DECIMO NOVENO INFORME DE LA COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS



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Transcripción:

GOBIERNO DE CHILE COMISION ASESORA PRESIDENCIAL PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DECIMO NOVENO INFORME DE LA COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMISION EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2006. Por los derechos que todos tenemos Santiago, julio de 2006. 1

INDICE DEL INFORME TITULO CONTENIDO PAGINA INFORME INFORME DE LA COMISION. 3 ANEXO I DATOS ESTADISTICOS. 16 ANEXO II VISITAS A SERVICIOS PUBLICOS. 33 ANEXO III ACTAS DE SESIONES DE LA COMISION. 38 ANEXO IV INFORME DE COBERTURA EN LOS MEDIOS DE 48 PRENSA DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION. ANEXO V REGISTRO DE RECLAMOS. 58 SECTOR INTERIOR. 59 SECTOR HACIENDA. 84 SECTOR ECONOMIA. 104 SECTOR SALUD. 111 SECTOR TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 137 SECTOR VIVIENDA Y URBANISMO. 190 SECTOR INFRAESTRUCTURA. 203 SECTOR PLANIFICACIÓN SOCIAL. 218 SECTOR JUSTICIA. 218 SECTOR EDUCACIÓN. 238 SECTOR DEFENSA. 249 SECTOR MINERÍA. 260 SECTOR AGRICULTURA. 262 SECTOR RELACIONES EXTERIORES. 261 SECTOR GOBIERNO Y PRESIDENCIA DE LA 267 REPUBLICA. OTROS 278 2

I. GESTIÓN DE LA COMISIÓN EN RELACIÓN A LAS PRESENTACIONES CIUDADANAS RECIBIDAS Y PROCESADAS ENTRE EL 1º DE ABRIL Y EL 31 DE JUNIO DEL 2006. El total de presentaciones ciudadanas procesadas por la Comisión durante el segundo trimestre de 2006 ascendió a 408, cifra que supera en un 17.6% al volumen de requerimientos recibidos y tramitados durante el primer trimestre del año en curso. El número de presentaciones antes indicado (408 en el trimestre bajo informe) corresponde sólo a aquellas que han sido objeto de una tramitación formal, con apertura de expediente para cada caso. En consecuencia, dicha cifra no considera una cantidad variable de presentaciones, principalmente consultas formuladas por teléfono, que se atienden y resuelven de inmediato, cuyo número promedio es de cinco a seis por día. Los sectores de la Administración en cuya esfera de actividad recayó el mayor número de reclamos admisibles son los siguientes: El primer lugar, correspondió a los organismos del Sector Trabajo y Previsión Social, que en su conjunto abarcaron el 27,4% de las quejas admitidas a trámite. Se experimentó un aumento del 7.5% en relación a los reclamos admisibles del trimestre anterior. El segundo lugar, lo ocuparon los organismos y servicios del Sector Salud, que en conjunto concitaron el 14,8 % del total de quejas admisibles. El tercer lugar lo concitaron los organismos y servicios del Sector Interior con un 11.4% del total de los reclamos declarados admisibles. El cuarto lugar se ubicaron los reclamos admisibles relativos al Sector Hacienda con un 10.2% Frente a estos reclamos declarados admisibles, el equipo profesional de la Comisión desarrolla una labor mediadora con los servicios y organismos 3

