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3 Una clara idea de lo que significa la reforma penal, es que los policías municipales y estatales supuestamente tendrán la capacidad de ser investigadores y colaborar con el Ministerio Público para integrar averiguaciones. Y según la reforma eso será realidad en unos cuantos meses. Esto, cuando todavía no hay suficientes policías de fiar y muchos ejemplos de cómo son detenidos por extorsionar y hasta secuestrar a ciudadanos. Imaginar que uno de estos uniformados pueda investigar, es Por Javier Estrada sinónimo de peligro y de extorsión. Así que lo que único que queda al país y a Nuevo León es integrarse rápidamente a la nueva reforma penal acusatoria y a la limpia policial. Los engranes de la justicia en Nuevo León giran, pero lentamente. La prueba es que en diciembre de 2011 el Congreso aprobó la creación de 43 nuevas células de orientación de denuncias, pero solo hay un 50% de ellas. Además, no todas cuentan con los elementos del nuevo sistema penal acusatorio.

4 Porque la Procuraduría del Estado utiliza en algunos casos las mismas Agencias del Ministerio Público que funcionan con el sistema anterior. Esto trae un retraso en la implementación del nuevo sistema que es una reforma nacional. Así que al no contar con todas las herramientas que ordena el nuevo Código Procesal Penal, más inocentes entrarían a las cárceles. Pero eso no es todo, también más culpables podrían ampararse y salir libres por el incumplimiento de la nueva ley. La administración de Rodrigo Medina ha sido lenta para interpretar las señales que desde el inicio de su administración auguraban la inseguridad y la impunidad en el estado. No es sorpresa lo sucedido en el penal de Apodaca con la masacre de 44 internos ligados al cártel del Golfo y la fuga de 29 integrantes de Los Zetas. Tampoco que a raíz de la masacre en el penal se designara al tercer secretario de Seguridad Pública en lo que va de la administración estatal, al general retirado Javier del Real Magallanes.

5 Quien por cierto, ya estuvo aquí entre 2006 y 2008, y arrancó el operativo conjunto Nuevo León-Tamaulipas, pero que hoy parece no haber sido suficiente. El nuevo sistema penal que quitará el monopolio de la acción penal al Ministerio Público e introducirá la oralidad en los juicios fue planteado desde 2004 en Nuevo León. Ese año el estado fue el primero en arrancar su implementación a nivel nacional. Pero una serie de contrarreformas en las últimas dos administraciones atrasaron la aplicación. El plan es que para el 2016 el estado deberá contar con mecanismos alternos para solucionar conflictos, jueces de control que vigilan la actuación del Ministerio Público y policías investigadoras para integrar las averiguaciones. Pero la capacitación en esos tres factores avanza a marcha forzada.

6 Catarino García Herrera, director del SIJUPE Situación que se agrava porque el gobierno de Rodrigo Medina no destinó suficientes recursos para la infraestructura, implementación y capacitación del nuevo sistema. En entrevista con Reporte Indigo Monterrey, Catarino García Herrera, director general de la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sistema de Justicia Penal (SIJUPE), aseguró que en el estado se han capacitado al 90% de los jueces, al 70% del personal de la Procuraduría y que 100 abogados están en cursos de sensibilización de la reforma penal. Pero en la práctica hay otros números que aquí desglosamos.

7 El 30 de diciembre de 2011 se publicó en el Periódico Oficial del estado la creación de 43 CODE distribuidos en 27 municipios de Nuevo León. LOS NUEVOS CENTROS DE DENUNCIA Mientras el Gobierno del Estado malgastó más de mil millones de pesos para construir la Torre Administrativa, apenas ha canalizado recursos para la creación de los Centros de Orientación y Denuncia que son obligatorios con la reforma. Estos centros, conocidos por su abreviatura como CODE, sustituirán gradualmente a las delegaciones de los Ministerios Públicos bajo el nuevo sistema de justicia penal. Ahí albergarán a agentes Orientadores para recibir denuncias e identificar qué delitos entran al nuevo sistema y cuales al proceso tradicional.

