El licenciado ORIEL ANTONIO DOMINGUEZ CASTILLO, actuando. en su propio nombre y representación, ha presentado demanda
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- Ana María Paz Rivero
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1 . REPUBLCA DE PANAMA OROANO UDTCAL p CORTESUPREMADEJUSTCA-SALADE LO CONTENetOSOADMNSTRATVO Panamá, trece (13) de febrero de dos mil ocho (2008) V 1ST O S: El licenciado OREL ANTONO DOMNGUEZ CASTLLO, actuando en su propio nombre y representación, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto de Personal N 061 de 13 de diciembre de 2004, emitido por la Dirección General de la Comisiór de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones. Mediante el acto acusado de ilegal, la Dirección General de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor -CLlCAC-, declaró insubsistente el nombramiento de OREL DOMíNGUEZ como abogado de esta entidad gubernamental. hi:erpuesto el recurso de reconsideración, la autoridad demandada mantuvo en todas sus partes el contenido del Resuelto de Personal N 061 de 13 de diciembre de 2004 (fs. 1-4). La inconformidad del señor DOMíNGUEZ con la decisión adoptada en la vía gubernativa, fundamenta la acción con1enciosa administrativa de plena jurisdicción que pasamos a estudiar.
2 2 ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA. En primer lugar, afirma el demandante, que el acto administrativo objeto de impugnación carece de motivación y Que este hecho le impidió conocer las razones que llevaron al Director General de la CLlCAC a declarar insubsistente su nombramiento como abogado. Ante la falta de motivación, estima que se le coartó su derecho de defensa porque no pudo sustentar debidamente el recurso de reconsideración, a través del cual podía lograr que la respectiva autoridad administrativa reformara o revocara su propio acto. En este sentido, sostiene que el funcionario demandado violentó el ordenamiento legal al no motivar el Resuelto de Personal No. 061 de 13de diciembre de 2004, e impedirle conocer las razones que le permitirían fundamentar debidamente el escrito que contenía el único rtedio de impugnación del que podía hacer uso. A su juicio, esta actuación del Director General de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, devíene en desviación de poder, porque la declaratoria de insubsistencia de un nombramiento debe utilizarse para mejorar el desempeño de las entidades gubernamentales, mas no para fines y motivos particulares. Ante lo expuesto, concluye que se ha vulnerado el artículo 155 de la Ley 38 de 2000 que regula en Procedimiento Adminis1rativo General, por lo que solicita a la Sala declare la nulidad del Resuelto de Personal No. 061 de 13 de diciembre de 2004 (f ). NFORME DE CONDUCTA. Mediante Nota No. DG-255/AGV/mr de 30 de ma: o de 2005, la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, narró los
3 3 hechos que precedieron la destitución del licenciado DOMNGUEZ y advirtió que si bien es cierto se interpuso un incidente de recusación dentro del proceso gubernativo, la incidencia se rechazó por improcedente, antes de emitirse la Resolución DG-No de 21 de febrero de 2005, que agotó la vía. Destaca que la entidad que preside no ha ingresado al sistema de Carrera Administrativa y que en virtud de este hecho todo funcionario en la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia queda sometido a la libre discreción de las autoridades nominadoras, según propio criterio de la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, concluye que el despido fundamentado en la cliscrecionalidad de quien nombra -como es el caso del licenciado OREL DOMíNGUEZ- no riñe con las disposiciones lera1es vigentes en el país; consecuentemente, pide se declare la legalidacl del acto impugnado (fs ). Remitido este informe, se incorporó ell proceso la Vista del Procurador de la Administración que pasamos a estudiar. OPNiÓN DEL MNSTERO PÚBLCO. El señor Procurador de la Administración, a través de la Vista Fiscal N 422 de 12 de junio de 2006, solicitó a la Sala no acceder a las pretensiones de la parte actora, porque a su juicío carecen de sustento jurídico. Sustentó su petición en los distintos pronunciamientos que ha emitido esta Corporación de Justicia, afirmando que la estabilidad sólo la adquiere el funcionario si ha ingresado al cargo por concurso de méritos,
