El Desplazamiento Forzado en Colombia en un Contexto de Pos Acuerdos

Transcripción

1 El Desplazamiento Forzado en Colombia en un Contexto de Pos Acuerdos

2 Abstract: Este informe recoge sumariamente las principales tendencias del desplazamiento forzado en Colombia haciendo especial énfasis en los hechos de violencia derivados del conflicto armado durante 2014 en cuatro regiones de Colombia y plantea los posibles retos que se presentarán en una etapa post acuerdos para el logro de una paz estable y duradera, a partir de la experiencia en terreno del Servicio Jesuita a Refugiados Colombia. 1 La guerra en Colombia ha dejado durante los últimos cincuenta años más de siete millones de víctimas, entre ellas, personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado 2. Además, ha expulsado entre 500 mil y un millón de personas del país, creando una diáspora de colombianos y colombianas por el mundo en búsqueda de protección internacional. Las formas del desplazamiento y del despojo, los actores involucrados y las motivaciones e intereses, han comenzado lentamente a ser develadas, y aunque existe una política pública encargada de adelantar procesos de atención y reparación a las víctimas en la que se incluye la restitución de parte de las tierras y predios despojados y el retorno voluntario acompañado, aún no se resuelve de manera contundente la tragedia del desplazamiento forzado. Luego de mantener una posición militarista en la que se arreciaron los combates entre la Fuerza Pública y las guerrillas y se elevaron los índices de algunas violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, el nuevo mandatario Juan Manuel Santos asume la presidencia de la República en el 2010 con la promesa de adelantar conversaciones de paz. Con esta consigna se constituye en Noruega y luego en la Habana Cuba, una Mesa de Conversaciones entre este Gobierno y las FARC-EP para desarrollar una agenda de cinco puntos consignada en el Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera pactado en la primera fase de acercamientos 3. El desarrollo de esta agenda, no sin altibajos, ha traído consigo la puesta en común de algunos temas centrales dentro del proceso de negociación y aunque la mayoría de ellos han ido obteniendo resultados parciales, aún falta un camino importante por recorrer. Sin embargo, la declaración unilateral e indefinida del cese de hostilidades de las FARC, el anuncio del gobierno de revisar un modelo de desescalamiento del conflicto, el establecimiento de un equipo de académicos para sentar las bases de lo que podría ser eventualmente una comisión de la verdad y la reciente llegada de 1 Informe realizado por el Área de Incidencia Nacional del Servicio Jesuita a Refugiados- Colombia. Febrero de Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas. Consulta hecha el 10 de marzo de Los puntos de la Agenda pactada son: a. Política de desarrollo agrario Integral, b. Participación Política, c. Fin del Conflicto, d. Solución al problema de las drogas ilícitas, e. Víctimas, f. Implementación, verificación y refrendación. 1

3 Estados Unidos al proceso con la participación de un delegado, permite considerar que este proceso puede llegar a feliz término. Al tiempo, aunque con muchas menos claridades y certeza, el Gobierno Nacional y el ELN han comenzado algunos acercamientos que pueden leerse como señales que este proceso puede materializarse en cualquier momento y que tarde o temprano entrará en comunicación con la Mesa de la Habana. En general, el panorama entre los negociadores es optimista y lentamente la ciudadanía colombiana ha comenzado a ver el fin del conflicto como una posibilidad real, lo cual se pudo corroborar cuando se reeligió al presidente Santos en 2014, quien basó toda su candidatura en la continuidad de la Mesa de Conversaciones de la Habana. Vale la pena señalar que esta posición transita junto a otras más adversas de la derecha colombiana, quienes de la mano del ex presidente Uribe, han salido en varias ocasiones a los medios de comunicación a rechazar los contenidos y avances realizados en el proceso, y a denunciar internacionalmente los que a su juicio, son arbitrariedades dentro del proceso. Sin embargo mientras todo ello pasa en Cuba, la guerra en Colombia no se detiene. Gran parte del año 2014, en especial por la decisión del gobierno colombiano de negociar la paz en medio de la guerra, se siguieron presentando combates y afectaciones directas a civiles. A ello se unen otras guerras que se vienen adelantando en diversas regiones del país protagonizadas por grupos paramilitares pos desmovilización que se fueron constituyendo y consolidando al calor de actividades económicas ilegales como el narcotráfico, la minería, la compra y venta ilegal y el despojo de tierras y la extorsión, mostrando además en algunos momentos, una intención ideológica de derecha al perseguir, amenazar y asesinar defensores de derechos humanos y líderes sociales, la mayoría, reclamantes de tierras. Estas violencias han producido cerca de personas desplazadas desde 2012 que comenzó el proceso de paz hasta noviembre de Esta cifra, si bien tiende a la baja registrándose un descenso importante particularmente en 2014, encubre otros serios problemas. Se trata de la reacomodación geográfica de los actores y de la inclusión de nuevas formas de violencia. Mientras en la década pasada la guerra estuvo concentrada en el norte por los paramilitares y en el sur por las FARC-EP, actualmente los grupos paramilitares pos desmovilización están empujando las acciones armadas hacia el occidente del país. De esta forma, la zona del pacífico está concentrando en este momento el doble de víctimas del promedio nacional, 5 derivado del conflicto entre los Urabeños, Rastrojos, Las Autodefensas Gaitanistas, La empresa y el clan Úsuga quienes se están disputando estos territorios por su ubicación geoestratégica. Es importante señalar que estas disputas encuentran su espejo en las demás regiones del país, las cuales se enlazan a las tradicionales pugnas entre la insurgencia y la Fuerza Pública. 4 Información tomada del Registro Único de Víctimas RUV- de la Unidad de Víctimas en: Revisado el 6 de Marzo de De estas personas en 2012, personas en 2013 y a Noviembre de Del total de víctimas registradas en el país, el 18,4% se encuentran en el pacífico; allí mismo se registraron el 31% de los homicidios cometidos en Colombia y se cultiva el 38% de la coca. A 2013, 6 de cada 10 desplazados provinieron de esta región. La cifra total de desplazados en la zona Pacífica este año 2014 se elevó a personas. También ver: 2

