RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

Transcripción

1 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA Recurso nº 200/2018 C. Valenciana 52/2018 Resolución nº 349/2018 RESOLUCIÓN DEL En Madrid a 6 de abril de VISTO el recurso interpuesto por D. F.J.M.F. en representación de la sociedad REPARTOS LOW-COST DE CORREO ORDINARIO Y NOTIFICACIONES S.L., contra los pliegos del procedimiento Contrato de servicios consistente en prestación integral de los servicios postales y práctica de notificaciones de actos administrativos del Ayuntamiento de Gandía, expediente CONT-079/2016, convocado por el Ayuntamiento de Gandía de la Comunidad Valenciana, el Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución: ANTECEDENTES DE HECHO Primero. El Ayuntamiento de Gandía convocó, mediante anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de 17 de febrero de 2018, en el Boletín Oficial del Estado de 26 de febrero de 2018 y en el Perfil del Contratante, un procedimiento abierto de licitación para la adjudicación Contrato de servicios consistente en prestación integral de los servicios postales y práctica de notificaciones de actos administrativos del Ayuntamiento de Gandía Segundo. La licitación se ha desarrollado de conformidad con los trámites previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (en lo sucesivo TRLCSP) y demás legislación aplicable en materia de contratación. AVDA. GENERAL PERÓN 38, 8ª PLTA MADRID TEL: FAX: Tribunal_recursos.contratos@minhafp.es

2 2 Tercero. El 1 de marzo de 2018, la representación de REPARTOS LOW-COST DE CORREO ORDINARIO Y NOTIFICACIONES S.L. interpone recurso especial en materia de contratación contra los pliegos del contrato. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. El recurso se interpone ante este Tribunal, que es competente para resolverlo de conformidad con el artículo 41.3 del TRLCSP y el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Generalitat Valenciana sobre atribución de competencia de recursos contractuales, suscrito el 22 de marzo de 2013, y publicado en el BOE de 17 de abril de Segundo. La interposición se ha producido dentro del plazo legal de quince días previsto en el artículo 44 del TRLCSP. Tercero. No consta si la empresa REPARTOS LOW-COST DE CORREO ORDINARIO Y NOTIFICACIONES S.L. ha presentado proposición en el procedimiento impugnado, aunque lo cierto es que todavía no ha vencido el plazo establecido al efecto, pues el anuncio se envió para su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea el 16 de febrero de No obstante, debe recordarse que es doctrina de este Tribunal, contenida entre otras en su resolución de 16 de febrero de 2018, que en el supuesto de que una empresa no haya presentado una oferta debido a la existencia de características supuestamente discriminatorias en la documentación relativa a la licitación o en el pliego de cláusulas administrativas, que le hayan impedido precisamente estar en condiciones de prestar todos los servicios solicitados, tendría derecho a ejercitar un recurso directamente contra dichas características, incluso antes de que concluya el procedimiento de adjudicación del contrato público de que se trate. En este caso, el recurso se funda, precisamente, en que las cláusulas impugnadas suponen una limitación a la competencia e impiden la concurrencia de operadores locales, como es el caso de la entidad recurrente. Por tanto, y con independencia de que REPARTOS LOW-COST DE CORREO ORDINARIO Y NOTIFICACIONES S.L. haya presentado oferta, o no, debe entenderse que está legitimada para la interposición del recurso al abrigo del artículo 42 del TRLCSP.