públicos involucrados utilizando diversos medios según lo amerite la situación planteada. En algunos casos, no ha bastado la mediación por lo que se ha debido requerir a los servicios públicos. Sin perjuicio de lo anterior, el alcance de la solución lograda a una situación planteada por los ciudadanos es particular para el caso que nos ocupa, subsistiendo la gran mayoría de las veces: i) incumplimiento de los servicios públicos a los plazos y principios establecidos para dar respuesta de acuerdo a los términos de la Ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, ii) situaciones estructurales, iii) insuficiencias normativas y, iv) de gestión o de una administración lejana a las necesidades de los ciudadanos. Vinculando esto último a los sectores sobre los cuales recayó el mayor número de inconformidades ciudadanas, podemos afirmar la recurrencia de los siguientes hechos: Sector Interior: son reiterados los reclamos por falta de información y retardo en las respuestas que se prolongan por largos años en relación a solicitudes de calificación como exonerado político al Programa de Reconocimiento al Exonerado Político, quejas por no calificación para pensiones asistenciales, necesidad de extender los beneficios educacionales de la Ley de Reparación a los hijos de las víctimas de prisión política, entre otras. Sector Trabajo y Previsión Social: fue una temática frecuente y objeto de reclamos las inconformidades con los cálculos de pensiones, la falta de adecuada información sobre los derechos que otorgaban los diversos sistemas de previsión que se fusionaron en el INP, la demora en los pagos de beneficios a los calificados por la Comisión de Prisión Política y Tortura, el rechazo de licencias médicas por parte del organismo fiscalizador, entre otras. Sector Salud: recurrencia de las personas en reclamar por falta de información sobre cómo opera el Plan Auge, eventuales negligencias médicas, falta de respeto a los derechos de los pacientes por parte de funcionarios de establecimientos hospitalarios, necesidad de obtener horas para hospitalizaciones, entre otras. 4

Del conjunto de 408 presentaciones, 264 revistieron el carácter de quejas o reclamos (64.7% del total), con un incremento de 3.6% respecto de los reclamos recibidos en el período enero marzo del año en curso. Por su parte, las consultas a la Comisión aumentaron en un 11 % y las sugerencias dirigidas a la Comisión aumentaron en un 283% entre el primer trimestre y el segundo trimestre de 2006. Este último incremento de sugerencias, se refiere en su gran mayoría a inconformidades con políticas públicas que se critican en términos generales y proponen otras alternativas, sin identificar los servicios u organismos específicos respecto de los cuales se desea interponer un reclamo. El porcentaje de quejas declaradas inadmisibles asciende a un 33.7 %. En cifras concretas, 89 de los 264 reclamos fueron rechazados antes de comenzar su tramitación, por carecer de plausibilidad o referirse a asuntos ajenos a la competencia de la Comisión. Ahora bien, no obstante la inadmisibilidad de esas quejas, aplicando el principio de inexcusabilidad consagrado en la Ley de Procedimiento Administrativo aquellas que siendo mínimamente consistentes escapaban, sin embargo, a nuestra esfera de atribuciones, fueron trasladadas a los organismos habilitados para conocer de su contenido y, en cualquier caso, se brindó al ocurrente la orientación correspondiente en relación con la inquietud expresada por él. Incluso más, muchos de estos reclamos declarados inadmisibles dieron origen a una serie de acciones de mediación a fin de no dejar en la desprotección al reclamante. Del total de 175 reclamos admisibles recibidos en el trimestre, 110 concluyeron su tramitación en el mismo período, siendo acogidos 64, rechazados 28, abandonados 13 y desistidos 5. Entre tanto, 51 reclamos permanecen pendientes al 30 de junio por falta de respuesta de parte de la autoridad que fue requerida por la Comisión. Lo anterior se puede apreciar en detalle en el Cuadro Nº 6 del Anexo I. De las cifras anteriores se colige que del total de reclamos admisibles concluidos, un 58.1% fueron acogidos y resueltos y un 25.4% fueron rechazados. La diferencia de 16.5%, corresponde a aquellos casos que, habiendo sido sometidos a tramitación, fueron desistidos y/o abandonados por los ocurrentes. Tal como se ha hecho en nuestros informes más recientes, la información estadística sobre las presentaciones recibidas y procesadas incluye el desglose de las mismas según su vía de ingreso a la Comisión (por comparecencia 5

