Roj: ATS 4965/ ECLI: ES:TS:2018:4965A

Transcripción

1 Roj: ATS 4965/ ECLI: ES:TS:2018:4965A Id Cendoj: Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 1 Fecha: 10/05/2018 Nº de Recurso: 868/2018 Nº de Resolución: Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015) Ponente: EMILIO FRIAS PONCE Tipo de Resolución: Auto TRIBUNAL SUPREMO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN: PRIMERA A U T O Fecha del auto: 10/05/2018 Tipo de procedimiento: R. CASACION Número del procedimiento: 868/2018 Materia: TRIBUTOS LOCALES Submateria: Fallo/Acuerdo: Auto Admisión Ponente: Excmo. Sr. D. Emilio Frias Ponce Letrado de la Administración de Justicia: Secretaría Sección 102 Secretaría de Sala Destino: 002 Transcrito por: MRG Nota: R. CASACION núm.: 868/2018 Ponente: Excmo. Sr. D. Emilio Frias Ponce Letrado de la Administración de Justicia: Secretaría Sección 102 TRIBUNAL SUPREMO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN: PRIMERA A U T O Excmos. Sres. y Excmas. Sras. D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez, presidente Dª. Celsa Pico Lorenzo D. Emilio Frias Ponce 1

2 D. Jose Antonio Montero Fernandez D. Jose Maria del Riego Valledor Dª. Ines Huerta Garicano En Madrid, a 10 de mayo de HECHOS PRIMERO.- 1. La procuradora doña Sonsoles Pesqueira Puyol, en representación del Ayuntamiento de Badalona, mediante escrito presentado el 22 de enero de 2018, preparó recurso de casación contra la sentencia dictada el 17 de noviembre de 2017 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 1ª) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso nº 71/2017 que, estimando el recurso interpuesto por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria (en lo sucesivo «SAREB») declaró la nulidad de pleno derecho de la Ordenanza Fiscal 8 del Ayuntamiento hoy recurrente, reguladora de la tasa municipal para la verificación de uso anormal de la vivienda en caso de desocupación permanente, aprobada por acuerdo del Pleno Municipal de 20 de septiembre de 2016, y pblicado en el BOP de 30 de diciembre de Tras justificar la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la resolución impugnada, identifica como infringidos: (i) los artículos 137 y 140 de la Constitución española [«CE»]; (ii) el artículo 84.3 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (BOE de 20 de julio) [«EAC»]; y (iii) los artículos 4.3 y 4.4 de la Carta Europea de Autonomía Local, hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985 (BOE de 24 de febrero de 1989). 3. Razona que tales infracciones han sido relevantes y determinantes del fallo que discute, porque la Sala ha tomado como único argumento para estimar la demanda y, en consecuencia, anular la Ordenanza Fiscal recurrida, la incompetencia de una entidad local, como es el caso de este Ayuntamiento, para tramitar cualquier tipo de expediente de inspección de viviendas permanentemente desocupadas según los parámetros establecidos por el artículo 3,d) de la Ley autonómica 18/2007, de 28 de diciembre del derecho a la vivienda (BOE de 27 de febrero) [«LDV»]. En este sentido, la sentencia recurrida infringe con carácter general el principio de autonomía local reconocido por la Constitución Española y por el EAC, en relación, a su vez, con las previsiones de los artículos 4,3 y 4,4 de la Carta Europea de autonomía local que señalan que el ejercicio de las competencias públicas, debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos. Por su parte, el apartado 4 del mismo artículo 4, señala que las competencias encomendadas a las entidades locales deben ser normalmente plenas y completas, y no pueden ser puestas en tela de juicio ni limitadas por otra autoridad central o regional más que dentro del ámbito de la Ley. En definitiva, la Sentencia recurrida, hace absoluta abstracción del principio de subsidiariedad en virtud del cual las competencias deben ser ejercitadas por las administraciones públicas más cercanas a la ciudadanía. 