3 3 Cuarto. El recurso se interpone contra los pliegos que han de regir un procedimiento de licitación de un contrato de servicios sujeto a regulación armonizada, por lo que son susceptibles de este recurso especial en materia de contratación, conforme al artículo 40, apartados 1 y 2, del TRLCSP. Quinto. La entidad recurrente, con base (i) en el considerando 78 de la Directiva 2014/24/UE del parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, que anima a los poderes adjudicadores a dividir los grandes contratos en lotes y cuya eficacia directa se invoca, y (ii) en el artículo 21 de la ley 43/2010, de 30 de diciembre, de Servicio Postal Universal, con arreglo al cual el peso máximo de los paquetes a distribuir es de 20 kilogramos, impugna la cláusula 1 del PCAP y las cláusulas 1 y e) del PPT, por entender que dichas cláusulas, al optar por licitar el contrato en un único lote, vulneran los principios de concurrencia, igualdad y no discriminación, toda vez que suponen la expulsión de los operadores locales, que no tienen capacidad para prestar el servicio tal y como está definido. En su lugar, la recurrente considera que una licitación justa y equitativa para todas las empresas existentes en el mercado, correspondería el siguiente objeto del contrato: Lote 1: Prestación de los servicios postales y paquetería de hasta 20 kilos del Ayuntamiento de Gandía, zona localidad. Lote 2: Prestación de los servicios postales y paquetería de hasta 20 kilos del Ayuntamiento de Gandía, fuera localidad. Lote 3: Paquetería de más de 20 Kilogramos, zona localidad. Lote 4: Paquetería de más de 20 Kilogramos, fuera de la localidad. Sexto. El órgano de contratación, en el informe remitido al Tribunal de acuerdo con lo previsto en el artículo 46.2 del TRLCSP, defiende la conformidad a derecho de los pliegos.

4 4 Séptimo. El examen del recurso exige recordar la doctrina de este Tribunal en relación con el efecto directo de la Directiva 2014/24/UE del parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. Tal y como se señaló, entre otras, en la resolución 1065/2016 de este Tribunal, el plazo de transposición de la Directiva expiró el 18 de abril 2016 sin que hubiera sido incorporada, con carácter global, al derecho interno por el Reino de España (lo que no obsta a que algunas de sus previsiones hayan merecido una singular transposición a través de diversas normas legales). Ahora bien, el hecho de que el Estado miembro no haya transpuesto el contenido de las Directivas no impide su aplicación directa, si se dan los requisitos necesarios para ello fijados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De esta forma, los procedimientos de contratación sujetos a regulación armonizada que se hubieran iniciado con posterioridad al 18 de abril de 2016 entendiendo por tales conforme a la disposición transitoria primera, apartado 1, del TRLCSP, sensu contrario, aquellos procedimientos abiertos en que se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato, con posterioridad a dicha fecha y, en el caso de procedimientos negociados, se hubieran aprobado los pliegos igualmente con posteridad a dicha fecha, están sujetos al efecto directo de la Directiva de contratos. A tal efecto, han de tenerse en cuenta los siguientes elementos interpretativos: - La recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (JCCA), en relación con la aplicación de las nuevas directivas de contratación pública, de 15 de marzo de Los criterios que, sobre el efecto directo de las Directivas, fueron fijados por los Tribunales administrativos encargados de la resolución del recurso especial en materia de contratación en documento conjunto de 1 de marzo de 2016 Esto sentado, el considerando 78 de la Directiva establece, en relación con la división en lotes, que:

