Sesión Ordinaria No. 31 PLENARIO LEGISLATIVO NOMBRAMIENTOS, RATIFICACIONES Y REELECCIONES

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1 Sesión Ordinaria No. 31 PLENARIO LEGISLATIVO NOMBRAMIENTOS, RATIFICACIONES Y REELECCIONES EXPEDIENTE No RATIFICACIÓN O NO DEL NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORA CARMEN COTO PÉREZ, COMO MIEMBRO PROPIETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP). La Dipda. Pérez Pérez (PAC) explicó el informe afirmativo de minoría del expediente, del que es la única firmante. Resaltó que la señora Carmen Coto presentó de forma completa y a tiempo la información que se solicitó durante la tramitación del expediente en discusión. Destacó que, desde setiembre de 1993 ocupó el cargo de subjefe del Departamento de Empresas Públicas de la Dirección General de Presupuestos Públicos hasta el 31 de agosto del Asimismo, indicó que la señora Coto se ha mostrado anuente a entregar cualquier información solicitada por la Comisión de Nombramientos, por estas razones, recomendó al Plenario Legislativo la decisión de ratificar el nombramiento de la señora Carmen Coto en la junta directiva de ARESEP porque cumple a cabalidad con todos los requisitos, a pesar, del poco tiempo que se le otorgó para demostrar el cumplimiento de uno de ellos. Posteriormente, se inició la discusión por el fondo del expediente. Finalmente, se aprobó el informe negativo de mayoría por 41 votos a favor y 9 en contra, el cual recomendó no ratificar el nombramiento de la señora Carmen Coto Pérez. El Dip. Abarca Mora (PUSC) señaló que un grupo de diputados de la Comisión de Nombramientos evidenciaron que la candidata no cumplía con el requisito

2 establecido en el inciso e); sin embargo, aunque extemporáneamente, una diputada del PAC manifiesta que sí lo cumple. Destacó que aún si se omite el tema del requisito, la señora Coto brinda asesorías por medio del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) a la ARESEP, lo que es contrario al artículo 50 de la Ley Orgánica de la ARESEP, pues dicho artículo establece que, ningún nombramiento para desempeñar cargos en la ARESEP podrá recaer en asesores. Consideró que esto constituye un conflicto de intereses. De igual forma, comentó que, según un acta de la junta directiva de la ARESEP, se recomendó que el Regulador General no participara de un evento de reguladores económicos, pues el ICAP es proveedor de servicios de ARESEP y fue copatrocinador del evento y podría haber un conflicto de intereses. La Dipda. Pérez Pérez (PAC) destacó las aptitudes y cargos que ha desempeñado la señora Coto, entre los cuales, resaltó ampliamente su labor en la Contraloría General de la República. Reiteró que doña Carmen cumple con los requisitos legales para ocupar el cargo en discusión y los motivos esgrimidos en su contra no son de recibo a la luz de la documentación incorporada al proceso de selección. El Dip. Benavides Jiménez (PLN) anunció que la bancada de Liberación Nacional votará en contra de la ratificación de la señora Carmen Coto, de conformidad con lo recomendado por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Nombramientos. Concordó con el criterio de la comisión, en aras de que la señora Coto no cumple con la experiencia necesaria señalada en la ley correspondiente. En la misma línea, el Dip. Avendaño Calvo (PRN) consideró que doña Carmen Coto no cumple con los requisitos esenciales para desempeñar el cargo en cuestión. Aprovechó el espacio para informar que existe una interrogante con respecto a la imposibilidad del señor Ronald Francisco Carranza Vindas de la Unidad de Gestión de Potencial Humano de la Contraloría General de la

