FUNDAMENTOS DE DERECHO

Transcripción

1 AJA: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Albac T.S.J.CAST.LA MANCHA SALA SOCIAL ALBACETE SENTENCIA: 00158/2010 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA SALA DE LO SOCIAL ALBACETE SECCIÓN PRIMERA Recurso nº 803/09.- Ponente: Srª. María del Carmen Piqueras Piqueras. Iltmo. Sr. D. Pedro Librán Sainz de Baranda Presidente Iltmo. Sr. D. Jesús Rentero Jover Iltma. Sra. Dª. Ascensión Olmeda Fernández Iltma. Sra. Dª. María del Carmen Piqueras Piqueras ================================================== En Albacete, a cuatro de febrero de dos mil diez. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, compuesta por los Iltmos. Sres. Magistrados citados al margen, y EN NOMBRE DEL REY ha dictado la siguiente S E N T E N C I A Nº 158 En el Recurso de Suplicación número 803/09, interpuesto por Luis Alberto, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Albacete, de fecha 22 de mayo de 2009, en los autos número 828/08, sobre Otros Derechos, siendo recurrida CONSEJERIA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. Es Ponente la Iltma. Srª. Magistrada Dª. María del Carmen Piqueras Piqueras. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Que la Sentencia recurrida dice en su parte dispositiva: FALLO: Que DESESTIMANDO la demanda interpuesta por Dº Luis Alberto, representado y asistido por la Letrada Dª María Victoria Sanz Avia contra la DELEGACION PROVINCIAL EN ALBACETE DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, debo absolver y absuelvo a la parte demandada de las pretensiones frente a ella deducidas por la parte actora. SEGUNDO.- Que, en dicha Sentencia se declaran probados los siguientes Hechos: PRIMERO.- Que durante el curso escolar el actor ha sido contratado como Profesor de Religión y Moral Católica por la Delegación Provincial en Albacete de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante los siguientes períodos: de a ; de a y de a , mediante 3 contratos diferentes, cada uno de ellos por el período indicado y mediante la modalidad, todos ellos, de contrato de trabajo de duración determinada, celebrado al amparo del R.D. 696/2.007 de 1 de Junio por el que se regula la relación laboral de los profesores de religión prevista en la Disposición Adicional Tercera de la Ley Orgánica 2/2.006, de 3 de Mayo de Educación. Los tres contratos mencionados se realizaron en la modalidad de interinidad para sustituir a profesores de baja por I.T., figurando en la cláusula décima de todos ellos que en lo no previsto en este contrato y de conformidad con lo establecido en el art. 2 del R.D. 696/2.007 de 1 de Junio, este contrato se regirá por el Estatuto de los Trabajadores, por la Disposición Adicional Tercera de la L.O. de Educación, por el R.D. 696/2.007 y sus normas de desarrollo y por el

2 Acuerdo de Enseñanzas y Asuntos Culturales, de , suscrito entre el Estado español y la Santa Sede. SEGUNDO.- Que en fecha el actor solicitó de la citada Administración la prórroga de su contrato como funcionario interino durante los meses de Julio y Agosto de con los efectos económicos y administrativos procedentes al haber prestado servicios para la citada Consejería de Educación durante más de 5 meses y medio. Dicha petición le fue desestimada mediante Resolución del Delegado Provincial en Albacete de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con fecha de salida de frente a la cual el actor formuló Recurso de Alzada y Reclamación Previa, que le fue desestimada igualmente mediante Resolución de la Consejera de Educación y Ciencia de fecha Frente a dicha Resolución se interpuso la presente demanda. TERCERO.- Que, en tiempo y forma, por la parte demandante, se formuló Recurso de Suplicación contra la anterior Sentencia, en base a los motivos que en el mismo constan. Dicho Recurso ha sido impugnado de contrario. Elevadas las actuaciones a este Tribunal, se dispuso el pase al Ponente para su examen y resolución. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO Contra la Sentencia del Juzgado de instancia que desestimó la demanda formulada por el actor (profesor de religión) frente a la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en reclamación del derecho a la prórroga de su contrato de trabajo durante los meses de julio y agosto, se alza en suplicación aquélla parte, mediante el presente recurso que articula a través de un único motivo, al amparo del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563), para examinar la infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia, concretamente, de lo dispuesto en el Convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencia y los Sindicatos AMPE, CCOO, FETE-UGT y UCSTE celebrado en Mediante tal alegación de infracción normativa la recurrente viene a sostener, en síntesis, que tiene derecho a que se prorrogue su contrato de trabajo durante los meses de julio y agosto, al haber prestado servicios como profesor de religión más de cinco meses y medio durante el mismo curso escolar, según exige el citado Convenio. La Sentencia recurrida ha desestimado la demanda porque considera que el Acuerdo o Convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencia y los Sindicatos AMPE, CCOO, FETE-UGT y UCSTE celebrado en 1989, es de aplicación exclusivamente a los funcionarios docentes interinos; condición esta que no cumple el actor al estar vinculado a la Administración educativa mediante una relación laboral, en este caso, de interinidad, cuya regulación, según establece el Real Decreto 696/2007 ( RCL 2007, 1120), se rige por el Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997), por la Disposición Adicional Tercera de la LOE ( RCL 2006, 910), por el propio R.D. 696/2007, y por los Acuerdos con la Santa Sede, y sin que la petición del actor pueda considerarse una cuestión retributiva, por lo que tampoco considera de aplicación lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera respecto de la equiparación a efectos retributivos a los profesores interinos. SEGUNDO La previsión contenida en la Disposición Adicional tercera de la Ley Orgánica de Educación, al disponer que los profesores de religión percibirán las retribuciones que correspondan en el respectivo nivel educativo a los profesores interinos, ofrece dos consideraciones de sumo valor para resolver la cuestión planteada en este recurso. La primera es que el contenido de dicha regulación no es de naturaleza retributiva, porque, sin perjuicio de los efectos indirectos que tendrá en ese aspecto, el objeto de la misma consiste en la ordenación de la duración del contrato de trabajo; es decir, el Acuerdo entre el Ministerio y los Sindicatos, en lo que se refiere a la disposición que estamos tratando, no regula la retribución de los profesores interinos sino un régimen particular relativo a la duración del contrato de trabajo de dicho profesorado. La segunda consideración se obtiene por deducción de la anterior, en el sentido de

3 que la remisión en un único aspecto (el retributivo) al régimen de los profesores interinos, conduce a considerar que la regla general es una regulación diferenciada de ambos colectivos, que admitirá excepciones solo cuando expresamente sean contempladas (así ocurre con la materia retributiva), deviniendo aplicable dicha regla general en caso contrario; lo que en conclusión significa que los profesores de religión en centros públicos se equiparan a los profesores docentes universitarios únicamente en los aspectos retributivos. Si la norma hubiera querido que los profesores de religión en centros públicos se rigiesen por el mismo régimen jurídico que los profesores interinos, así lo habría dispuesto; resultando, entonces, innecesario, tanto las previsiones contenidas en la Disposición Adicional tercera de la Ley Orgánica de Educación como en la regulación especial contenida en el Real Decreto 696/2007. TERCERO Por otra parte, es de ver que el principio de trato igual, como mandato de igualdad, sobre todo ante la ley, y que tiene como destinatario principal, cuando no exclusivo, a los poderes públicos, en sus distintas manifestaciones (legislativo, judicial y ejecutivo), exige un tratamiento igual para situaciones y condiciones iguales, pero permite diferencias de regulación o de trato por causas objetivas y justificadas, de aplicación más estricta en el ámbito de las Administraciones Públicas. Así, el Tribunal Constitucional en Sentencia 34/2004 ( RTC 2004, 34) declara: «el art. 14 CE ( RCL 1978, 2836) no impone en el ámbito de las relaciones laborales una igualdad de trato en sentido absoluto, pues la eficacia en este ámbito del principio de la autonomía de la voluntad deja un margen en el que el acuerdo privado o la decisión unilateral del empresario, en ejercicio de sus poderes de organización de la empresa, puede libremente disponer la retribución del trabajador, respetando los