4 A continuación presentamos de manera breve un contexto histórico nacional de las tendencias más importantes del desplazamiento en el país, haciendo énfasis en los principales hechos de 2014 asociados al conflicto armado en las regiones en que el SJR- Colombia hace presencia, de tal suerte que facilite la comprensión sobre la manera en que el conflicto se está desarrollando hoy por hoy en algunos de los territorios colombianos, y por último, revisaremos tres elementos que consideramos centrales para plantear la acción humanitaria en contextos de pos acuerdos. Contexto Histórico Nacional sobre Desplazamiento Forzado Es necesario recordar que el desplazamiento forzado y el despojo de tierras en Colombia han estado presentes durante todo el tiempo que lleva el conflicto armado. Sin embargo, han existido ciertos periodos de la historia en los que se ha exacerbado, dando lugar a numerosos eventos masivos e individuales en diferentes regiones del país. El primer pico reconocido de este fenómeno se registró en la década de los 90, especialmente entre 1996 y 1998, debido al recrudecimiento de la violencia en el Urabá antioqueño. El ingreso al territorio de los grupos paramilitares quienes emprendieron numerosos enfrentamientos con las guerrillas que tenían centros de operación allí, y los combates que éstas sostenían permanentemente con las Fuerzas Militares, desembocaron en la multiplicación de los desplazamientos. Según registros oficiales de víctimas en 1996 a en Este incremento se mantuvo durante los últimos años de la década sufriendo un aumento exponencial en los albores del siglo XXI. Entre el año 2000 y 2002 se alcanzó el mayor pico histórico de desplazamientos forzados en el país pasando de en 2000 a en 2001 y en Estas cifran tuvieron un año después un descenso abrupto, explicable en buena parte por el proceso de negociación que se constituyó entre el Gobierno Nacional y varias fuerzas paramilitares en el país. Entre 2003 y 2007 hubo un incremento importante pero sin sobrepasar los índices del periodo anterior. Este ascenso relativo estuvo mediado por la ofensiva militar del Gobierno contra las FARC- EP en el sur del país y por el cierre de algunas disputas y reacomodamientos de los actores armados en otras regiones del país. Desde aquel momento ha habido una tendencia descendente que se ha mantenido hasta nuestros días, no sin que se presenten algunos picos territoriales en ciertas zonas como el pacífico y el sur del país. 6 Informe nacional de desplazamiento forzado en Colombia 1985 a Unidad para la Atención y Reparación Integral de las víctimas, Junio

5 Fuente: RNI (Red Nacional de Información). Visor Geográfico de Víctimas Desplazamiento Forzado UARIV Fuente: RNI (Red Nacional de Información). Visor Geográfico de Víctimas Desplazamiento Forzado UARIV En términos generales podría decirse que el desplazamiento forzado pasó de concentrarse particularmente en el Urabá Antioqueño a extenderse por Antioquia hacia la Costa Caribe y frontera con Venezuela durante los últimos años de la década de los 90. A partir de allí se evidencia una fuerte expansión territorial del fenómeno afectando a casi la totalidad de la geografía nacional durante la década del 2000 dominando el norte del país, el litoral pacífico, la zona de los llanos 4

6 orientales y la región frontera con Ecuador y centrándose durante los últimos tiempos en el pacífico y en el sur sin que se haya corregido la situación en el eje horizontal de la Costa Atlántica entre Antioquia y Norte de Santander. Es importante recalcar que las regiones más afectadas por el desplazamiento forzado en toda la historia reciente del país se concentra en cinco departamentos: Antioquia ( personas), Bolívar ( personas), Magdalena ( personas), Chocó ( personas) y Nariño ( personas), donde se reúne cerca del 45% del total de personas desplazadas en el país. 7 Esta forma de violencia tiene su correlato además con otras dinámicas que se han desarrollado a lo largo del conflicto. Haciendo el ejercicio de comparación con tres dinámicas presentes en la guerra: acciones bélicas, infracciones al DIH y asesinatos políticos, podemos ver cómo se relacionan los picos temporales permitiéndonos inferir cuáles han sido los momentos más complejos del conflicto armado en las últimas décadas. Queda confirmado que los primeros años de la década de 2000 han sido los más complicados en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, si bien ninguno de los fenómenos aquí planteados ha desaparecido hasta el momento. 7 Informe nacional de desplazamiento forzado en Colombia 1985 a Unidad para la Atención y Reparación Integral de las víctimas, Junio

