FUNDAMENTOS LEGALES. Artículo 138: Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos (Subrayado nuestro).

Transcripción

1 Ciudadano LUIS BRICEÑO UZCATEGUI PRESIDENTE DE ASODELISEZ Su Desacho.- Honorable Presidente: Luego de saludarlo, la presente tiene por objeto hacer acuse de recibo de su comunicación de fecha 21 de noviembre de 2002, mediante la cual remite la composición de la Junta Directiva de ASODELISEZ, así como también copias de oficios donde se expone la problemática que presenta la asociación que usted preside en relación al cobro de una serie de tributos o contribuciones por parte de las intendencias municipales del Estado Zulia y algunas Alcaldías a la referida asociación ASODELISEZ y a sus miembros. En relación a este ultimo punto, este despacho consultor, luego de hacer un estudio doctrinario y jurídico observa: FUNDAMENTOS LEGALES El principio de la legalidad y competencia, conforme a los artículos 136, 137 y 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, prevé: Artículo 136: El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado (Subrayado nuestro). Artículo 137: Esta Constitución y la Ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen (Subrayado nuestro). Artículo 138: Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos (Subrayado nuestro). Asimismo, la magna norma fundamental, citada anteriormente, establece la nulidad de los actos violatorios de derechos constitucionales y legales en los términos siguientes: Artículo 25: Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.

2 Ahora bien, el principio de legalidad y competencia establecido en los artículos 4 y 26 de la Ley Orgánica de Administración Pública, señala: Artículo 4: La Administración Pública se organiza y actúa de conformidad con el principio de legalidad, por el cual la asignación, distribución y ejercicio de sus competencias se sujeta a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a las leyes y a los actos administrativos de carácter normativo, dictados formal y previamente conforme a la ley, en garantía y protección de las libertades públicas que consagra el régimen democrático a los particulares (Subrayado nuestro). Artículo 26: Toda competencia otorgada a los órganos y entes de la Administración Pública será de obligatorio cumplimiento y ejercida bajo las condiciones, límites y procedimientos establecidos legalmente; será irrenunciable, indelegable, improrrogable y no podrá ser relajada por convención alguna, salvo los casos expresamente previstos en las leyes y demás actos normativos. Toda autoridad realizada por un órgano manifiestamente incompetente o usurpada por quien carece de autoridad pública es nula y sus efectos se tendrán por inexistentes (Subrayado nuestro). Y, la Ley Orgánica de Régimen Político del Estado Zulia, en los numerales 1, 3, y 9 del artículo 32º, así como en el artículo 43º, establece lo siguiente: Artículo 32º: Los Prefectos tienen las atribuciones que les señalen las leyes y ejercerán también las siguientes funciones: 1. Conservar el orden y la tranquilidad pública; respetar y hacer que se respeten las garantías constitucionales omissis Visitar, por lo menos una vez al mes las Parroquias de su Jurisdicción, y enviar un informe al Secretario de Gobierno. En estos casos se levantarán actas de inspección en cada Oficina o Despacho, donde se hará constar las irregularidades que haya observado, las providencias que se hayan de tomar para corregirlas, y las necesidades del lugar como su inclusión en el informe....omissis Cuidar de que los espectáculos y entretenimientos públicos, no sean atentatorios al orden, a la moral y a las buenas costumbres. Artículo 43º: Los Prefectos de Municipio y los Jefes Civiles de Parroquia serán responsables por los delitos faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones en los casos y términos establecidos en la Ley. Asimismo, la Ley de Seguridad Ciudadana y Orden Público del Estado Zulia, prevé a los Intendentes de Seguridad de los Municipios como autoridad

