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Transcripción:

28-COM-2013 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las diez horas tres minutos del veintiocho de febrero de dos mil trece. VISTOS en competencia negativa suscitada entre la Jueza Interina del Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de esta ciudad y el Juez de lo Civil de la Unión, para conocer del Proceso Ejecutivo Mercantil, promovido por la Licenciada XENIA DANNELIA V. G., en su carácter de Apoderada General Judicial de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA UNIÓN DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que se abrevia ACACU DE R.L., contra los señores FIDEL ANGEL SALMERÓN GIRÓN, WENDY ELIZABETH AQUINO y SANDRA EVELYN RODRÍGUEZ BONILLA. VISTOS LOS AUTOS; Y, CONSIDERANDO: I. La Licenciada XENIA DANNELIA V. G., en la calidad mencionada, presentó demanda de Proceso Ejecutivo Mercantil, la que fue asignada al Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de esta ciudad, en la cual MANIFESTÓ: "[...] NOMBRE DEL DEMANDANTE: [-- -] ASOCIACION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA UNION DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (ACACU DE R.L.), del domicilio de la ciudad de La Unión [...] NOMBRE DE LOS DEMANDADOS: [---] FIDEL ANGEL SALMERON GIRON, (Deudor Principal), en ese entonces de treinta y nueve años de edad [...] de este domicilio [...] WENDY ELIZABETH AQUINO, (Codeudora Solidario), en ese entonces de treinta y un años de edad [...] del domicilio de Colon, Departamento de La Libertad [...] y SANDRA EVELYN RODRIGUEZ BONILLA, (Codeudora Solidario), en ese entonces de cuarenta y ocho años [...] del domicilio de Mejicanos, Departamento de San Salvador [...] según MUTUO CON GARANTÍA SOLIDARIA [...] el señor FIDEL ANGEL SALMERON GIRON [...] recibió de mi representada la suma de CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA [...] el señor [...] SALMERON GIRON, se encuentra en mora en el cumplimiento de su obligación [...] En virtud de lo anterior a usted con todo respeto le PIDO: [...] en sentencia definitiva condene al deudor y codeudores solidarios a pagar la cantidad adeudada, intereses convencionales, interés moratorio y gastos del juicio [...]" (sic).- II. La Jueza Interina del Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de esta ciudad, por auto de las diez horas cincuenta y cinco minutos del quince de noviembre de dos mil doce,

agregado a fs. 18 RESOLVIÓ: [...] por ser la parte actora una Asociación Cooperativa y de conformidad a lo que establece el Art. 77 Literal "g" de la LEY GENERAL DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS, "Se tiene por renunciado el domicilio del deudor y señalado el domicilio del ejecutante, inclusive para las diligencias de reconocimiento de obligaciones" y en consecuencia que en la demanda, en el poder presentado y en la demanda, se hace constar que la ASOCIACION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA UNION DE RESPONSABILIDAD LIMITADA [ ] es del Domicilio de La Unión, Departamento de La Unión, además los comparecientes en el Título Ejecutivo base de la pretensión se sometieron al DOMICILIO ESPECIAL de dicha circunscripción territorial [...] Por lo que de conformidad a lo establecido en las disposiciones antes citadas [...] la suscrita Jueza Interina RESUELVE: [...] SE DECLARA IMPROPONIBLE la demanda [...] por ser incompetente este Juzgado en razón del territorio [...]" (sic).- III. El Juez de lo Civil de La Unión, por auto de las diez horas del veinte de diciembre de dos mil doce, agregado a fs. 22 RESOLVIÓ: "[...] Constando en la demanda y en el Documento base de la acción [...] a los demandados [...] son del domicilio de San Salvador, expresaron como domicilio especial el de la ciudad de La Unión; lo que en alguna medida vulnera la garantía del debido proceso [...] por ser una declaración unilateral de voluntad que solo beneficia a la parte acreedora y con la cual se pretende obviar las reglas generales que se establecen en el Art. 33 del Código Procesal Civil y Mercantil, lo que genera una ventaja que favorece únicamente al demandante y para evitar estas desigualdades es que el Inciso segundo del mismo artículo establece "Asimismo es competente el Juez a cuya competencia se hayan sometido LAS PARTES, por instrumentos fehacientes". Este inciso establece el domicilio contractual en el que permite que las partes se hayan sometido anticipadamente por instrumento fehaciente, y según la doctrina [...] para que tenga efectividad esta clausula contractual debe intervenir el común acuerdo de los otorgantes, lo que es factible a través de un contrato bilateral [...] lo que está en sintonía con la sentencia de la Sala de lo Civil en el expediente 173-C-2007 [...] En base a lo anteriormente expuesto [...] se RESUELVE: [---1 Declarase IMPROPONIBLE, la demanda por no tener COMPETENCIA TERRITORIAL, el suscrito Juez [...]" (sic).- IV. Los autos se encuentran en esta Corte para dirimir el conflicto de competencia suscitado entre la Jueza Interina del Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de esta ciudad y el