personal del ocurrente, por correo electrónico, mediante la página Web de la Comisión, por vía telefónica, por fax o mediante correo convencional). Otro tanto se ha hecho para clasificar las presentaciones según el género del promovente (hombre o mujer), la región de origen del reclamante y los sectores de la Administración sobre los cuales recayeron las presentaciones ciudadanas. Los cuadros con las cifras y proporciones respectivas pueden consultarse en el Anexo I de este informe. En lo relativo al conducto de ingreso de los diversos reclamos, es digno de mención el hecho de que el 64% de ellos nos llegó por vía informática (con un uso importante para estos efectos del sitio Web de la propia Comisión); en orden de relevancia le siguió la comparecencia personal del interesado a nuestras oficinas, que ascendió a un 24% del total de presentaciones. En cuanto al género de los ocurrentes, a las mujeres correspondió un 47% de las presentaciones recibidas y un 53% a los hombres. Ahora bien, si la clasificación por sectores de la Administración se efectúa sobre la base del total de presentaciones recibidas (408), incluyendo todo tipo de reclamos (admisibles e inadmisibles) más consultas y sugerencias, el primer lugar correspondería al rubro que hemos denominado Otros (que engloba las presentaciones referidas a entes no sometidos a la observación de la Comisión, tales como instituciones autónomas del sector público y empresas privadas, así como las alusivas a asuntos de competencia de los tribunales de justicia), que en esta oportunidad absorbió el 28.9% del total de ocursos formalizados en el trimestre. El segundo lugar lo ocuparía el Sector Trabajo y Previsión Social, con un 19.8 %, luego el Sector Interior con un 9.5% y el Sector Salud con un 6.6 %. Quien tenga interés en el detalle de esta clasificación realizada sobre el total de presentaciones formuladas, puede encontrarlo en el Cuadro Nº 11 del Anexo I. En relación a las inconformidades presentadas por las mujeres en contra de los sectores de la Administración, se presenta una relación estadística respecto de las presentaciones, comprendiendo tanto reclamos como consultas y sugerencias (ver Cuadro Nº 9 del Anexo I). Se constató la tendencia general relativa al total de presentaciones, que en los ocursos de autoría femenina el segmento Otros concitó el mayor porcentaje (29%), seguido por los sectores Trabajo y Previsión Social (18%) y Salud (10%). 6

Por lo que se refiere a los derechos ciudadanos que los ocurrentes invocaron con mayor frecuencia en sustento de sus presentaciones a la Comisión, durante el segundo trimestre de 2006 éstos fueron, en orden decreciente: Derecho una atención oportuna y de calidad: 15% Derecho a recibir respuesta en tiempo prudente: 14% Derecho a obtener prestaciones de seguridad social: 13% Derecho a denunciar situaciones de injusticia: 11% Derecho a la corrección de errores u omisiones: 6% Derecho a obtener prestaciones de salud: 6 % Derecho a obtener reparación del Estado: 6% Derecho a la razonabilidad de la decisión administrativa: 4% Derecho a denunciar falta de celo fiscalizador de la autoridad: 4 % Derecho a la información por parte de la autoridad: 4% Para disponer de una información más completa sobre el desglose de los derechos invocados, véase el Cuadro Nº 7 del Anexo I. II. ACTIVIDADES DESPLEGADAS EN EL PERÍODO. Durante el transcurso del trimestre en informe la presidenta de la Comisión y los profesionales que apoyan su labor cotidiana desarrollaron actividades relacionadas con el cometido asignado a este órgano colegiado, aparte de recibir y tramitar las presentaciones ciudadanas relativas al funcionamiento y atención dispensada por los organismos y servicios que integran la Administración del Estado. En adición a esta labor, que constituye la más permanente de nuestras actividades, durante el trimestre bajo informe merecen destacarse: 1. Reunión de la presidenta de la Comisión con el superintendente de salud a fin de analizar los reajustes de los planes de salud anunciados por las Isapres y solicitar se informe adecuadamente a los usuarios, fiscalizando a estas empresas aseguradoras en la información que se difunde, ya que lo informado a la opinión pública es engañoso, toda vez que se refiere sólo a un reajuste del precio base de los planes de salud y no considera otras alzas como el factor de edad y el Plan Auge. 2. Asistencia a una audiencia solicitada por el Capítulo Chileno del Ombudsman a la Ministra Secretaria General de la Presidencia con el objeto de analizar el 7