5 5 Debe adaptarse la contratación pública a las necesidades de las PYME. Es preciso alentar a los poderes adjudicadores a utilizar el código de mejores prácticas que se establece en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 25 de junio de 2008, titulado «Código europeo de buenas prácticas para facilitar el acceso de las PYME a los contratos públicos», que ofrece orientaciones acerca de cómo aplicar el régimen de contratación pública de forma que se facilite la participación de las PYME. A tal efecto y para aumentar la competencia, procede animar a los poderes adjudicadores a, en particular, dividir grandes contratos en lotes. Esta división podría realizarse de manera cuantitativa, haciendo que la magnitud de cada contrato corresponda mejor a la capacidad de las PYME, o de manera cualitativa, de acuerdo con los diferentes gremios y especializaciones implicados, para adaptar mejor el contenido de cada contrato a los sectores especializados de las PYME o de acuerdo con las diferentes fases ulteriores de los proyectos. La magnitud y el contenido de los lotes deben ser determinados libremente por el poder adjudicador, el cual, de acuerdo con las normas pertinentes en materia de cálculo del valor estimado de la contratación, debe estar autorizado a adjudicar algunos de los lotes sin aplicar los procedimientos previstos en la presente Directiva. El poder adjudicador debe estar obligado a estudiar la conveniencia de dividir los contratos en lotes, sin dejar de gozar de la libertad de decidir de forma autónoma y basándose en las razones que estime oportunas, sin estar sujeto a supervisión administrativa o judicial. Cuando el poder adjudicador decida que no sería conveniente dividir el contrato en lotes, el informe específico o los pliegos de la contratación deben incluir una indicación de las principales razones que expliquen la elección hecha por el poder adjudicador. Estas razones podrían ser, por ejemplo, el hecho de que el poder adjudicador considere que dicha división podría conllevar el riesgo de restringir la competencia, o hacer la ejecución del contrato excesivamente difícil u onerosa desde el punto de vista técnico, o que la necesidad de coordinar a los diferentes contratistas para los diversos lotes podría conllevar gravemente el riesgo de socavar la ejecución adecuada del contrato. Los Estados miembros deben seguir gozando de libertad para prolongar sus esfuerzos tendentes a facilitar la participación de las PYME en el mercado de la contratación pública, ampliando el alcance de la obligación de considerar la conveniencia de dividir los

6 6 contratos en lotes convirtiéndolos en contratos más pequeños, exigiendo a los poderes adjudicadores que aporten una justificación de la decisión de no dividir los contratos en lotes o haciendo obligatoria la división en lotes bajo ciertas condiciones. A este mismo respecto, los Estados miembros deben gozar también de la libertad de facilitar mecanismos para efectuar pagos directos a los subcontratistas. Este considerando se plasma en el artículo 46 de la Directiva, que dispone lo siguiente: División de contratos en lotes 1. Los poderes adjudicadores podrán optar por adjudicar un contrato en forma de lotes separados, y podrán decidir el tamaño y el objeto de dichos lotes. Excepto en el caso de los contratos cuya división resulte obligatoria en virtud del apartado 4 del presente artículo, los poderes adjudicadores indicarán las principales razones por las cuales han decidido no subdividir en lotes. Dicha decisión se incluirá en los pliegos de la contratación o en el informe específico al que se refiere el artículo Los poderes adjudicadores precisarán, en el anuncio de licitación o en la invitación a confirmar el interés, si las ofertas pueden presentarse para uno, varios o todos los lotes. Los poderes adjudicadores estarán facultados para limitar el número de lotes que puedan adjudicarse a un solo licitador, incluso en el caso de que se puedan presentar ofertas para varios o todos los lotes, siempre que en el anuncio de licitación o en la invitación a confirmar el interés se indique el número máximo de lotes por licitador. Los poderes adjudicadores indicarán en los pliegos de la contratación los criterios o normas objetivos y no discriminatorios que se proponen aplicar para determinar qué lotes serán adjudicados, en caso de que la aplicación de los criterios de adjudicación pueda dar lugar a que a un solo licitador se le adjudique un número de lotes superior al máximo indicado. 3. Los Estados miembros podrán disponer que, en caso de que pueda adjudicarse más de un lote al mismo licitador, los poderes adjudicadores estén facultados para adjudicar contratos que combinen varios lotes o todos los lotes cuando dichos poderes hayan especificado, en el anuncio de licitación o en la invitación a confirmar el interés, que se

