CEPAL, Santiago de Chile, 11 de diciembre de 2006

Transcripción

1 PALABRAS DEL SR. JOSÉ LUIS MACHINEA, SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CEPAL, EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO: LA PERSPECTIVA DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CEPAL, Santiago de Chile, 11 de diciembre de 2006 Señora Carmen Rosa Villa, Representante Regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Egidio Crotti, Representante UNICEF en Chile, Señores Embajadores y miembros del Cuerpo Diplomático, Estimadas y estimados miembros del sistema de las Naciones Unidas en Chile y colegas del Sistema, Representantes de las Organizaciones de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la sociedad civil, Amigas y amigos, En una instancia como ésta, vale decir, el día en que se reafirma la adhesión a un desarrollo centrado en la plena realización de los derechos humanos, vale la pena reflexionar sobre la situación de ese proceso en América Latina y el Caribe. Pero me parece necesario en primer lugar recordar el marco conceptual en el que se inscribe el desarrollo centrado en derechos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobabada por las Naciones Unidas en 1948, establece tres tipos de derechos. En primer lugar, los derechos civiles, que implican básicamente libertades de los individuos respecto a la coacción del Estado, e incluyen, entre otros, la libertad de expresión y pensamiento, de asociación y reunión, de culto y religión, de propiedad y libre contratación, y el derecho a la justicia. En segundo lugar, están los derechos políticos, lo que incluye el derecho a participar en el ejercicio del poder político, el derecho a elegir a representantes y gobernantes y a ser elegido. El tercer tipo de derechos son los derechos económicos, sociales y culturales, que incluyen derechos al trabajo, la seguridad social, ingresos dignos, descanso y tiempo libre, salud, abrigo y vivienda, y cultura, entre otros.

2 Pero, por otro lado, los derechos son indivisibles y no jerarquizables. Existe un consenso amplio sobre la interdependencia entre el respeto a las libertades civiles, el ejercicio de derechos políticos y el acceso de las personas a bienes, servicios y prestaciones que garantizan o promueven el bienestar. Esta interdependencia se explicita en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Pasos posteriores, importantes en esta misma dirección, fueron la aprobación que realizara la Asamblea General de las Naciones Unidas, de los Pactos sobre Derechos Humanos el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esta indivisibilidad no es sólo ética sino también práctica: la ciudadanía social puede promover un mayor ejercicio de derechos civiles y políticos. Porque en la medida en que los DESC prescriben, como deber de los Estados, promover una mayor integración al trabajo, a la educación, a la información y el conocimiento, y a las redes de protección e interacción sociales, a la vez permiten mejorar las capacidades de los ciudadanos para la participación en instituciones políticas, en el diálogo público, en asociaciones civiles y en el intercambio cultural. E inversamente, a mayor igualdad en el ejercicio de derechos políticos y de ciudadanía en sentido republicano (como ingerencia de los ciudadanos en los asuntos públicos), más presencia de los grupos excluidos en decisiones que inciden en políticas distributivas y, por tanto, mayores condiciones de traducir ciudadanía política en ciudadanía social. Si entendemos la igualdad en el sentido propuesto por Amartya Sen, como distribución de capacidades para que las personas puedan llevar adelante sus propios proyectos de vida, sin duda tanto el cumplimiento de los derechos políticos como de los DESC tiene un impacto pro-activo sobre la igualdad. En América Latina y el Caribe, las últimas dos décadas marcan una inflexión muy positiva desde la perspectiva de los derechos civiles y políticos, dado los procesos de institucionalización de democracias censitarias y recuperación del Estado de Derecho en muchos países de la región. Prácticamente todos los países de la región tienen hoy gobernantes elegidos por votación popular, incluyendo presidente, parlamentarios y 2

3 alcaldes o gobernadores. La libertad de pensamiento, de expresión, de culto y de asociación es casi universal en nuestro continente. Pueden existir problemas en relación con el funcionamiento idóneo de algunas instituciones, pero claramente la tendencia histórica va en la dirección correcta. Poniendo lo negativo en sentido positivo, la mayor visibilidad y la mayor cantidad de denuncias que existen hoy respecto de cualquier forma de abuso, discriminación o corrupción cometida por estamentos de los Estados nacionales, constituye un mecanismo que permite ir restringiendo progresivamente toda conducta que desde tales Estados viola la idoneidad del servicio público y el pleno respeto a los ciudadanos y las ciudadanas. Por eso, creo que debemos ser optimistas en este punto y entender que la democratización y plena institución del Estado de Derecho es parte inherente de la agenda del futuro. Podemos afirmar con entusiasmo que el enfoque de derechos ha adquirido un peso creciente no sólo como fundamento ético de las democracias políticas en América Latina y el Caribe. Cada vez más, los derechos sociales son invocados como criterio fundamental para guiar la política social. Más aún, este peso creciente del debate en torno a la observancia de los derechos humanos en el desarrollo no sólo se refiere a los derechos civiles y políticos sino también, y cada vez más, a los derechos económicos, sociales y culturales de las personas. A diferencia de los derechos humanos de primera generación (civiles y políticos) la realización de derechos económicos, sociales y culturales (DESC) demanda mayor progreso e igualdad sociales. En la medida en que reconocemos el carácter imperativo de estos derechos, le otorgamos mayor urgencia y fuerza a los mecanismos de distribución de activos que permiten avanzar hacia formas menos excluyentes de sociedad. Y en la medida que se les reconoce su carácter normativo, éstos imponen al Estado la necesidad de impulsar políticas destinadas a promoverlos. En este campo de los derechos económicos, sociales y culturales, la dinámica de las últimas dos décadas difiere de la de los derechos civiles y políticos. Aspectos claves que se relacionan con la realización plena de tales derechos, como la pobreza, la distribución del 3