4. Justifica que la cuestión que suscita el recurso tiene interés casacional objetivo porque la sentencia impugnada interpreta y aplica aparentemente con error y como fundamento de su decisión una doctrina constitucional [ artículo 88.2.e) de Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de esta jurisdicción (BOE de 14 de julio) -«LJCA»-]; resolvió un proceso en que se impugnó directamente una disposición de carácter general [ artículo 88.2.g) LJCA ] pudiendo afectar a un gran número de situaciones por cuanto el acto recurrido es una Ordenanza fiscal que está dirigida a una pluralidad indeterminada de personas [ artículo 88.2.c) LJCA ]. Igualmente, se invoca la presunción de interés casacional del artículo 88.3.c) LJCA por cuanto la sentencia recurrida declara nula una disposición de carácter general. SEGUNDO.- 1. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tuvo por preparado el recurso de casación en auto de 29 de enero de 2018, habiendo comparecido el Ayuntamiento recurrente ante esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, dentro del plazo de 30 días señalado en el artículo 89.5 LJCA. De igual modo lo ha hecho como parte recurrida, la SAREB, representada por la procuradora doña Elena Medina Cuadros, quien se ha opuesto a la admisión del recurso, alegando en su escrito de personación, en síntesis, lo siguiente: 1.1. Inadmisibilidad del recurso de casación por fundarse en infracción de normativa autonómica, pues aunque se citen de forma genérica algunos preceptos de normativa estatal, en particular los artículos 137 y 140 CE y el principio de subsidiariedad de los artículos 4.3 y 4.4 de la Carta Europea de la Autonomía Local, de una lectura completa del recurso interpuesto se desprende que la sentencia de instancia no ha vulnerado dichos preceptos estatales sino que ha infringido los artículos de la LDV que, a su juicio, otorgan a los ayuntamientos competencias en materia de vivienda. 2

3 1.2. Inadmisibilidad del recurso de casación por fundarse en infracción de normativa no invocada oportunamente en el proceso ni considerada por la Sala sentenciadora. El escrito de preparación del recurso de casación que nos ocupa cita los artículos 4.3 y 4.4 de la Carta Europea de Autonomía Local. Sin embargo, dichos preceptos ni fueron alegados en el proceso, ni fueron tomados en consideración o hubieron debido serlo por la Sala de instancia, lo que supone infringir lo previsto por el legislador en el artículo 89.1.b) LJCA Inadmisibilidad del recurso de casación por cuanto la infracción normativa denunciada no ha sido determinante del fallo de la sentencia impugnada. El recurrente afirma en la página 3 de su escrito de preparación de recurso de casación que el único motivo del sentido estimatorio de la sentencia impugnada es la consideración de que el Ayuntamiento de Badalona carece de competencias en materia de vivienda. Sin embargo, dicha afirmación no se ajusta a las consideraciones que la Sala de instancia ha hecho en la sentencia recurrida por cuanto la sentencia impugnada anula la Ordenanza Fiscal de Badalona. Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Emilio Frias Ponce,. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS PRIMERO.- 1. El escrito de preparación fue presentado en plazo ( artículo 89.1 LJCA ), la sentencia contra la que se dirige el recurso es susceptible de casación ( artículo 86 LJCA, apartados 1 y 2) y el Ayuntamiento de Badalona se encuentra legitimado para interponerlo, por haber sido parte en el proceso de instancia ( artículo 89.1 LJCA ). 2. En el escrito de preparación se acredita el cumplimiento de tales requisitos reglados, se identifican con precisión las normas del ordenamiento jurídico estatal que se repuntan infringidas, alegadas en la demanda y tomadas en consideración por la Sala de instancia. También se justifica que las infracciones imputadas a la sentencia han sido relevantes para adoptar el fallo impugnado [ artículo 89.2 LJCA, letras a), b), d) y e)]. El carácter estatal de las normas que se citan como infringidas es notorio, por lo que la oposición de SAREB, en este punto resulta improcedente: no resulta obligado expresar lo evidente. 