mínimos legales o convencionales. En la medida, pues, en que la diferencia salarial no tenga un significado discriminatorio, por incidir en alguna de las causas prohibidas por la Constitución o el Estatuto de los Trabajadores, no puede considerarse como vulneradora del principio de igualdad» (SSTC 34/1984, de 9 de marzo ) ( RTC 1998, 34) F. 2; 2/1998, de 12 de enero ( RTC 1998, 2), F. 2; 74/1998, de 31 de marzo ( RTC 1998, 74), F. 2; 119/2002, de 20 de mayo, F. 6; y 39/2003, de 27 de febrero ( RTC 2003, 39), F. 4). Ahora bien, hemos dicho, igualmente, que cuando la empleadora es la Administración pública, ésta no se rige en sus relaciones jurídicas por el principio de la autonomía de la voluntad, sino que debe actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho (art CE ), con interdicción expresa de la arbitrariedad (art. 9.3 CE ). Como poder público que es, está sujeta al principio de igualdad ante la Ley que concede a las personas el derecho subjetivo de alcanzar de los poderes públicos un trato igual para supuestos iguales ( SSTC 161/1991, de 18 de junio ( RTC 1991, 161), F. 1; y 2/1998, de 12 de enero ( RTC 1998, 2), F. 3 ). Como conclusión podemos decir que en el ámbito de las relaciones laborales en la Administración Pública, el principio de igualdad rige de forma más estricta que en las relaciones entre privados, exigiéndose para que pueda operar dicho principio la existencia de supuestos iguales. Por lo que, una vez determinada la existencia de supuestos iguales, la consecuencia es que el trato debe ser el mismo, no admitiéndose, como se admitirían en las relaciones privadas, causa de justificación alguna. CUARTO Aplicando lo expuesto al presente supuesto, es de ver que los términos en comparación no son iguales, pues se trata de relaciones jurídicas distintas. No solo porque nominativamente así lo sean, ni siquiera porque en un caso se trata de una relación laboral y en otro de una relación funcionarial (interina), sino porque materialmente nos encontramos ante supuestos sustancialmente distintos, dadas las peculiaridades de la regulación normativa de la relación de los profesores de religión en centros públicos contenida en la Ley Orgánica de Educación y en el propio Real Decreto 696/2007, fundamentalmente en lo que se refiere a los momentos inicial y final de la relación laboral. Es de ver que para impartir las enseñanzas de religión se requiere, de un lado, y además de reunir los mismos requisitos de titulación exigibles, o equivalentes, en el respectivo nivel educativo, a los funcionarios docentes no universitarios conforme exige la Ley Orgánica 2/2006, se exige -decíamos-, que con carácter previo a la contratación exista una propuesta de la Autoridad de la Confesión religiosa de que se trate y se haya obtenido la idoneidad o certificación equivalente de la confesión religiosa objeto

4 de la materia educativa correspondiente (art. 3.1 R.D. 696/2007 ); y de otro lado, es de ver que constituye causa de extinción del contrato de trabajo la revocación de la acreditación o de la idoneidad para impartir clases de religión por parte de la Confesión religiosa que la otorgó (art. 7 R.D. 696/2007 ). Tales exigencias -sin necesidad de adentrarse en mayores consideracionesconstituyen sin duda alguna razones suficientes para entender que la prestación de servicios de los profesores de religión en centros públicos respecto de la que prestan los profesores interinos que imparten docencia de otras materias también en centros públicos, no son situaciones iguales, por lo que no vulnera el principio de igualdad previsto en el artículo 14 de la Constitución la no aplicación a aquéllos del contenido del Acuerdo entre Ministerio y Sindicatos, cuya infracción denuncia la recurrente en el único motivo del recurso. QUINTO A mayor abundamiento, la Sala no puede dejar de hacer, aunque sea brevemente, una referencia a otra de las previsiones contenidas en la Disposición Adicional tercera de la Ley Orgánica de Educación, cual es: La regulación de su régimen laboral se hará con la participación de los representantes del profesorado. De tal previsión normativa pueden extraerse importantes conclusiones. Por lo que ahora interesa, viene a apuntalar la idea que manifiesta la Sala sobre la cuestión debatida en el presente recurso, y es que la relación laboral de los profesores de religión en centro públicos no puede equipararse a la relación jurídica de los profesores interinos