LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY.- CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.

Transcripción

1 LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY.- CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL. CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.- Quito, a 9 de junio de 203; a las 4h50. VISTOS.- ANTECEDENTES: Richard Kennedy Mejía Casierra, por sus propios derechos, y al amparo de lo dispuesto en el Art. 86 de la Constitución de la República, 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos y Art. 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, presentó la acción de hábeas corpus, en contra del Ab. Segundo Montaño Reascos, Presidente del Tribunal Tercero de Garantías Penales de Esmeraldas, por cuanto afirma que, el 7 de febrero de 203, cuando se encontraba ejerciendo su derecho constitucional al sufragio, fue detenido por agentes policiales quienes le exhibieron una orden de prisión preventiva, suscrito por el Presidente del Tribunal Tercero de Garantías Penales de Esmeraldas. En la demanda, además se indica, que la orden de prisión preventiva fue dada por el Presidente del Tribunal Penal, con la finalidad de que se vuelva efectiva la caución ex carcelaria que se le fue concedida al accionante en el proceso penal No por el delito de abigeato, que se dio inició el 27 de Diciembre de 2008, con la audiencia de formulación de cargos, instrucción fiscal; y, que con relación a lo dispuesto en el inciso sexto del Art. 0, del Código Penal, se encuentra prescrita la acción penal, y en

2 consecuencia su detención es arbitraria, ilegal e inconstitucional. Esta acción de garantía jurisdiccional, es conocida por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, que dicta sentencia el día 3 de marzo de 203, a las 0H50, en la que RESUELVE, rechazar por improcedente la acción constitucional de habeas corpus solicitada por el señor Richard Kennedy Mejía Carrera. ; resolución que es apelada, radicándose la competencia en esta Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia. PRIMERA.- COMPETENCIA.- Las reglas de procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional para el Período de Transición, publicadas en el R.O.S. 466, de 3 de noviembre del 2008, en su Art. 64, determina que sólo se podrá apelar de la sentencia que deniegue la acción de hábeas corpus ; y, la Resolución Generalmente Obligatoria dictada por la Corte Nacional de Justicia, y publicada en el RO Nro. 565 de 7 de abril del 2009, señala: Los recursos de apelación que se interpongan en contra de las sentencias dictadas por las salas de las cortes provinciales, dentro de los recursos de hábeas corpus propuestos de conformidad con el último inciso del Art. 89 de la Constitución de la República, serán conocidos, previo sorteo, por cualquiera de las salas que conforman la Corte Nacional de Justicia ; por tanto, conforme a las normas citadas y a la respectiva razón de sorteo de 0 de junio del 203 a las 5h00; correspondió a la Dra. Gladys Terán Sierra como Jueza Ponente; y a los Doctores Wilson Andino Reinoso y Dra. María del Carmen Espinoza Valdiviezo, que por licencia actúa el Dr. Alejandro Arteaga García; éste

3 Tribunal de la Sala de lo Laboral, es competente para conocer y resolver sobre el recurso planteado. SEGUNDA.- CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE LA SALA DE LO LABORAL La apelación responde a la disconformidad del accionante, de la sentencia dictada por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, en la que declara sin lugar a la acción de hábeas corpus, con el objeto de que la Corte Nacional de Justicia revise esta sentencia, conforme a las normas constitucionales y legales, pese a que el pedido de apelación no hace notar al juez constitucional las falencias de la misma o las presuntas violaciones en que se ha incurrido, al negar esta acción constitucional Del contenido del fallo en su parte inicial no se resuelve por mérito en la fundamentación en audiencia, sino del expediente porque el recurrente no acudió a la audiencia oral- y del escrito en que solicita la apelación, se desprende, que Tribunal Tercero de Garantías Penales de Esmeraldas: a él se lo detuvo en esa fecha y se le dictó prisión preventiva y se le sustituye y le dan boleta de captura por no presentarse al despacho a firmar. No procede ya que a él se lo hizo comparecer en la audiencia de formulación de cargos y no se presentó voluntariamente, y como no cumplió el tiempo para la prescripción sin cumplir con lo que establece la norma. ( ) conforme se desprende del análisis del proceso penal instaurando en contra del accionante, así de las exposiciones efectuadas en la audiencia se establece que en la sustanciación procesal se