7 7 reservan dicha posibilidad, y hayan indicado los lotes o grupos de lotes que puedan combinarse. 4. Los Estados miembros podrán aplicar el párrafo segundo del apartado 1 haciendo obligatoria la adjudicación de contratos en forma de lotes separados, en condiciones que habrán de especificarse de conformidad con el Derecho nacional y teniendo en cuenta el Derecho de la Unión. En tales casos, también serán de aplicación el párrafo primero del apartado 2 y, si procede, el apartado 3. El documento conjunto de 1 de marzo de 2016 de los Tribunales administrativos encargados de la resolución del recurso especial en materia de contratación se pronunció expresamente sobre el efecto directo de este precepto, indicando que: El apartado 1 (necesidad de justificar expresamente la no división en lotes) y el apartado 2 (posibilidad de limitar el número de lotes a los que se puede licitar y el número máximo de lotes de los que puede resultar adjudicatario un licitador) tienen efecto directo. El apartado 3 (ofertas integradoras) precisaría, en principio, de un acto de transposición porque se trata de una opción para los Estados miembros. No obstante, se trata de una posibilidad utilizada ampliamente en la práctica y compatible con el actual marco legal (ver, por ejemplo, el artículo 5 del Real Decreto 541/2001, de 18 de mayo, por el que se establecen determinadas especialidades para la contratación de servicios de telecomunicaciones). El apartado 4 (posibilidad de que los Estados miembros hagan obligatoria la adjudicación por lotes separados) precisa de transposición y carece de efecto directo. Esto significa que la decisión de articular lotes es una regla o principio de alcance general, pero que no se puede exigir en todas las licitaciones. Por lo tanto, el apartado 1 del artículo 46 de la Directiva, que es el que aquí entra en juego, tiene efecto directo. No obstante, debe tenerse presente que este Tribunal ha declarado, entre otras, en la resolución 814/2016, que del mismo se desprende que la división no es obligatoria, siendo así que, por mucho que el considerando 78 de la Directiva 2014/24/UE exprese que, para aumentar la competencia, procede animar a los

8 8 poderes adjudicadores a, en particular, dividir grandes contratos en lotes, también añade que tales poderes adjudicadores deben conservar la libertad de decidir de forma autónoma y basándose en las razones que estime oportunas, sin estar sujeto a supervisión administrativa o judicial, exigiendo únicamente que se estudie la conveniencia de tal división, a cuyo fin, cuando el poder adjudicador decida que no sería conveniente dividir el contrato en lotes, el informe específico o los pliegos de la contratación debe incluir una indicación de las principales razones que expliquen la elección hecha por el poder adjudicador. En definitiva, el apartado 1 del artículo 46 de la nueva Directiva de contratación pública no impone a los poderes adjudicadores la obligación de dividir los contratos en lotes, sino tan solo la de motivar la decisión de no efectuar dicha división, en los pliegos o en el informe específico al que se refiere el artículo 84 de la Directiva. En este caso, no se contiene en los pliegos ni en ninguna otra parte del expediente justificación de la no división en lotes del contrato, si bien sí se contiene esta justificación en el informe remitido a este Tribunal por el órgano de contratación, donde se indica que La no división en lotes responde para el caso en concreto a dos motivos con un peso suficiente que justifica la actuación del órgano de contratación: - La imposibilidad derivada del criterio cuantitativo de alguno de los lotes propuestos concretamente el lote 3 y lote 4 cuyo importe apenas supera los 100 euros. Lo que hace la subdivisión inviable e inadecuada a la luz del objeto del contrato. - El interés general como criterio cualitativo con la finalidad de prestar el servicio más eficiente cumpliendo con los parámetros económicos a los que está sometido el Ayuntamiento por sus planes económico-financieros, en los términos descritos. Debemos, por tanto, determinar si la justificación de la no división en lotes llevada a cabo en el informe del órgano de contratación puede suplir la falta de tal justificación en el expediente de contratación y, caso no ser así, las consecuencias que ello debe tener. En este punto debemos ante todo tener en cuenta que la finalidad perseguida por la legislación comunitaria para exigir a los órganos de contratación una justificación de la

