A quién y a qué se dirigen las Políticas de Drogas: el lío de las drogas legales, ilegales y fármacos, un reto para el futuro.

Transcripción

1 Panel [5]: Políticas sanitarias: Retos, transformaciones y actores. Coordinadores: [Ana M. Guillén - Universidad de Oviedo; Amparo Almarcha Barbado - Universidad de La Coruña; Emmanuele Pavolini - Universidad de Macerata] A quién y a qué se dirigen las Políticas de Drogas: el lío de las drogas legales, ilegales y fármacos, un reto para el futuro. Joan Pallarés Gómez Universidad de Lleida jpallares@hahs.udl.cat 1. RESUMEN A lo largo de los últimos 40 años, nuestro país ha generado todo un conjunto de Políticas de Drogas, que se manifiestan en la gran variedad de programas de prevención, y de servicios asistenciales de tipo socio-sanitario. A finales de la década de 1970, emerge el consumo de heroína entre ciertos grupos, y con su extensión a lo largo de los 80 genera lo que algunos han denominado como la epidemia de heroína o la crisis de heroína, que llevará a crear un marco de visión y representación de la heroína como problema social y sanitario de enorme importancia y a extender la idea de problema al resto de las drogas ilegales, con el calificativo del problema de la droga que tantas lealtades y unanimidades construyó. 1

2 Las políticas sanitarias para hacer frente al problema fracasaron estrepitosamente en su gestión y control, por lo que la mortalidad y morbilidad generada por el consumo problemático de heroína, se cebó especialmente entre quienes compartían jeringuillas, y alcanzó unos niveles, junto a la difusión del VIH entre este colectivo, impensables en otros lugares de Europa, que desencadenaron otras políticas bajo la filosofía de la reducción de riesgos. En el año 1985, en plena crisis, se creó el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) con la finalidad de coordinar y potenciar las Políticas de Drogas, con el objetivo de dar respuesta a los daños ocasionados por el consumo de heroína. En la actualidad los consumos de drogas ilegales tienen una escasa incidencia en la mortalidad y morbilidad de los jóvenes, como han puesto de manifiesto los datos del último estudio sobre la salud de los jóvenes del INJUVE o de la Generalitat de Cataluña. Contra lo que difunde el discurso dominante en los medios de comunicación, y centrado en las drogas ilegales, se aprecia un mayor impacto negativo en el colectivo juvenil por el consumo de alcohol y tabaco que de drogas ilegales, especialmente de este último, y se certifica que un alto porcentaje de jóvenes consume fármacos. Estos hechos, no obstante son ignorados por los discursos de las Políticas de Drogas, y por el desarrollo de los programas de prevención y los modelos asistenciales, que se dirigen principalmente a consumidores de drogas ilegales. Por tanto, nos enfrentamos al reto y a la necesidad de redimensionar y redirigir las Políticas de Drogas del futuro, más en el actual contexto de crisis y de redefinición de las políticas de bienestar y los servicios asistenciales dirigidos a las personas en el ámbito social y sanitario. 2