4 han observados las reglas, principios, derechos y garantías constitucionales del debido proceso, derecho de defensa, tutela judicial efectiva y expedita y seguridad jurídica, contemplados en los Art. 76, 75 y 82 de la Constitución de la República del Ecuador, razón por la cual, desde el inicio de la organización procesal se expidió en contra del recurrente la orden de prisión preventiva, cumpliendo con los requisitos previstos en el Art. 267 del Código de Procedimiento Penal Se entiende, por tanto, que en contra del accionante se inició un proceso penal, por el delito de abigeato, tipificado en el Art. 554 y sancionado por el 555 del Código Penal, a una pena de un uno a tres años de prisión, en caso de hurto; y de dos a cinco años de prisión en caso de robo. Del expediente de hábeas corpus así como del escrito de interposición del recurso, se conoce que este proceso penal, se inició con la audiencia de formulación de cargos, realizada el 27 de diciembre del 2008, ante un juez de Garantías Penales de la Provincia de Esmeraldas, quien al parecer, sustituyó la medida cautelar de prisión preventiva, por la presentación ante la autoridad judicial, de manera periódica; disposición que al parecer, no se cumple, - no comparece accionado, ni presenta informe-, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 7 inciso octavo del Código de Procedimiento Penal, debió haber ordenado la prisión preventiva del procesado. Esta fue la manera legal, para que el Presidente del Tribunal Tercero de Garantías Penales de Esmeraldas, haya decretado ésta orden, y sea detenido, de manera legítima y legal el accionante, el día 7 de febrero del 203, momentos en que procedía a sufragar.

5 2.4. El hábeas corpus es la garantía jurisdiccional a través de la cual se hace efectivo el derecho a la libertad, que le permite a cualquier ciudadano acudir ante cualquier juez a demandar su recuperación, cuando éste se encuentre privado de ella de manera ilegítima, arbitraria o ilegal; siendo además una garantía para proteger la vida y la integridad física, de las personas privadas de su libertad; por tanto, para que proceda el hábeas corpus, debe estar una persona privada de su libertad. El inciso sexto, del artículo 0 del Código de Procedimiento Penal al que hace alusión el accionante e invoca que está privado de su libertad de manera ilegítima por la acción, por medio de la cual se ordenó la prisión preventiva que está prescrita, establece que Si el indicado se presentare voluntariamente a la justicia en el plazo máximo de seis meses posteriores al inicio de la instrucción, los respectivos plazos se reducirán a diez años en los delitos reprimidos con reclusión mayor especial; a ocho años en los demás delitos reprimidos con reclusión; y, a cuatro años en los delitos reprimidos con prisión. En estos casos, los plazos se contarán desde la fecha del inicio de la instrucción. No surtirá efecto está regla en caso de reincidencia. En el caso sub judice, como bien señala la sentencia emitida por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, el accionante, estuvo presente al momento de la audiencia de formulación de cargos, esto es el 27 de diciembre de 2008, sin embargo, en el mismo fallo se determina que el ahora accionante, dejó de cumplir con la orden de presentarse, una vez a la semana, ante el Tribunal de Garantias Penales, razón por la cual