proyecto de reforma constitucional que crea el Defensor del Ciudadano y el proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos. 3. Se realiza la primera sesión ordinaria de la Comisión en la Subsecretaría General de la Presidencia. La tabla de la reunión comprendió los lineamientos generales para el trabajo del presente año así como el análisis de seis casos de reclamos ciudadanos que ameritaban un pronunciamiento de este órgano colegiado. 4. Se remite oficio circular Nº 125 a 70 servicios y organismos del Estado que atienden público con el objeto que nos remitan sus cartas de derechos de los usuarios que han elaborado a fin de analizarlas a la luz de estándares requeridos y, si no cuentan con ellas, saber cuáles han sido las razones o los obstáculos para su elaboración o validación. De los 70 servicios requeridos, ya se han recibidos respuestas de un 60 % de ellos. Una vez terminado el acopio de la información, se procesarán las cartas de compromiso con los usuarios y se elaborará un ranking de cumplimiento de acuerdo a los estándares que se han establecidos para su efectividad y validación por los usuarios y ciudadanos. 5. Visita a cuatro centros de pago de las pensiones del INP que realiza el banco BBVA, en la zona sur de Santiago, con motivo de reclamos de algunos ciudadanos por las malas condiciones físicas y de hacinamiento que afectan a los adultos mayores que concurren a ellas. 6. Reunión de la presidenta y del secretario ejecutivo de la Comisión con el nuevo director nacional del INP, Sr. Rafael del Campo, con el objeto de informarle de la misión de la Comisión y los temas más requeridos por los ciudadanos en relación a ese instituto. 7. Conferencia de prensa realizada con el objeto de dar a conocer el informe de la Comisión correspondiente al primer trimestre de 2006, las situaciones relevadas y las actividades desplegadas en el período. 8. Participación en un seminario taller organizado por el Capítulo Chileno del Ombudsman denominado Estado actual de las iniciativas de ley y de compromisos gubernamentales para la promoción y protección de los Derechos Humanos en Chile, donde la presidenta de la Comisión intervino como panelista. 8

9. Participación de la presidenta y del secretario ejecutivo de la Comisión con la fiscal y otros funcionarios del Ministerio de Transportes en una reunión para apoyar la creación de una figura institucional, al interior de esa repartición, que asuma la defensa de los usuarios del transporte público. 10. Despacho de oficios a los representantes de los sectores de la sociedad civil (empresarios, trabajadores, consumidores, Capítulo Chileno del Ombudsman) que integran la Comisión, a fin que determinen si confirman a su actual representante, o bien remiten una terna para la posterior designación por parte de la Presidenta de la República. 11. Reunión de trabajo con Ximena Rivillo, encargada del Sistema OIRS del PMG SEGEGOB a fin de coordinar esfuerzos en torno a nuestra línea de trabajo de promover las cartas de derechos de los usuarios. 12. Reunión de la presidenta y de una abogada del equipo de apoyo con la directora de la Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior, Sra. Anita de Aguirre, y un equipo de trabajo que está impulsando la aprobación de la legislación que permita el sufragio de los chilenos en el exterior. 13. Visita a Centro Penitenciario Colina II de la presidenta y de un abogado del equipo de apoyo, con el objeto de conocer la actual situación del penal y verificar un reclamo que llegó a la Comisión relacionado con un movimiento iniciado por algunos reclusos, aproximadamente 170, que reclaman por la demora en el otorgamiento de beneficios a internos que reúnen los requisitos exigidos por la ley y el mejoramiento de condiciones de vida básicas al interior del recinto, tales como alimentación, salud y deportes, cambios de celdas, condiciones de las celdas de castigo, entre otras, quienes requieren dialogar con las autoridades de Gendarmería. Se redacta una minuta de la visita la que se remite junto a un oficio al Ministro de Justicia y al director nacional de Gendarmería. 14. Reunión de la presidenta y del secretario ejecutivo con representantes de la Agrupación Defendamos la Ciudad en la cual se analizaron diversos tópicos relativos a los derechos urbanos y se delinearon algunas actividades de coordinación. 15. Participación en el seminario Acceso a la Información Pública, un Derecho de las Personas organizado por la Secretaría General de Gobierno y dirigido a las 9