7 Fuentes: Banco de Datos del CINEP y la Red Nacional de Información (Feb. 1 de 2015) UARIV. ElaboraciónSJR. Es importante por último señalar en esta sección que si bien es cierto el SJR no hace presencia en todos los territorios afectados por el desplazamiento forzado, sus oficinas actualmente coinciden con zonas aquejadas por este tipo de violencia en diferentes momentos de la historia. Así las cosas, si bien en Magdalena Medio los índices de desplazamiento han bajado con el tiempo, la crisis humanitaria precedida por la falta de soluciones duraderas en los territorios hace que se encuentren miles de personas víctimas de desplazamientos en medio de emergencias prolongadas que hacen incuestionable su atención. Asimismo, las zonas de frontera con Venezuela y Ecuador siguen presentando fenómenos de expulsión y recepción importantes, agudizadas además por los pasos transfronterizos que se han creado en el proceso de migraciones forzadas por América Latina. A su vez, el Puerto de Buenaventura viene presentando índices bastante altos de desplazamientos masivos intra urbanos asociados con las disputas por el control del territorio por grupos armados pos desmovilización. Por último, Soacha del departamento de Cundinamarca, como uno de los municipios de mayor recepción de población desplazada sigue siendo un desafío en términos de atención y reparación siendo una de las ciudades donde mayor presencia de desplazados hay actualmente. Luego de hacer este breve rastreo en el ámbito nacional, en adelante nos concentraremos en las zonas en las que el SJR tiene presencia con el fin de ubicar al lector en el contexto reciente de cada territorio intervenido. Norte de Santander Norte de Santander es el único departamento del país que aún cuenta con presencia de las tres guerrillas: FARC-EP, ELN y EPL. Esto conlleva a una fuerte ampliación del pie de fuerza desde el año 2010, instalándose la Fuerza de Tarea Vulcano y su campaña Espada de Honor 8. Al ser este un territorio con una riqueza importante en recursos naturales, la región se convierte en un territorio de disputa constante por parte de actores legales e ilegales y el abandono y despojo de los territorios de los campesinos e indígenas. Durante el 2014 se ha evidenciado un marcado movimiento de algunos de los grupos armados no estatales como el aumento de las acciones por parte del ELN y EPL. En las zonas rurales del Catatumbo y fronteras, estos grupos se han dedicado al reclutamiento forzado, siembra de coca, afectación al oleoducto Caño Limón Coveñas y hostigamientos a bases militares. La población informa sobre la posible alianza entre FARC ELN EPL y también una alianza entre Urabeños y uno de los más grandes narcotraficantes de la zona (Megateo). Todas estas alianzas hechas con el ánimo de hacer presencia en puntos de corredores estratégicos de droga al que previamente no tenían acceso. En relación a las migraciones forzadas, el desplazamiento sigue siendo una constante en el departamento. Según el reporte presentado para 2014 por la Unidad de Víctimas en Norte de 8 Fuerza de Tarea Conjunta con tres batallones, un batallón de ingenieros, un batallón mecanizado, dos batallones del plan especial energético y vial, un batallón de instrucción y entrenamiento, un batallón de artillería, un batallón de contraguerrillas, un batallón de apoyo de servicios para el combate, y uno de infantería. 6

8 Santander, han sido expulsadas personas de sus lugares de origen. Las principales causas son las amenazas e intimidaciones, los enfrentamientos y hostigamientos, las infracciones al Principio de Distinción del DIH por parte del Ejército y el reclutamiento forzado y además del uso de niños, niñas, y adolescentes por parte grupos paramilitares pos desmovilización. Los desplazamientos masivos también se han incrementado 9. Entre 2012 y 2014 se registró un aumento del 50% en el número de eventos. La región del Catatumbo es la más afectada, en particular el municipio de El Tarra donde se han presentado 9 desplazamientos masivos entre 2012 y lo corrido de En esta modalidad de desplazamiento se cuentan siete eventos masivos en el año 2014 dejando como resultado aproximadamente personas en situación de desplazamiento. En este caso las principales causas son los enfrentamientos entre Fuerza Pública y grupos armados organizados no estatales, los hostigamientos y las infracciones al Principio de Distinción del DIH por parte del Ejército. El desplazamiento dentro de zonas urbanas se presenta principalmente en Cúcuta, Ocaña, El Zulia y Villa del Rosario vinculados particularmente por la acción de los grupos paramilitares pos desmovilización (Urabeños, Rastrojos), quienes se enfrentan por ejercer control territorial, económico y social de la zona estratégica de frontera. En materia de Minas Antipersonas, Norte de Santander con 764 víctimas, es el cuarto departamento con la mayor accidentalidad a corte de julio de De ese porcentaje, cerca del 35% de las víctimas corresponden a civiles y el restante 65% a militares. Sin embargo para el caso de este departamento se ha evidenciado una tendencia diferente con mayor impacto hacia la población civil, demostrando la vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos los miembros de las comunidades civiles en zonas de riesgo, especialmente niños, niñas y jóvenes. En la actualidad San Calixto, Hacarí y El Tarra se encuentran en una situación de emergencia debido al incremento de combates en la zona, bombardeos aéreos, nuevos campos minados, confinamientos e incursiones helicoportadas por parte de la Fuerza Pública, lo que ha incrementado su índice de riesgo. Los actores armados no estatales siguen instalando Minas Antipersonal y Artefactos Explosivos Improvisados, todas de uso prohibitivo por el Derecho Internacional Humanitario. En Norte de Santander aún no se ha desplegado una estrategia de desminado humanitario que permita eliminar la contaminación por estas minas y municiones. A pesar de que existe una ruta de atención integral para las víctimas de Minas Antipersonas, aún persisten barreras de acceso a los pacientes de estos hechos victimizantes. Gran parte del riesgo se encuentra ubicado en la Región del Catatumbo, pero las víctimas viven en la ciudad de Cúcuta, situación que es ignorada por la administración municipal de esta ciudad. De otro lado OCHA Colombia estimó que más de personas presentan limitaciones al acceso humanitario en sus territorios, siendo Norte de Santander para este periodo el principal departamento con restricciones al acceso y comunidades confinadas, con una cifra de personas afectadas representando el 49% de la cifra total de la estimación. Las restricciones al 9 50 o más personas en un mismo evento según la legislación nacional. 7

