RECURSO DE HABEAS CORPUS N CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO

Transcripción

1 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO JUEZ PONENTE: DRA MARITZA TATIANA PÉREZ VALENCIA Quito, 29 de enero de 2015, las 16h30.- VISTOS: La jueza abajo firmante avoca conocimiento del presente juicio, conforme la Resolución N de 25 de enero de 2012, emitida por el Consejo de la Judicatura y por la Resolución de Conformación de Salas N de 22 de julio de 2013, dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. También avocan conocimiento de la presente causa los doctores José Luis Terán Suárez y Ana María Crespo Santos de conformidad con las Resoluciones N s de 17 de diciembre de 2014 expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura y N s y de 28 de enero de 2015, expedidas por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia PRIMERO.- Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario es competente para conocer y pronunciarse sobre el recurso de apelación de hábeas corpus, en virtud del sorteo practicado el 10 de diciembre de 2013, y de los artículos 184, numeral 1 de de la Constitución de la República del Ecuador, 185, segundo inciso, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial; 169, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y por la Resolución de la Corte Nacional de Justicia, publicada en el Registro Oficial N 565 de 7 de abril de SEGUNDO.- Por sorteo de ley, en concordancia con el Art. 44 numeral 4 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, siendo el estado de la causa el de resolver, se considera: TERCERO.- La acción se ha tramitado de conformidad con las normas pertinentes, por lo que no existe nulidad alguna que declarar /7

2 CUARTO El abogado Gonzalo Burgos García, en representación del señor SOCRATES LENNIN CELLERI CATAGUA, interpone recurso de apelación en contra de la sentencia dictada el 24 de diciembre del 2014, a las 12h02 por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Manabí, dentro de la acción de hábeas corpus, propuesta en contra de la Jueza de la Unidad Judicial Penal Provincial de Manabí El recurrente manifiesta en su escrito, que la resolución le causa agravio y es violatoria de garantías del debido proceso, pues en ésta no se observan precautelados los derechos fundamentales esenciales del procesado y los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos. Señala que ha planteado la acción constitucional por el abuso y atropello a sus derechos constitucionales nacidos de una indagación previa que nunca se le notificó violándose los Arts. 75, 76 y 77 de la Constitución de la República y el Art. 580 del Código Orgánico Integral Penal y que se solicitó su detención para fines de investigación de una manera inmotivada por parte del fiscal violándose lo dispuesto en el Art. 76, numeral 7, literal l) de la Constitución y Art. 530 del Código Orgánico Integral Penal, la misma que fue otorgada sin motivación alguna, por el juez que no garantizó sus derechos constitucionales, violándose los Arts. 534, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, y Arts. 19 y 27 del Código Orgánico de la Función Judicial. Manifiesta que una vez detenido se le formuló el cargo sin que sea presentado a la audiencia de formulación de cargos e inicio de instrucción por el presunto delito de Falsificación y Uso de Documento Falso previsto en el Art. 328 del COIP indicando que ni en la indagación previa, ni en la audiencia de formulación de cargos, hasta la actualidad existan elementos de convicción que establezcan quién ha dado uso al presunto documento falso. Señala que la privación ilegal de la libertad se inicia en una instrucción fiscal por el delito de falsificación y uso de documento falso, cuando en el cuaderno fiscal no existe tal documento ya que lo que existe es una pericia cuya conclusión hace referencia a una firma falsificada, pero en el informe no se establece quien es el autor de dicha falsificación, por lo que no existen elementos de convicción 2/7

3 para procesar a una persona por uso de documento falso. Argumenta que la sentencia no explica nada respecto a las normas o antecedentes del hecho por lo que es una resolución carente de motivación, en razón de que viola el derecho al debido proceso, porque no se observan los derechos fundamentales del procesado. Manifiesta que el derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el Art. 8, numeral 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y señala que las normas vulneradas son los Arts. 5, 530, 532, numeral 2 y 582 del Código Orgánico Integral Penal, Arts. 19 y 27 del Código Orgánico de la Función Judicial, Arts. 75, 76, 77 y 82 de la Constitución de la República del Ecuador y Arts. 8, numeral 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos La sentencia emitida por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Manabí ha resuelto negar la acción de Hábeas Corpus solicitada por el señor SOCRATES LENNIN CELLERI CATAGUA, señalando en su considerando CUARTO lo siguiente: A) La acción de Hábeas Corpus procede cuando existe una privación de libertad ambulatoria ilegal, ilegitima o arbitraria, en el caso en estudio se ha determinado que la privación de libertad del accionante es a consecuencia de una orden de privación de libertad emitida por una Jueza del Juzgado, donde hoy ejerce por encargo jurisdicción y competencia el señor Ab. Juan Carlos Artega Bravo, medida dictada en el proceso penal que por delito contra la Fe Publica, (sic) art. 328 del COIP, se sigue en contra de Sócrates Lennin Celleri Catagua, luego de la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos que se realizó en la causa indicada, extendiéndose la respectiva boleta constitucional de encarcelamiento que obra del expediente; medida cautelar de carácter personal que consta haber sido impugnada, lo cual consta también haber sido rechazado y confirmado por los señores jueces provinciales. Dres. Carmita Dolores García Saltos, Gina Fernanda Mora Davalos (sic) y Jose (sic) Alberto Ayora Toledo, en auto resolutivo constante a fs., 22 y 23 del cuaderno de instancia, consecuentemente la privación de libertad fue dictada por jueza o Juez competente en legal y debida forma, con la aplicación de principios y normas jurídicas que se encuentran dentro del ordenamiento jurídico vigente, a más de las 3/7