8 También habrá Mediadores para informar a los ciudadanos sobre los métodos de justicia penal alternativa. Y habrá Unidades de Investigación que tienen la función de integrar las averiguaciones. Estas nuevas áreas están contempladas en el nuevo Código Procesal Penal, que entró en vigor el pasado 1 de enero y que sustituirá gradualmente al Código de Procedimientos Penales de La construcción de 43 CODE fue aprobada el pasado 29 de diciembre, pero sólo 22 entraron en operaciones como parte de la primera fase de la implementación del nuevo sistema. Fuentes allegadas a la implementación aseguran a Reporte Índigo que solo unos cuantos de estos funcionan integralmente. Este atraso es la razón de que las autoridades de la Procuraduría de Justicia en el Estado no promuevan y anuncien a toda la ciudadanía que presente sus denucnias bajo el nuevo esquema de la reforma.

9 El centro que cuenta con toda la infraestructura y capacitación está ubicado en avenida San Jerónimo #510. Tuvo un costo de 7 millones 180 mil pesos y fue inaugurado hace poco más de un mes. Hasta este miércoles cerca de 2 mil 500 denuncias habían sido canalizadas al CODE de San Jerónimo, pero sólo 28 se procesaron bajo el nuevo sistema y el resto siguió un proceso de conciliación, aseguran las fuentes. Catarino García Herrera, director general del SIJUPE, asegura que los 22 CODE funcionan completamente. Pero luego dice que todas las denuncias, de los 22 CODE, fueron canalizadas al centro de San Jerónimo. Es decir, a uno de los que sí tiene toda la capacitación. Iván de la Garza Santos, director del Instituto de Formación Profesional de la procuraduría y hermano del Procurador del Estado, también asegura que los 22 centros son funcionales. Pero una visita a varios de éstos comprobó que realmente son las mismas agencias del Ministerio Público que funcionan con el método penal tradicional. Además del CODE San Jerónimo, otro que funciona integralmente es el de San Pedro Garza García. En Monterrey se acordó la creación de 11 centros similares, tres de ellos adscritos a hospitales públicos. Los siguientes municipios deberán contar con un CODE: Allende, Anáhuac, Aramberri, Cadereyta, Cerralvo, China, Ciénega de Flores, Doctor Arroyo, Galea- Iván de la Garza Santos, director del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría.

10 na, García, General Zuazua, Juárez, Linares, Los Ramones, Marín, Montemorelos, Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria, San Pedro, Santiago y Villaldama. Apodaca, Escobedo, Guadalupe y Santa Catarina deben tener ya instalados y en operación con las nuevas reglas dos CODE en cada municipio. Mientras que en San Nicolás deberá haber tres centros más. El acuerdo que crea los CODE estipula que la construcción de estos centros será ejecutada conforme a la planeación de ejercicio presupuestal lo permita. Por lo que ese apéndice favorece la lentitud de la creación de los CODE y la poca inversión en ellos.

11 Las partidas presupuestales para el órgano implementador de la reforma penal en el estado suman casi 34 millones de pesos. Entre 2007 y 2011 el estado de Chihuahua destinó únicamente a esta materia alrededor de 3 mil millones. PRESUPUESTO MÍNIMO Este año el gobierno estatal otorgó un presupuesto de casi 14 millones para el órgano implementador SIJUPE, mientras que en 2011 la Federación brindó a la comisión alrededor de 20 millones para todas sus operaciones. Chihuahua, en cambio, invirtió entre 2007 y 2011 alrededor de 3 mil millones de pesos para reformar su sistema de justicia penal. Esta entidad es la única en todo México con un sistema en operación en la totalidad de su territorio, según un informe de avances de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC). Esta secretaría federal indica que Nuevo León, por otro lado, es una de las 15 entidades en México que están muy apenas en la etapa de planeación del nuevo sistema. Esto, aunque ya van 8 años de que se planteó el primer ejercicio de oralidad en los juicios. El atraso de Nuevo León es evidente. A finales del mes de marzo la SETEC dará a conocer cuánto presupuesto federal se le otorgará al órgano implementador de la reforma en Nuevo León.

