al LI ~;Çe7~~ ~ CORTE NACIONAL, DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO PENAL Vicrcdo RECURSO Dv~ JUICIO N0.:.02É RESOLUCIÓN N.

Transcripción

1 ~;Çe7~~ ~ rs- C b pos(-o ~.zclderpca CORTE NACIONAL, DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO PENAL Ç.\~.1 Vicrcdo RECURSO ~ Dv~ JUICIO N0.:.02É al LI RESOLUCIÓN N. PROCESADO:EdCÇ~QX.:~xkc~S Mi..ea AGRAVIADOØ u.e 2 clv o... MOTIVO:5~&4~ FECHAAUTOCABEZA~ Ç... + Q LUGAR ORIGENEfxit}x~ {...G d..e çjc FECHA RECEPCIÓN23~ ~ FECHA RESOLUCIÓN~ FECHA DEVOLUCIÓN

2

3 as JUEZ PONENTE DR. JORGE BLUM CARCELEN: (Art. 141 del Código Orgánico de la Función Judicial) CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA PENAL Quito, 23 octubre Las 10:30.- VISTOS: Este Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal tiene competencia para conocer los recursos de casación y revisión en artículos de la Constitución de la República del Ecuador, y Orgánico de la Función Judicial, éste cuerpo legal en Transitoria dispone que: en todo lo materia penal según los del Código la Segunda Disposición relativo a la competencia, organización y funcionamiento de la Corte Nacional de Justicia, este Código entrará en vigencia a partir de la fecha en que se posesionen los nuevos jueces nacionales elegidos y nombrados de conformidad con lo establecido en la Constitución y este Código, habiéndose mediante sorteo designado a este Tribunal y al juez ponente, de conformidad con los artículos 185 de la Constitución de la República y 141 Código Orgánico de la Función Judicial.- En lo principal, siendo el estado procesal el de resolver, para hacerlo se considera: del PRIMERO.- Incorpórese al expediente el escrito presentado por Otto Rubén Duque Zumárraga y Segundo Ramón Chuquiano. SEGUNDO.- Edgar Bladimiro Salazar Mena, interpone Recurso de Casación de la sentencia condenatoria expedida por el Quinto Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, con fecha 24 de octubre de 2011 a las 13H26, que lo declara autor responsable del delito de estafa, tipificado y sancionado en el artículo 563 en concordancia con el artículo 42 del Código Penal, imponiéndole la pena de tres años de prisión correccional, más daños y perjuicios. TERCERO.- En el caso sub júdice, el señor doctor Miguel Jurado Fabara, Agente Fiscal de Pichincha Unidad de Misceláneos, resuelve dar inicio a la etapa de Instrucción Fiscal por presunto delito de estafa, con fecha 2 de agosto del 2007, a las 15H44, teniendo como antecedente la denuncia presentada y legalmente reconocida por los señores Otto Rubén Duque Zumárraga y Segundo Ramón Chuquiano Tipán, según obra de fs. 468, 469. CUARTO.- De autos no existe constancias procesal de que en este lapso de tiempo el recurrente hubiera cometido otro delito de igual o mayor gravedad del que originó este proceso, capaz de interrumpir el decurso de la prescripción. QUINTO.- De conformidad con el artículo 82, de la Constitución de la República del Ecuador, que consagra: El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Acogiendo

