RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

Transcripción

1 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA Recurso nº 1207/2017 C.A. Castilla-La Mancha 98/2017 Resolución nº 31/2018 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 12 de enero de 2018 VISTO el recurso interpuesto por D. J.L. B. R., en representación de AZUL LAVANDERÍA INDUSTRIAL, S.L., contra la resolución de adjudicación de la Directora Gerente del Hospital General de Villarrobledo, de fecha 10 de noviembre de 2017, del procedimiento de Servicio de lavado, costura, planchado, higienización, reparación, transporte y distribución interna de ropa hospitalaria para la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo ( AB17SER Expte.: 2017/002644, convocado por la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo, este Tribunal en sesión del día de la fecha ha adoptado la siguiente resolución: ANTECEDENTES DE HECHO Primero. La Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), convocó, mediante anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 27 de abril de 2017 y en el Boletín Oficial del Estado del día 18 de mayo de 2017, la licitación del contrato de servicio de lavado, costura, planchado, higienización, reparación, transporte y distribución interna de ropa hospitalaria para la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo, ascendiendo el valor estimado del contrato a euros, y siendo su duración de 48 meses, prorrogable por otros 24 meses más. Segundo. La licitación se ha desarrollado de conformidad con los trámites previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en lo sucesivo TRLCSP), en la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad (LCSPDS, en lo sucesivo) y demás legislación aplicable en materia de contratación. AVDA. GENERAL PERÓN 38, 8ª PLTA MADRID TEL: FAX: Tribunal_recursos.contratos@minhafp.es

2 2 Tercero. Por resolución de la Directora Gerente del Hospital General de Villarrobledo de fecha 10 de noviembre de 2017, se acordó la adjudicación del contrato a favor de la mercantil INICIATIVAS INTEGRALES CONQUENSES, S.L., (INICO, en lo sucesivo), al haber sido su oferta la más económicamente ventajosa. Frente a la misma, la mercantil AZUL LAVANDERÍA INDUSTRIAL, S.L. ha interpuesto recurso especial en materia de contratación, solicitando la declaración de nulidad de la resolución recurrida y la adjudicación del servicio objeto de contratación a la misma de acuerdo con su oferta presentada. De conformidad con lo previsto en el artículo 46.2 del TRLCSP, se solicitó por el Tribunal al órgano de contratación la remisión del expediente, habiendo sido recibido acompañado del correspondiente informe de fecha 29 de noviembre de Al amparo del artículo 46.3 del mismo texto legal, se notificó el recurso a los demás licitadores del procedimiento para que en el plazo de cinco días hábiles formularan las alegaciones y presentaran los documentos que a su derecho convinieran, no habiéndose formulado ninguna. Cuarto. El 19 de diciembre de 2017, la Secretaria de este Tribunal, en el ejercicio de competencias delegadas, dictó resolución por la que se acordaba el mantenimiento de la suspensión del expediente de contratación producida como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 45 del TRLCSP. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Este Tribunal es competente para resolver el presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.3 del TRLCSP y en el Convenio suscrito al efecto entre la Administración del Estado y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el 15 de octubre de 2012, publicado en el BOE el día 2 de noviembre de Segundo. La recurrente ostenta la legitimación exigida en el artículo 42 del TRLCSP para recurrir el acto impugnado por haber sido licitadora en este contrato. Tercero. La interposición del recurso ha tenido lugar dentro del plazo legal del artículo 44.2 b) del TRLCSP.

3 3 Cuarto. El recurso se interpone contra la resolución de adjudicación adoptada en el seno de un proceso de licitación relativo a un contrato de servicios sujeto a regulación armonizada que, al amparo de lo previsto en el artículo 40.1.a), en relación con el artículo 40.2.b) del TRLCSP, debe considerarse como susceptible de recurso especial en materia de contratación. Quinto. En cuanto al fondo del asunto se refiere, el recurrente formula una sola alegación, relativa a la solvencia técnica, que a su juicio no ha sido acreditada por la mercantil INICO, toda vez que la misma se ha llevado a cabo mediante la presentación de una declaración de la propia empresa-licitadora con una relación de servicios realizados en los últimos cinco años, sin acompañar ningún certificado o declaración de los supuestos clientes que acreditase dicha relación. En relación con la misma señala que la acreditación de los requisitos exigidos sobre solvencia técnica no pueden quedar circunscrita a una mera declaración de las licitadoras, sin documentos acreditativos algunos (certificados o declaraciones de los empresarios clientes) puesto que, en caso contrario, la acreditación de contar con solvencia suficiente para la ejecución de los contratos quedaría condicionada a una mera declaración de los licitadores, sin justificación alguna. Sexto. Expuesta en estos términos la alegación del recurrente, procede conocer la forma en como la acreditación de este requisito de solvencia se recoge en los pliegos que rigen esta licitación. Así, en el cuadro de características (anexo I) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el apartado Ñ.2 del mismo, relativo a la solvencia técnica-profesional, se dispone que la misma se acreditará mediante: Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste, o a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. ( ) Valor mínimo exigido: ,54 euros

