1. Cese definitivo de la actividad armada de ETA

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1 Boletín de Lokarri sobre el proceso de paz vasco Marzo 2014 Análisis de situación En este boletín I. Derechos Humanos 1. Cese de actividad armada de ETA 2. Las victimas 3. Situacion de las personas presas II. Derechos civiles y politicos III. Dialogo politico IV. Reconciliación social Este boletín informativo sobre la situación del proceso de paz en el País Vasco es publicado por Lokarri, una red ciudadana que trabaja por la paz, el acuerdo, la consulta y la reconciliación. A continuación se recogen los acontecimientos más señalados que se han producido durante el mes de marzo. I. Derechos Humanos 1. Cese definitivo de la actividad armada de ETA Tras el gesto realizado por ETA en el mes de febrero, siguen sucediéndose las reacciones desde distintas instancias políticas. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, declaró que "esto se arregla el día que ETA, que es una organización terrorista, se disuelva" y que "no les debemos nada, nada hay que hablar. El lehendakari Iñigo Urkullu, por su parte, mostró de nuevo su apoyo a la Comisión Internacional de Verificación y defendió ante el pleno del Parlamento Vasco que los verificadores son fiables para lograr el final de ETA. A nivel internacional, Jonathan Powell, exjefe de gabinete de Tony Blair, afirmó que ETA necesita la ayuda de España para poner sus armas fuera de uso. En un artículo de opinión señalaba que ningún Gobierno del mundo ha respondido de manera negativa cuando una organización armada ha ofrecido unilateralmente deshacerse de sus armas. Además, consideraba importante que ETA siga controlando todo su material y a sus militantes mientras desarrolla el proceso de desmantelarse, para así evitar que nadie pueda usar sus armas y sus siglas. El Basque Friendship, por su parte, consideró muy importante el paso dado por ETA de poner fuera de uso operativo parte de su arsenal, calificó como difícil de entender la reacción de los gobiernos español y francés e instó al Gobierno español a cambiar su absurda política de oposición a este proceso. El arzobispo emérito y Nobel de la Paz Desmond Tutu también saludó la decisión de ETA de iniciar el proceso de desarme, ya que abre la puerta a una paz duradera. Señaló asimismo que para ello será necesario que ETA y el Gobierno español usen esa puerta y consideró que no se debería permitir que se desperdicie esta oportunidad".

2 En otro orden de cosas, el 17 de marzo la consejera de Seguridad Estefanía Beltrán de Heredia y el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz mantuvieron una reunión para abordar, entre otras cuestiones, la adecuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la nueva realidad. La reunión acabó sin acuerdo y el ministro de Interior recalcó que "para nada contemplamos ningún tipo de repliegue ni en el País Vasco, ni en Navarra". La Policía Nacional y la Guardia Civil tienen un total de efectivos en el País Vasco y según el ministro, hasta que ETA se disuelva "ese despliegue se va a mantener". Por último, el 11 de marzo, la Guardia Civil detuvo en Bilbao a Asier González acusado de colaboración con ETA. Tras prestar declaración, quedó en libertad bajo fianza. El Ministerio del Interior deniega la ampliación de ayudas a víctimas del GAL, BVE y Triple A 2. Las víctimas El Ministerio del Interior se ha negado a completar las ayudas a algunas víctimas de los GAL, BVE y Triple A (*), que les corresponderían en cumplimiento de la ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo (Ley 29/2011). Esta norma actualiza las ayudas recogidas en la anterior ley de 1999 y amplía algunas partidas. Entre otras partidas, fija euros en caso de fallecimiento, frente a los euros de la anterior norma. El Ministerio ha denegado la ampliación de ayudas a una treintena de estas víctimas que lo habían solicitado, alegando que formaban parte del entorno de ETA. Para ello se basa en informes policiales y alude a una normativa europea para denegar las indemnizaciones. La normativa internacional recoge que podrán no ser indemnizadas aquellas personas que tuvieran vinculación con organizaciones que perpetren delitos violentos. Un informe redactado por el Instituto Vasco de Criminología recoge que las denegaciones de ayudas son ilegales y arbitrarias y vulneran derechos de las víctimas. Víctimas todas ellas, dice el informe, reconocidas por ley como víctimas del terrorismo y contra las que no existe sentencia firme que les vincule con ETA. En el mes de marzo, asimismo, se celebró el aniversario de la muerte de tres concejales socialistas asesinados por ETA -Isaías Carrasco, Froilán Elespe y Juan Priede- a los que acudieron sus familiares, amigos y miembros del PSE. También se cumplieron 30 años desde que la Policía mató a cuatro miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (**) en Pasaia. Las Juntas Generales de Gipuzkoa acordaron realizar cada año una ofrenda floral en memoria de los junteros Jaime Arrese y Juan María Jáuregui en los aniversarios de sus asesinatos, el primero cometido en 1979 por los Comandos Autónomos Anticapitalistas y el segundo por ETA en Esta decisión contó con el respaldo de todos los grupos. Por último, el Gobierno Vasco encargó a expertos "de prestigio contrastado" la redacción de un informe sobre los atentados de ETA y otras organizaciones terroristas que están pendientes de ser esclarecidos. El objetivo de este estudio, que se enmarca en el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, es "contribuir a los derechos de verdad, justicia y reparación" que corresponden a las víctimas. Mediante este informe, que será presentado en otoño de 2014, se quiere conocer cuántos atentados cometidos por grupos terroristas "no han sido tratados como corresponde", qué procesos se han seguido y en qué situación están actualmente. Asimismo, el Gobierno Vasco también encargó un estudio sobre las pautas que debería seguir para abordar con "fiabilidad 2