3 2. UNA BREVE HISTORIA En los años sesenta y setenta se había intentado desarrollar un discurso basado en la peligrosidad de las drogas ilegales, que como una amenaza que venía de fuera se nos estaba introduciendo en una España exenta de problemas y contradicciones, este tipo de razonamiento no triunfó hasta principios de los ochenta coincidiendo con la difusión de la heroína. Gamella (2003) reconoce que el uso de drogas es una constante humana que se convierte en cuestión moral o penal y pasa a ser un problema social en ciertos casos pues no todas las deficiencias o daños que sufren los individuos o los grupos se convierten automáticamente en problemas sociales, ya que tiene que ver con pánicos morales, ficciones sobre las que se montan determinadas cruzadas, y que legitiman la intervención específica del poder político para reducirlo o erradicarlo (2003: 77). Para Romaní (2003) el prohibicionismo era el paradigma básico sobre el cual se construyó el <<problema drogas>>. Esta manera de entender las drogas implica la constante presencia en los medios de comunicación de noticias relacionadas con el consumo de heroína, muchas de ellas enfocadas para generar y aumentar la alarma social en torno la sustancia y sus consumidores jóvenes. Quinta (1979), como uno cualquiera de los cientos de ejemplos, escribe en el País del que en 1977 hubo en Madrid 718 atracos a farmacias con la finalidad de obtener drogas, en un artículo que titula de tal sugerente forma, El 1% de la población de Barcelona, adicta a la heroína. A pesar de ello, quienes han analizado el uso de drogas ilegales en España suelen coincidir en que no se manifiestan consecuencias negativas producidas por ello hasta que aparece el uso inyectado de heroína. De la Fuente et al., (2006) señalan que hasta entonces sus repercusiones sociosanitarias fueron aparentemente irrelevantes y no había problemas importantes del uso de otras ilegales, sino más bien del de alcohol y tabaco que por separado, causan más muertes y sufrimiento que todas las drogas ilegales juntas (de la Fuente et al., 2006:506). 3

4 Comas (1994) plantea que en España las drogas ilegales aparecen como marcador social del cambio, pues durante la etapa de la autarquía, nos habíamos mantenido al margen del complejo cultural de las drogas ilegales implantado en los países desarrollados desde finales del XIX. En la época de desarrollismo, el turismo trae a millones de europeos en vacaciones, emergiendo una cultura de fiesta, la tolerancia al consumo de drogas y la eclosión de comportamientos narcisistas. Para hacernos una idea más o menos coherente del número de consumidores en 1985, Navarro (2002:18), a partir de los datos que considera el Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD) en su documento de presentación, ofrece la estimación de consumidores de diferentes drogas de la tabla 1. En los años ochenta y a principios de los noventa, se produce un aumento de la mortalidad juvenil debido a la epidemia" i del consumo de heroína inyectada. Crisis o epidemia, por la rapidez en que se manifiesta, con importantes consecuencias negativas a nivel social y sanitario, no tan solo por los consumos de heroína, sino por la forma en que se consume y la respuesta o tipo de gestión sanitaria de la situación que se desencadena. La expansión de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) será un problema añadido, y contribuirá a situar a las drogas como uno de los problemas más importantes de los españoles, junto al paro y al terrorismo (Navarro, 2002), puesto que en el imaginario social se generó una importante alarma al ser magnificado el fenómeno. De manera resumida de la Fuente et al., (2006) han hecho un balance de las consecuencias: Al hacer un balance provisional de la epidemia de heroína las cifras resultan escalofriantes. Con los datos publicados se estima que unas personas han sido tratadas por dependencia de esta droga en centros que notifican al indicador tratamiento del PND, por lo que los usuarios problemáticos deben haber sido más de Unos inyectores de drogas (prácticamente todos inyectores de heroína) se han infectado por VIH, y bastantes más por VHC o VHB. Finalmente, se han producido entre y muertes por sobredosis o reacción aguda a drogas en más del 90% de los casos con implicación de heroína (de la Fuente et al., 2006: 509). 4

5 Visto este balance debemos otorgarle el lugar que ocupa entre los problemas sociales de la época, y atribuirlos no sólo a la sustancia en sí, sino también a la forma en que se intento dar respuesta al problema, de manera que las adulteraciones de la heroína por su estatus ilegal, y el paso de una parte importante del colectivo de consumidores a la administración de la sustancia por vía endovenosa para optimizar los efectos, son elementos importantes del problema, más cuando conseguir jeringuillas era difícil, lo que originó la práctica de compartirlas, contribuyendo enormemente a los contagios de VIH y VHC o VHB. 5