9 acceso humanitario se relacionan con combates contra y entre grupos armados no estatales y fuerza pública, hostigamientos, presencia de MAP/MUSE y ataques a infraestructura petrolera. Desde el año 2012 a la fecha, la principal restricción al acceso humanitario en Norte de Santander se asocia con los bloqueos de vías con 26 Bus Bombas, hostigamientos, mal estado de las vías, dificultades logísticas de acceder a zonas por ambiente físico y las manifestaciones campesinas del año 2013 que confinaron por 53 días a más de personas del casco urbano de Tibú y sus alrededores. Los municipios de la región del Catatumbo y frontera con Venezuela son los más afectados. A corte 2014 se estiman unas personas con restricciones al acceso humanitario. Magdalena Medio El derecho a la vida en el Magdalena Medio sigue siendo violentado por los actores armados ilegales en el desarrollo de sus operaciones militares para golpear las estructuras de sus adversarios, al no reconocer el principio de distinción entre población civil y combatientes. Además de una violencia directa, traducida en agresiones contra la integridad personal de las comunidades, se añaden actos mediante los cuales se aplican violencias psicológicas. En esta región a su vez se presenta una fuerte violencia simbólica mediante el control territorial por parte de los grupos armados, el establecimiento de fronteras invisibles, casos de amenazas a la población civil, así como restricciones a la vida cotidiana de los habitantes mediante la imposición de conductas como limitaciones a la libre movilidad, el acceso a víveres y obstrucciones al derecho que tienen las comunidades a realizar actividades colectivamente. En el casco urbano ha habido un incremento en la presencia de actores armados ilegales como FARC-EP, ELN y grupos pos desmovilización, quienes hoy actúan mimetizándose dentro de la comunidad. Desde el mes de Septiembre del 2014 se han visto personas encapuchadas y vestidas de negro, quienes hacen rondas de vigilancias en las zonas periféricas. En la zona rural se ha sabido de un aumento en la presencia del ELN reflejada en la aparición de grafitis alusivos a este grupo. Los grupos pos desmovilización, en especial los llamados Urabeños (hoy Clan Usuga), han empezado a hacer mayor presencia en zona rural de histórico dominio del ELN. De la misma forma se tuvo conocimiento que este Clan ha estado cobrando un impuesto por la comercialización de base de coca, y en el corregimiento de Pozo Azul trataron de dar solución a un problema comunitario, hecho que demuestra su interés por imponer orden a las problemáticas comunitarias. Uno de los municipios más golpeados es San Pablo. Durante 2014 se ejecutaron constantes atentados y asesinatos (selectivos y colectivos) muchos de ellos en el marco de la denominada limpieza social por parte de los grupos pos-desmovilización. Allí se encuentran activas las mismas dinámicas que en el resto de la zona del Magdalena Medio, presentándose enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares, estrategias de control territorial por parte de los grupos al margen de la ley y múltiples operativos dirigidos por el ejército nacional. Una de las estrategias más usadas en esta región es el préstamo gota a gota y las vacunas a quienes tienen negocios o realizan actividades comerciales. A su vez, se está intensificando la estrategia de Paga Diario, que es usada como una modalidad de doble vía puesto que sirve para hacer los cobros de los préstamos y las vacunas y también para mantener informado a los grupos de lo que ocurre en los barrios. 8

10 También se continúan presentando homicidios dirigidos a líderes comunitarios y personas reconocidas en los municipios. En el mes de Noviembre se tuvo conocimiento que los Urabeños empezaron a cobrar vacunas a los pequeños comerciantes de $ Aunado a las extorsiones se hicieron amenazas a las familias de los comerciantes dando como resultado el asesinato de uno de ellos y el desplazamiento de varias familias. Al tiempo, en el último semestre de 2014 apareció la primera casa de pique identificada en Barrancabermeja, aparentemente administrada por Los Urabeños o Clan Usuga. Finalmente se reportó el despojo de la finca Villa Doris de la vereda El Tigre, en Tiquisio y en el municipio de San Pablo se identificaron asesinatos estratégicos a miembros de grupos armados ilegales, así como amenazas por parte de los grupos paramilitares post desmovilización a las comunidades. En suma, en la región del Magdalena Medio se cometen múltiples violaciones e infracciones en contra del DIH y de los derechos humanos. Las dinámicas más utilizadas por los grupos armados que hacen presencia en estos territorios son: actos terroristas, homicidios, asesinatos selectivos, masacres, amenazas, hostigamientos, desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales, entre otras. Como resultado de estas dinámicas, personas fueron expulsadas de sus territorios de origen según datos ofrecidos por la Unidad de Víctimas durante Valle del Cauca La posición geoestratégica y la presencia de diversos actores armados en la región hace que exista un alto riesgo para la población civil en tanto incrementa los índices de victimización por disputas territoriales y el control de las economías ilícitas. Ello hace que Buenaventura sea propicio para cualquier tipo de violencia. Hoy, este Puerto es el epicentro de descuartizamientos, desapariciones forzadas, homicidios, reclutamientos, desplazamientos (en todas sus modalidades), violaciones sexuales y amenazas. Bajo este contexto la situación de reclutamiento y vinculación forzada de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por parte de grupos paramilitares pos desmovilización alarma particularmente. El cobro de extorsiones, porte y tráfico de armas, compra- venta de drogas y como compañeras sexuales, son las modalidades más frecuentes mediante las cuales se fuerza a este grupo poblacional a participar de las hostilidades en el Puerto. Según el último reporte de la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV) para Noviembre 1 de 2014 se habían desplazado en el departamento del Valle personas, de ellas en Buenaventura. Sin embargo, la cifra anterior va en contra de algunas posiciones de funcionarios, que le quieren restar importancia a los problemas de seguridad en Buenaventura invocando un reciente descenso de la tasa oficial de homicidios, que se redujo de 121 homicidios cada habitantes en 2006 a 48 cada en Estas cifras no contrastan con la 10 Human Right Watch (2014). La Crisis en Buenaventura. Desapariciones, Desmembramientos y Desplazamiento en el principal puerto de Colombia. 9