3 científica" las denuncias sobre torturas y malos tratos para poder gestionar de forma más eficaz las medidas de "reconocimiento y reparación" contempladas en la normativa sobre víctimas de vulneraciones de derechos humanos cometidas por fuerzas policiales o parapoliciales. (*) Grupos terroristas parapoliciales (**) Organizaciones armadas activas en el País Vasco y Navarra durante el final de la década de 1970 y el principio de la de 1980, que se unieron a una escisión de los comandos Bereziak de ETA (pm) Presos del EPPK solicitan de forma individual el traslado a cárceles cercanas 3. Situación de las personas presas A principios de marzo las personas presas pertenecientes al Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos (EPPK) empezaron a solicitar de forma individual el traslado a cárceles cercanas. Las personas encarceladas en España solicitaron ser trasladadas a la prisión de Zaballa (País Vasco) y las encarceladas en Francia a la prisión más cercana al País Vasco francés. Las personas presas enfermas y las mayores de 70 años han sido las primeras en solicitar los traslados. Dadas las circunstancias de estas personas algunas también han solicitado la excarcelación. En esta primera tanda serían 16 las personas que habrían solicitado su acercamiento o excarcelación (10 personas enfermas y seis mayores de 70 años). Los escritos presentados por las personas presas para solicitar el acercamiento recogen los pormenores de su estancia en prisión, denuncian la actual política penitenciaria y se adhieren a lo recogido en la declaración realizada por el EPPK el 28 de diciembre del año pasado, donde reconocían "con toda sinceridad el sufrimiento y daño multilateral generados" por sus acciones. Por último, las solicitudes incluyen los argumentos jurídicos que sustentan su demanda, con referencias tanto al marco legal español o francés -según el caso- como al internacional. Las solicitudes para el acercamiento se realizarían en seis fases. Tras esta primera fase, en abril se daría paso al segundo turno, en el que entrarían las personas que llevan más de veinte años en prisión y las personas portavoces del Colectivo. Les seguirían luego las que superan los quince años, y posteriormente las que rebasan los diez, las que llevan entre cinco y diez, y finalmente las que fueron encarceladas hace menos de un lustro. Ante estas solicitudes, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz garantizó que en todo momento se cumplirá la ley y recordó que ésta exige reconocer el daño causado y desvincularse de ETA. Además, declaró que dichas peticiones podrían ser un fraude de ley y adelantó que la administración penitenciaria podría desestimarlas. Los abogados de los presos y presas de ETA, por su parte, explicaron que la legislación española no exige condiciones como el arrepentimiento o la disolución de la organización para acercar a las personas presas a sus lugares de origen y declararon que denegar las solicitudes de acercamiento o de régimen atenuado, supondría, en su opinión, una "prevaricación". Denunciaron asimismo que la dispersión "no tiene ningún basamento legal". En el Parlamento Vasco también se debatió acerca de los beneficios penitenciarios de las personas presas de ETA y de reconocer el daño causado, pero cada grupo mantuvo su posición y no se llegó a consensuar ningún texto. El 15 de marzo antiguos huidos sin causas pendientes con la justicia participaron en un acto en Alsasua (Navarra) en el que apelaron al apoyo popular para dar pasos y avanzar en la vuelta a casa de los exiliados. Asimismo declararon no tener miedo de mirar a todo lo ocurrido y asumir responsabilidades. Antes de dicho acto, miembros del Colectivo de 3

