MINISTERIO DE HACIENDA Recurso nº 1120/2018 C.A. Illes Balears 76/2018 Resolución nº 1140/2018 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 7 de diciembre de 2018. VISTO el recurso interpuesto por D. A.S.M., en representación de CANON ESPAÑA, S.A.U, contra el acuerdo de adjudicación de la licitación convocada por la Consejería de Presidencia del Gobierno de Illes Balears para contratar el Suministro, en régimen de arrendamiento, de un equipo de impresión digital para la Unidad de Reprografía de la Consejería de Presidencia Expte. CONTR 2018 2696, este Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución: ANTECEDENTES DE HECHO Primero. Por Orden de 4 de mayo de 2018 de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Illes Baleares se acordó el inicio del procedimiento de licitación del contrato para el Suministro, en régimen de arrendamiento, de un equipo de impresión digital para la Unidad de Reprografía de la Consejería de Presidencia Expte. CONTR 2018 269. Segundo. El procedimiento se rige por lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) y se tramitó por procedimiento abierto. Tercero. Presentadas las ofertas por distintos licitadores, se constituyó la mesa de contratación quien, en reunión celebrada el 30 de julio de 2018 procede a la apertura del sobre correspondiente a la documentación administrativa, con el resultado que obra en el expediente. En la misma fecha, se requirió al licitador SOFICAT TECHNOLOGY, S.L. (SOFICAT) para la subsanación del DEUC, al considerar la mesa de contratación que no había sido completado correctamente. El mismo día 30 de julio el requerido envió un email indicando que se había subido a la plataforma de contratación el documento AVDA. GENERAL PERÓN 38, 8ª PLTA. 28071 - MADRID TEL: 91.349.13.19 FAX: 91.349.14.41 Tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
2 subsanado y señalando su disposición a remitirlo por correo electrónico u otra vía. Este email no fue contestado por el órgano de contratación. Finalmente, dada la imposibilidad de su remisión por vía telemática, el día 3 de agosto de 2018 se remitió la documentación requerida en papel. Cuarto. El 3 de agosto 2018 se procede a la apertura de los sobres referidos a los criterios evaluables mediante juicio de valor, remitiéndose a los servicios técnicos para la elaboración del informe correspondiente. En fecha 4 de septiembre de 2018 se reúne nuevamente la mesa para la valoración del informe técnico, que es aprobado, procediéndose a continuación a la apertura de las ofertas correspondientes a los criterios evaluables mediante fórmulas. Analizadas las ofertas y subsanadas distintas incidencias, el día 26 de septiembre la mesa se reúne nuevamente, esta vez para aprobar la propuesta de adjudicación a favor de SOFICAT. Aportada la correspondiente documentación y una vez calificada la misma por la mesa de contratación, el órgano de contratación acordó la adjudicación a su favor mediante acuerdo de 18 de octubre, notificado a los interesados el 22 de octubre del mismo año. Quinto. El 30 de octubre de 2018, CANON ESPAÑA, S.A.U. (en adelante CANON) formula recurso especial de revisión en materia contractual. Recibido el expediente en este Tribunal, se remitió al resto de licitadores para que formularan las alegaciones que a su derecho convengan el 7 de noviembre de 2018, habiendo evacuado oportunamente el trámite SOFICAT a medio de escrito presentado el 18 de octubre de 2018. Sexto. El procedimiento de licitación se encuentra suspendido desde la formulación del recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 LCSP, habiéndose acordado el mantenimiento de la suspensión por Resolución de la Secretaria del Tribunal, por delegación de este, de 13 de noviembre de 2018. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Competencia del Tribunal. El recurso se formula ante este Tribunal en un procedimiento para el que es competente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la LCSP y en el Convenio suscrito al efecto el 29 de noviembre de 2012 entre la Administración del Estado y la de la
3 Comunidad Autónoma de Illes Balears y publicado en el BOE el día 19 de diciembre de 2012. Segundo. Acto recurrible y adecuación del procedimiento. El recurso se formula además frente a un acto dictado en un procedimiento de licitación susceptible de este recurso especial y contra un acto recurrible, pues se interpone frente al acuerdo de adjudicación (art. 44.2 c) de la LCSP) y en relación con un contrato de suministro con un valor estimado superior a 100.000 de euros (art. 44.1 a) de la LCSP). Tercero. Plazo de interposición del recurso y legitimación del recurrente. El recurso ha sido interpuesto en plazo y por persona legitimada para ello, al tratarse del licitador que quedó en segundo lugar en el orden decreciente de las proposiciones. Cuarto. Alegaciones del interesado, informe del órgano de contratación y alegaciones del adjudicatario. El