3 República, para certificar las funciones que desempeñó, porque en su expediente personal no existe información que permita identificar cuáles eran esas funciones específicas. La Dipda. Pérez Pérez (PAC) explicó que doña Carmen Coto Pérez solo tuvo dos días para solicitar la certificación detallada de funciones a la Contraloría General de la República. Manifestó que el tiempo de respuesta de la Contraloría no encuadró con el plazo máximo establecido por la Comisión de Nombramientos para recibirlos. Al respecto, el Dip. Benavides Jiménez (PLN) explicó que la señora Coto no es una concursante de un proceso abierto por la Asamblea Legislativa a través de la Comisión de Nombramientos. Se trata de una recomendación que hace el Poder Ejecutivo para que la Asamblea Legislativa lo ratifique; es decir, es responsabilidad del Poder Ejecutivo enviar el expediente completo con los atestados y pruebas escritas del cumplimiento de los requisitos. El Dip. Villalta Flórez-Estrada (PFA) afirmó tener claro que la señora Coto no tiene los votos para ser ratificada como miembro de la junta directiva de ARESEP, y que la Contraloría no está satisfecha con ella, ya que los documentos que envío sobre sus cargos y desempeño brindan poca información y no responden las consultas que llevó a cabo la Comisión de Nombramientos. Agregó que el Poder Ejecutivo no realizó su tarea de enviar los atestados de la señora Coto de manera bien justificada y completa. De igual forma, destacó que la ratificación de nombramientos en el Plenario Legislativo siempre varía de acuerdo con la correlación de fuerzas, ya que, aunque se plantea como un tema técnico, hay criterios divergentes según de quién provengan las designaciones. Explicó que la ley de ARESEP no es muy estricta en cuanto a requisitos porque establece que la persona se debe haber desempeñado en labores relacionadas con servicios

4 públicos, lo cual, es demasiado amplio. Destacó que un ejemplo de esto es el señor Pablo Sauma, quien fue ratificado como directivo de ARESEP, sin cumplir ese requisito porque el Poder Ejecutivo en ese momento contaba con los votos. En otro sentido, opinó que los criterios que se están aplicando para la ratificación de un directivo pueden ser peligrosos, pues dependiendo de si son estrictos o relajados con los requisitos, podría inferirse que solo una persona que ha trabajado en el sector privado en prestación de servicios públicos puede ser ratificada; de esta manera, se nombraría a una persona proveniente de las empresas a regular, obedeciendo a los intereses de estas. Externó que le preocupa la posibilidad de que la ARESEP sea cercana a las empresas autobuseras, pues el lobby que realizan es fuerte. Mencionó que un ejemplo de esto es la modificación que hizo la ARESEP sobre el nuevo modelo tarifario. Opinó que, este tema debería llevarse a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público para estudiar si el cambio en el modelo tarifario se dio por el lobby de los autobuseros, quienes, con el modelo anterior, aportaban sus propias cifras sobre demanda del servicio, mientras que con el nuevo de la ARESEP y del CTP, debían llevar a cabo los estudios de demanda. El Dip. Benavides Jiménez (PLN) rescató la intervención del diputado del Frente Amplio sobre el funcionamiento de la ARESEP. Dijo, además, que, la ley de ARESEP impedirá a la señora Coto ocupar el cargo para el cual fue recomendada por parte del Poder Ejecutivo, ya que dicha ley, cuenta con una redacción o disposición que tiende a cerrar la puerta para que ciudadanos bien preparados ocupen el cargo. En esta línea, reprochó que la Asamblea Legislativa tiene la tendencia de establecer requisitos para que las personas ocupen cargos en juntas directivas en general, exigiendo a los ciudadanos una formación y experiencia profesionales, en un área específica, aspectos que son cada vez más restrictivos.

5 El Dip. Villalta Flórez-Estrada (PFA) afirmó coincidir con lo planteado por el diputado Benavides. De igual forma, insistió en que una persona ligada a las empresas reguladas que sea nombrada en la ARESEP podría buscar influir en el ente regulador para obtener el beneficio de las empresas. Aseguró que un ejemplo de esta situación se da en el CTP, donde se confunde participación con "corporativización". Destacó que su mayor preocupación son los cambios que se han venido dando al modelo tarifario del transporte modalidad autobús, pues este nuevo modelo fue difícil de construir e implementar, y ahora la ARESEP cedió al lobby autobusero, cambiando la forma en que se define la demanda del servicio bajo la excusa de que la ARESEP y el CTP no tienen capacidad para realizar los estudios de demanda, a pesar de que sí se cuenta con financiamiento.