4 Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite) hicieron entrega de un listado con "los 400 asesinatos de ETA que están todavía sin esclarecer". El 15 de marzo también se dio a conocer la iniciativa Konponbidea, impulsada por agentes de diversos ámbitos e ideologías, para trabajar en favor de los derechos humanos de las personas presas de ETA. En su declaración fijaron tres mínimos : el derecho a cumplir las penas cerca de casa, la liberación de las personas presas gravemente enfermas y el fin de la legalidad de excepción que posibilita penas para toda una vida. El 22 de marzo el Colectivo de Exiliados Políticos Vascos (EIPK) compareció en Iparralde para anunciar que un número muy significativo de huidos iniciaría la vuelta a sus localidades de origen a partir de esa fecha, puesto que consideran que el desarrollo del proceso de solución pasa, inevitablemente, por la vuelta a casa de todas las personas presas y exiliadas. Por último, este mes de marzo también se ha sabido que las personas presas excarceladas desde enero están viendo rechazadas sus solicitudes del subsidio de excarcelación (percibían 426 euros mensuales durante un máximo de 18 meses tras su puesta en libertad. ) tras un acuerdo alcanzado entre PP y UPyD como consecuencia del fallo de Estrasburgo acerca de la doctrina Parot. II. Los derechos civiles y políticos 400 firmas denuncian que el juicio de las Herriko tabernas nunca se debió celebrar El 12 de marzo terminó el juicio por el sumario 35/02, conocido como el de las Herriko tabernas. Finalmente la fiscalía retiró la acusación contra nueve de los 34 procesados y decidió rebajar sus peticiones de pena para el resto, al apreciar que hay que aplicar la atenuante de dilaciones indebidas (*). La defensa, por su parte, pidió la absolución de todas las personas acusadas. Un grupo formado por abogados, profesores universitarios y periodistas recogió cerca de 400 firmas del mundo universitario, social, sindical y del derecho, denunciando que dicho juicio nunca se debió celebrar, habiendo quedado patente que es un claro ejemplo de instrumentalización de los tribunales de justicia intentando la aplicación del derecho penal de autor, un derecho penal del enemigo que no tiene cabida en el Estado de derecho democrático y que se están criminalizando ideas, al no haberse podido demostrar vínculos entre los acusados y la organización terrorista. Amaiur, ERC y BNG solicitaron la absolución de todos los procesados y el PNV declaró que el archivo de la causa ayudaría en el avance de la pacificación. Por otro lado, el 26 de marzo comenzó el juicio en la Audiencia Nacional contra cuatro jóvenes acusados de pertenecer a Segi. Estas personas decidieron no presentarse al juicio que comenzó en octubre contra otras 36 personas acusadas de pertenecer a Segi y que quedó visto para sentencia en febrero. Tras permanecer ocultos durante tres meses, fueron detenidos en enero. Este mismo tribunal decidió absolver a 14 personas acusadas de enaltecimiento del terrorismo por participar en 2012 en un acto en el que se reivindicaba el acercamiento de las personas presas. 4

5 Por último, el abogado Alfonso Zenon fue condenado a pagar una multa de euros y a abonar a Rodolfo Ares (ex consejero de Interior) euros en concepto de responsabilidad civil por un delito de calumnias con publicidad. En enero de 2010, tras una operación policial Zenon declaró que la Ertzaintza tortura a las órdenes de Ares. (*) El juicio arrancó en la Audiencia Nacional el pasado 17 de octubre, más de once años después del comienzo de la investigación del juez Baltasar Garzón contra una decena de personas acusadas de desarrollar un supuesto plan de financiación ideado por ETA a través de las Herriko Tabernas. III. El dialogo político El 10 de marzo, las Juntas Generales de Gipuzkoa decidieron, con los votos a favor de Bildu, PNV y Aralar, solicitar formalmente una visita al centro penitenciario Sevilla II para interesarse por el trato recibido allí por los presos de ETA. PP y PSE-EE votaron en contra de esta resolución. La visita la realizarían la presidenta de la cámara, Lohitzune Txarola (Bildu) y Rafaela Romero (PSE), presidenta de la Comisión de Políticas de Igualdad, Derechos Humanos y Memoria Histórica. La socialista Rafaela Romero presentó su dimisión de dicho cargo al considerar que gestos como el aprobado resultan políticamente inconvenientes y alejados del consenso necesario. La ausencia de pasos del Gobierno, la falta de acuerdo entre partidos y la no disolución de ETA: los obstáculos para conseguir la paz IV. Reconciliación social El 4 de marzo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó la solicitud de la magistrada Garbiñe Biurrun para compatibilizar su cargo con el de integrante de la Comisión para el impulso del proceso de paz, promovida por el Foro Social. Así pues, la jueza optó por continuar con su carrera judicial y abandonó la Comisión. El 14 de marzo se conocieron los datos del Sociómetro elaborado por el Gobierno Vasco, en el que las personas encuestadas destacan tres obstáculos principales para la consecución de la paz: que el Gobierno español no da pasos para mejorar la situación de presos (44%), que los partidos políticos no son capaces de llegar a un acuerdo (41%) y que ETA no se desarma ni disuelve (39%). A la hora de establecer los hechos que permitirían un mayor avance para la consecución de la paz, un 51% de las personas encuestadas apunta al desarme y disolución de ETA, un 34% señala el acercamiento a las cárceles de Euskadi de las personas presas y un 33% el acuerdo de todas las fuerzas políticas en el Parlamento Vasco. Respecto a la actuación política, un 57% de la población afirma que el Gobierno de Mariano Rajoy está actuando "mal o muy mal" y un 31% de la ciudadanía opina que el Gobierno vasco está actuando "bien o muy bien". En cuanto a las personas presas, siete de cada diez personas encuestadas se muestran de acuerdo con que se acerquen a Euskadi, el 71% se muestra a favor de la puesta en libertad de las personas presas enfermas y el 66% cree que se les deben aplicar los mismos beneficios penitenciarios que al resto. Respecto a las víctimas, el 54% señala que las causadas por ETA "están siendo suficientemente apoyadas y reconocidas" y un 58% opina que las víctimas de abusos policiales y de grupos parapoliciales "no están suficientemente apoyadas y reconocidas". 5