Implicaciones para las administraciones públicas del proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno Ana Ruiz Martínez Presidenta Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios
Obligaciones derivadas de la publicidad activa Obligación de evaluar planes y programas de manera periódica Evaluación del grado de cumplimiento y resultados Desarrollo de sistemas de información que posibiliten la construcción de indicadores para la evaluación: Del grado de cumplimiento (Ev. de implementación) De resultados (Ev. de eficacia, eficiencia, sostenibilidad e impacto) Se asigna esta función a las Inspecciones Departamentales Plan de formación en metodología de evaluación de políticas públicas para las inspecciones. Apoyo metodológico desde AEVAL. Las CCAA y AA.LL deberán desarrollar esta función asignándola a unidades concretas
Obligaciones derivadas de los requisitos de la información Identificación y localización Elaborar Inventarios de información. Interoperabilidad y reutilización Adecuación al Esquema Nacional de Interoperabilidad. Disponibilidad de la información en estándares abiertos. Documentos visualizables, accesibles y funcionalmente operables en condiciones de neutralidad tecnológica. Sistemas de gestión documental que permitan la recuperación de la información. Importante esfuerzo de identificación, localización, sistematización y adaptación de la información para que cumpla estos requisitos. Este esfuerzo también es de carácter tecnológico.
Obligaciones derivadas de la gestión de las solicitudes de información Unidades de Información Dos funciones diferenciadas: Mantenimiento Publicidad Activa y Gestión y Seguimiento de las solicitudes de acceso Perfiles profesionales diferenciados AEVAL Reclamación potestativa previa a la vía contenciosa Profesionales especializados en resolución de reclamaciones en vía administrativa y con buen conocimiento de la legislación conexa, especialmente la relativa a protección de datos de carácter personal. Las CC.AA y AA.LL deben designar un órgano independiente para asumir esta función. No se prevé que la AETEPCS pueda asumirla mediante convenio en el caso de las AA.LL
Estimación de la carga de trabajo derivada de solicitudes de acceso Solicitudes de información Méjico 2008-2011 Estimación de solicitudes de información AGE 125000 120000 117.597 122.138 123.293 82000 80000 78000 Tasa de crecimiento Interanual: 5,5% 79.509 115000 76000 74000 75.364 110000 105000 105.250 72000 70000 68000 67.711 71.435 66000 100000 64000 62000 95000 2008 2009 2010 2011 60000 2014 2015 2016 2017 Población mayor de 19 años: 68,8 millones de habitantes Población mayor de 19 años: 37,8 millones de habitantes En Chile con 11,8 millones de habitantes mayores de 19 años, se produjeron 39.960 solicitudes en 2011. La tasa de crecimiento interanual fue del 12,85%.
Estimación del volumen de reclamaciones por denegación de acceso 5000 Tasa de recurso: 6% de las solicitudes de información presentadas. 4800 4600 4522 4771 4400 4286 4200 4063 4000 3800 3600 2014 2015 2016 2017
Distribución de las solicitudes de acceso en los ámbitos con mayor demanda (Estimación para España 2014) EE.GG.SS Agricultura y Medioambiente Educación MUFACE Interior Sanidad, SS e Igualdad Hacienda Fomento Función Pública Fiscalía General AEAT Defensa Industria Asuntos exteriores Economía A.Protección Datos Presidencia 4.766 4.524 3.830 3.749 3.634 3.023 2.895 2.707 2.178 1.907 1.902 1.783 1.765 1.379 1.345 1.177 25.146 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
Problemas diagnosticados en la implementación de Leyes de Transparencia Aspectos culturales Cultura patrimonialista de la información: la información se percibe como propiedad de un área o de una entidad. No hay una cultura de transparencia y acceso a la información claramente establecida entre los empleados públicos: No hay conciencia de la necesidad de un cambio cultural. No se vinculan las solicitudes de información y la transparencia. Tampoco existe vinculación a los procesos de rendición de cuentas de sus entidades. No se valora la importancia que esto puede tener en el ejercicio de participación ciudadana en el poder. Posible actitud positiva hacia la transparencia como concepto abstracto y simultáneamente valoración negativa de la ley por la carga adicional de trabajo y mayor percepción de control. Actitud antireutilización : uso lucrativo o privado de la información. Abuso del derecho : se usan fondos públicos para beneficios personales que en nada contribuyen a la transparencia.
Problemas diagnosticados en la implementación de Leyes de Transparencia Aspectos relacionados con las solicitudes de información Problemas de formulación en las solicitudes: formulación imprecisa El sistema pone la carga en el solicitante que debe saber cómo y dónde hacer sus preguntas sin asistencia. Otro problema es la formulación de preguntas múltiples. Puede necesitarse homologar y complementar las respuestas Brecha digital: desventajas para quienes no tienen acceso a internet presumiblemente quienes tienen mayor relación con los servicios públicos
Problemas diagnosticados en la implementación de Leyes de Transparencia Aspectos relacionados con el suministro de la información Uso de recovecos de la Ley para no entregar cierta información y convencimiento de hacer lo correcto. Sólo ofrecen la información estrictamente necesaria y lo mas técnica posible. Posible concurrencia normativa sin una solución clara que produce disyuntivas legales. Los recursos de revisión se explican más por los problemas de archivos que por una intención explicita de negar información. Problemas relacionados con la calidad de la información que se suministra: la celeridad en el suministro de información se consigue a costa de la calidad. Variaciones en la información de interés para los ciudadanos: en RU interés limitado en la información estándar y un interés mucho mayor en la información relacionada con el funcionamiento de los servicios públicos Variabilidad en el alcance de la información y en la adecuación de las web: en RU un 82% de los usuarios abandona directamente la página principal o de datos de la web de transparencia, lo que indica que no obtienen la información que buscan.
