente recurso, en virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del art. 184 de la Constitución de la República, en concordancia con el art. 1 de la Ley de Casación y el numeral 1, segunda parte del art. 185 del Código Orgánico de la Función Judicial /7

2 SEGUNDO.- El Ing. Francisco Pérez Gilabert, a nombre de EMPESEC S.A., en el escrito que contiene su recurso (fs. 45 a 54 de los autos) dice que, las causales en las que se fundamenta son las establecidas en los numerales primero y segundo del art. 3 de la Ley de Casación. En relación a la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación, menciona que la sentencia ha incurrido en falta de aplicación del art. 4 de la Decisión No. 388 del Acuerdo de Cartagena publicada en el Registro Oficial No. 10 de fecha 23 de agosto de 1996, haciendo referencia al art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador, pues considera que se debía aplicar la norma supranacional que trata sobre la devolución del IVA. Menciona que, consta demostrado no sólo en la solicitud administrativa de devolución planteada ante la Administración Tributaria sino también dentro del proceso incoado contencioso para impugnar la resolución, que la empresa no sólo ha consumido sino que ha utilizado bienes y servicios para el proceso de abastecimiento, administración de la producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación que, alcanza el valor de USD $31.099,65; que excluir del monto de la devolución la cantidad mencionada, asegurando que en la normativa vigente no se considera en la liquidación de devoluciones de IVA al valor pagado por concepto de servicios, es una barbaridad jurídica. Indica que los servicios inherentes a los procesos productivos en el proceso de elaboración, se consideran evidentemente como utilizados o aplicados a dichos productos. Afirma que la Sala juzgadora, antojadizamente, omite aplicar el art. 4 de la Decisión 388 del Acuerdo de Cartagena, así como los arts. 57 y 72 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, por lo que no cabe duda que el valor de tales servicios debió ser parte de la devolución solicitada y debió considerarse el derecho a crédito tributario que tendría la empresa actora. En cuanto a la falta de aplicación del inciso segundo del art. 246 del Código Tributario indica que de una revisión breve del expediente en cuestión, se puede encontrar que la Administración Tributaria no ha cumplido con la obligación de enviar o adjuntar al expediente del presente juicio los documentos 2/7

3 referidos en el art. 245 del Código Tributario (sic), de esta manera se estaría a las afirmaciones de la empresa actora, y no como la Sala juzgadora afirma que, el actor no ha presentado las pruebas necesarias para desvanecer las afirmaciones señaladas sin tomar en cuenta que no se ha adjuntado el expediente administrativo. En referencia a la causal segunda menciona que, en la sentencia recurrida existe aplicación indebida de las normas procesales puesto que, de acuerdo al recurrente, obra del proceso una solicitud de prueba hecha por la Administración Tributaria que no ha sido evacuada, ocasionando la nulidad del proceso por violación al trámite, pues existe aplicación indebida de los arts. 119, 353, 359 y 1014 del Código de Procedimiento Civil. Que el trámite del proceso ha sido violentado pues se emite sentencia sin haberse evacuado una prueba, así como tampoco constan ratificaciones del abogado solicitante. Por todo ello pide se case la sentencia TERCERO.- En definitiva, debe dilucidarse si esta sentencia aplicó o no, en debida forma las normas legales que, según el recurrente, se han infringido. Para resolver sobre el controvertido, esta Sala hace las siguientes consideraciones: 3.1. Por concepción doctrinaria, disposición terminante de la Ley de Casación y la amplia jurisprudencia dictada por todas las Salas primero de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente la Corte Nacional de Justicia, la casación en nuestro sistema jurídico es un recurso extraordinario que, tiene por objeto corregir la aplicación indebida, la falta de aplicación o la interpretación errónea que los Tribunales de segunda instancia (o única como en el caso tributario) hayan cometido en la sentencia o auto definitivo que ponga fin a un proceso de conocimiento (Art. 1 y 2 de la Ley de Casación), en fin, es una verdadera demanda en contra de una sentencia y por tanto ha de contener requisitos formales sustanciales, sin cuyo cumplimiento no es dable al Tribunal de Casación corregir los enunciados errores. Sin embargo, y en ello también han concordado todas las Salas del Tribunal de Casación, con excepción de la tercera causal, le está vedado hacer una revaloración o apreciación de la prueba presentada 3/7