4 4 Indicar número de certificados o contratos para superar el valor mínimo exigido: No se limita el número de certificados o contratos. Por su parte, el artículo 78 del TRLCSP, citado en el pliego en este apartado Ñ.2, dispone, en idénticos términos a los recogidos en el pliego, lo siguiente: En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse, según el objeto del contrato, por uno o varios de los medios siguientes, a elección del órgano de contratación: a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. La cuestión, por tanto, se basa en analizar si para la acreditación de la solvencia técnica es necesario que se aporten certificados de los empresarios privados receptores de los suministros realizados por la empresa o basta con la declaración del propio licitador. En relación con la misma, este Tribunal en la resolución nº 610/2017, con cita expresa de la resolución nº 23/2012, de fecha 18 de enero, estudió un supuesto similar de acreditación de solvencia técnica en un contrató de suministros, y señaló lo siguiente: Quinto. El recurrente fundamenta sus recursos en que la exclusión del procedimiento de licitación es injustificada al haber procedido a la subsanación requerida por la Administración, pues entiende que al amparo del artículo 66.1.a) de la LCSP (art. 77 TRLCAP), la acreditación de los principales suministros realizados es posible mediante su propia declaración y la presentación de albaranes de entrega de los principales suministros efectuados. Sin embargo, el órgano de contratación en su informe considera que la acreditación de los suministros hechos a un comprador privado ha de realizarse mediante certificado

5 5 emitido por el empresario que recibió el suministro o por declaración del mismo y no por la declaración del licitador u otros documentos que éste presente, interpretando que cuando artículo el 66.1.a) de la LCSP (art. 77 TRLCAP), se refiere a la declaración del empresario como medio de acreditación de los suministros realizados no se está refiriendo al empresario-licitador sino al receptor de aquéllos. Sexto. El artículo 66 de la de la LCSP (art. 77 TRLCAP) establecía los posibles medios para acreditar la solvencia técnica de los empresarios en los contratos de suministro. Entre ellos se admitía la relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. La acreditación de los suministros efectuados se realizaría mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. Este precepto transpone el artículo 48 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras, suministros y de servicios, que regula la capacidad técnica y profesional de los licitadores, estableciendo en el caso de los contratos de suministro que la solvencia técnica se podrá acreditar mediante la presentación de una relación de los principales suministros o de los principales servicios efectuados durante los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado. La acreditación de los suministros se realizará cuando el destinatario sea un poder adjudicador, mediante los certificados expedidos o visados por la autoridad competente y cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado del comprador o, a falta de este certificado, simplemente mediante una declaración del operador económico. Por su parte, el artículo 1 de la Directiva 2004/18/CE aclara que el término operador económico designa tanto al contratista como al proveedor o al prestador de servicios. Si el operador económico ha presentado una oferta se designa con el término

6 6 de licitador y al que haya solicitado una invitación a participar en un procedimiento restringido o negociado o en un diálogo competitivo se designa con el nombre de candidato. De acuerdo con los preceptos citados la acreditación de los principales suministros efectuados tiene un distinto régimen según el destinatario de aquéllos. Si se trata de entidades integrantes del sector público es preciso un certificado expedido o visado por el órgano competente, mientras que si es un comprador privado basta con una simple declaración del licitador en caso de no obtener el oportuno certificado. En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, resolución nº 130/1012, de fecha 17 de octubre de Séptimo. De lo expuesto resulta entonces que es doctrina conforme y coincidente de los Tribunales de recursos contractuales el admitir, como medio para probar la solvencia técnica, la declaración del empresario licitador cuando el destinatario de los servicios, en este caso, hayan sido clientes privados. La regulación legal, artículo 78 del TRLCSP, y la redacción del apartado Ñ.2 del cuadro de características (anexo I) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, relativo a la solvencia técnica-profesional, permiten claramente que en el presente procedimiento de contratación la acreditación de la solvencia técnica se lleve a cabo mediante la aportación de certificados expedidos por el órgano competente que acredite los servicios efectuados, o a falta de certificado, cuando el destinatario sea un comprador privado, una declaración del licitador ofertante. Por ello, debe ser desestimado el recurso formulado por AZUL LAVANDERÍA INDUSTRIAL, S.L, al ser ajustada a derecho y considerarse válida la acreditación de la solvencia técnica llevada a cabo por INICO mediante la declaración del empresario licitador relativa a servicios prestados a clientes privados. Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación, ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA:

7 7 Primero. Desestimar el recurso interpuesto por D. J.L. B. R., en representación de AZUL LAVANDERÍA INDUSTRIAL, S.L., contra la resolución de adjudicación de la Directora Gerente del Hospital General de Villarrobledo, de fecha 10 de noviembre de 2017, del procedimiento de Servicio de lavado, costura, planchado, higienización, reparación, transporte y distribución interna de ropa hospitalaria para la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo ( AB17SER Expte.: 2017/002644, convocado por la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo, por ser ajustada a derecho. Segundo. Dejar sin efecto la suspensión automática del procedimiento prevista en el artículo 45 del TRLCSP. Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP. Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1 k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.