3 competente en materia de seguridad ciudadana y orden público. En tal sentido los artículos 3º y 5º, señalan: Artículo 3º: A los efectos de esta Ley, son autoridades competentes en materia de seguridad ciudadana y orden público, las siguientes:... omissis Los Intendentes de seguridad en los Municipios. Artículo 7º: Las autoridades competentes, podrán dictar las órdenes o prohibiciones y disponer las actuaciones policiales necesarias para asegurar el cumplimiento de normas contenidas en esta Ley. Artículo 32º: La persona que desobedezca una orden legalmente expedida por la autoridad competente o no haya acatado alguna medida legalmente dictada por la autoridad en interés de la seguridad pública, será sancionada con multa de cinco (5) a veinticinco (25) Unidades Tributarias o las otras sanciones previstas en la presente Ley o en las demás Leyes de la República. Por otra parte, la Ley de Impuesto Sobre Alcohol y Especies Alcohólicas establece la competencia para la creación, organización, recaudación y control de los impuestos sobre alcohol y especies alcohólicas, así como también sobre su liquidación y recaudación en los términos siguientes: Artículo 3º: La creación, organización, recaudación y control de los impuestos sobre alcohol y especies alcohólicas quedan reservados totalmente al Poder Nacional. Artículo 4º: El Ejecutivo Nacional dictará normas generales para restringir o prohibir el establecimiento o ejercicio de las industrias y expendios a que se refiere esta Ley y establecer medidas de seguridad y sistemas de control de los mismos, tomando en cuenta la naturaleza y ubicación de estos establecimientos, la densidad y características de la población donde se establezcan, el interés fiscal, el orden público y las buenas costumbres... Artículo 27º: La liquidación de los impuestos establecidos por esta Ley será efectuada por los funcionarios competentes. El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Hacienda, podrá disponer que la liquidación sea practicada por los propios contribuyentes, conforme se establezca en el Reglamento de esta Ley. Artículo 31º: El Reglamento establecerá lo relativo al procedimiento para la liquidación y recaudación de los impuestos creados por esta Ley, así como los plazos en los cuales deben ser canceladas las planillas.

4 FUNDAMENTOS DOCTRINARIOS Respecto al principio de legalidad, el administrativista español, Eduardo García de Enterría en su obra Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, 1998, página 433 y 440, señala: El principio de legalidad de la Administración, se expresa en un mecanismo técnico preciso: la legalidad atribuye potestades a la Administración, precisamente. La legalidad otorga facultades de actuación, definiendo cuidadosamente sus límites, apodera, habilita a la Administración para su acción confiriéndola al efecto poderes jurídicos. Toda acción administrativa se nos presenta así como ejercicio de un Poder atribuido por la Ley y por ella delimitado y construido. Sin una atribución legal previa de potestades la Administración no puede actuar simplemente (subrayado nuestro). La atribución de potestades a la Administración tiene que ser, en primer término, expresa. La exigencia de una explicitud en la atribución legal no es mas que una consecuencia del sentido general del principio, que requiere un otorgamiento positivo sin el cual la Administración no puede actuar; lege silente, la Administración carece de poderes, pues no tiene otros que los que la Ley le atribuye (subrayado nuestro). Asimismo, con relación a los principios de legalidad y competencia, el administrativista venezolano Rafael Badell Madrid, en su trabajo COMENTARIOS SOBRE LA NUEVA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 2002, páginas. 3 y 4, señala: Principio de legalidad: La sujeción de la Administración al principio de legalidad deriva, primeramente, del artículo 137 de la Constitución, el cual dispone que Esta Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen. En ese sentido, la vigencia del principio de legalidad tiene tres implicaciones fundamentales: (i) La reserva legal en la asignación de competencias y la precisión legal de las competencias que se confieren a los distintos órganos administrativos; (ii) establece la ordenación jerárquica de las normas que le son aplicables a los entes de la Administración Pública y (iii) permite el control judicial de los actos dictados por los órganos de la Administración Pública. Así, en primer lugar, la reserva legal actúa como una limitación para la Administración, quien no puede por vía unilateral modificar el régimen constitucional y legal de asignación de competencias; en segundo término, el principio de legalidad permite establecer el orden de aplicación de las distintas normativas aplicables a la Administración, en orden a su jerarquía; por último, dispone los límites válidos de actuación de la Administración, lo cual permite el control de sus actos.