Juez de lo Civil de La Unión.- La Jueza Interina del Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de esta ciudad se declara incompetente en razón del territorio, manifestando que por ser la parte actora una Asociación Cooperativa se rige por la Ley General de Asociaciones Cooperativas, la cual establece domicilio especial, teniendo por renunciado el domicilio del deudor y señalado el de la ejecutante; por otro lado, el Juez de lo Civil de La Unión se declara incompetente en razón del territorio, argumentando que los demandados son del domicilio de San Salvador y que el sometimiento a un domicilio especial no surte efectos por haber sido pactado unilateralmente.- Analizados los argumentos planteados por ambos funcionarios se hacen las siguientes CONSIDERACIONES: En el presente caso nos encontramos frente a un conflicto de competencia en razón del territorio, en el cual cabe señalar que el Art. 77 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas (L.G.A.C.) prescribe una prerrogativa procesal en beneficio de las Asociaciones Cooperativas.- Por otro lado, el juzgador que examine su competencia territorial deberá observar los siguientes requisitos para aplicar la mencionada disposición legal: a) Que la parte actora lleve al principio de su denominación las palabras "Asociación Cooperativa", y al final la palabra "DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" o sus siglas "De R.L.", de conformidad al Art. 17 de la L.G.A.C.; b) Que el instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP) le haya otorgado la personería jurídica a dicha asociación Art. 16 L.G.A.C.-, y e) Que el INSAFOCOOP sea el ente encargado de vigilar y controlar su funcionamiento; asimismo pudiendo el Juez prevenir la presentación de los estatutos de la sociedad en cuestión.- Asimismo esta Corte ha sostenido los criterios de competencia en base a lo establecido en el Art. 33 del CPCM, por ser éstas las reglas generales y comunes que deben aplicarse dependiendo del caso concreto, como lo son: a) domicilio del demandado, que comprende domicilio determinado y fijo, y el indeterminado cuando no tuviere domicilio ni residencia en el país; b) domicilio contractual, que es aquél en que las partes se hayan sometido anticipadamente por instrumentos fehacientes en el que medie mutuo acuerdo entre las mismas.- Por otro lado, existen leyes especiales que modifican de cierta manera las leyes comunes y la regla de competencia anterior, como es el caso de la Ley General de Asociaciones Cooperativas, y en su título VII, capítulo II, regula lo concerniente a las "acciones procesales", estableciendo en su Art. 77 lo siguiente: "Toda acción ejecutiva que las Cooperativas,