4 ingreso y el empleo, revelan su lado sombrío. Persisten factores estructurales de nuestras sociedades y economías, como son la segmentación por inserción productiva y por factores adscriptivos y territoriales, y las agudas inequidades en acceso a activos y patrimonios, que perpetúan las desigualdades e impiden que el progreso tenga un impacto distributivo acorde con lo que prescriben tales derechos. El marco normativo de los derechos implica que el desarrollo debe orientarse de tal modo que los recursos socialmente producidos se distribuyan a fin de hacer efectiva para todos la realización de tales derechos. Sociedades altamente inequitativas quedan, pues, impugnadas en la medida en que gran parte de la pobreza que cobijan o generan resulta evitable de acuerdo a su nivel de desarrollo. Así, cuando el ingreso per cápita promedio de una sociedad se ubica claramente por encima de lo requerido por un individuo para procurar los recursos que le permiten realizar sus derechos sociales, el hecho de que un amplio contingente de individuos no logre acceder a estos recursos interpela a la sociedad en su conjunto. Tal es el caso en nuestra región. Vale la pena recordar en el Día de los Derechos Humanos dedicado a la lucha contra la pobreza, que la CEPAL estimó hace más de un año que la tasa de crecimiento regional proyectada para alcanzar la Meta del Milenio, en cuanto a reducción a la mitad de la pobreza extrema al 2015, podría reducirse en aproximadamente 0,2 puntos porcentuales por cada punto porcentual de reducción en el coeficiente de Gini, vale decir, por una mejora en la distribución de los ingresos. 5% de mejora en la distribución del ingreso permitiría reducir casi en un punto porcentual la tasa de crecimiento necesaria para alcanzar esa Meta! Poco y nada para una región que aún con esa mejora seguiría mostrando la mayor inequidad en la distribución del ingreso del mundo. Cierto es, por otra parte, que las rigideces relativas a la difusión del bienestar obedecen tanto a las dinámicas de la economía, con creciente incidencia de los factores externos, como a la acción o inacción de los Estados. Contrasta, en este sentido, el efecto social negativo de la volatilidad económica y del bajo crecimiento, con los esfuerzos de los gobiernos por aumentar la inversión social en los grupos más pobres, reflejada en el 4

5 aumento del gasto social durante la última década en casi todos los países de la región. Además, algunos indicadores de onda larga en el tiempo, y que responden a políticas de largo alcance temporal, sorprenden positivamente por su trayectoria en la región; ellos son el aumento de la esperanza de vida al nacer, la reducción de la mortalidad y desnutrición intantiles, el descenso en la tasa de analfabetismo adulta, el incremento la matrícula educacional y la expansión de cobertura de servicios básicos. Por otro lado, los últimos tres años marcan tendencias emergentes en las que es posible cifrar mayores expectativas respecto de la mayor realización de los derechos sociales. Se observa una tendencia a la mejoría en términos de expansión del empleo formal y de reducción de la incidencia de pobreza como promedio regional. También la puesta en marcha de programas de transferencias condicionadas hacia los sectores más vulnerables, las reformas que buscan imprimir mayor solidaridad en los sistemas de protección social, así como la sostenida preocupación de los gobiernos por mayor escolaridad en los sectores de menores ingresos, constituyen señales positivas. Por supuesto, seguimos siendo una región muy injusta en términos distributivos, lo que hace que nuestros índices de pobreza estén muy por encima de lo que debieran de acuerdo con nuestro nivel de desarrollo. En este marco existen elementos relacionados con la sociedad y la política que son decisivos para avanzar en la universalización de los derechos sociales, tales como las políticas productivas orientadas a evitar una excesiva concentración por tamaño y por región geográfica, las políticas contracíclicas, las estructuras impositivas, la orientación y magnitud del gasto público social, y la mejor regulación en el campo laboral, combinando flexibilidad con seguridad. También es posible aumentar la eficiencia en la gestión para optimizar el impacto de programas y políticas en el bienestar de los grupos rezagados; así como avanzar en políticas fuertemente anti-discriminatorias para revertir desigualdades por adscripción. Quisiera terminar diciendo que la celebración que nos convoca este día es también una instancia oportuna para renovar nuestro compromiso con el desarrollo centrado en los derechos y en la indivisibilidad de los mismos. El compromiso explícito de los Estados no 5

6 es una mera formalidad, sino que orienta las políticas y busca conciliar los imperativos éticos con las acciones públicas. Las Naciones Unidas buscan, en este sentido, traducir el enfoque de derechos en acuerdos cada vez más extendidos, a escala nacional y global, en aras de un mundo más libre, más digno y más justo. A esta máxima nos sumamos como parte del sistema de Naciones Unidas, y por ella trabajamos día a día en los campos que nos corresponde. Muchas gracias. 6