Oficinas de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, OIRS, Programa de Mejoramiento de la Gestión, en la cual participó como panelista la presidenta de la Comisión. 16. Participación de la presidenta y del secretario ejecutivo de la Comisión en la cuenta pública de la Defensora Comunal de Rancagua, donde asistieron autoridades municipales de la Sexta Región, y se acordaron instancias de apoyo a la creación de Defensorías Comunales. 17. Reunión con una abogada del Area Refugio de la Vicaría Pastoral Social y de los Trabajadores, entidad que intermedia con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, a fin de tratar los diversos problemas humanitarios que afectan a 280 personas, aproximadamente, que tramitan su calidad de refugiados en Chile. 18. Reunión con la Oficina Técnica de la Cooperación Española a fin de analizar eventuales financiamientos para líneas de trabajo en materia de derechos de las personas, las que serán revisadas por la Comisión Mixta España Chile que sesionará en Chile el próximo 27 de julio. 19. Reunión del secretario ejecutivo con el presidente de la Red de Acción Ciudadana de la Región del Bío Bío, entidad que reúne a 44 organizaciones comunitarias funcionales y que busca promover la participación social y el respeto a la ciudadanía. 20. Participación del secretario ejecutivo en la mesa de trabajo Familia y Sociedad de la Red Nacional de Acceso a la Justicia. III. SITUACIONES PROBLEMÁTICAS RELEVANTES. A continuación señalamos diversas situaciones que afectan los derechos de las personas y que merecen a nuestro juicio, una particular atención por parte de la autoridad gubernativa, a fin de adoptar medidas que las corrijan o erradiquen, independientemente del número de casos presentados que las relevan. 10

En tal condición se encuentran los siguientes problemas, detectados con ocasión de las presentaciones tramitadas durante el primer trimestre del año en curso: 1. Dificultades para acceder a la información pública: Varias situaciones conocidas por la Comisión en el trimestre en informe dicen relación con dificultades que encuentran los ciudadanos para acceder a la información pública. Uno de los casos que llamaron la atención de esta Comisión, fue la negativa del Servicio de Impuestos Internos para entregar información al directorio de la Junta de Vecinos A 7 de la comuna de Vitacura, que solicitó una serie de documentos que el servicio consideró excesiva y que para los vecinos era relevante para sustentar un reclamo ante ese servicio. En este caso y otros conocidos por la Comisión, se percibe un desconocimiento por parte de algunas autoridades de la legitimidad del ciudadano para requerir información estimándose el reclamo ciudadano como una amenaza. Este derecho humano, que lo podemos definir como la facultad de toda persona para requerir de la Administración del Estado el conocimiento de los actos que expiden sus organismos, y que se traduce en el deber de las instituciones de permitir y promover dicho conocimiento, de acuerdo a la ley, ha experimentado importantes avances en nuestro país desde el punto de vista normativo, y para muestra está el nuevo artículo 8º de la Constitución Política. Sin embargo, este primer esfuerzo necesariamente debe ser complementado por otras iniciativas, especialmente la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, la creación de un organismo, como el Defensor del Pueblo o de los Ciudadanos que intervenga en las contiendas entre los particulares y los órganos del Estado sobre esta materia, y la eliminación de la causal de reserva o secreto vinculada con la afección al debido cumplimiento de las funciones del órgano. Para una mejor ilustración, estos reclamos pueden ser revisados en el Anexo V, folios 623, Sector Hacienda y 497, Sector Educación, a modo ejemplar. 2. Falta de claridad e información por parte de los ciudadanos sobre las facultades fiscalizadoras que tiene la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y si la ejerce o no. El trabajo de la Comisión en el procesamiento de reclamos contra las entidades fiscalizadas por ese organismo ha derivado, en la práctica, en desplegar acciones oficiosas ante los mismos bancos e instituciones financieras a fin de mediar en situaciones de conflicto con los clientes. Lo anterior se explica por la escasa receptividad que encontramos en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para entregar respuestas claras, oportunas y razonables a quienes se dirigen a reclamar a esa entidad. La Superintendencia debiera promover una política clara de información a los usuarios del sistema, los más vulnerables, quienes se enfrentan en su vida cotidiana con entidades poderosas que frecuentemente actúan en forma arbitraria con quienes no 11