4 4 pues de lo contrario sería un funcionario de libre nombramiento y remoción. En este sentido, advirtió que el licenciado OREL DOMNGUEZ no incorporó al proceso contencioso documentación que demostrara su ingreso a la desaparecida Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor por concurso de méritos así como tampoco que estuviese amparado por una ley especial. Agrega, que la motivación del acto administrativo por medio del cual se destituye a un funcionario que no goza de estabilidad no es un requisito indispensable para que goce de legalidad, según Sentencia de 6 de agosto de Ante lo planteado, estima que el funcionario demandado no ha vulnerado el artículo 155 de la Ley 38 de 2000 y que el Resuelto de Personal N 061 de 13 de diciembre de 2004 resulta conforme a derecho. DECSiÓN DE LA SALA. Luego de un minucioso análisis del presente expediente, la Sala observa que el licenciado OREL DOMNGUEZ fue destituido del cargo de Abogado mediante Resuelto de Personal NC 061 de 13 de diciembre de 2004, dictado por el Director General dl~ la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor -hoy,a,utoridad de Protección al, Consumidor y Defensa de la Competencia. Dicho resuelto tiene como fundamento de derecho el artículo 104 de la Ley 29 de 1 de febrero de 1996 que reconoce la facultad del Director General de nombrar, y consecuentemente, destituir al personal bajo su mando (Cfr. ordinal d del artículo 98 del Reglamento nterno). En cuanto al nombramiento declarado insubsistente, observamos que el demandante inició labores en la entidad demandada, el 25 de
5 5 mayo de 1998 con el cargo de Conciliador y durante su desempeño fue sancionado por haber incurrido en la comisión de una falta grave como lo es excederse en ejercicio de sus funciones; según Nota DNAJ de 13 de diciembre de 2002, legible en el expedient(3administrativo. Para la fecha de emisión del Resuelto N 61 de 2004 ejercía funciones de abogado y luego de haber recurrido contra este acto a través del recurso de reconsideración, recusó al licenciado Antonio Gordón, Director General de la CLlCAC, argumentando que éste tenía interés personal en su destitución. Consta en el proceso, que antes de dictarse la Resolución DG-No de 21 de febrero de que niega el recurso de reconsideración- se rechazó por improcedente el incidente de recusación presentado (fs ). Conocidas las circunstancias que precedieron la insubsistencia del nombramiento del licenciado DOMíNGUEZ, advertimos que un funcionario al servicio del Estado goza de estabilidad si ha ingresado al cargo mediante concurso de méritos o está amparado por una Ley especial, pues de lo contrario, su posición se considera de libre nombramiento y remoción. En este sentido, se observa que la parte actora no incorporó al expediente prueba al~luna que acreditara que ingresó a la CLlCAC -hoy Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia- a través de un proceso de selección o un concurso de méritos. Siendo esto así, OREL DOMíNGUEZ no estaba amparado por un régimen de estabilidad o Ley Especial, tenía la condición de funcionario de libre nombramiento y remoción, y podía ser despedido en cualquier momento por la autoridad nominadora y sin necesidad de invocar causal alguna.
6 estaba amparado por la Ley 9 de 1994, pues no existe evidencia en el expediente de que la CLlCAC hubiese sido incorporada al régimen de ' -. acusado, esta incorporación no se ha dado. Al respecto, debemos resaltar, que la incorporación de los entes públicos a la Carrera Administrativa se hace de manera progresiva, mediante acuerdo del Consejo de Gabinete, y que este Tribunal ha expresado en casos anteriores, que la sola expedición y entrada en vigencia de la Ley 9 de 1994, no significa que automátlcamente fuese aplicable a todos los entes del Estado, pues se requiere la existencia de una resolución concreta de incorporación, que detalle los procedimientos a seguir para llevar a cabo la mplementac:ión del régimen en la institución de que se trate. No obstante, aún en el caso de que la CLlCAC hubiese sido incorporada a la Carrera Administrativa al momento de la destitución de OREL DOMíNGUEZ, ello no implicaba que éste quedara ipso tacto, amparado por dicha Carrera, ya que existe un procedimiento de ingreso a la Carrera Administrativa, que puede ser Especial u Ordinario, y en ambos casos se ha diseñado un trámite de acreditación al puesto de carrera, de torma tal que los servidores públicos se incorporen de manera gradual, una vez cumplidos los requisitos establecidos en dichos procedimientos. Al no constar que ninguno de estos procedimientos se haya cumplido en el caso del señor DOMNGlJEZ, reiteramos que éste quedaba sujeto a la libre remoción del Director General de la institución demandada.
7 7 En mérito de lo expuesto, lo procedente es desestimar los cargos de violación contra el artículo 155 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000 y reconocer que el acto impugnado se dictó conforme a derecho. Por consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES LEGAL, el Resuelto de Personal N 061 de 13 de diciembre de 2004 dictado por el Director General de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor y niega las demás pretensiones contenidas en la demanda. NOTFíQUESE, ''''.J'~.<.'/;4 ~~tf? VCTOR L. B]~NAVDES P. ~':
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