Federaciones y Confederaciones, entablaren para la recuperación de obligaciones económicas a favor de éstas quedará sujeta a las leyes comunes con las modificaciones siguientes:...g) Se tiene por renunciado el domicilio del deudor y señalado el domicilio de la ejecutante, inclusive para diligencias de reconocimiento de obligaciones".(sic) (el subrayado es nuestro); no obstante lo regulado en dicha disposición, no debe perderse de vista que la misma no priva al actor de demandar donde él considere a bien hacerlo, tal como se configura en el proceso sub judice, pues queda a decisión del mismo donde incoar la pretensión conforme a lo establecido en el Art. 6 CPCM, en el caso en análisis el sometimiento a domicilio especial consignado en el documento base de la acción es "unilateral", por tanto no surte efectos, ya que ha sido firmado únicamente por el deudor y los codeudores, tal como lo argumenta el Juez de lo Civil de la Unión.- Debemos tener en cuenta que es la propia parte actora, la que no hizo uso de la prerrogativa que le confiere la Ley General de Asociaciones Cooperativas, con respecto al domicilio especial, pues el mismo (actor) decidió demandar al deudor principal en su domicilio, lo cual implica una prórroga tácita del actor, de conformidad al Art. 12 del Código Civil el cual nos establece lo siguiente: "Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida su renuncia".- Aunado a lo anterior, al realizar un estudio detenido de los hechos concretos acaecidos en el presente caso, resulta aplicable como se mencionó en párrafos anteriores la regla general del domicilio del demandado regulada por el Art. 33 inc. 1 CPCM que a su letra reza lo siguiente: "Será competente por razón del territorio, el tribunal del domicilio del demandado"; dicha disposición, determina que el lugar de la realización de los hechos o si se quiere con más precisión, de los actos jurídicos, en este caso, el lugar entendido como domicilio del demandado condiciona la presentación de la demanda por parte del actor y el conocimiento del Juez, previa calificación de éste sobre su competencia territorial, en concordancia con tal disposición el Art. 36 inciso 2 CPCM establece lo siguiente: [...] Cuando se plantee una única pretensión a personas de distinto domicilio, la demanda podrá presentarse ante el tribunal competente para cualquiera de ellas."; en ese sentido será competente el tribunal de cualquiera de dichas localidades. Es de señalar que el principal elemento para determinar y delimitar la competencia territorial, lo constituye el domicilio del demandado, esto es para facilitar su defensa en sentido amplio y eficiente.- En ese orden de ideas, el Juzgador debe interpretar la ley procesal de tal

modo que procure la protección y eficacia de los derechos de la parte demandada, conforme al Art. 18 CPCM, siendo que la legislación habilita al mismo a examinar in limine y en todo momento del proceso, el cumplimiento del requisito de su competencia, es decir su observancia no es dispositiva sino de oficio.- Vale mencionar que la disponibilidad de la competencia territorial es prerrogativa de la parte demandada, a quien corresponderá controvertir tal situación y denunciar la falta de aquélla de conformidad al Art. 42 Inc. 1 CPCM. Al enunciar la parte actora el domicilio de los demandados, cumple con uno de los requisitos para la admisión de la demanda, desarrollado en el Art. 276 ord. 3 CPCM; el cual determina -en principio y por regla general- la competencia, como en muchas ocasiones lo ha sostenido esta Corte en reiterada jurisprudencia; ya que al consignar el domicilio contribuye a determinar el elemento pasivo de la pretensión; aunado, a que la manifestación del domicilio de la parte demandada constituye un asunto de hecho y no de derecho, por cuyo motivo a la parte actora corresponde manifestarlo, y no debe el Juez inquisitivamente tratar de determinarlo por otros medios, sino que debe respetar el principio de buena fe, en cuanto a lo manifestado por el actor. En vista de lo anteriormente expuesto se concluye que la competente para conocer y decidir del caso es la Jueza Interina del Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de esta ciudad por haberlo dispuesto de esa manera la parte actora al interponer su demanda ante dicho tribunal y así se determinará.- POR TANTO: de acuerdo a las razones expuestas, disposiciones legales citadas y Arts. 182 at. 2ª y 5ª Cn. y 47 inciso 2 CPCM a nombre de la República, esta Corte RESUELVE: A) Declárase que es competente para sustanciar y decidir el caso de mérito, la Jueza Interina del Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de esta ciudad (Jueza 1); B) Remítanse los autos a dicha funcionaria, con certificación de esta sentencia, a fin de que disponga el llamamiento a las partes para que comparezcan a hacer uso de sus derechos dentro del término legal correspondiente; y C) Comuníquese esta providencia al Juez de lo Civil de La Unión, para los efectos de Ley.- HAGASE SABER. J. S. PADILLA.---------J. B. JAIME.-------E. S. BLANCO R.------------O. BON F.---------M. REGALADO.-------DUEÑAS.--------D. L. R. GALINDO.------J. R. ARGUETA.--------- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.-------S. RIVAS AVENDAÑO.-------RUBRICADAS.