6 3. LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Romaní (2004) plantea que puesto que en la visión del mundo de los españoles la droga ocupaba un lugar central, en aquella época surge otro elemento indispensable para poder hablar de un problema social: la institucionalización de la intervención sobre drogas. La crisis de heroína, entre otras cosas, desencadenó una respuesta social y sanitaria que no evitó los problemas del consumo problemático de heroína y que no eliminó las consecuencias sociales y sanitarias muy negativas para los consumidores, especialmente de los que compartían jeringuillas. En cierta forma todo contribuyó a fortalecer la visión del problema de la droga. Borràs y Sardà (2003:122) analizando como surgieron las redes de atención hacen una declaración explícita según la cual lo que atendemos no son principalmente problemas de drogas, en el sentido de que los efectos de tal o cual sustancia sean, por sí solos o principalmente, la causa de tanta patología. En realidad dicen que atendían: problemas de salud mental o conflictos de orden psicológico (principalmente patología dual); problemas relacionales, conflictos familiares (de pareja o entre padres e hijos), y emergencias sociales (pobreza, marginalidad) así como procesos migratorios difíciles. Añaden que los tres grupos que citan no son mutuamente excluyentes, puesto que a menudo se mezclan en un mismo individuo o situación y el consumo de drogas puede ser un recurso (automedicación) para paliar sus problemas. Puesto que la sociedad reclama una solución urgente al problema de la droga, dicen que no se produce un debate sobre su esencia, y lo que resulta más fácil es culpar a las personas consumidoras y centrarlo todo en la droga, encubriendo las negligencias en políticas sociales de las administraciones. Borràs y Sardà (2003) en su análisis sobre la creación en los años ochenta de las redes de atención a las drogodependencias, se refieren a ello como una respuesta urgente a una creciente presión social, y hacen referencia a las iniciativas locales de profesionales interesados en el tema y con suficiente influencia institucional como para canalizar los recursos generados por el creciente clamor social (2003:119) y al hecho de que la 6

7 urgencia de las respuestas influyó en que éstas fueran simples, rígidas y, en ocasiones, inadecuadas (2003:134). Coinciden en la valoración que hace la Unión de Asociaciones de Drogodependientes (UNAD) sobre la respuesta asistencial a los problemas de heroína, indicando que ésta se produjo principalmente por la reivindicación de familiares, y se desarrolló más por impulsos individuales que de una manera organizada y coordinada, surgiendo no sólo múltiples carencias, sino errores e importantes desigualdades de unas localidades a otras. Para la UNAD en los 80 se crean buena parte de las entidades sin ánimo de lucro que trabajan con el colectivo de drogodependientes (en buena medida formadas por familiares) y no es hasta mitades de la década de los 80 -con la creación del PNSD- que se ordena la expansión asistencial de las diferentes iniciativas sociales (locales, autonómicas, privadas y públicas) que se había ido creando en la década anterior gracias a la labor de entidades sin ánimo de lucro, siendo las comunidades terapéuticas ubicadas en zonas rurales el único recurso asistencial, que implicó un elevadísimo volumen de fracasos (abandonos, recaídas, etc.) debido a sus exigencias terapéuticas y al alejamiento del entorno social del drogodependiente. Según UNAD estos fracasos implicaron la búsqueda de nuevos recursos asistenciales para los drogodependientes que no encajaban en el perfil de las comunidades terapéuticas. Sepúlveda (2011) reflexiona sobre el modelo de tratamiento que emerge en los ochenta, fundamentado en la creencia de que los usuarios de drogas cesarán en su deseo por el simple hecho de entrar en un tratamiento, y en percepciones no basadas en evidencias sobre las personas con problemas de dependencia. Para defender su hipótesis se refiere al libro de Freixa y col. (1981) como el manual que sirvió de base formativa a la mayoría de profesionales encargados de desarrollar los programas y políticas de tratamiento de drogodependencias de las redes públicas de nuestro país, y critica el enfoque del mismo por estar poco fundamentado en la práctica clínica. Lo ve falto de verosimilitud, especialmente el capítulo 14 Clínica de los opiáceos elaborado por Soler y Solé en el que se llega a afirmar que El heroinómano suele ser descrito como falto de escrúpulos morales, fabulador ( ) La sensación de irresponsabilidad hacia sí mismo y hacia los demás que estos pacientes provocan es grande. 7

