COMISIÓN DE GASTO PÚBLICO

Transcripción

1 COMISIÓN DE GASTO PÚBLICO EXPEDIENTE No INVESTIGACIÓN DEL PAGO DE 55 MILLONES DE COLONES AL REGULADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA ROBERTO JIMÉNEZ GÓMEZ, POR PARTE DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) POR CONCEPTO DE CESANTÍA, QUE FUE OBJETADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DESDE OCTUBRE DEL 2017, Y SE LLAME A COMPARECER: -ROBERTO JIMÉNEZ GÓMEZ, REGULADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. -CARLOS OBREGÓN QUESADA, PRESIDENTE EJECUTIVO DEL ICE. -PRESIDENTE EJECUTIVO. -MARTA ACOSTA ZUÑIGA, CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EN DISCUCIÓN. Se recibió en audiencia durante sesión extraordinaria a la señora Marta Acosta, contralora general de la República, el señor Rafael Picado, gerente del Área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de la República, y al señora Jeanine Herrera Arias, asesora del despacho de la Contralora General de la República. Por otro lado, en sesión ordinaria se recibió al señor Carlos Obregón, presidente ejecutivo del ICE, Erick Picado, asesor legal del ICE, Roberto Jiménez, regulador general de la República y Román Navarro, asesor jurídico del regulador. La señora Acosta expuso sobre el pago por concepto de cesantía al ex funcionario del ICE, Roberto Jiménez. Sobre esto, mencionó entre los hechos, que el ex funcionario se acogió al retiro voluntario, con el respectivo pago de la cesantía por un monto de ,97. Posteriormente, el funcionario se reintegra a la función pública en el cargo de Regulador General, incumpliendo con lo que establece el artículo 586 del Código de Trabajo. Además, expuso una línea histórica en la que reseñó que el Regulador General ingresó a trabajar en el ICE el 15 de abril de El 8 de marzo del 2016 fue nombrado por el Consejo de

2 Gobierno como Regulador General. El 9 de abril renunció a su puesto en el ICE, al amparo del numeral 37-2 del Estatuto de Personal y el 3 de mayo del 2016 recibió la liquidación de derechos laborales. El 6 de mayo del 2016, inició labores en el cargo de Regulador General de ARESEP, vigente hasta mayo del Asimismo, mencionó que el artículo 37-2 del Estatuto de Personal, establece que el trabajador que renuncia a la institución acogiéndose al retiro voluntario después de haber presentado servicios a la misma en forma ininterrumpida durante 10 años o más, tendrá derecho a recibir un porcentaje de la cesantía que haya acumulado de acuerdo con una tabla. Dicha tabla indica que, los funcionarios con más de 20 años, se les reconoce el 100% de cesantía. Además, la Procuraduría General de la República (PGR) aclaró que, la indemnización descrita en el numeral 37 del Estatuto de Personal, corresponde por terminación del contrato de trabajo, por lo que, resulta aplicable la disposición del artículo 586 inciso b) del Código de Trabajo. Posteriormente, en otra opinión jurídica, la PGR indica que la teoría de Estado como patrono único posibilita la aplicación de reintegro que prevé el ordinal 586 inciso b) del Código de Trabajo al funcionario que una vez recibida la indemnización por retiro voluntario, decide reingresar a una institución descentralizada. Al respecto, la Contraloría General de la República resolvió que: Primero, los dineros que el ICE traslada al Fondo como reserva para cesantía tienen naturaleza pública y el Consejo Directivo tiene bajo su responsabilidad la administración de dicho Fondo. Segundo, el pago de la cesantía a causa del retiro voluntario tiene sustento en el artículo 37 del Estatuto de Personal del ICE (EP). Tercero, que el funcionario que durante ese lapso haya recibido pago por concepto de cesantía y llegare a aceptar un nuevo puesto en la función pública, queda obligado a reintegrar al Tesoro Público las sumas recibidas por ese concepto. Finalmente, que a todo pago de cesantía incluido el regulado por el

