RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

Transcripción

1 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 928/2015 C.A. Illes Balears 62/2015 Resolución nº 927/2015 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 09 de octubre de 2015 VISTO el recurso formulado por D. F.J.M.G., en nombre y representación de la sociedad FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. y D. A.G.P., en nombre y representación de ANTONIO GOMILA, S.A, al acuerdo de adjudicación dictado por la Junta de Gobierno del Consorci de Residuos Urbans de Menorca de 6 de agosto de 2015, dictado en el procedimiento de licitación del contrato de Gestión del servicio público de tratamiento, valoración y eliminación de residuos en el Área de Gestión de Residuos de Milá el Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución: ANTECEDENTES DE HECHO. Primero. El órgano de contratación aprobó el 19 de diciembre de 2014, el inicio del procedimiento para la licitación del contrato de gestión del servicio público de tratamiento, valoración y eliminación de residuos en el Área de Gestión de Residuos de Milá. El anuncio de licitación del citado procedimiento fue publicado en el BOIB el día 8 de enero de Asimismo, se publicó en la Plataforma de Contratación del Estado el 12 de enero del mismo año. Segundo. El procedimiento de licitación se rige por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). Tercero. Presentadas las distintas ofertas, el 12 de marzo de 2015 se reunió la mesa de contratación para la apertura del sobre A, correspondiente a la documentación administrativa, con el resultado que obra en el expediente. El 19 de marzo de 2015 se AVDA. GENERAL PERÓN, 38, 8ª PLTA MADRID TEL: FAX: Tribunal_recursos.contratos@minhap.es

2 2 procedió a la apertura en acto público del sobre B, relativo a los criterios sujetos a juicio de valor, procediéndose a continuación a la valoración de las ofertas presentadas. Cuarto. Emitido el oportuno informe técnico el 22 de mayo de 2015, se reúne nuevamente la mesa el 2 de julio de 2015 para la valoración del mismo, procediendo a asignar la puntuación a cada entidad con arreglo a lo dispuesto en los pliegos. A continuación, se procede en acto público a la apertura del sobre C. En la misma se sesión, se procede a ordenar las ofertas por orden decreciente, proponiendo al órgano de contratación la adjudicación a favor de la UTE formada por CEPSA-ADALMO, por ser la que mayor puntuación había obtenido en total. La ahora recurrente fue puntuada en cuarto y último lugar. Quinto. A la vista de las mismas, el 6 de agosto de 2015, la Junta de Gobierno del Consorci, acuerda la adjudicación a favor de la entidad propuesta por la mesa, procediéndose a su notificación a los interesados al día siguiente. Sexto. El 25 de agosto de 2015 se presenta en el órgano de contratación recurso especial en materia de contratación pública dirigido a este Tribunal por los ahora recurrentes como representantes de la UTE licitadora formada por FCC y GOMILA. Recibido en este Tribunal el expediente el 27 de agosto de 2015, acompañado del informe del órgano de contratación, se procede a la tramitación del recurso legalmente prevista, procediendo el día 3 de septiembre a dar trámite de audiencia al resto de interesados en el expediente. La UTE adjudicataria CESPA-ADALMO presentó alegaciones el 9 de septiembre. También presentó alegaciones otra de las licitadoras, J.MORA S.L. Séptimo. Por resolución de 25 de septiembre de 2015 se acuerda mantener la suspensión inicialmente producida de forma automática desde el 25 de agosto de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 TRLCSP. FUNDAMENTOS DE DERECHO. Primero. El presente recurso se interpone ante este Tribunal, que es competente para resolverlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.4 del Texto Refundido de la

3 3 Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y en el Convenio suscrito al efecto el 29 de noviembre de 2012 entre la Administración del Estado y la de la Comunidad Autónoma de Illes Baleares y publicado en el BOE el día 19 de diciembre de Segundo. El recurso se interpone frente a un acto recurrible, por tratarse del acto de adjudicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2 c) del TRLCSP. En cuanto al procedimiento de contratación, tal y como señala el órgano de contratación, este Tribunal resulta competente en virtud de lo dispuesto en el artículo 40.1 c) del TRLCSP, al tratarse de un contrato de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de gastos de primer establecimiento, excluido el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, es superior a euros, pues el presupuesto es de más de 74 millones de euros y el plazo de duración superior a cinco años, pues se fija en 25 años. Tercero. El presente recurso ha sido formulado en plazo. En cuanto a la legitimación, sin embargo, tanto el órgano de contratación como la licitadora adjudicataria consideran que el recurrente carece de legitimación para la formulación del presente recurso, dado que fue el licitador que quedó en último lugar. Efectivamente, el artículo 42 del TRLCSP señala: Podrá interponer el correspondiente recurso especial en materia de contratación toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso En este sentido, este Tribunal ha señalado en diversas ocasiones que carecen de legitimación para impugnar la adjudicación los licitadores que hayan quedado clasificados en tercer o ulterior lugar, cuando sus alegaciones se limitan a descalificar la valoración efectuada al adjudicatario que quedó en primer lugar, pero no entran a descalificar la realizada al resto de licitadores que quedaron clasificados por delante del propio recurrente y ello por cuanto, aun cuando pudieran estimarse tales alegaciones, ello en ningún caso habría podido dar lugar a la adjudicación en su favor, por lo que el