11 realidad percibida por organizaciones como Human Right Watch quienes exponen diversas violaciones a los derechos humanos durante Toda la situación que vive Buenaventura había sido denunciada con anterioridad por el obispo católico de Buenaventura Monseñor Héctor Epalza Quintero, quien expresó haber recibido testimonios sobre la existencia de casa de pique en la ciudad. En una entrevista a esta organización internacional expresa la crueldad de tener estos lugares para descuartizar a las personas vivas o muertas en una parroquia a una persona, a una señora, la obligaban a lavar esas piezas llenas de sangre 12. Como lo reporta una noticia del sitio web El País, en diciembre (2014) se han encontrado dos fosas comunes en el sector de la comuna Después de conocer estos actos la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que daba su alerta sobre la situación que estaba por venir en Buenaventura, debido a la reactivación de las populares casas de pique. De igual manera, el Sistema de Alertas Tempranas informó que la frases si decís algo te mando a picar se ha vuelto común en Buenaventura. Finalmente Buenaventura, además de las problemáticas de desplazamientos, violencia sexual, desmembramientos y asesinatos, presenta problemas en la limitación de la libre circulación y actividades de sus habitantes. Estas dinámicas se han dado en diferentes barrios del municipio y consiste en fijar horarios específicos en los que los habitantes pueden salir o entrar a la comunidad. Para lograr su cometido los grupos paramilitares pos desmovilización hacen amenazas a los habitantes para que permanezcan en sus hogares limitando así su circulación. De igual manera se han restringido las reuniones de la comunidad. En el documento La Crisis en Buenaventura de HRW queda evidenciada esta problemática en dos testimonios dados por personas pertenecientes a la comunidad. En primero de ellos una mujer manifiesta que La Empresa (grupo pos desmovilización) indicó a las personas que trabajan que salieran de la comunidad entre las 5am y las 6am y prohibió completamente que los residentes del barrio salieran luego de las 10pm, en otro caso un hombre cuenta que La Empresa había prohibido que los habitantes jugaran al fútbol en una cancha de la zona 14. Las anteriores versiones dan muestra de la delimitación del territorio, hechos que van en contra de los derechos humanos. 11 Colombia: Nuevos asesinatos y desapariciones en Buenaventura. Marzo de Entrevista de Human Right Watch con Monseñor Héctor Epalza Quintero, obispo católico de Buenaventura, Buenaventura, 11 de Noviembre de Tomada de: Human Right Watch (2014). La Crisis en Buenaventura. Desapariciones, Desmembramientos y Desplazamiento en el principal puerto de Colombia. 13 Volvió el Terror a Buenaventura, Casas de Pique Siguen Funcionando (2015). En línea: Recuperado el: 4 de Febrero. 14 Human Right Watch (2014). La Crisis en Buenaventura. Desapariciones, Desmembramientos y Desplazamiento en el principal puerto de Colombia. 10

12 Nariño El escenario de riesgo en la región suroccidente estuvo determinado en 2014 por la confrontación entre los grupos paramilitares pos desmovilización, principalmente los Rastrojos y los Urabeños (hoy Clan Usuga), la presencia de la guerrilla de las FARC en los departamentos de Nariño, Putumayo, Caquetá, Cauca y la zona de frontera con Ecuador y del ELN en los departamentos de Cauca y Nariño. Por su parte, la actividad de los grupos paramilitares pos desmovilizacion se centra en las cabeceras urbanas del departamento de Nariño. Como resultado de esta confluencia de actores y la falta de una acción coordinada de prevención por parte del Estado, Nariño es uno de los departamentos con mayor número de población desplazada. Este problema se intensifica por cuanto los grupos armados no respetan las fronteras internacionales, hecho que facilita que los ataques o desplazamientos se puedan sufrir en territorio nariñense o ecuatoriano. Las causas más comunes para desplazarse son: enfrentamientos entre grupos armados, presencia de estos grupos, hostigamientos por parte de la fuerza pública, ataques contra la población civil, homicidios, presencia de Minas Anti Persona y Munición sin Estallar y violencia sexual. De igual manera en la frontera se presentan dinámicas de violencia como amenazas contra la vida, homicidios selectivos, combates por erradicación de coca, amenazas de reclutamientos y control de la minería. La intensidad del conflicto se mantiene mayoritariamente en Tumaco y la cordillera como paso obligado del sur con el norte del país. En el 2014 se da cuenta de 63 acciones registradas por la guerrilla de las FARC-EP en el primer trimestre, 52 de ellas correspondientes a hostigamientos y ataques a la Fuerza Pública 15. Además se registraron 4 combates y 7 episodios relacionados con la detonación o activación de campos minados. El 75% de estas se realizaron en la Costa Pacífica y 25% en la Cordillera en los municipios de Leiva, Samaniego y Policarpa. Sumado a lo anterior, en diferentes momentos la población nariñense quedó sometida al fuego cruzado debido a enfrentamientos entre diferentes actores. Por operaciones militares vía aérea y terrestre desarrollados en el mes de Agosto en inmediaciones de la comunidad Nulpe Alto, Quembi, Chicandina y el Hojal del resguardo de Nulpe Medio Alto Rio San Juan-Cabildo de Nulpe Alto, por parte del ejército y grupos armados ilegales se ocasionaron restricciones a la movilidad de 250 familias indígenas, hecho que afectó aproximadamente a personas, según reporto OCHA. De igual manera estos actos han causado daños a los bienes civiles dejando como resultado la suspensión de las actividades académicas además de generarse una alerta por posibles desplazamientos masivos. Según información de las autoridades indígenas en el mes de Septiembre se presentaron combates entre la fuerza pública y las guerrillas en el resguardo de Piguambi en la comunidad Planadas. Por este evento se vieron afectadas 15 familias Awá quienes se encuentran desplazadas y tienen restricciones de movilidad. 15 Ataque en Iscuandé, Nariño deja dos Policías muertos. (2014, 25 de marzo). Obtenido el 29 de maro de 11