9 9 falta de división en lotes no es otra sino la de facilitar la participación en la licitación pública de las pequeñas y medianas empresas que, por su escasa dimensión y tamaño, tienen mayores dificultades para acceder a la licitación de los grandes contratos, aspecto éste que se debe tener en cuenta para valorar la necesidad de la justificación, tal como pusimos de relieve en recientes resoluciones como la 120 y 139/2018. En el caso que nos ocupa nos encontramos ante un pequeño contrato de servicios de euros anuales y euros de valor estimado total en el que, como argumenta acertadamente el órgano de contratación, la división en lotes reduciría hasta insignificancia el importe de dichos lotes, además de dificultar su gestión separada. A lo que se debe añadir que, por economía procedimental, tampoco resultaría operativo anular los Pliegos para que el órgano de contratación reitere en los nuevos pliegos los razonables motivos para la no división en lotes expresados en su informe, razón por la cual no se considera procedente la estimación del recurso interpuesto.- Por otra parte, sobre este aspecto hemos afirmado en nuestra reciente Resolución nº 334/2018, de 6 de abril (Rec. Nº 217/2018) lo siguiente: «Además, sobre la constancia del examen de la conveniencia de no dividir el contrato en lotes por el Órgano de contratación, hemos dicho en la Resolución nº 230/2018, de 12 de Marzo, Recurso nº 120/2018, así como en la 262/2018, de 16 de marzo (Rec. Nº 139/2018) lo siguiente: Es decir, el artículo 46 de la Directiva 2014/24/UE admite (apartado 1) la posibilidad de división en lotes, estableciendo la obligatoriedad de aquélla sólo en los casos en que así se disponga en la legislación interna y conforme a ésta. Esta obligatoriedad, como se ha visto, no se recoge en la legislación aplicable. Por ello, hemos dicho: En relación con la previsión de este artículo 46 de la Directiva, este Tribunal ha declarado, entre otras, en la resolución 814/2016, que del mismo se desprende que la división no es obligatoria, siendo así que, por mucho que el considerando 78 de la Directiva 2014/24/UE exprese que, para aumentar la competencia, procede animar a los poderes adjudicadores a, en particular, dividir grandes contratos en lotes, también añade que tales poderes adjudicadores deben conservar la libertad de decidir de forma autónoma y basándose en

10 10 las razones que estime oportunas, sin estar sujeto a supervisión administrativa o judicial, exigiendo únicamente que se estudie la conveniencia de tal división, a cuyo fin, cuando el poder adjudicador decida que no sería conveniente dividir el contrato en lotes, el informe específico o los pliegos de la contratación debe incluir una indicación de las principales razones que expliquen la elección hecha por el poder adjudicador. Y, por tanto, hemos llegado en nuestra doctrina a la conclusión de que el efecto directo de la Directiva en este punto implica que los poderes adjudicadores siguen teniendo libertad a la hora de configurar el objeto del contrato previendo o no su división en lotes, y cuando se decida no dividir el objeto, la única obligación del órgano de contratación consiste en exponer, en los pliegos o en el informe específico al que se refiere el artículo 84. 2, la justificación de por qué no se ha producido una división en lotes, indicando las principales razones de esa elección, entre las que se citan en la Directiva «el hecho de que el poder adjudicador considere que dicha división podría conllevar el riesgo de restringir la competencia, o hacer la ejecución del contrato excesivamente difícil u onerosa desde el punto de vista técnico, o que la necesidad de coordinar a los diferentes contratistas para los diversos lotes podría conllevar gravemente el riesgo de socavar la ejecución adecuada del contrato». La cuestión sobre la que confirmamos el cambio doctrinal está en el alcance de tal obligación de motivación, en relación con la validez de los pliegos; y, en este punto, pese a lo indicado en la Resolución 408/2017, la posterior 684/2017 ha hecho una interpretación de la propia Directiva que niega trascendencia a la omisión de tal motivación en el expediente en caso de impugnación de los pliegos, y que entendemos debe ser mantenida, como conforme al propio tenor de la Directiva, según seguidamente se verá. Así, debe observarse el informe específico al que se remite el art. 46 y se refiere el artículo de la Directiva es un informe escrito, sobre cada contrato o acuerdo marco regulado por la presente Directiva y cada vez que establezcan un sistema dinámico de adquisición, con el contenido que indica el art. 84.1, y que, como se infiere el art.84.2, deberá figurar en el expediente (entendido como conjunto documental del procedimiento de licitación): 2. Los poderes adjudicadores documentarán el desarrollo de todos los