Problemas diagnosticados en la implementación de Leyes de Transparencia Aspectos relacionados con los costes de implementación Importante variabilidad en los costes de implementación del sistema. En RU, se estima entre 53.000 y 500.000 libras por Departamento el coste de personal necesario para cumplir los requerimientos de la Agenda de Transparencia. A ellos hay que añadir los de adaptación de la información para hacerla accesible y de mantenimiento, también muy variables. Necesidad de valorar el coste del proceso de búsqueda, sobre todo en instituciones con información muy dispersa. Otros aspectos relacionados con la implementación de la Ley Carencia de un sistema de evaluación sistemática que además analice el uso y beneficios del acceso a información pública y los costes.
Posibles actuaciones preventivas en relación con la implementación de la Ley Estrategia de comunicación y Plan de formación, tanto a unidades como a empleados públicos, cuyos ejes serían al menos Los conceptos de transparencia, corresponsabilidad y participación ciudadana. Comprometer a los EP: transmitir el vínculo entre solicitudes de información y transparencia, trasmitir beneficios de la generación de archivos y modernización. Trasladar los efectos beneficiosos para la economía del país de la puesta a disposición de información pública. Establecer mecanismos para regular, ajustar y clasificar de manera eficiente las solicitudes de información, p.e inventarios de información y software que contribuya a agilizar y optimizar el proceso de solicitud y respuesta. Evitar la formulación de preguntas múltiples y definir límites temporales para la disposición pública de información
Posibles actuaciones preventivas en relación con la implementación de la Ley Criterios homogéneos de clasificación de archivos. Reforzar las reglas y la administración de archivos. Diagnóstico previo de los archivos existentes. Normas y procesos de calidad para manejar la información, potenciar la automatización, generar manuales, procedimientos, mapeos, etc. Guía para la elaboración de los inventarios de información. Desarrollar un protocolo sencillo para la descripción de las fuentes de datos, procedimientos de control y especificar limitaciones de la información.
Posibles actuaciones preventivas en relación con la implementación de la Ley Reforzar la disponibilidad de información en los portales de transparencia. Incorporar herramientas de ayuda. Definir con claridad y bases técnicas y jurídicas los criterios para reservar información. Procesos de estandarización de la información suministrada cuando intervienen diversos niveles de la administración. Comparabilidad Evaluación para maximizar los beneficios netos de la transparencia: Mejor conocimiento de la demanda para priorizar la publicación de datos, centrar los esfuerzos en actividades de alto valor y evitar efectos no deseados.
Las opiniones y expectativas de los ciudadanos
Percepción de mejoría en los últimos 5 años La información se sitúa en una posición intermedia 90 80 70 60 50 40 30 20 La posibilidad de participar es el aspecto con menor percepción de mejoría 10 0
Forma preferida de participación para mejorar los servicios 60,00% Sin embargo la información, su exigencia, es la forma de participación para la mejora de los servicios mas frecuentemente señalada 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Exigiendo información de las iniciativas públicas Presentando quejas o sugerencias Participando en encuestas de opinión Participando en entrevistas o grupos de debate Acudiendo a los Consejos o Comités de usuarios Participando en foros de Internet
Conocimiento y valoración de la Ley de Transparencia Poco mas de un 30% de los ciudadanos conoce el proyecto de Ley. Pero quienes conocen la iniciativa, consideran que será positiva para mejorar el funcionamiento de las Administraciones Públicas. Un 73,7% considera positiva la iniciativa frente a un 26,3% que la percibe como negativa o muy negativa 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0,0 Muy positiva Bastante positiva Poco positiva Nada positiva
Importancia concedida a distintos aspectos de la Ley 40,0 37,9 35,0 Las medidas orientadas a garantizar comportamientos éticos en la gestión pública son las consideradas más importantes: un 65% de los ciudadanos así lo considera 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 27,3 16,7 11,4 6,7,0 Sancionar a los gestores públicos que incumpla su obligación Obligar a los gestores públicos a respetar conductas éticas Facilitar el acceso a la información de las AA.PP. Reforzar los derechos de los ciudadanos ante la Admón. Dar más publicidad a las actuaciones de las AA.PP.
Importancia concedida a distintos tipos de información pública 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 La información económica se considera la más relevante: más del 63% de los ciudadanos señala este tipo de información en sus diferentes facetas como la más importante 5,0,0
Importancia concedida a distintos tipos de información pública 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 Nuevamente la información económica es considerada la mas importante cuando se consideran todas las menciones realizadas por los ciudadanos 20,0 10,0,0
Una organización que mantenga su capacidad de rendir cuentas, de ser transparente en su gestión, de evaluar su quehacer, será una organización capaz de aprender tanto de sus aciertos como de sus errores. Subirats, 2005
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