5 La sujeción de la actividad administrativa al principio de legalidad encuentra su expresión en el desarrollo de sus competencias, con estricto apego a las normas jurídicas preexistentes y aplicables a las situaciones jurídicas que se resuelve (Subrayado nuestro). Principio de competencia: La competencia, en materia de organización administrativista, ha sido definida como el conjunto de facultades, poderes y atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico a los órganos y entes de la Administración para actuar en sus relaciones con los demás entes y órganos administrativos y con los particulares. Por imperio del principio de legalidad, las competencias son de texto expreso y deben estar contenidas en un texto normativo o, por lo menos derivarse de algunos principios generales de derecho administrativo (Vg. competencias implícitas o inherentes). De otra parte, las competencias no se establecen en beneficio de una persona o de un órgano en particular, sino para satisfacer necesidades e intereses de la colectividad; de ahí que, las competencias sean calificadas como de orden público, de ejercicio obligatorio e irrenunciable. Igualmente el administrativista español Eduardo García de Enterría en su obra Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, 1998, páginas 433 y 440, señala: El principio de legalidad de la Administración, se expresa en un mecanismo técnico preciso: la legalidad atribuye potestades a la Administración, precisamente. La legalidad otorga facultades de actuación, definiendo cuidadosamente sus límites, apodera, habilita a la Administración para su acción confiriéndola al efecto poderes jurídicos. Toda acción administrativa se nos presenta así como ejercicio de un Poder atribuido por la Ley y por ella delimitado y construido. Sin una atribución legal previa de potestades la Administración no puede actuar simplemente (subrayado nuestro). La atribución de potestades a la Administración tiene que ser, en primer término, expresa. La exigencia de una explicitud en la atribución legal no es mas que una consecuencia del sentido general del principio, que requiere un otorgamiento positivo sin el cual la Administración no puede actuar; lege silente, la Administración carece de poderes, pues no tiene otros que los que la Ley le atribuye (subrayado nuestro). OPINIÓN DEL CONSULTOR En virtud de lo antes expuesto, de conformidad con el principio constitucional de la legalidad que informa al derecho y a la actividad administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 4 de la Ley Orgánica de Administración Pública, según el cual el ejercicio las competencias de los

6 diferentes organismos está sujeto a la Constitución y a las Leyes ya que lo no permitido expresamente por Ley está prohibido, y siendo que como se evidencia de los fundamentos jurídicos citados y del deber de cumplimiento de las Leyes, resulta necesario concluir que de conformidad con lo establecido en los artículos 32 numerales 1,3 y 9, 43 de la Ley Orgánica de Régimen Político del Estado Zulia, 3 y 5 de la Ley de Seguridad Ciudadana y Orden Público de Estado Zulia, es de la competencia de los prefectos la conservación del orden y tranquilidad pública, siendo a la luz de la Ley de Seguridad Ciudadana y Orden Público del Estado Zulia, como ley especial, los intendentes de seguridad de los municipios las autoridades competentes en materia de seguridad ciudadana y orden público. En este mismo orden de ideas y de conformidad a lo establecido en la citada Ley de Impuestos sobre Alcohol y Especies Alcohólicas, en sus artículos 3 y 4, se observa que la creación, organización, recaudación y control de los impuestos sobre alcohol y especies alcohólicas es de la competencia del Poder Nacional, quien es el único competente para dictar normas generales para restringir o prohibir el establecimiento o ejercicio de las industrias y expendios de alcohol y especies alcohólicas; resultando ser incompetente el Poder Estadal, a través de sus intendentes de municipios para crear y efectuar cobros de impuestos o colaboraciones en virtud del ejercicio de expendios de alcohol y especies alcohólicas; de efectuarse esta actividad sin la competencia legalmente conferida se inficiona de nulidad y acarrea responsabilidad penal, civil y administrativa a los funcionarios que lo realice, sin que le sirva de excusa órdenes superiores. (Artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) Sin otro particular a que hacer referencia, se despide. Atentamente, DR. NÉSTOR LUIS RINCÓN FUENMAYOR CONSULTOR JURÍDICO DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA NR/LL