13 Asimismo en el mes de abril el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo alertó sobre el riesgo de desplazamiento de personas en el departamento por el accionar de los grupos armados. Por su parte, en el mes de Mayo las autoridades indígenas advirtieron el riesgo de desplazamiento en el que se encontraba la comunidad Awá en el corregimiento de Buenavista y denunciaron que los ataques de los que han sido víctimas algunos de sus miembros se han dado en inmediaciones de un puesto de control militar. Según OCHA muchos de los desplazamientos se deben a la situación conflictiva del departamento, en el que la Fuerza Pública hostiga a los grupos guerrilleros poniendo en peligro la vida de los habitantes. En uno de los últimos actos de hostigamiento del 2014 el 12 de Noviembre se registró el desplazamiento de 92 familias por causa de enfrentamientos afectando directamente a 272 personas, 105 niños y 2 mujeres embarazadas 16. En la frontera con Ecuador se teme que por la reactivación de las fumigaciones con glifosato se genere en la comunidad de Orita, San Miguel y Puerto Asís fuertes desplazamientos hacia el vecino país. Por último, la Defensoría del Pueblo señala que los municipios con mayor índice de expulsión en la costa pacífica son Buenaventura, Cali, Tumaco (10.430), Quibdó, Litoral del San Juan, Suarez y López de Micay. El mayor porcentaje de población desplazada pertenece a comunidades negras 47.7% y el 23.9% a comunidades indígenas. Nariño aparece como el departamento con mayor impacto en materia de confinamiento, siendo las comunidades indígenas Awá y los consejos comunitarios del Río Patía en Roberto Payán los más golpeados 17. Para el 2014 la Red Nacional de Información de la Unidad de Victimas registra en el departamento de Nariño un total de víctimas de desplazamiento forzado. Soacha La expulsión de miles de familias de sus territorios de origen tiene su correlato en aquellos lugares de recepción o comunidades de acogida. La necesidad de huir de los actores armados obliga a las víctimas a buscar ciudades donde tengan menos oportunidad de ser identificadas y re victimizadas por los actores armados y en donde sea posible activar una vida económica y social que les permita sobreaguar la situación de despojo y pobreza en la que los dejó la guerra. Ello hace que con frecuencia estas familias escojan Bogotá como ciudad de destino considerando las oportunidades que allí se pueden brindar. Sin embargo, los altos costos de vida de la Capital y la hostilidad con la que suele tratar a propios y extraños, hace que la misma ciudad los expulse a lugares periféricos en los que los costos de vida puedan ser cubiertos más fácilmente y se desarrolla una vida comunitaria más llevadera. Lastimosamente estos barrios, casi siempre en las goteras del municipio de Soacha, pueblo vecino de Bogotá, no cuentan con la capacidad para albergar dignamente los centenares de familias que llegan mensualmente a buscar refugio. 16 OCHA (2014). Desplazamiento Masivo en Francisco Pizarra (Nariño). En línea: Recuperado el: 17 de Febrero. 17 OCHA (2014) Día de la Afrocolombianidad, Defensoría alerta por elevado desplazamiento en el Pacífico Colombiano. En línea: alerta-por-elevado-desplazamiento-en-el-pac%c3%adfico-colombiano-desplazamiento-forzado-valle-cauca-nari%c3%b1o- Valle-Choc%C3%B3-diversidad-cultural-Desplazados-Derechos-Humanos-Derecho-Internacional-Humanitario.htm. Recuperado el: 17 de Febrero. 12

14 Según cifras de la Unidad de Víctimas, a Soacha han llegado personas desplazadas de todo el país, quienes han entrado a engrosar los cordones de pobreza y miseria ya tradicionales en este municipio al sur de la Capital. Los últimos años ha llamado particularmente la atención la presencia de un flujo de población desplazada procedente del Puerto de Buenaventura que coincide con el incremento de las violencias en aquella ciudad, lo que hace suponer que de recrudecerse la situación en el Puerto se aumentará sustancialmente el número de familias llegando a Soacha a buscar refugio. Preocupan adicionalmente tres fenómenos que van en detrimento de las víctimas. En primer lugar la consolidación de un mercado irregular de tierras. Los barrios que las familias deben habitar, son en su mayoría de asentamientos urbanos adquiridos mediante invasiones hecha por actores ilegales dedicados a la compra y venta de terrenos, aprovechando la necesidad de las personas que llegan. Este hecho implica no solamente que se trata de predios sin escrituración, sino que suelen estar en zonas de alto riesgo o que no cuentan con los servicios públicos básicos para una vivienda digna. Además, este relacionamiento deja expuestas a las víctimas a los malos tratos y manejos que provienen de estas personas 18. En segundo lugar, alarma el hecho que hasta allí han empezado a llegar para instalarse grupos paramilitares pos desmovilización transfiriendo a estos territorios las violencias de otros sectores urbanos del país. Se comienzan a conocer casos de extorsiones, reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes y tráfico de estupefacientes. Es necesario recordar que muchos de los jóvenes asesinados mediante ejecuciones extrajudiciales, fenómeno conocido como falsos positivos, provienen de estas localidades. Por último, resultan inquietantes las dificultades que han tenido las autoridades locales y nacionales para dar una respuesta acorde a las problemáticas de la población víctima, impidiendo que se desarrollen procesos integrales que permitan la adaptación e integración de las comunidades desplazadas a este municipio. La lentitud en la atención, la precariedad de las asistencias humanitarias y los tropiezos en las soluciones de vivienda para miles de familias, permiten ver un escenario complejo para la superación de la crisis. Tendencias del desplazamiento forzado tras los acuerdos de Paz Este panorama nos permite inferir que no son pocos los obstáculos que se avecinan los próximos meses en materia de desplazamiento forzado y son seguramente los que deberá afrontar un proceso de implementación de acuerdos en los territorios una vez se logre la firma de la Habana. Para abordarlos desarrollaremos tres aspectos temáticos que transversalizan actualmente las dinámicas de desplazamiento forzado y que podrían afectar las tendencias generales del desplazamiento los próximos años algunas regiones del país. 18 Ver: 13