interesado formula su recurso considerando que se habría vulnerado el principio de igualdad de trato, al haber permitido al SOFICAT la presentación de la documentación en papel y una vez transcurrido el plazo conferido para la subsanación de la documentación, que se había fijado en dos días naturales. El órgano de contratación, argumenta, por el contrario que el motivo por el que se admitió la presentación en papel fue por la existencia de problemas técnicos en la plataforma. Dado que el licitador remitió en plazo un correo electrónico indicando que se había remitido la documentación a través de la plataforma de contratación del sector público, se consideró correctamente subsanado el defecto. Por su parte el adjudicatario abunda en los mismos argumentos que el órgano de contratación. Quinto. Subsanación de defectos formales en las proposiciones. Señala el artículo 139.1 de la LCSP:
4 1. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. Es constante doctrina de este Tribunal que los pliegos de contratación constituyen, efectivamente, la ley entre las partes, de suerte que la presentación de proposiciones de forma que contravengan los pliegos puede constituir causa de exclusión en el procedimiento, cuando tales defectos impiden conocer el contenido de las ofertas o la voluntad de los licitadores de cumplir el contrato (resolución nº 182/2012). En concreto, en relación con la forma de rellenar el DEUC, este Tribunal también se manifestó en resolución número 558/2017: Como hemos dicho, para que el incumplimiento de requisitos formales determine la exclusión del licitador es necesario que i) se haya establecido así claramente en el pliego y ii) los requisitos guarden congruencia con el requisito de solvencia requerido, de forma que el incumplimiento del requisito haga imposible conocer si dicho requisito se cumplía. En el presente caso debemos recordar que nos encontramos en el trámite correspondiente a la apertura del sobre A, es decir, cuando no es necesario todavía acreditar el requisito, sino únicamente aportar el Documento Europeo Único de Contratación. Hay que decir que sobre la forma de completar dicho documento nada se dice en particular en el pliego, por lo que debemos remitirnos a la norma general contenida en el artículo 84 RGLCAP antes transcrito, es decir, habrá de rechazarse la oferta cuando se hubiere variado sustancialmente el modelo establecido, pero no en aquellos casos en que el error o defecto en su cumplimentación no impidan conocer los términos exactos de la oferta. En el presente caso, lo cierto, es que ni siquiera puede decirse que el DEUC presentado inicialmente contuviera un verdadero defecto que fuera necesario subsanar, pues en
5 ningún momento manifiesta el órgano de contratación que de la documentación presentada surgieran dudas sobre el efectivo cumplimiento por parte del licitador en cuanto a los requisitos de la contratación. En todo caso, la subsanación debe considerarse presentada en plazo, pues el licitador utilizó la plataforma de contratación en la forma indicada en el pliego, no habiéndose podido completar la carga del documento por problemas técnicos, según se deduce de las actas del órgano de contratación, cuya veracidad no es discutida y además confirmó este extremo mediante correo electrónico en el mismo día en que fue requerido para ello. En todo caso, debe recordarse que la disposición adicional decimoquinta de la LCSP permite la utilización de medios alternativos cuando existan razones justificadas para ello, debiendo en tal caso el órgano de contratación justificar la utilización del medio elegido, circunstancia que concurre plenamente en este caso, dado el contenido del acta de 30 de julio de 2018 donde se explica la utilización excepcional en dicho caso de la presentación en papel. En definitiva, solo una interpretación literalista y formalista de la normativa de contratación permitiría concluir la exclusión en este caso de SOFICAT, interpretación que se sería contraria a los principios de libre concurrencia, selección de la oferta económicamente más ventajosa, igualdad de trato y transparencia propios del procedimiento de contratación pública. Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación, ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA: Primero. Desestimar el recurso interpuesto por D. A.S.M., en representación de CANON ESPAÑA, S.A.U., contra el acuerdo de adjudicación de la licitación convocada por la Consejería de Presidencia del Gobierno de Illes Balears para contratar el Suministro, en régimen de arrendamiento, de un equipo de impresión digital para la Unidad de Reprografía de la Consejería de Presidencia Expte. CONTR 2018 2696.
6 Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 57.3 de la LCSP. Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 58 de la LCSP. Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1.k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.