3 artículo 37 del EP, le resulta aplicable el artículo 586 del Código de Trabajo y el principio de Estado como patrono único. En conclusión, la CGR ordenó al Consejo Directivo del ICE conforme al régimen aplicable gestionar el reintegro de la cesantía proporcional cancelada en su momento al señor Roberto Jiménez. A pesar de que el ICE apeló la resolución, la CGR rechazó ambos recursos. El Dip. González Ulloa (PLN) mantuvo el siguiente intercambio de preguntas: P: Hay antecedentes como este? Señora Acosta: No recuerdo ninguno. En sentido práctico, qué debieron haber hecho el señor Jiménez y el ICE? Señora Herrera: ordenamos al Consejo Directivo del ICE para que ellos gestionen el reintegro de los dineros. Corresponde la gestión cobratoria, cómo lo haga, no tenemos por qué indicarlo. Debió accionar. Una vez que aceptó el puesto, debió reintegrar el monto. P: La Contraloría ha accionado directamente al señor Jiménez? Señora Herrera: No, le corresponde al ICE realizar el debido proceso. P: En términos de probidad, cuál es su criterio? Señora Acosta: Él está enterado de esta orden desde el 3 de noviembre del Esperaría que se hubieran comunicado para iniciar el proceso. P: Quién accionó los recursos por parte del ICE, y si esos recursos fueron activados previo acuerdo del Consejo Directivo? Señor Picado: Fue interpuesto por la Directora Jurídica del ICE, se consultó al Consejo Directivo si lo validaban y se validó. P: Ha habido alguna diligencia del señor Jiménez? Señora Acosta: Hoy se recibió en mi despacho una nota donde manifiesta sorpresa y asombro a raíz del oficio en que se le informa las resoluciones de los recursos y hoy mismo se la respondimos. Pero no se hizo ninguna solicitud de información. P: Podría incorporar esa última nota?

4 Señora Acosta: Sí El Dip. Arguedas Mora (PFA) denunció que existen 49 funcionarios del ICE en esas condiciones. Asimismo, afirmó que como dirigente sindical tiene el panorama claro, son dineros del fondo de ahorro es decir de los trabajadores y hubo un mal uso. También, recordó que los criterios de la PGR son solicitados a solicitud de las gerencias del ICE y que la Dirección Jurídica tiene un criterio completamente salido, donde dice que no son vinculantes. Igualmente, denunció que por obedecer a los criterios jurídicos, la actual directora jurídica, Julieta Bejarano Hernández se fue del ICE en el 2005 y volvió en mayo del Además, agradeció la labor de la CGR a lo largo de los últimos 4 años. La señora Acosta informó que en la CGR hay una denuncia sobre 33 funcionarios en condiciones similares que ya está siendo investigado. El Dip. Vásquez Castro (PUSC) afirmó que el ICE maneja términos diferenciados entre movilidad laboral y retiro voluntario. También, reveló que le llegó información donde pierde claridad si el funcionario actuó de buena fe, y más bien duda de la responsabilidad de otros funcionarios involucrados. Finalmente, afirmó que definitivamente aquí hay responsabilidad de terceros y felicitó la función de la CGR. El Dip. Solís Fallas (PAC) preguntó si es delito recibir una transferencia contraria a la ley. La señora Acosta respondió que no entraría a considerar eso. El Dip. Solís Fallas (PAC) insistió y la respuesta fue que la CGR no ha dicho que el pago es irregular, pero el no reintegro, sí es irregular. El señor Picado mencionó que lo que existe es una obligación de devolver la cesantía en caso de que un funcionario regrese a la función pública, pero no pueden calificar como delito esta situación.