3. En el repetido escrito se justifica, con especial referencia al caso, que concurre interés casacional objetivo porque sentencia recurrida declara nula una disposición de carácter general [ artículo 88.3.c) LJCA ]; interpreta y aplica aparentemente con error y como fundamento de su decisión una doctrina constitucional [ artículo 88.2.e) LJCA ]; resuelve un proceso en que se impugnó directamente una disposición de carácter general [ artículo 88.2.g) LJCA ] pudiendo afectar a un gran número de situaciones por cuanto el acto recurrido es una Ordenanza fiscal que está dirigida a una pluralidad indeterminada de personas [ artículo 88.2.c) LJCA ]. Del contenido del escrito de preparación se obtiene un razonamiento suficiente sobre la conveniencia de un pronunciamiento del Tribunal Supremo [ artículo 89.2.f) LJCA ], por lo que la oposición de la SAREB, en este particular también resulta improcedente. SEGUNDO.- 1. Mediante acuerdo del Plenario del Consejo Municipal de 20 de septiembre de 2016 se aprobó la Ordenanza Fiscal 8 del Ayuntamiento de Badalona, reguladora de la tasa municipal para la verificación de uso anormal de la vivienda en caso de desocupación permanente (publicada en el BOP de fecha 30 de diciembre de 2016). 2. En la sentencia recurrida, la sala de instancia (FD 3º), remitiéndose a lo ya afirmado en sentencias anteriores (de 30 de junio [recurso 778/2016 ] y de 8 de septiembre de 2017 [recurso 810/2016 ]) en relación con una tasa similar a la que es ahora objeto de controversia, que fue aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona, estima ahora también el recurso contencioso-administrativo deducido por la entidad SAREB contra el precitado acuerdo del Pleno, al no considerarlo conforme al principio de reserva de ley tributaria (en particular por no encontrar su acomodo el hecho imponible de la nueva tasa municipal en lo previsto en el artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (BOE de 9 de marzo) [TRLHL]; al considerar que el Ayuntamiento no tiene competencia en materia de vivienda y, por último, al entender que dicha tasa es contraria a Derecho por producirse un solapamiento con el Impuesto autonómico de las viviendas vacías. 3. El Ayuntamiento de Badalona estima que la sentencia impugnada, al negar la competencia de los entes locales y concretamente de los Ayuntamientos, para llevar a cabo las actuaciones de inspección y tramitación de los expedientes para la detección de viviendas permanentemente desocupadas, en los términos establecidos en el artículo 3 LDV, infringe con carácter general el principio de autonomía local reconocido por la CE y por el EAC, en relación, a su vez, con las previsiones de los artículos 4,3 y 4,4 de la Carta Europea de autonomía local. Igualmente valora que la Sentencia recurrida hace absoluta abstracción del principio de subsidiariedad, es decir, de que las competencias deben ser ejercitadas por las administraciones públicas más cercanas a la ciudadanía, tal y como lo entienden actualmente los poderes públicos comunitarios europeos. 3

4 Esta forma de entender la atribución de competencias y su ejercicio a los entes locales, ha sido objeto de interpretación por parte del Tribunal Constitucional a raíz de la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOE de 30 de diciembre) [LRSAL]. Así el referido Tribunal Constitucional, en sus Sentencias 41/2016, de 3 de marzo ( ES:TC:2016:41); 111/2016, de 9 de junio ( ES:TC:2016:111); 180/2016, de 25 de noviembre ( ES:TC:2016 : 180 ) y 186/2016, de 3 de noviembre (ES:TC :2016:186) ha adoptado y ratificado que "El Estado solo podrá atribuir competencias locales específicas, o prohibir que éstas se desarrollen en el nivel local, cuando tenga la competencia en la materia o sector de que se trate. En materias de competencia autonómica, solo las Comunidades Autónomas pueden atribuir competencias locales o prohibir que el nivel local las desarrolle; sujetándose en todo caso a las exigencias derivadas de la Constitución". Infiere que del extracto aquí transcrito, se desprende como corolario que, para que la Ley 27/2013 respete los artículos 137 y 140 CE, necesariamente debe respetar la distribución competencial que se contenga en la normativa autonómica, cuando la competencia objeto de regulación, sea de carácter autonómico. Teniendo en cuenta que las competencias en materia de vivienda, son exclusivas de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de acuerdo con lo establecido en el artículo 137 EAC, se hace evidente la necesidad de respetar la regulación autonómica en esta materia. 