4 el criterio de la Corte Constitucional que señala (...); 1. Es sabido que la prescripción en materia penal, como en las demás ramas del derecho, obedece al fenómeno uniformemente reconocido de la influencia del tiempo en las relaciones humanas, y consiste en la cesación de la potestad represiva del Estado por el transcurso de un determinado espacio de tiempo, en ciertas condiciones, sin que el delito haya sido perseguido o sin que la pena haya sido ejecutada; 2. Su fundamento hay que buscarlo en la necesidad social de eliminar un estado de incertidumbre en las relaciones jurídico-penales entre el delincuente y el Estado (Ferrer Sama); y 3. Siendo la prescripción un mecanismo que, eventualmente, puede ser invocado por los sujetos pasivos del proceso penal en caso de que los jueces y tribunales no los tramiten en los plazos determinados en la ley, es indudable que la alegación de prescripción debe ser atendida por los juzgadores, por constituir un derecho de los procesados en un ilícito, siempre que se cumpla con los requisitos previstos en la norma penal pertinente, pues el respeto de este derecho constituye una garantía del debido proceso, conforme lo dispuesto en el artículo 76.1 de la Constitución de la República. Esta es la regla general que hace efectivo el cumplimiento de las normas y el respeto de los derechos de las partes que intervienen en un proceso judicial De lo expuesto, se infiere entonces que la norma contenida en el artículo 101 del Código Penal, de ninguna manera transgrede algún precepto consagrado en la Constitución de la República, ni en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos suscritos por el Ecuador; por el contrario, es un medio de presión válido para que los operadores de justicia, en los casos que deban sustanciar los respectivos procesos judiciales, no dilaten injustificadamente los mismos y apliquen el principio de celeridad consagrado en el artículo 75 del texto constitucional.. ~. Siendo la prescripción, un mecanismo procesal, que garantiza al sentenciado un nivel de seguridad jurídica, que le permita establecer plazos legales para su juzgamiento, y por ende conocer el límite del ius puniendi del Estado en su contra, precautelando así no solo el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, sino a una administración de justicia expedita, que garantice con esta temporalidad para sancionar, como lo es la prescripción, en un plazo razonable el ejercicio de la acción penal por parte del Estado, r espetando así el valor más importante e inmanente del ser humano como es la libertad, y con ella el ejercicio de los demás derechos y garantías reconocidos en la 1 co~e constitucional del Ecuador. Sentencia 020-1O-SCN-cC.

5 Constitución dé la República del Ecuador y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. SEXTO.- El artículo 101 del Código Penal, en su parte pertinente dice lo siguiente: Toda acción penal prescribe en el tiempo y con las condiciones que la ley señala. En el ejercicio del derecho que la prescripción establece, se observaran las reglas que siguen: Tanto en los delitos de acción pública como en los delitos de acción privada se distinguirá ante todo si, cometido el delito, se ha iniciado o no enjuiciamiento. (...) Tratándose de delitos reprimidos con prisión, la acción para perseguirlos prescribirá en cinco años. El tiempo se contará a partir de la fecha en que la infracción fue perpetrada.- En los mismos delitos de acción pública, de haber enjuiciamiento iniciado antes de que aquellos plazos se cumplan, la acción para continuar la causa prescribirá en los mismos plazos, contados desde la fecha del auto cabeza de proceso. (...). En el caso sub júdice, la instrucción fiscal que dio inició al proceso penal, se dictó el 2 de agosto de 2007 y el 7 dei mismo mes y año fue notificada, fecha desde la cual hasta la presente, han transcurrido más de cinco años; éste Tribunal de la Sala~declaraprescritaia~acciónpenal~porerdelitodeestafa~seguidaerrcontrrdeEdgar Bladimiro Salazar Mena, al amparo de lo previsto en los artículos 101 incisos 1, 2 y 3 y 114 del Código Penal, y dispone que ejecutoriado este auto, se devuelva el proceso al Tribunal de origen para los fines legales consiguientes, recalóando que la acción prescribió cuando se encontraba en pleno trámite de sustanciación del recurso de casación planteado por el sentenciado que fue condenado en el transcurso ordinariódé la causa, por lo que la demora en el despacho de la causa o corresponde - es Tribúnal de casación. Hágase conocer mediante oficio al Consejo de a Judic~, _,a~irnt. legale ~-rtinentes. Notifí.u~.. J,d~ e M/Blum Carcel KiEZN CIONAL PON CERTIFICO ente Robalino i lafuerte UEZ NACION arthavillarviegas D Joh ny Ju z ECRETARIA RELATORA (E

6