11 11 procedimientos de contratación, ya se realicen o no por medios electrónicos. Con este fin, se asegurarán de que conservan suficiente documentación para justificar las decisiones adoptadas en todas las etapas del procedimiento de contratación, como la documentación relativa a las comunicaciones con los operadores económicos y las deliberaciones internas, la preparación de los pliegos de la contratación, el diálogo o la negociación, en su caso, la selección y la adjudicación del contrato. La documentación deberá conservarse como mínimo durante un período de tres años a partir de la fecha de adjudicación del contrato. Su finalidad directa es permitir el control de la contratación por las autoridades competentes, como se deriva del 84.3, que indica: 3. El informe, o sus elementos principales, se transmitirán a la Comisión o a las autoridades, organismos o estructuras nacionales competentes contemplados en el artículo 83, cuando lo soliciten. Ahora bien, como puede verse en el art. 84.1, tal informe contiene datos (como los nombres de los candidatos o licitadores excluidos y los motivos que justifican su exclusión ; los motivos por los que se hayan rechazado ofertas consideradas anormalmente bajas, o el nombre del adjudicatario y los motivos por los que se ha elegido su oferta, así como, si se conoce, la parte del contrato o del acuerdo marco que el adjudicatario tenga previsto subcontratar con terceros; y, en caso de que existan, y si se conocen en ese momento, los nombres de los subcontratistas del contratista principal ) referidos a momentos posteriores a la propia elaboración de los pliegos. A la vista de tales previsiones, y del propio art ya citado, la interpretación correcta del art. 46 de la Directiva, en lo que tiene de efecto directo en nuestro caso -insistimos, en tanto no sea aún de aplicación la nueva regulación en desarrollo de tal Directiva-, es que debe quedar constancia en el expediente de contratación de la indicación de las principales razones por las cuales se ha decido no dividir el contrato en lotes, y más en concreto, de la razones por las que haya decidido que no sería conveniente dividir el contrato en lotes (Considerando 78 de la Directiva 2014/24/UE), a los efectos de su control por las autoridades de contratación, pero dicho informe no tiene por qué estar incluido en el expediente en el momento de publicitarse los pliegos, puesto que tal obligación no se desprende de la Directiva.

12 12 De lo anterior resulta que el citado informe no tiene por qué, en el expediente de licitación del contrato a que se refiere este recurso, que no se rige por la Ley 9/2017, estar incluido en él en el momento de publicarse el anuncio de licitación, ni figurar necesariamente en el Pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) las concretas razones que han desaconsejado la división del contrato licitado en lotes. Por ello mismo, no necesariamente debe prosperar el motivo y determinar por esa causa la nulidad del PCAP. Por otra parte, es evidente que el fomentar la división el contrato en lotes y estudiar en cada caso la improcedencia de efectuar esa división como medida práctica a favor del acceso de las PYME a los contratos públicos, ha de ceñirse a aquéllos contratos a que se refiere el Considerando 78 de la Directiva 2014/24/UE, que son los grandes contratos. En nuestro caso, nos encontramos ante un contrato cuyo valor estimado es ,32 euros, lo que abona considerar que no estamos ante un gran contrato, lo que por sí solo sería razón y, por ello, justificación más que suficiente, si bien de carácter implícito, para rechazar el motivo alegado por la recurrente.» Esa doctrina es plenamente aplicable al caso que examinamos. Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación, ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha, ACUERDA: Primero. Desestimar el recurso interpuesto por D. F.J.M.F. en representación de la sociedad REPARTOS LOW-COST DE CORREO ORDINARIO Y NOTIFICACIONES S.L., contra los pliegos del procedimiento Contrato de servicios consistente en prestación integral de los servicios postales y práctica de notificaciones de actos administrativos del Ayuntamiento de Gandía, expediente CONT-079/2016, convocado por el Ayuntamiento de Gandía de la Comunidad Valenciana.

13 13 Segundo. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP. Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1 k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.