Texto. En Palma de Mallorca, a treinta de octubre de dos mil seis T.S.J.BALEARES SALA SOCIAL PALMA DE MALLORCA SENTENCIA: 00468/2006

Transcripción

1 Página 1 de 6 Tribunal Superior de Justicia de Les Illes Balears, Sala de lo Social, Sentencia de 30 Oct. 2006, rec. 457/2006 Ponente: Muñoz Jiménez, Francisco Javier. Nº de sentencia: 468/2006 Nº de recurso: 457/2006 Jurisdicción: SOCIAL LA LEY /2006 SALARIOS. Reclamación de diferencias salariales. CONTRATAS Y SUBCONTRATAS. Responsabilidad solidaria en el pago de la deuda salarial. Responsabilidad de la Administración Pública de la satisfacción de los créditos salariales que ejecutaron materialmente la obra por cuenta de la empresa subcontratista. El TSJ Baleares desestima el recurso de suplicación interpuesto por el recurrente contra la sentencia del Juzgado de lo Social que, estimando la demanda en reclamación de salarios deducida, declara el derecho del trabajador al abono de salarios. Texto En Palma de Mallorca, a treinta de octubre de dos mil seis T.S.J.BALEARES SALA SOCIAL PALMA DE MALLORCA SENTENCIA: 00468/2006 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE BALEARES SALA DE LO SOCIAL PL. MERCAT, Nº 12. PALMA DE MALLORCA. Nº. RECURSO SUPLICACION 457/2006 Materia: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD Recurrente/s: COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS. Recurrido/s: Fidel, AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO, INTIFORCE, S.L., TERRATES TÉCNICAS ESPECIALES, S.A., CONSELLERÍA DE OBRAS PÚBLICAS. JUZGADO DE ORIGEN: JDO. DE LO SOCIAL nº: 001 de Ibiza/Eivissa DEMANDA /2005

2 Página 2 de 6 SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAS ISLAS BALEARES ILMOS. SRES.: PRESIDENTE: DON FRANCISCO J. WILHELMI LIZAUR MAGISTRADOS: DON FRANCISCO J. MUÑOZ JIMENEZ DON ANTONI OLIVER REUS La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, formada por los Ilmos. Sres. Magistrados que constan al margen, ha pronunciado EN NOMBRE DE S. M. EL REY la siguiente S E N T E N C I A NÚM. 468/06 En el Recurso de Suplicación núm. 457/2006, formalizado por la Abogada de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, representada por la letrada Sra. Dª. Carmen Palma Ocete, contra la sentencia de fecha veinte de marzo de dos mil seis, dictada por el Juzgado de lo Social núm. Uno de Ibiza, en sus autos demanda número 387/2005, seguidos a instancia de D. Fidel, representado por el letrado Sr. D. Antonio Llanos Naranjo, frente a la entidad a la citada Consellería recurrente, Intiforce, S.L, representada por la letrada Dª. Enma Álvarez Méndez, Terratest Técnicas Especiales, S.A. y el Ayuntamiento de San Antonio, éstas sin representación procesal, en reclamación por cantidad, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO J. MUÑOZ JIMENEZ, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente: 1. El actor, D. Fidel, con DNI nº NUM000, estuvo prestando servicios por cuenta y bajo la dependencia de la empresa de mandada Intiforce, S.L., entre el 15/6/2004 y el 04/12/2004 como oficial de 1ª haciendo funciones de encargado y percibiendo un salario pactado de 11'42 F/hora trabajando 10 horas diarias de lunes a viernes. 2. Como consecuencia de su relación laboral la empresa demandada Intiforce, S.L. no ha abonado al actor la cantidad de F por los siguientes conceptos:

3 Página 3 de 6 - salario de octubre a 03/12/ F. - vacaciones no disfrutadas F. 3. El actor estuvo prestando servicios en la obra del Paseo Marítimo de Sant Antoni de Portmany, subcontratado por la empresa Terratest Técnicas Especiales, S.A. con Intiforce, S.L. 4. A su vez la Consellería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes del Govern de les Illes Balears había adjudicado mediante contrato administrativo a Terratest Técnicas Especiales, S.A. la obra consistente en la terminación del muelle de ribera y acondicionamiento del espigón y explanadas contiguas en el puerto de Sant Antoni de Portmany. 5. Se presentó solicitud de conciliación ante el TAMIB y reclamación previa ante la Consellería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes del Govern de les Illes Balears. SEGUNDO.- La parte dispositiva de la sentencia de instancia dice: "Que estimando la demanda formulada por D. Fidel, contra Ayuntamiento de San Antonio, Intiforce, S.L., Consellería D Obres Públiques y Terrates Técnicas Especiales, S.A., debo condenar y condeno a la parte demandada a abonar solidariamente a la demandante la cantidad de F y debo absolver y absuelvo al Ayuntamiento de San Antonio de todos sus pedimentos." TERCERO.- Contra dicha resolución se anunció recurso de suplicación por la Abogada de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, representada por la letrada Sra. Dª. Carmen Palma Ocete, que posteriormente formalizó y que fue impugnado por el Sr. Letrado D. Antonio Llanos Naranjo, en nombre y representación de D. Fidel; siendo admitido a trámite dicho recurso por esta Sala, por Providencia de fecha diecisiete de octubre de dos mil seis. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- La ampliación del texto del ordinal fáctico cuarto que propone el primer motivo de recurso con soporte procesal en el art. 191 b) de la LPL es intrascendente en su mayor parte. Ninguna necesidad existe de explicitar que, como resulta obvio y en todo caso indiscutido en el pleito, el contrato de obra al que dicho hecho probado se refiere se hallaba sujeto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, así como a la normativa reguladora de la contratación por las Administraciones Públicas. Sí tiene relevancia, sin embargo, consignar en la resultancia fáctica que la cláusula "R" del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares prohibía de manera expresa la