12 VIENE EL COLAPSO DEL SISTEMA Como sucedió con la corrupción policial, con el descontrol penal, pronto llegará el colapso del sistema de procuración de justicia por la lentitud en la capacitación y la inversión en infraestructura. En la actualidad ya coexisten tres sistemas penales en el estado: el viejo, el mixto de 2004 y el nuevo. Una esquizofrenia penal por la confusión de operadores que continuará hasta 2016, cuando se integren al nuevo sistema los 332 delitos del Código Penal de Nuevo León. Los tres primeros años serán los más críticos para la reforma en el El SIJUPE concluyó en este análisis las desventajas de la implementación gradual de los 332 delitos que contiene el Código Penal de Nuevo León.

13 Según este mapa de avances del SETEC sobre la reforma penal en el país, Nuevo León es uno de los 15 estados que está muy apenas en la etapa de planeación, mientras que Chihuahua es el único donde opera el nuevo sistema en todo su territorio estado, de acuerdo con un análisis del SIJUPE en poder de Reporte Índigo. El órgano sostiene que en este periodo se incorporarán al nuevo sistema la mitad de los delitos, pero que tan sólo representarán el 25.6% de la incidencia delictiva. Para enero de 2016, cuando se incorporen el 36% de los delitos, habrá un riesgo de sobrepasar la capacidad de implementación, según el documento. Y reconoce: Desde un inicio se requiere tener capacitado al 100% de los operadores.

14 El director del SIJUPE, Catarino García Herrera, insiste ante las cámaras de Reporte Índigo que los actores de la Procuraduría, el Instituto de la Defensoría Pública, la Secretaría de Seguridad Pública, el Tribunal Superior de Justicia y los abogados privados, están capacitados para afrontar este reto. Pero la verdad es que hay un atraso comprobado con números, con inversión y con la falta de capacitación. Tan solo una prueba, en lugar de 43, hay 22 CODE. Pero todos los casos son canalizados solo a uno que sí cuenta con toda la infraestructura, el de San Jerónimo. Y los nuevos policías que serán investigadores, estudian solamente cuatro meses en la recién creada Universidad de Ciencias de la Seguridad. La inseguridad gira frenéticamente en Nuevo León, mientras sus engranes de procuración de justicia ruedan lentamente.

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16 INDIGO STAFF Todo parece indicar que Felipe Enríquez fue elegido por el PRI para ser su candidato a la alcaldía de Monterrey. Esto sucede luego de un debate y una búsqueda hacia el interior del tricolor, donde hubo señales encontradas porque los dos primeros candidatos ideales del partido no aceptaron la candidatura. Y también ocurre una semana después de que Reporte Indigo Monterrey publicó bajo el título El Candidato y su Torre de Corrupción, todo el expediente de la construcción de la Torre Administrativa. Porque en las actas constitutivas de la edificación de la millonaria torre, aparece el otro aspirante a la candidatura regia que ya parecía ser el elegido: José Maiz García. El constructor se benefició finalmente con la edificación de la torre que emprendió la administración de su cuñado el ex gobernador Natividad González Parás. Así que ayer, luego de una serie de debates hacia el interior del partido, el gobernador Rodrigo Medina por fin dio su aval para que el diputado federal con licencia Felipe Enríquez fuera el candidato a la Presidencia Municipal regia. Y es que los dos primeros priistas a los que su partido buscó para ocupar la candidatura, porque estaban arriba en las encuestas, no aceptaron tomar esa responsabilidad. En primer lugar en las encuestas se encontraba Marcela Guerra, que ahora

17 es quien lleva el liderazgo en la fórmula de candidaturas tricolores por el senado. En segundo término estaba Héctor Gutiérrez, que ahora es candidato a diputado federal por su partido. Así que la decisión quedó entre José Maiz García y Felipe Enríquez, ambos cuestionados por presuntos actos de corrupción. Pero finalmente ayer los priistas decidieron que Enríquez vaya como candidato por la alcaldía regia. Hasta esta semana el gobernador Rodrigo Medina no había avalado que cualquiera de los dos fuera el candidato tricolor. Incluso, se especuló hacia dentro del partido que algunos tricolores trataron de convencer a Juana Aurora Cavazos, secretaria de Desarrollo Social, para aceptara ser la candidata porque ni Enríquez ni José Maiz convencían a la militancia. Pero también a través de encuestas, el PRI no encontró que Cavazos fuera una candidata que fuera muy conocida por el electorado para ocupar la candidatura regia. Esta es quizás la candidatura que más trabajo costó decidir al PRI por lo entrampado de dos aspirantes, luego de la negativa de sus candidatos ideales según las encuestas.