cuentan con información que les permita ejercer sus derechos. Las personas deben tener claridad y saber qué pueden esperar de ese organismo fiscalizador. Un caso ilustrativo es el de una ciudadana que fue doblemente victimizada, primero por la Isapre ING que se negó arbitrariamente a pagar sus licencias médicas y que, luego de nuestra intervención ante la COMPIN respectiva, debió cumplir con esta obligación y; posteriormente, el banco BBVA, unilateralmente, no dio curso al pago de un cheque girado por la Isapre referida, cheque que, si bien estaba postdatado, es un documento a la vista, tal como lo indica el DFL 707, sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques. Requerida la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, para que interviniera y fiscalizara nos envió una respuesta que es la mera remisión de lo señalado por el banco BBVA al consultarle por los acontecimientos relativos que dieron origen al reclamo de esta ciudadana. Por lo anterior, nos vimos en la obligación de solicitarle nuevamente a esa superintendencia que fiscalizara al BBVA el que, como está dicho, unilateralmente no dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 inciso 2º del DFL 707, sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques. Para una mejor ilustración, estos reclamos pueden ser revisados en el Anexo V, Sector Hacienda. 3. Persistencia de reclamos por excesiva dilación y escasa información del Programa de Reconocimiento al Exonerado Políticos. Numerosos son los reclamos de personas que solicitan saber en qué etapa se encuentra su proceso de calificación como exonerado político y, ante las gestiones que esta Comisión realiza normalmente nos informan que los reclamantes no han entregado todos los antecedentes, situación de la cual los ocurrentes discrepan, pues afirman que ya han aportado lo solicitado. Asimismo, se nos informó por ese Programa que, a junio del presente año, se están estudiando los casos de exoneración ocurridos entre los años 1976 a 1979, y que cualquier otra situación que se consulte de años posteriores, no tiene fecha de estudio. Sería recomendable que la autoridad respectiva informe a los interesados cuáles son los documentos que resultan indispensables para continuar con el proceso de calificación, entregar un informe periódico, bimensual o trimestral, sobre el estado de avance en los procesos, a fin de que estos ciudadanos conozcan los períodos de exoneración que son objeto de análisis por el Programa y eviten consultar y deambular por las diversas oficinas, incluyendo esta Comisión. Para una mejor ilustración, estos reclamos pueden ser revisados en el Anexo V, Sector Interior. 4. Falta de diligencia y oportunidad en la tramitación de beneficios a personas privadas de libertad que cumplen los requisitos exigidos por la ley, o bien, que tienen sus condenas cumplidas y continúan recluidas. Varios casos conocidos por la 12