8 Megías (1987:10) refiriéndose a aquellos primeros momentos de creación de una red asistencial, planteó algo parecido: Además, es forzoso reconocer que en la asistencia a toxicómanos, hasta estos momentos, hemos carecido en gran medida de unos planteamientos analíticos y metodológicos que nos permitieran establecer unas correlaciones lógicas de indicación y, mucho menos, evaluar las mismas. No está totalmente claro por qué mandábamos lo que mandábamos y, aún menos claro, que eso sirviera o sirviera más que otra cosa. Megías reconoce las incongruencias, aunque respecto al modelo asistencial y los consumidores existían toda una serie de ideas y nociones, que deberían haberse tenido en cuenta, algunas de las cuales pasamos a analizar. Se sabía que aunque las personas que solicitaban atención «parecían» todos iguales, presentándose como dicen Funes y Mayol (1989:29) ante los profesionales de los servicios de atención como padecedores del mismo problema, tenían muchas diferencias sociales y sanitarias, aspectos estos que eran claves para que su proceso terapéutico fuera distinto. Funes y Romaní (1985) fueron de los primeros en enfatizar tal diversidad que había de comportar según ellos recuperaciones diferentes. Existían distintas formas de plantear el modelo asistencial, pero el modelo se escoró en entender la relación curador-paciente e institución-paciente como proceso no sólo de curación, sino de control y de normatización social (ver Freidson, 1978; Szasz 1990 y 1993) ya que muchos de los comportamientos que se habían definido como «enfermedad» al ser, de hecho, situaciones sociales que se medicalizaron, no tenían una solución médica (Rodríguez y De Miguel 1990:9). El comportamiento de muchos de los consumidores de heroína que entraron en las redes asistenciales era un comportamiento que en muchos casos no evidenciaba dependencia farmacológica, sino carencias o conflictos individuales y sociales como anteriormente señalaban Borràs y Sardà (2003), pero históricamente el pensamiento en materia de tratamiento y prevención había estado dominado por consideraciones de orden farmacológico, ignorándose en la mayoría de programas otros aspectos (ver Jaffe 1981:116). Así se priorizó la sustancia, el dependiente, y los recursos se movilizaron 8

9 para esta condición de dependiente, no para otras situaciones carenciales del individuo como por ejemplo: salud, trabajo, vivienda, entre otros. Hasta la llegada de los programas de reducción de daños se da un predominio de la visión eminentemente farmacológica y médica (Pallarés, 1994). En el desarrollo de los servicios asistenciales, hasta la aparición de los de reducción de daños, se pueden diferenciar tres etapas. Una primera, definida por la inexistencia de una red pública de tratamiento, y una oferta centrada en comunidades terapéuticas para drogodependientes (CTD) no profesionales y en los servicios privados médicos y psiquiátricos. Una segunda, en que se replantea la atención, dada la creciente demanda, y que origina respuestas desconectadas (a nivel municipal, autonómico y nacional) sobretodo públicas, aunque también privadas. Esta segunda etapa coincide con un momento de implantación y crecimiento de los servicios sociales; con el surgimiento del PNSD como intento de racionalizar la oferta asistencial pública (así como de definir qué tipos de servicios es necesario crear), y con el esfuerzo por poner cierto orden y control en el ámbito del tratamiento. Y una tercera etapa, que tiende a la consolidación de las redes públicas de tratamiento; control de los servicios privados; regulación de los tratamientos de mantenimiento con metadona y otros opiáceos y con una creciente preocupación por la integración social de los asistidos mediante la implantación de programas de reducción de daños. 9