18 EN LA TORRE A MAIZ MIER En su edición anterior número 267, Reporte Indigo publicó los documentos que muestran cómo el ex gobernador y su cuñado José Maiz García fraguaron una estrategia para beneficiar a su familia con la construcción de la Torre Administrativa. La Torre Cívica, fue promovida como un proyecto estratégico de arrendamiento de oficinas, pero la verdad es que el inmueble costó al erario público más de mil millones de pesos y el gobierno todavía pagará otros 2 mil 700 por la renta de oficinas durante los próximos 297 meses. Si hubiera sido construida por el gobierno habría costado menos de la mitad. Pero a través de una mecánica de cesión de derechos y la creación de una empresa que ocultó el nombre de su cuñado, el ex gobernador González Parás ideó la enorme salida de recursos públicos con beneficio para su familia política. Primero el ex gobernador creó el Fideicomiso de Proyectos Estratégicos Urbanos y luego lanzó una licitación para un contrato de prestación de servicios. Según el concurso, la superficie donde se desarrollaría el proyecto sería transferida al ganador, que luego construiría la torre con financiamiento propio ya que recuperaría su inversión con la renta de oficinas al gobierno de Nuevo León. Supuesto plan que nunca ocurrió. La licitación primeramente fue otorgada a la empresa brasileña Andrade- Gutiérrez, con oficinas en la Ciudad de México desde 1994.

19 Se trata de un contrato de prestación de servicios para Constructora Andrade-Gutiérrez S.A. de C.V. La licitación fue por 900 millones de pesos, pero la constructora brasileña firmó un adendum, o agregado notarial, donde la cifra subió otros 130 millones de pesos. Luego de más de mil millones de pesos, planearon la creación de una segunda empresa. En esta segunda compañía la Constructora Andrade-Gutiérrez formó una sociedad a la que cedió los derechos. La nueva empresa fue denominada Torre Cívica S.A. de C.V. Ésta fue inscrita bajo la escritura 217 del 18 de julio de 2007 en Monterrey, Nuevo León. Torre Cívica se conformó con la sociedad de Constructora Andrade- Gutiérrez, pero donde también apareció como socio Eduardo Maccise Duayne y la compañía Power Design International. Pero para redondear la mecánica del ex gobernador Natividad González Parás, en el acta constitutiva de la empresa Torre Cívica inscribieron una cláusula donde dice que esta compañía podría contratar a otras para la construcción de sus proyectos. Así que crearon la nueva sociedad mercantil denominada Consorcio en Innovación y Construcción S.A. de C.V. (COIN- CO). Y esta compañía se legalizó mediante la escritura pública 13 mil 101 del 25 de julio de 2007, apenas siete días después de que se había formado la segunda empresa Torre Cívica. Esto advierte de la maquinación para crear dos empresas que finalmente terminarían con la familia del ex gobernador. Y ya en COINCO, bajo ese nombre, figuraron quienes finalmente edificaron la torre, la familia política del ex gobernador Natividad González Parás y otros constructores favoritos. La Constructora Maiz Mier de su cuñado José Maiz García es socia de COINCO con un 42.5% de las acciones. Todo este expediente publicado hace una semana por Reporte Indigo parece haber marcado la decisión dentro del PRI de Nuevo León. Y con ello, tomaron la entrampada decisión tricolor. Porque Felipe Enríquez también tiene una serie de inversiones inexplicables en Isla Blanca al norte de Cancún. Finalmente el compadre del candidato Enrique Peña Nieto, que ya lleva cuatro destapes, se quedó con la candidatura más peleada hasta ahora dentro del PRI para las elecciones del 1 de julio.

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