4 garantías y al debido proceso contempladas en nuestra Constitución. B) En cuanto a la alegación del señor abogado del accionante, en que en la tramitación penal se le violentaron los derechos de su patrocinado la sala considera, que tal situación en esta acción constitucional no es procedente. C) El artículo 45 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, señala que la privación de la libertad o ilegítima se presumirá en los siguientes caos: a) Cuando la persona no fuere presentada a la audiencia. b) Cuando no se exhiba a orden de privación de libertad. c) Cuando la orden de privación de libertad no cumpla los requisitos legales o constitucionales. d) Cuando se hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la privación de libertad. e) En los casos en que la privación de la libertad es llevada a cabo por particulares, cuando no se justifique la privación de libertad. Como se observa, ninguno de estos presupuestos se da en la presente acción de Hábeas Corpus, máxime que según obra de autos se desprende, que existe una medida cautelar de carácter personal dictada en el proceso penal, por delito contra la Fe Pública, art. 328 del COIP, contra Sócrates Lennin Celleri Catagua, lo cual fue confirmado por los señores jueces provinciales. Dres. Carmita Dolores García Saltos, Gina Fernanda Mora Davalos (sic) y Jose (sic) Alberto Ayora Toledo. D); Analizando el expediente, la prisión impuesta al accionante se encuentra investida de legalidad. De tal manera que la estructuración de causales de libertad en la forma como está solicitada, en principio, deben ser reclamadas ante el juez que garantiza el proceso, que es donde se encuentra radicada la competencia dentro de la audiencia respectiva que para el efecto otorga el COIP, o ejercitando los recursos establecidos en el mismo Código Orgánico Integral Penal. Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Constitucional, de lo Penal y de Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, niega la acción de Hábeas Corpus presentada /7

5 QUINTO El artículo 89 de la Constitución de la República, dispone que La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. Inmediatamente de interpuesta la acción, la jueza o juez convocará a una audiencia que deberá realizarse en las veinticuatro horas siguientes, en la que se deberá presentar la orden de detención con las formalidades de ley y las justificaciones de hecho y de derecho que sustenten la medida. La jueza o juez ordenará la comparecencia de la persona privada de libertad, de la autoridad a cuya orden se encuentre la persona detenida, de la defensora o defensor público y de quien la haya dispuesto o provocado, según el caso. De ser necesario, la audiencia se realizará en el lugar donde ocurra la privación de libertad. La jueza o juez resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la finalización de la audiencia. En caso de privación ilegítima o arbitraria, se dispondrá la libertad. La resolución que ordene la libertad se cumplirá de forma inmediata. En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad cuando fuera aplicable. Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia ; la norma constitucional es concordante con lo que establece el artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que señala lo siguiente: Art Objeto.- La acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, por autoridad pública o por cualquier persona, tales como: 1. A no ser privada de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, protección que incluye la garantía de que la detención se haga siempre por mandato escrito y motivado de juez competente, a excepción de los casos de flagrancia; De lo expuesto en líneas precedentes, se desprende con claridad meridiana que esta garantía 5/7

6 constitucional procede únicamente en dos presupuestos: a) Si la privación de libertad fuese ilegal, arbitraria o ilegítima; o, b) Si es que la libertad fuese necesaria a fin de proteger la vida o integridad física de quien se encuentra privado de la misma. En cuanto a las condiciones del presupuesto a) es preciso esclarecer que esta privación de libertad puede ser ilegal, cuando va en contra de una norma legal; arbitraria, cuando se ejecuta sin tener sustento en una norma legal, o ilegítima, cuando independientemente de su ordenación jurídica, atenta de forma injustificada a un derecho fundamental; como observamos estas condiciones son independientes y excluyentes entre sí. En el caso sub iudice, se puede advertir que no se han configurado estas tres condiciones, es decir, en el primer caso, de la privación de libertad ilegal, arbitraria o ilegítima, se establece que la Jueza de la Unidad Judicial Penal Provincial de Manabí acoge la solicitud formulada por el señor Fiscal de la causa por considerar que existieron elementos convincentes y emite la boleta constitucional de encarcelamiento como medida cautelar de carácter personal por el delito contra la fe pública previsto en el Art. 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). De lo expuesto, podemos colegir, que no ha sido ilegal la privación de libertad porque no va contra ninguna disposición legal, no es arbitraria porque existe un sustento legal y procesal, esto es, la orden de detención emitida por la jueza. Cabe manifestar también que la privación de libertad, en este caso tampoco es ilegítima, porque del expediente no se evidencia que atente contra ningún derecho fundamental del procesado. Finalmente en cuanto a la condición del presupuesto b), esto es, si es que la libertad fuese necesaria a fin de proteger la vida o integridad física de quien se encuentra privado de la misma, no se demostró en el proceso que se encontrara en peligro la vida o integridad física del ciudadano SOCRATES LENNIN CELLERI CATAGUA. En lo que concierne a las alegaciones jurídicas del apelante, esta Sala estima que son de resolución exclusiva de los jueces penales competentes, siendo totalmente ajenas a nuestra jurisdicción constitucional /7

7 SEXTO.- En mérito de las consideraciones expuestas, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor abogado Gonzalo Burgos García, en representación del señor SOCRATES LENNIN CELLERI CATAGUA.- Actúe el Ab. Diego Acuña Naranjo como Secretario Relator de conformidad con el oficio N 03-P-SCT-2014 de 8 de enero de Notifíquese, publíquese y devuélvase.- F. Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, JUEZA PRESIDENTA, Dr. José Luis Terán Suárez, JUEZ NACIONAL, Dra. Ana María Crespo Santos, JUEZA NACIONAL. Certifico. F.: Ab. Diego Acuña Naranjo, SECRETARIO RELATOR. 7/7