Comisión en este trimestre, así como la visita a un centro penal, motivaron que se oficiara al Ministerio de Justicia y a Gendarmería de Chile (sin obtener respuesta hasta la fecha de la elaboración del presente informe) con el objeto de solicitar que, velando por el respeto de los derechos que corresponden a las personas privadas de libertad, se impartieran las instrucciones pertinentes a fin de agilizar la concreción de beneficios otorgados a los internos o a quienes tienen sus penas cumplidas, respecto de las cuales, los beneficiarios esperan las resoluciones respectivas para la obtención de sus libertades. Agregado a lo anterior, debe tenerse presente que el Fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago que realizó visitas al Penal de Colina II, se pronunció en este mismo sentido. Estimamos importante exhortar a las autoridades a estar atentas a estas situaciones y resolverlas, ya que una gestión tardía vulnera los derechos de los internos, generando un clima tenso que puede derivar en situaciones de mayor gravedad y, eventualmente, dar lugar a la interposición de una acción de amparo. Los pormenores de estas situaciones pueden apreciarlos en el Anexo II. 5. Constatación de la demora en el cumplimiento del Convenio de Estrasburgo, vulnerando con ello derechos de las personas privadas de libertad contemplados en instrumentos internacionales. El Convenio de Estrasburgo tiene por objeto permitir que las personas que se encuentran condenadas, en un Estado, sean trasladadas a otro, para cumplir la condena que se le haya impuesto. Dicho tratado establece que, tanto el Estado de condena como el de cumplimiento, deberán realizar la tramitación en el más breve plazo. No obstante ello, la tramitación de estos casos evidencia que se estaría incumpliendo con la agilidad que dicho instrumento internacional exige a los Estados contratantes debido a múltiples problemas, de orden administrativo, que no permiten lograr las repatriaciones solicitadas dentro de un plazo prudente. Entre las dificultades que presenta la tramitación de las repatriaciones es posible mencionar: a) Demora en la traducción de leyes y antecedentes que deben remitirse, a veces hasta de un año, por falta de traductores del Ministerio y escasez de presupuesto. b) Inexistencia de una base de datos de leyes traducidas que se mantenga al día con sus modificaciones, lo que se traduce en demoras excesivas y, a su vez, eleva los costos excesivamente. c) Reiterada remisión de antecedentes incompletos, desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Relaciones Exteriores. d) Retardo en la remisión de documentos por la utilización del engorroso sistema de valija diplomática por parte de la Cancillería. e) Desconocimiento y escasa iniciativa de los Consulados respecto a esta materia. Se constata que actualmente los Consulados actúan de meros buzones y, en el caso de falta de algún antecedente, no utilizan correo electrónico o teléfono para requerirlos, sino el mecanismo de valija diplomática. 13

Finalmente, se ha podido establecer la reticencia de ciertos países a la repatriación de sus connacionales en consideración al hacinamiento y extrema precariedad de las cárceles locales. En la Comisión se han recibido 38 nuevas presentaciones de reclusos bolivianos que se encuentran cumpliendo condena en el Complejo Penitenciario de Arica. Por lo expuesto se sugiere reforzar o rediseñar los procesos de coordinación y funciones entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que permita dar cumplimiento al Convenio de Estrasburgo, en los tiempos contemplados en el referido instrumento internacional. Para una mejor ilustración, estos reclamos pueden ser revisados en el Anexo V, Sector Justicia, folios 389, 389 y 428. IV. ORGANISMOS Y SERVICIOS QUE MANTIENEN RESPUESTAS PENDIENTES DESDE TRIMESTRES ANTERIORES A NUESTROS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN O SITUACIONES SIN RESOLVER POR MAS DE 45 DIAS. En la situación anotada se encuentran, con contestaciones pendientes desde el primer trimestre de 2006, los siguientes organismos y servicios: a) Con tres oficios sin responder: el Instituto de Normalización Previsional b) Con dos oficios sin responder: el Ministerio de Relaciones Exteriores. c) Con un oficio sin responder la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el Ministerio de Educación, el Servicio Agrícola y Ganadero, el Fondo Nacional de Salud y el Hospital Regional de Antofagasta. V. ORGANISMOS Y SERVICIOS QUE MERECEN SER DESTACADOS POR LA AGILIDAD, RAZONABILIDAD Y OPORTUNIDAD EN RESPONDER NUESTROS REQUERIMIENTOS. a) Servicio de Registro Civil e Identificación. b) Subsecretaría de Telecomunicaciones, Departamento de Atención al Usuario. c) Carabineros de Chile. 14