4 por las partes, durante el respectivo término En la especie, el representante de la empresa actora menciona como causales de su recurso la primera y la segunda del art. 3 de la Ley de Casación. En relación a la primera, porque según él, ha existido falta de aplicación de los arts. 57 y 72 de la LRTI. En resumen considera que, habiendo realizado exportaciones en el mes de OCTUBRE de 2007, tiene derecho a que se le reintegre el IVA en la adquisición local de servicios incorporados a sus productos, los que la Resolución N RDEV005759, dictada por el Director Regional del Servicio de Rentas Internas Litoral Sur, el 3 de junio del 2008, ha negado y que la sentencia, ahora recurrida, declara válida y procedente. En forma reiterada y uniforme la Sala de lo Fiscal de la ex Corte Suprema de Justicia y actual Contencioso Tributaria de la Corte Nacional, (causas Nos , , , , por mencionar unas pocas) ha sostenido que, el art. 72 (69-A en la reforma de abril de 1999) de la Ley de Régimen Tributario Interno, que estuvo vigente en el período 2007, sobre el que se discute en este litigio, reconoce el derecho a la devolución del IVA pagado en la adquisición local o en la importación de bienes que se utilicen para las actividades de exportación, mas no en la adquisición de servicios, la cual fue agregada efectivamente en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador publicada en el Registro Oficial N 242 del 29 de diciembre de Pese a que, según el art. 185 de la Constitución de la República en concordancia con el art. 182 del Código Orgánico de la Función Judicial, para que el triple fallo concordante de una de las Salas de la Corte Nacional se convierta en jurisprudencia obligatoria, debe ser resuelto por el Pleno de la Corte Nacional y publicado en el Registro Oficial, es claro que tales requisitos no eran necesarios en el año 2007 y por el contrario, estaba plenamente vigente el art. 19 de la Ley de Casación; pero aparte de esta consideración, es necesario dejar sentado que el criterio de la actual Sala Contencioso Tributaria, no ha variado, es decir, se mantiene que el art. 72 (ex 69-A), no concedía la devolución por los servicios, pues decía: IVA pagado en actividades 4/7

5 de exportación.- Las personas naturales y las sociedades que hubiesen pagado el Impuesto al Valor Agregado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes, empleados en la fabricación de bienes que se exporten, tienen derecho a que ese impuesto les sea reintegrado, sin intereses, en un tiempo no mayor a noventa días (90), a través de la emisión de la respectiva nota de crédito, cheque u otro medio de pago. Se reconocerán intereses si vencido el término antes indicado no se hubiese rembolsado el IVA reclamado. El Servicio de Rentas Internas deberá devolver lo pagado contra la presentación formal de la declaración del representante legal del sujeto pasivo que deberá acompañar las copias certificadas de las facturas en las que conste el IVA pagado. Es claro que el legislador, no incluyó ex profeso la devolución del IVA a los exportadores por la prestación de servicios, tan es así que, cuando lo quiso hacer debió reformar la norma e incluir la devolución por servicios (Ley de Equidad), por tanto tal devolución no está amparada en la Ley. Tampoco procede la aplicación del art. 4 de la Decisión 388 de la Comunidad Andina de Naciones, porque la misma Decisión otorga a los países miembros un régimen de control y aprobación de los requisitos y documentos que cada caso requieran, y en este caso ha sido expresamente negado por el SRI. El art. 57 de la LRTI no es aplicable al caso, porque la empresa jamás ha solicitado crédito tributario y su consecuente compensación, cual es el sentido y regulación de esta norma, sino la devolución señalada en el art. 72, sin que quepa hacer la proposición en forma alternativa. Adicionalmente a ello, el Tribunal A-quo rechaza la demanda por cuanto la empresa actora no ha probado los asertos de su demanda o la prueba no fue conducente a ello, apreciación de la Sala juzgadora que entra en su criterio de equidad o justicia, aplicable plenamente por el art. 270 del Código Tributario, y no puede ser motivo de casación, al menos por la primera causal Dentro de esta misma primera causal, no sin dificultad, se puede entrever que el recurrente menciona que no se aplicó el segundo inciso del art. 246 del Código Tributario, pues la 5/7

6 Administración no adjuntó copia certificada del acto impugnado y los documentos que sirvieron de base; sin embargo y es la propia actora, la que adjunta una copia notariada de la Resolución impugnada (fs. 11 a 17 de los autos) y consta otra simple adjuntada con la contestación a la demanda (fs. 26 a 31), y no por ese detalle puede pretender que se acepte su demanda sin más, por lo que se rechaza tal pretensión En relación a la causal segunda del art. 3 de la Ley de Casación, que dice: Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas procesales, cuando hayan viciado el proceso de nulidad insanable o provocado indefensión, siempre que hubieren influido en la decisión de la causa y que la respectiva nulidad no hubiere quedado convalidada legalmente, la recurrente argumenta que la Administración Tributaria solicitó la realización de una prueba, que no ha sido debidamente evacuada conforme lo dispuesto por los señores jueces, con lo cual se ha infringido los arts. 353, 359 y 1014 del Código de Procedimiento Civil. Esta casual es de aquellas que la doctrina invoca como errores in procedendum en la sentencia, pero no sólo se requiere que haya existido aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de una norma de carácter procesal, sino que esencialmente debe haber viciado el proceso de nulidad insanable o provocado indefensión; pero en el caso, en forma un tanto extraña, la recurrente pretende una declaratoria de nulidad porque no se ha evacuado una diligencia pedida por la otra parte, lo cual evidentemente no le provocó ninguna indefensión, es más se podría sostener que redunda en su beneficio; pero tampoco ha podido demostrar la recurrente cómo la no realización de esa diligencia ha influido en la decisión de la causa Sin que sea menester entrar en otros análisis, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA, rechaza el recurso de casación 6/7

7 interpuesto por el representante legal de la EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA S.A.- Sin costas. Notifíquese, publíquese y devuélvase.- f) Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, JUEZA PRESIDENTA; Dr. Juan Montero Chávez, CONJUEZ NACIONAL; Dr. José Luis Terán Suárez, CONJUEZ NACIONAL; Certifico.- Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, SECRETARIA RELATORA ENCARGADA 7/7