4 4 procedimiento no le reporta beneficio concreto alguno (valga por todas la resolución 740/2015). Por el contrario, sí se ha admitido la legitimación cuando las alegaciones tienen por objeto discutir la valoración efectuada a todos los licitadores clasificados por delante del recurrente. Igualmente se ha admitido la legitimación de los licitadores clasificados en tercer o ulterior puesto e incluso la de los licitadores excluidos cuando se alega la nulidad del procedimiento, ya sea por motivos formales (resolución nº 248/2015), ya sea como impugnación indirecta de los pliegos (resolución nº 708/2015), cuando en tales casos existe una alta probabilidad de que el procedimiento de licitación vuelva de nuevo a convocarse, dando así una nueva oportunidad de participar en el mismo. En el presente caso, aunque se solicita también la nulidad del procedimiento, las alegaciones del recurrente se dirigen a discutir la conformidad a derecho de la actuación de la mesa de contratación al valorar las ofertas sujetas a juicio de valor. La principal alegación del recurrente se centra en considerar que su oferta fue penalizada por aspectos que no estaban definidos en el pliego, descalificando así la valoración técnica efectuada de su propia oferta, pero sin apenas discutir la valoración asignada al resto de ofertas, salvo algunos aspectos accesorios de la oferta de CESPA-ADALMO. La puntuación de la oferta técnica se repartió del siguiente modo: UTE CESPA-ADALMO: 50 puntos UTE SETEC-COPASA-GUADAIRA: 43 puntos JUAN MORA S.A.: 40 puntos UTE FCC-GOMILA: 40 puntos. La valoración de la oferta económica arrojó la siguiente puntuación: UTE SETEC-COPASA-GUADAIRA: 50 puntos

5 5 UTE CESPA-ADALMO: 46,39 puntos JUAN MORA S.A.: 45,23 UTE FCC-GOMILA: 45,05 Es decir, la ahora recurrente fue clasificada en último lugar tanto en la valoración de los criterios evaluables mediante juicios de valor, como en relación con los criterios ponderables mediante cifras, lo que evidencia que aunque se admitieran sus alegaciones y se considerara que la valoración técnica de su oferta resultó incorrecta, correspondiéndole incluso la máxima puntuación, en ningún caso habría resultado adjudicataria, a la vista del resultado de la valoración de las ofertas sujetas a juicio de valor. Por otra parte, las alegaciones realizadas por la interesada sobre la posible nulidad del procedimiento son de carácter puramente genérico, sin que se identifique ningún vicio concreto procedimental o material más allá de las cuestiones planteadas en cuanto a la valoración de la oferta, alegaciones que por tanto tienen por único objeto justificar la legitimación que, de otro modo, resulta claramente inexistente. Cuarto. Señala el artículo 47.5 del TRLCSP: 5. En caso de que el órgano competente aprecie temeridad o mala fe en la interposición del recurso o en la solicitud de medidas cautelares, podrá acordar la imposición de una multa al responsable de la misma. El importe de ésta será de entre y euros determinándose su cuantía en función de la mala fe apreciada y el perjuicio ocasionado al órgano de contratación y a los restantes licitadores. Las cuantías indicadas en este apartado serán actualizadas cada dos años mediante Orden Ministerial. En el presente caso, el recurrente, a juicio de este Tribunal, ha actuado con mala fe, al interponer un recurso contra el acuerdo de adjudicación, sabedor de que era quien había presentado la oferta menos ventajosa económicamente, incluso en relación con los criterios valorables mediante fórmula. Su única pretensión entonces es la nulidad del procedimiento, pero ni alega ni justifica causa alguna que fuera determinante de la misma,

6 6 lo que evidencia que su único objetivo era la repetición del procedimiento de licitación, una vez consciente de la imposibilidad de que la adjudicación pudiera recaer en su favor, conducta ésta que le hace merecedor de la multa contemplada en el precepto transcrito. No obstante, no habiéndose justificado otros perjuicios al órgano de contratación o al resto de licitadores más allá de los propios de la tramitación de este recurso, la multa habrá de imponerse en su grado mínimo. Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada el día de la fecha ACUERDA: Primero. Inadmitir el recurso interpuesto por D. F.J.M.G., en nombre y representación de la sociedad FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. y D. A.G.P., en nombre y representación de ANTONIO GOMILA, S.A, al acuerdo de adjudicación dictado por la Junta de Gobierno del Consorci de Residuos Urbans de Menorca de 6 de agosto de 2015, dictado en el procedimiento de licitación del contrato de Gestión del servicio público de tratamiento, valoración y eliminación de residuos en el Área de Gestión de Residuos de Milá Segundo. Levantar la suspensión acordada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 y 46 del TRCLSP. Tercero. Declarar que se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP, en su grado mínimo, esto es, euros. Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears, en el plazo dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los

7 7 artículos 10.1 k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.