con la Administración pública, salvo en materia retributiva (Disposición Adicional tercera LOE). La regulación de aquélla deberá hacerse mediante una norma colectiva pactada entre la Administración pública que corresponda, según el ámbito geográfico de que se trate, con los representantes del profesorado al mismo nivel. Al respecto, es de ver que existe una Federación Estatal de profesores de religión de Comunidades Autónomas, a través de la cual dicho colectivo tiene capacidad negociadora suficiente para alcanzar acuerdos concretos (ya se han producido en algunas); lo que significa que, también en la esfera de las relaciones colectivas, este colectivo puede ser excluido del ámbito funcional de un convenio colectivo; como así ha ocurrido en supuestos sobre los que se ha pronunciado el Tribunal Supremo ( Ss. 9 ( RJ 2003, 7732) y 28 de octubre de 2003, y 7 de mayo de 2004 ( RJ 2004, 4154), referidos a la exclusión de los profesores de religión, contenida en los Convenios del personal laboral al servicio de la Comunidad de Madrid y de la Generalitat Valenciana); u otros Tribunales Superiores de Justicia, en supuesto en los que, sin estar prevista tal exclusión, los propios Tribunales han resuelto la no aplicación del convenio a los profesores de religión. Siguiendo el criterio del Tribunal Supremo, se ha pronunciado también esta Sala, en Sentencia de 13 de octubre de 2009 ( RJ 2009, 7595) (demanda 3/09 ), sobre impugnación del VI Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la que hemos considerado jurídicamente correcta la exclusión de los profesores de religión del ámbito de aplicación del citado Convenio Colectivo, aduciendo, entre otras razones, precisamente, las especialidades en el inicio y en la extinción de la relación laboral, así como su regulación específica y la existencia de organización representativa con capacidad negociadora Por todas las razones expuestas, procede la desestimación del recurso y en consecuencia, la confirmación de la sentencia recurrida. Vistos los preceptos legales citados y demás de general y especial aplicación FALLAMOS Que desestimando el recurso de suplicación formulado por la representación letrada de Luis Alberto contra la Sentencia de fecha 22 de mayo de 2009, dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Albacete, en autos 828/08 sobre reconocimiento de derechos, siendo parte recurrida la JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, debemos confirmar y confirmamos la citada resolución. Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Albacete), haciéndoles saber que contra la misma únicamente cabe RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA, que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Albacete), dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la notificación de la Sentencia, de acuerdo

5 con lo dispuesto en los artículos 219 y 228 de la Ley de Procedimiento Laboral. La consignación del importe de la condena deberá acreditarse, cuando proceda, por la parte recurrente que no goce del beneficio de justicia gratuita ante esta Sala al tiempo de preparar el Recurso presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en la Cuenta Corriente nº , que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Albacete) tiene abierta en el BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, Oficina número 3.001, sita en la calle Marqués de Molins, nº 13 de Albacete, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, debiendo igualmente la parte recurrente, que no ostente la condición de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o se trate del Ministerio Fiscal, Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los Organismos dependientes de todas ellas y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita, consignar como depósito la cantidad de TRESCIENTOS EUROS (300 ), que deberá ingresar en la Cuenta número 2410 del BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, Sucursal de la calle Barquillo, nº 49 (clave oficina 1.006) de Madrid, que tiene abierta la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría de dicha Sala IV del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella. Expídanse las Certificaciones oportunas para su unión a los autos y al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias. Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado- Ponente que la suscribe en la Sala de Audiencia de este Tribunal, el día Doy fe.