15 1. Dinámicas actuales de violencia en los territorios Las dinámicas actuales de violencia muestran dos versiones de la guerra que están articuladas actualmente pero que podrían tener una ruta distinta tras los acuerdos de paz. De un lado la guerra que ha mantenido la insurgencia con el Estado colombiano y de otro lado, las guerras que han emprendido los grupos paramilitares pos desmovilización con el Estado y entre sí, para ganar espacios geográficos y poder territorial que les permita mejorar su posición estratégica en el país. Como ha sucedido en otras experiencias de paz internacionales y aún, como se ha experimentado en Colombia cuando algún actor armado desaparece de escena, los grupos que quedan, incluyendo algunas facciones de las guerrillas que tomen rumbos propios, seguramente intentarán copar estos territorios, no solo para mejorar su posición militar sino sobre todo, para apoderarse de las fuentes de financiación, que posiblemente quedarán disponibles para nuevos actores. Esto implicará una nueva reconfiguración en los territorios, particularmente los que hacen frontera y sirven de corredores estratégicos para la salida de productos ilegales del país e ingreso de armamento. Estas modificaciones suelen producir efectos nocivos para las poblaciones que deben soportar las guerras que se tranzan entre estos actores y que suelen generar miles de nuevos desplazamientos masivos. La situación de Buenaventura es un ejemplo de lo que podría suceder en otras regiones del país con estas características cuando arrecian las disputas por los territorios entre grupos adversarios que, además de no tener preocupaciones por su imagen política, tienen ya la experticia del uso de la barbarie para amedrentar a sus contrincantes y a la comunidad en general. De otro lado la presencia de otros grupos armados más pequeños y focalizados que facilitan la financiación de las organizaciones más grandes como las bandas y los combos en las ciudades, es un elemento que posiblemente empezará a tener un mayor protagonismo. Las dinámicas que usan comúnmente los grupos para abastecerse, recaudar recursos mediante la extorsión y reclutar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes podrían eventualmente aumentarse si las pugnas por el territorio se hacen más violentas 19. Particularmente, la necesidad de tener que abastecerse de nuevos integrantes para remplazar los que fallecen durante las ofensivas, aumenta significativamente el riesgo de uso y vinculación de niños y niñas en la guerra. Este es un caso ya visto antes en el Valle y en el Norte de Santander que azota, no solo las zonas rurales, sino y tal vez sobre todo, los cascos urbanos de las medianas y grandes ciudades. Es usual también que en estos contextos se incremente el consumo y tráfico y micro tráfico de estupefacientes entre los más jóvenes y vulnerables y se aumente la delincuencia urbana y social sin que sea fácil identificar la pertenencia de los actores armados a un grupo en particular. El crecimiento de hurtos, extorsiones, préstamos gota a gota y violencia sexual, entre otras, puede convertirse en un factor importante para el desplazamiento forzado, pero además para el 19 Ver: Información a ofrecerse a la ciudadanía para la rendición de cuentas, temas de interés a la ciudadanía, Vice defensoría del Pueblo, Defensoría del Pueblo,

16 confinamiento de importantes grupos de pobladores que quedan atrapados entre las fronteras invisibles que estos actores suelen crear para ejercer control social y dominar el territorio. Por último, es necesario tener en cuenta las posibles migraciones forzadas que se pueden generar por la cada vez más notoria intervención de los actores armados en actividades asociadas a la extracción de recursos naturales, particularmente aquellas relacionadas con la minería. En este caso, la experiencia en los territorios nos conduce a considerar como factor de expulsión no solo el amedrentamiento con el que los actores armados suelen relacionarse con los pobladores y pequeños mineros y la sobre explotación que hacen de ellos, sino por las consecuencias ambientales que se van generando por la exposición de las fuentes hídricas a químicos y elementos tóxicos que la inhabilitan para consumo humano y animal así como para los sembradíos. El envenenamiento de las aguas y la subyugación de las comunidades a los designios de los actores armados van a tender a desplazar a las comunidades quienes intentarán buscar refugio y mayores posibilidades de supervivencia en otras regiones. Un ejemplo actual de ello es el Magdalena Medio, particularmente en las zonas mineras, donde la gente vive en la incertidumbre y bajo el temor de tener que salir de sus predios por la fuerza de las armas, o por la imposibilidad de vivir en un ambiente sano. 2. Soluciones duraderas Pero los desafíos no solo se plantean en relación a nuevos desplazamientos. Colombia es el segundo país a nivel mundial con mayor cantidad de desplazados internos, la inmensa mayoría viviendo bajo una situación de emergencia prolongada que puede extenderse muchos años en el tiempo 20. La incapacidad del Estado colombiano de proveer soluciones duraderas a millones de personas se convierte en uno de los mayores retos que se enfrentarán en materia de desplazamiento forzado, dado que las actuales políticas de retornos voluntarios, integración local y reubicaciones, no han colmado las expectativas de las víctimas, ni de las poblaciones de acogida. Las razones de que esto sea así no obedecen a factores unidimensionales, es más bien la combinación entre la falta de voluntad política de funcionarios de diferentes niveles y la precariedad de la estructura del sistema político colombiano para hacer que sus instituciones funcionen de manera correcta y armónica. La persistencia del clientelismo y la corrupción como prácticas cotidianas en el ejercicio de la administración pública impide que se hagan avances sólidos en este sentido en los territorios. Y esto resulta alarmante ya que solo en la medida en que se transformen estas prácticas será posible implementar unas políticas acordes con una paz sostenible y duradera. Ello es así, sobre todo, si asumimos que es precisamente en las regiones donde se ha desarrollado la mayor parte de la guerra y donde deben crearse las condiciones para modificar las estructuras injustas e inequitativas que dieron cimiento y alimentaron el conflicto por más de cinco décadas. 20 De acuerdo con cifras del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y el Centro de Monitoreo para el Desplazamiento Interno (IMDC), Colombia es el segundo país del mundo con mayor desplazamiento asociado al conflicto y la violencia después de Siria con 5.7 millones de víctimas. NRC y IMDC (2014), People Internally Displaced by Conflict and Violence. En línea en: 15

