RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

Transcripción

1 E DE MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 452/2013 Resolución nº 394/2013 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 19 de septiembre de 2013 VISTA la reclamación interpuesta por D. C.E.C.M., con DNI D, en representación de AMERICAN EXPRESS FOREIGN EXCHANGE, S.A.U., contra el acuerdo de 29 de julio de 2013 del consejo de administración de AENA por el que se adjudicó el expediente CIMAD/025/13 "de arrendamiento de seis puntos de venta para la explotación de la actividad de cambio de moneda, devolución de IVA, reembolso de bonos y transferencia de dinero, en la terminal 4 y satélite del Aeropuerto de Madrid/Barajas", a la oferta presentada por la empresa EURODIVISAS, S.A., el Tribunal ha adoptado la siguiente resolución: ANTECEDENTES DE HECHO. Primero. El consejo de administración de AENA AEROPUERTOS, S.A. acordó en fecha 5 de marzo de 2013 el inicio del expediente de contratación del expediente CIMAD/025/13 "de arrendamiento de seis puntos de venta para la explotación de la actividad de cambio de moneda, devolución de IVA, reembolso de bonos y transferencia de dinero, en la terminal 4 y satélite del Aeropuerto de Madrid/Barajas", que fue objeto de anuncio por el órgano de contratación de 11 de marzo de 2013, según consta en el expediente. Segundo. Concurrieron a la licitación dos empresas, la recurrente, AMERICAN EXPRESS FOREIGN EXCHANGE, S.A.U. y la que resultó adjudicataria, EURODIVISAS, S.A., por acuerdo del consejo de administración de AENA de 29 de julio de Tercero. Durante la tramitación del procedimiento, el recurrente había presentado escrito en fecha 21 de mayo de 2013 señalando que la otra licitadora incurría en causa de.. AVDA. GENERAL PERÓN, 38, 8ª PLTA MADRID TEL: /47/51 FAX: Tribunal_recursos.contratos@minhap.es

2 2 incompatibilidad de contratación con la administración al ser su consejero delegado y presidente del consejo de administración, alcalde electo de determinado municipio, y no reunir los requisitos exigidos en el pliego al no figurar registrada como entidad de pago en el registro correspondiente del Banco de España. Cuarto. Disconforme con dicha adjudicación, con fecha 19 de agosto de 2013 efectuó el anuncio previo de la reclamación, que, efectivamente formuló ante el Tribunal por escrito con registro de entrada el día 20 siguiente. En sus argumentos, además de insistir en los expuestos durante el procedimiento, consideraba que la puntuación atribuida a EURODIVISAS era errónea, al basarse en presunciones, detallando la puntuación, que, a su juicio, era procedente. Quinto. El órgano de contratación ha emitido el oportuno informe en el que señala, en esencia, que el arrendamiento de puntos de venta para la explotación de la actividad de cambio de moneda, devolución de IVA, reembolso de bonos y transferencia de dinero en los aeropuertos, no tiene la naturaleza de los contratos de servicios regulados en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, no siendo, por lo tanto, de aplicación al contrato de referencia dicha Ley. Se trata de contratos de arrendamiento sometidos al derecho privado. Posteriormente, realiza la exposición las restantes alegaciones del recurrente, referidas a la concurrencia de causa de prohibición para contratar, ausencia de requisito de inscripción en el registro de entidades de pago del Banco de España y aplicación de los criterios de puntuación. Sexto. Por la Secretaría del Tribunal se dio traslado de la reclamación a la empresa adjudicataria, EURODIVISAS, S.A., en fecha 3 de septiembre de 2013, para que formulara las alegaciones que convinieran a su derecho, de modo que EURODIVISAS presentó ante este Tribunal escrito de alegaciones en el que exponía la inexistencia de causa de incompatibilidad o prohibición para contratar por la razón esgrimida por el recurso, así como aseguraba cumplir con los requisitos de registro en el Banco de España y defendía la puntuación realizada por la órgano de contratación.

3 3 FUNDAMENTOS DE DERECHO. Primero. Con carácter previo a entrar al análisis de la reclamación se ha de comprobar si el contrato en cuestión corresponde a la competencia revisora del Tribunal Central de Recursos Contractuales. En efecto, el Tribunal ostenta competencia, conforme al artículo 101 de la Ley 31/2007, para conocer de los recursos que se formulen contra los actos dictados en procedimientos de adjudicación de los contratos regulados en la citada ley, que son los contratos de obras, suministros y servicios, tal y como vienen definidos en los artículos 1 y 2 de la misma. Concretamente, se trata de determinar si el contrato celebrado es un contrato de servicios, o, por el contrario, se trata de un arrendamiento sujeto al derecho privado, esto es, si es un contrato patrimonial. Para ello hay que analizar el pliego de cláusulas de la contratación. Conforme al mismo, el objeto del contrato es el arrendamiento de unos locales para la prestación de determinada actividad dirigida al público que concurre al aeropuerto. No se trata de una actividad o prestación dirigida al ente contratante para que éste provea sus necesidades, ni la prestación a terceros de un servicio por el adjudicatario que corresponda prestar a aquéllos al ente contratante. Propiamente, lo que ocurre es que éste ordena sus espacios físicos asignando y especificando los variados destinos de los mismos, como puede verse en el propio anuncio de la licitación, en referencia a otros aeropuertos: local para venta de productos típicos mallorquines, explotación de moda multimarca y outlet, instalación de cajeros, tienda infantil, dulces y golosinas, etc Para la fijación de la renta a abonar por el arrendatario se utilizan parámetros de facturación. Asimismo, se exige, en el caso de que la actividad requiera alguna autorización de una administración, la acreditación de la misma pues, en caso contrario, no podría darse al local el destino prefijado. Nada de esto, sin embargo, convierte al contrato como de servicios, ni como de gestión de servicios públicos, desde luego. En definitiva, se trata de un contrato de arrendamiento de locales en el que se especifica el destino del local, tal y como, de modo expreso, se indica en el pliego, tanto en la enunciación del mismo, como en la cláusula 18 del anexo VIII, modelo de contrato, y, en consecuencia, queda fuera del ámbito de competencia del Tribunal, que queda ceñido a los contratos típicos de obras, suministros y servicios.

4 4 Segundo. Los anteriores razonamientos nos llevan a la conclusión de que procede inadmitir la presente reclamación por no ser de la competencia de este Tribunal la resolución de la misma, remitiendo todo lo actuado a AENA para que proceda en la forma que estime se ajusta a derecho. Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación, ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha, ACUERDA: Primero. Inadmitir la reclamación interpuesta por D. C.E.C.M. en representación de AMERICAN EXPRESS FOREIGN EXCHANGE S.A.U contra la adjudicación de 29 de julio de 201 acordada por el Consejo de Administración de la sociedad AENA AEROPUERTOS, S.A. del contrato denominado expediente CIMAD/025/13 "de arrendamiento de seis puntos de venta para la explotación de la actividad de cambio de moneda. devolución de IVA, reembolso de bonos y transferencia de dinero, en la terminal 4 y satélite del Aeropuerto de Madrid/Barajas" por no ser de la competencia de este Tribunal la resolución de la misma, remitiendo a AENA el expediente administrativo, junto con la presente resolución, a fin de que siga el trámite que considere ajustado a derecho. Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento acordada en virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la LCSE. Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición de la reclamación por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1, letra f) y 46.1

5 5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.