5 La Dipda. Loría Beeche (PRN) preguntó si los funcionarios que presentan estas características reciben alguna advertencia para devolver el dinero. Además, consideró preocupante y grave la actitud del departamento legal del ICE, en tanto sostiene que no debe darse el reintegro. Él en ningún momento cuestiona el fondo de la resolución. La señora Acosta respondió que no conoce si el ICE realiza algún apercibimiento. El Dip. Morales Zapata (I) preguntó qué sucede si no ocurre nada. La señora Herrera respondió que sería un tema a analizar por el Consejo de Gobierno, porque la ley no trae consecuencias aparejadas. Posteriormente, en sesión ordinaria, el señor Jiménez, relató que entre marzo y abril del 2016 fue electo como Regulador General. En abril se retiró del ICE y en octubre reiteró la consulta en la que preguntó sobre la devolución de dinero. Asimismo, reveló que por la prensa se enteró de una serie de cuestionamientos de la CGR, por lo que procedió al depósito de forma voluntaria del pago y la devolución de la cesantía, a pesar de nunca haber sido notificado, porque no figura como parte procesal en ningún expediente. El señor Obregón defendió que el ICE, a través del Consejo Directivo apeló ante la CGR, porque la institución no tiene la posibilidad legal que indique cómo proceder, no tiene forma jurídica de accionar y por ello consideró que le corresponde al trabajador. El señor Picado indicó que la relación laboral de los empleados del ICE se hace por el Estatuto de Personal (EP). En ese sentido, informó que hay un traslape de normas, ya que le están aplicando una norma que no existía cuando se dio el pago, conforme a la ley, por parte del ICE. En el caso concreto se acogió al derecho y con base en eso, se le canceló el rubro correspondiente. Al respecto, concluyó que la norma indica que el dinero tiene que ser devuelto al Tesoro Público, el ICE no es el Tesoro Público.

6 El Dip. González Ulloa (PLN) mantuvo el siguiente intercambio de preguntas: P: La norma que dice Tesoro Público, lo escribe en mayúscula o minúscula? Señor Picado: Mayúscula. P: El criterio es que el ICE pagó conforme a Derecho? Señor Picado: Sí. P: El ICE no tiene la obligación de cobrar? Señor Picado: Según el análisis del artículo a ese momento, no. P: Cuál es la acción que procede ahora? Señor Obregón: Recibir los dineros que está reintegrando el señor Jiménez. Señor Picado: Don Roberto firmó un pagaré y ha hecho entrega de dinero en efectivo. Además, el Dip. González Ulloa (PLN) cuestionó al señor Jiménez que se haya asombrado por la notificación de la CGR, ya que según indicó la señora Acosta en noviembre ya estaba enredado, por lo que preguntó: por qué decidió reintegrar el dinero voluntariamente? El señor Jiménez respondió que él nunca fue parte del expediente y lo notificaron a su correo del ICE, cuando ya no era funcionario. Además, aclaró que la devolución es por una cuestión de honor e imagen. El Dip. Arguedas Mora (PFA) indagó al señor Obregón si existe una política institucional de pagar a más funcionarios el pago de prestaciones. El señor Obregón se abstuvo de contestar. El Dip. Arguedas Mora (PFA) manifestó que hay criterios de la PGR que indican la obligación de realizar el reintegro y que dicho criterio fue solicitado por la Gerencia General del ICE, por lo que vuelve la respuesta del la PGR, vinculante. Por lo que preguntó si los criterios son vinculantes o facultativos. El señor Picado contestó que son facultativos a lo que el Dip. Arguedas Mora (PFA) lo corrigió e indicó que son vinculantes para la institución que los consulte.

7 El Dip. Rojas Astorga (PLN) preguntó al señor Jiménez si tuvo daños posteriores al proceso. El señor Jiménez contestó afirmativamente, específicamente un daño a la imagen y a la familia. El Dip. Rojas Astorga (PLN) preguntó si pensaba demandar al ICE y contestó negativamente. Al señor Picado le preguntó por qué no se ha procedido con el cobro, después de los criterios de la PGR. El señor Picado contestó que el tema está resuelto, y que hay un sin sentido si el pago se está dando voluntariamente. El Dip. Rojas Astorga (PLN) manifestó que le asombra la actitud del ICE y felicitó el reintegro por razones éticas del señor Jiménez, regulador general. La Dipda. Loría Beeche (PRN) preguntó qué se habría hecho si el trabajador no realiza el pago. El señor Obregón respondió que esa es una pregunta especulativa. Por lo que, repreguntó si se hubiera impugnado la resolución de la CGR. El señor Picado contestó que eso tendría que ser conocido por el Consejo Directivo. El Dip. Vásquez Castro (PUSC) preguntó por qué deposita al ICE y no a la Tesorería Nacional. El señor Jiménez contestó que lo hizo porque la nota que le llegó de la CGR indicaba que el proceso iba a ser en sede del ICE.