También merece una mención especial la Fundación Pro Bono, organización sin fines de lucro que promueve el acceso a la justicia a través del incentivo y canalización del trabajo voluntario profesional de los abogados y estudios jurídicos en especial cuando se trata de mujeres, personas de escasos recursos y grupos vulnerables. A través de sus redes de oficinas de abogados siempre ha evidenciado una excelente disposición para brindar representación judicial a personas que han concurrido a la Comisión y respecto de las cuales hemos agotado las vías de mediación administrativa y sólo cabe iniciar acciones judiciales. A modo ejemplar, se puede revisar Anexo II, sector Otros, Folio Nº 584. VI. ORGANISMOS Y SERVICIOS QUE TARDAN EN SUS RESPUESTAS, O QUE SIMPLEMENTE NO RESPONDEN. Al respecto, cabe hacer presente que la Comisión estima pertinente aplicar como criterio en esta materia los principios y plazos contemplados en la Ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, que regula los derechos de los ciudadanos frente al Estado, resultando en consecuencia como incumplidos. 1. Ministerio de Bienes Nacionales. 2. Ministerio de Justicia. 3. Ejército de Chile. 15

ANEXO I DATOS ESTADISTICOS 16

CUADRO Nº 1 TOTAL DE CASOS RECEPCIONADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2006 TIPO DE CASOS RECEPCIONADOS SEGUNDO TRIMESTRE SUGERENCIAS 23 RECLAMOS 264 CONSULTAS 121 TOTALES 408 * Las cifras que consigna el presente cuadro sólo incluyen las presentaciones formuladas por escrito; por consiguiente, el número total de inquietudes ciudadanas tramitadas es sensiblemente mayor a lo indicado, especialmente tratándose de consultas evacuadas por vía telefónica o ante comparecencia personal del interesado que no queda registrada por escrito, las que en promedio llegan a 6 al día, esto es, 120 atenciones mensuales. 17

CUADRO Nº 2 TOTAL DE CASOS RECEPCIONADOS (Comparación entre el primer trimestre de 2006 y el segundo trimestre de 2006) TIPO DE CASOS RECEPCIONADOS CASOS PRIMER TRIMESTRE 2006 CASOS SEGUNDO TRIMESTRE 2006 PORCENTAJES DE INCREMENTO RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE 2005 SUGERENCIAS 6 23 283% RECLAMOS 232 264 13.7% CONSULTAS 109 121 11 % TOTALES 347 408 17.6% 18

CUADRO N 3 RECLAMOS RECIBIDOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2006 TOTAL RECLAMOS: 264 RECLAMOS ADMISIBLES 175 Casos en trámite: 65 Casos concluidos: 110 Pendiente respuesta servicio reclamado Pendiente antecedentes del reclamante Acogidos Rechazados Abandonados Desistidos 51 14 64 28 13 5 RECLAMOS INADMISIBLES 89 * La calificación de los reclamos en la categoría de inadmisibles responde en todos los casos a un estudio previo de la presentación, que incluye eventuales consultas y procesamiento de la información aportada, al cabo de lo cual se concluye que el caso escapa a la competencia de esta Comisión. En los casos en que hay sustento plausible, se deriva la presentación a la autoridad competente. 19