4 Página 4 de 6 subcontratación de la obra (fol. 127) en la sola medida en que uno de los alegatos que utiliza el motivo segundo de recurso se apoya justamente en ese dato. El motivo primero, pues, se acepta con este limitado alcance. SEGUNDO.- Por el cauce del art. 191 c) de la Ley de Procedimiento, el motivo segundo y final de suplicación considera indebidamente aplicado el art del ET. El motivo combate el pronunciamiento que declara a la Administración Autónoma responsable solidaria de la deuda salarial contraída con el actor por la empresa Intiforce S.L., con la cual la empresa adjudicataria había subcontratado la ejecución de la obra objeto del contrato administrativo. Su oposición se basa en dos argumentos: que el art del ET no es aplicable a las Administraciones Públicas cuando actúan como "poder adjudicador" sometido a las normas del derecho público-administrativo para la satisfacción del interés general e investido de potestad; y que, aunque se entendiera otra cosa, la responsabilidad de la Administración comprende sólo las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por el contratista-adjudicatario con sus trabajadores, mas no las contraídas por el subcontratista con los suyos cuando la subcontratación está expresamente prohibida. Conviene señalar, de entrada, que el organismo demandado no adujo ninguna de estas dos cuestiones en su contestación a la demanda (fols. 70 a 76). Su oposición a la pretensión actora se centró en la inexistencia de relación laboral entre el trabajador y la Consellería d Obres Públiques y en que los trabajos materia del contrato administrativo de obra no podían considerarse actividad propia y principal de la Administración. El recurso plantea a destiempo, por tanto, problemas jurídicos nuevos, que por ello mismo devienen inadmisibles en la presente fase procesal. De todos modos dichos dos argumentos habrían de decaer. El régimen de protección que contempla el art del ET rige también en el marco de las contrataciones concertadas por las Administraciones Públicas, según tiene declarado de forma pacífica la doctrina casacional unificada de la que son muestra las SSTS de 15 de julio, 27 de septiembre (LA LEY 9346/1996), 18 de noviembre y 14 (LA LEY 2695/1997), 23 (LA LEY 1381/1997) y 31 de diciembre de 1996 (LA LEY 1489/1997), 19 de marzo de 1997 y 29 de octubre de 1998 (LA LEY 610/1999). La inclusión de las Administraciones Públicas en el ámbito del precepto debería estimularlas a vigilar con más cuidado la capacidad empresarial y solvencia de los adjudicatarios de las obras y servicios públicos que contratan. La responsabilidad solidaria del empresario principal por las deudas de naturaleza salarial cubre también el supuesto de cadena de subcontrataciones (STS de 9 de julio de 2002 (LA LEY 7859/2002)). Siendo así, la circunstancia de que la subcontratación estuviera prohibida de manera expresa por el clausulado de la contrata administrativa no exonera a la Administración Pública aquí demandada de responder con arreglo al art del ET de la satisfacción de los créditos salariales surgidos a favor de los trabajadores que ejecutaron materialmente la obra por cuenta y al servicio de la empleadora subcontratista. Tal cláusula no puede mermar las garantías de que normas positivas imperativas dotan a derechos de terceros ajenos al contrato, sin perjuicio, como es natural, de las compensaciones y reajustes económicos que luego procedan en la esfera de las relaciones internas entre los sujetos contratantes. Y menos puede mermarlos si se observa que la

5 Página 5 de 6 Administración ostenta facultades de control y de superior dirección de las obras públicas cuya realización delega mediante la técnica de la contrata y que, ello no obstante, o no se percató de que los trabajos estaban siendo efectuados por operarios de empresa distinta de la contratista, o, peor aún, consintió la subcontratación en la práctica contra el mandato explícito de las reglas rectoras del contrato administrativo. TERCERO.- Por consiguiente, se desestima el recurso y se confirma la sentencia recurrida. En virtud de lo expuesto, F A L L A M O S SE DESESTIMA el Recurso de Suplicación interpuesto por la representación procesal de la Consellería D Obres Publiques contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. Uno de los de Ibiza, de fecha veinte de marzo de dos mil seis, en virtud de demanda formulada por D. Fidel frente a la citada Consellería recurrente el Ayuntamiento de San Antonio, y los empresas Inteforce, S.L y Terratest Técnicas Especiales S.A., y, en su consecuencia, SE CONFIRMA la sentencia recurrida. Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares. ADVERTENCIAS LEGALES Contra esta sentencia cabe RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA ante la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por abogado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los DIEZ DIAS hábiles siguientes al de su notificación. Además si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en el Banco Español de Crédito, S.A.(BANESTO), cuenta número a nombre de esta Sala el importe de la condena o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, documento escrito de aval que deberá ser ratificado por persona con poder bastante para ello de la entidad bancaria avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala. El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la Secretaría de la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo, al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300,51 euros, en la entidad bancaria Banco Español de Crédito, S.A. (BANESTO), sucursal de la calle Barquillo, nº 49, (clave oficina 1006) de Madrid, cuenta número 2410, Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo. Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y

6 Página 6 de 6 hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación. Guárdese el original de esta sentencia en el libro correspondiente y líbrese testimonio para su unión al Rollo de Sala, y firme que sea, devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia junto con certificación de la presente sentencia y archívense las presentes actuaciones. Así por ésta nuestra sentencia, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos. DILIGENCIA DE PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de la fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado - Ponente que la suscribe, estando celebrando audiencia pública y es notificada a las partes, quedando su original en el Libro de Sentencias y copia testimoniada en el Rollo.- Doy fe. PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe. DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.