6 el incumplimiento de la norma adjetiva penal invocada supra se le dictó el auto de prisión preventiva, por lo cual se está garantizando su comparecencia dentro del proceso penal iniciado. A pesar de que se encontraba cumpliendo una medida sustitutiva, el desacato a la orden judicial, que se encontraba en vigencia, deja sin efecto de manera legítima el goce de su derecho a la libertad, por lo tanto, al no ser aplicable, para el caso sub judice el inciso sexto del artículo 0 del Código Penal por cuanto el accionante, no ha estado prófugo de la justicia durante los 6 primeros meses después de dar inicio el proceso penal con la audiencia de calificación de flagrancia; la norma aplicable en este caso, es la referente al inciso cuarto del artículo 0 del Código Penal, que determina: A excepción de los casos de imprescriptibilidad de las acciones y de las penas previstas en el último inciso del número 2 del artículo 23 y en el segundo inciso del artículo 2 de la Constitución Política de la República, en los demás delitos reprimidos con reclusión, cuyo ejercicio de acción es pública, de no haber enjuiciamiento, la acción para perseguirlos prescribirá en diez años; tratándose de delitos reprimidos con reclusión mayor especial, la acción para proseguirlos prescribirá en quince años. Tratándose de delitos reprimidos con prisión, la acción para perseguirlos prescribirá en cinco años. El tiempo se contará a partir de la fecha en que la infracción fue perpetrada. Por lo que la acción penal, que se sigue por delito de abigeato, no se encuentra prescrita, y por ello, el auto de prisión preventiva, se encuentra legal y legítimamente emitido, porque tratándose de la prescripción de la acción (Art. 07 y 4 del Código Penal) para que se constituya como tal, debió haber sido declarada

7 previamente por los operadores de justicia que al cumplimiento del plazo de la prescripción se haya encontrado el proceso, en este caso el Tribunal de Garantias Penales. Con la siguiente consideración el Art. 4 del Código Penal (Art. 4.- La prescripción puede declararse a petición de parte, o de oficio, necesariamente, al reunirse las condiciones exigidas en este Código.) la prescripción puede ser declarada de oficio o a pedido de los propios sujetos procesales y en este caso si el acusado consideraba que al momento de la detención estaba prescrita la acción debía comparecer al Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas y requerir que así sea resuelta la prescripción y con ella sea resuelta la situación jurídica de la privación de libertad. Todo esto siempre y cuando la prescripción no se hubiese interrumpido dentro de los términos del Art. 08 del Código Penal (Art Tanto la prescripción de la acción como la de la pena se interrumpen por el hecho de cometer el reo otra infracción que merezca igual o mayor pena, antes de vencerse el tiempo para la prescripción.) de donde deriva que si este fue el argumento del señor Mejía por si sola se resolvía la situación jurídica sin acudir al hábeas corpus. Por el contrario el acusado en vez de atender a lo procesal y legalmente pertinente respecto de la prescripción interpone el hábeas corpus Este Tribunal, considera que la acción ha sido examinada por los jueces de instancia desde el punto de vista de la interpretación legal de los artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento Penal; e inciso cuarto del art. 0 del Código Penal, que conlleva a tener una posición contraria al principio pro libértate, en vista de que la detención del accionante y recurrente ha sido realizada por orden de juez competente,

8 observando las garantías del debido proceso establecidas tanto en el Art. 77 de la Constitución de la República del Ecuador, como en el Art. 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por tanto se ha observado los parámetros legales y constitucionales que para el caso de privados de libertad se imponen; no siendo por tanto aplicable la disposición legal invocada por el accionante esto es el inciso sexto del Art. 0 del Código de Penal. TERCERO.- RESOLUCIÓN.- En virtud de la naturaleza de la presente acción, este análisis a más de versar sobre la forma en que se ha dado cumplimiento a los respectivos procedimientos, se centra en la determinación de que no existe vulneración ilegítima ni ilegal del derecho a la libertad ni de las garantías del debido proceso; es por ello, que por las consideraciones expuestas, este Tribunal de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desecha el recurso de apelación presentada por RICHARD KENNEDY MEJIA CASIERRA, y en consecuencia se niega el hábeas corpus solicitado por el recurrente.- Remítase copia de esta sentencia a la Corte Constitucional para su conocimiento y eventual selección y revisión.- Notifíquese y Cúmplase.- Fdo. Dres. Gladys Terán Sierra, Wilson Andino Reinoso y Alejandro Arteaga García, JUECES NACIONALES. Certifico.- Dr. Oswaldo Almeida Bermeo, SECRETARIO RELATOR.