4. En esta tesitura, el presente recurso de casación plantea como cuestión con interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia la siguiente: si teniendo presente el marco normativo que el Estatuto de Autonomía de Cataluña contempla en materia de empleo, control e inspección de las viviendas-, el Ayuntamiento de Badalona es competente para aprobar disposiciones de carácter general en materia de control e inspección de las viviendas desocupadas y, en particular, si ese servicio de inspección y control sobre las viviendas declaradas vacías o permanentemente desocupadas puede o no constituir el hecho imponible de la tasa litigiosa. Esta cuestión coincide sustancialmente con la suscitada en los RCA 5316/2017 y 6435/2017, admitidos por autos de esta Sección Primera de 19 de febrero (ES:TS:2018:1397A ) y 30 de enero de 2018 (ES:TS :2018:727A), respectivamente. 5. Concurre también aquí la circunstancia de interés casacional objetivo del artículo 88.3.c) LJCA porque la sentencia impugnada declara la nulidad de normas de una disposición de carácter general que no carece con toda evidencia de trascendencia suficiente, pues es notorio que las previsiones declaradas nulas pueden reproducirse miméticamente en las ordenanzas fiscales de un número elevado de municipios en los concurran escenarios con alta tasa de viviendas desocupadas. Se hace, pues, necesario un pronunciamiento de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que las esclarezca. 6. La presencia de interés casacional objetivo por las razones expuestas hace innecesario determinar si concurre la otra restante alegada por el Ayuntamiento recurrente en el escrito de preparación del recurso para justificar su admisión. TERCERO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo 90.4 LJCA, procede admitir este recurso de casación, cuyo objeto será, por presentar interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, la cuestión precisada en el apartado 4 del anterior razonamiento jurídico. CUARTO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 LJCA, este auto se publicará íntegramente en la página web del Tribunal Supremo. QUINTO.- Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto, como dispone el artículo 90.6 LJCA, y conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93 LJCA, remitiéndolas a la Sección Segunda de esta Sala, competente para su sustanciación y decisión de conformidad con las reglas de reparto. Por todo lo anterior, La Sección de Admisión acuerda: 1º) Admitir el recurso de casación RCA/8686/2018, preparado por la procuradora doña Sonsoles Pesqueira Puyol contra la sentencia dictada el 17 de noviembre de 2017 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 1ª) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso nº 71/ º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en: Determinar si, teniendo presente el marco normativo que el Estatuto de Autonomía de Cataluña contempla en materia de empleo, control e inspección de las viviendas-, el Ayuntamiento de Badalona es competente para aprobar disposiciones de carácter general en materia de control e inspección de las viviendas desocupadas y, en particular, si ese servicio de inspección y control sobre las viviendas declaradas vacías o permanentemente desocupadas puede o no constituir el hecho imponible de la tasa litigiosa. 4

5 3º) Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, los artículos 137 y 140 de la Constitución española ; el artículo 84.3 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña; y los artículos 4.3 y 4.4 de la Carta Europea de Autonomía Local, hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de º) Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo. 5º) Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto. 6º) Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección Segunda de esta Sala, competente de conformidad con las normas de reparto. Así lo acuerdan y firman. D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez, presidente Dª. Celsa Pico Lorenzo D. Emilio Frias Ponce D. Jose Antonio Montero Fernandez D. Jose Maria del Riego Valledor Dª. Ines Huerta Garicano 5