17 Particularmente, el 25 de octubre de 2015 será una fecha clave para esto. La próxima elección de alcaldes, gobernadores y concejales determinarán las personas que estarán rigiendo en las regiones y con ellas, el enfoque político que se implementará los siguientes cuatro años. Es importante notar que en estas elecciones no solo se está jugando un cambio en la dirección de los territorios o la reafirmación de ciertos políticos y partidos en los municipios y departamentos, sino que además se signará parte importante del éxito de los acuerdos que se realicen en la Habana ya que es precisamente en estos años cuando se deberán comenzarse a materializar las políticas que cimentarán las bases de la paz. El ejercicio pedagógico para la profundización de la democracia, la denuncia permanente ante malos manejos de los recursos públicos y la participación de los sectores sociales, y de las víctimas en especial, para la elaboración e implementación de los planes y programas locales y regionales producto de los acuerdos de paz, así como el acompañamiento técnico que hagan los organismos expertos en políticas públicas, serán vitales para alcanzar los objetivos deseados. Por otro lado preexisten otras violencias estructurales que harán aún más complejo el camino. La pobreza e inequidad social que se vive en los territorios y que golpea particularmente a la población desplazada, se convierte en un reto mayúsculo. Así lo explica la Contraloría General de la Nación en los resultados de la Primera encuesta sobre la ley de víctimas, al señalar que tres de cada 10 desplazados viven en extrema pobreza y que el 15% de grupos familiares encuestados no está inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV). 21 A la incapacidad del Estado Nacional de garantizar el Goce Efectivo de Derechos de la población desplazada se vienen a sumar dificultades territoriales para sacar adelante políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales de las comunidades en general y que por su particular vulnerabilidad, van en detrimento aún más de las víctimas desplazadas. Dificultades para el acceso a la educación en zonas rurales, a la salud y/o a la vivienda en condiciones dignas, se convierten en factores que hace aún más difícil que las víctimas puedan salir adelante por sus propios medios. Darle un vuelco a esta situación se convierte en un objetivo trascendental para evitar procesos de re victimización y la exposición a nuevas formas de violencia una vez se encuentran fuera de sus territorios de origen. Por último, es necesario avanzar en procesos que animen la hospitalidad en las comunidades de acogida para que las víctimas no sean vistas como un problema sino como una oportunidad para la región a la que llegan. Adelantar programas para reducir la discriminación y la xenofobia se torna urgente si se espera avanzar en soluciones duraderas. 3. Verdad, Justicia y Reparación Integral Desde el momento en que se promulgó la ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de tierras) era claro que iba requerir un esfuerzo sobresaliente del gobierno para su adecuada ejecución

18 Cuatro años después es evidente que, aunque su existencia es garantía de algunos de los derechos de las víctimas y ya hay una institucionalidad funcionando en torno a ello, aún es necesario avanzar en copar varios vacíos y eliminar barreras tanto normativas como del diseño institucional que lo sustenta. En primer lugar es necesario notar la existencia de una enorme dificultad en relación a la coordinación nación territorio. Esto hace que la oferta institucional llegue de manera muy lenta o definitivamente no llegue produciendo retrasos significativos en materia de atención y reparación. El ritmo de las administraciones locales para atender emergencias e incluir a la población víctima en las políticas públicas municipales es incipiente y la comunicación entre entes nacionales y regionales es escasa. Esta situación suele producir crisis humanitarias serias que hasta el momento han sido atendidas por organismos internacionales, y de manera precaria, por la misma institucionalidad. Por tanto, un objetivo necesario de alcanzar es avanzar en el compromiso institucional para asumir estas novedades y evitar nuevas crisis. Por otro lado, existe un proceso que interesa particularmente a las víctimas de desplazamiento y tiene que ver con la restitución de tierras y predios despojados y abandonados. Este proceso, aunque novedoso, aún deja mucho que desear. De un lado, por las dificultades que ha tenido el Estado de brindar protección a los reclamantes y a los funcionarios que tramitan las solicitudes y porque aún hay muchos predios despojados que no han podido comenzar el procesos de restitución por no pertenecer a las regiones micro focalizadas por el gobierno. De otro lado, se siguen presentando demoras injustificadas en los procesos y en ocasiones algunos funcionarios desconocen que este proceso se adelanta en un contexto de reparación, exigiendo a las víctimas pruebas imposibles de suministrar. Esto hace que los retornos se vuelvan muy complejos y las personas deban mantenerse refugiadas en las ciudades mientras se resuelve sus situaciones, disminuyendo las probabilidades de mejorar su calidad de vida 22. A su vez se identifica la falta de una política clara para las víctimas que fueron expulsadas de Colombia. Aunque la Unidad de Víctimas ha afirmado con insistencia que se están realizando avances en esta materia, lo cierto es que la mayoría de víctimas en el exterior y en la frontera no encuentran los mecanismos adecuados para registrarse y acceder a la atención y reparación. Esto se hace particularmente dramático en casos como la frontera colombo venezolana donde diariamente son deportados de Venezuela hacia Colombia decenas de víctimas que buscaban refugio en ese país tras ser expulsados por el conflicto armado de sus tierras de origen, sin que encuentren en el territorio nacional una respuesta adecuada a sus necesidades. Esta situación, que viene acrecentándose durante los últimos dos años y que seguramente, por la particular situación venezolana, va a continuar en aumento, merece una especial atención. Por último, al día de hoy existe una distancia importante entre el número de víctimas calculadas durante la elaboración de la política y las que realmente están registradas. Esto no solamente muestra las graves consecuencias que ha traído el conflicto armado los últimos 30 años sino que implica una

19 revisión de los recursos disponibles para adelantar los procesos de asistencia y reparación 23. Se trata de medidas económicas fuertes las cuales deben ser tomadas con prontitud de tal suerte que no se desborde completamente la capacidad del Estado y resulte una política inoperante y vacía en su implementación. En suma son múltiples los retos que enfrenta Colombia en una etapa de pos acuerdos, entre ellos, la superación de las crisis humanitarias actuales producidas por nuevos desplazamientos en los campos y ciudades y la solución a millones de víctimas que enfrentan emergencias prolongadas al no encontrar respuesta institucional, ni oportunidades económicas en una sociedad con altos niveles de pobreza y desigualdad. El Servicio Jesuita a Refugiados mantiene su interés de aportar a la resolución de estos problemas fortaleciendo su trabajo de acción humanitaria, acompañamiento a comunidades, prevención de dinámicas violentas y en general, defendiendo los derechos de las víctimas