10 4. PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS. UN INTENTO DE NORMALIZACIÓN Como hemos dicho, hasta la creación del PNSD, las ofertas de tratamiento estaban muy ligadas a las CTD -que tendrán un gran protagonismo en los medios de comunicación las más de las veces por noticias negativas (Comas, 2006)-, y a las ofertas de servicios médicos y psiquiátricos de tipo privado. Desde principios de los años ochenta crece la demanda de tratamiento, y en los medios de comunicación social hay un constante goteo de noticias alarmantes respecto los problemas de drogas (ver Usó, 1996), y empieza a existir una fuerte demanda social de centros de tratamiento. En 1985 se crea el PNSD, en un intento de oponer la racionalidad al alarmismo y se apuesta por otro tipo de búsqueda de soluciones que permitan una coordinación de los esfuerzos de las distintas administraciones, como aparece en el mismo documento de presentación del PNSD: El consumo de drogas se ha convertido en uno de los problemas que suscita mayor preocupación en la sociedad española. Los análisis que surgen de esta preocupación están constituidos, en muchas ocasiones, por un conjunto de tópicos, mitos, lugares comunes, etc., que en nada contribuyen a un enfoque sereno. (PNSD, 1985: 17). Cuando surge el PNSD se plantea el debate respecto a si los recursos y respuestas sociales a las drogodependencias deben abordarse desde lo específico o desde lo general, puesto que existen recursos asistenciales públicos con carácter general que podrían ser de utilidad, tanto desde los servicios sociales como desde los sanitarios. Dado que la intervención en el ámbito drogodependencias ponía en relación servicios sociales y sanitarios, el PNSD, (ver PNSD 1987) se planteó desde sus inicios: Como criterio general, el Plan estableció que la asistencia al toxicómano requiere de un enfoque integral que evite modelos de tratamiento parciales o aislados, o con un sesgo profesional excesivo. (...) El modelo de asistencia plantea tres premisas básicas: -Complementariedad entre servicios de salud y servicios sociales. 10

11 -Potenciación de las redes generales de servicios asistenciales frente a la creación de servicios paralelos especializados. -Promoción de fórmulas alternativas de internamiento.. PNSD (1987:10). A pesar de los propósitos expuestos la realidad que se creó rápidamente fue otra: desconexión entre los servicios de salud y los sociales, creación de servicios asistenciales específicos y paralelos a los existentes y dificultades para las opciones asistenciales pensadas desde el interés de la salud pública o de reducción de riesgos. Funes (1991: ) reflejó algunos elementos de aquella situación diciendo que: escasamente el 20% de las personas con problemas de importancia en relación con las drogas acuden a los servicios de atención a las drogodependencias, quedando muchos de los más degradados lejos de los recursos; la mayoría de personas con dificultades, en cambio estuvieron en contacto con servicios asistenciales de atención primaria pero fueron derivados a otros ámbitos; la exigencia de los programas libres de drogas hace que vayan pocos a los servicios de atención a las drogodependencias y que de los que van se queden pocos; los objetivos de los servicios son demasiado rígidos y sólo desde otra visión de las drogas serían pensables actuaciones que tendieran a reducir el peso y la importancia que las drogas llegan a tener para ciertas personas. Romanï et al. (1989) refiriéndose a un estudio con los dependientes de heroína de alto riesgo, señalan las circunstancias en las que se encontraban respecto a la respuesta asistencial en términos parecidos a Funes: distancias mutuas entre los dependientes de alto riesgo y los servicios asistenciales; exigencias terapeúticas que son consideradas como excesivas; tratamientos más elásticos cuando se producen ingresos por otras enfermedades; su mal pronóstico los excluye de algunos servicios por criterios de rentabilidad; largas listas de espera que los alejan aún más de los recursos de drogas y excesiva burocratización. A pesar de todo a finales de los 80 y principios de los 90 empiezan a surgir voces críticas y nuevas propuestas. Así, Megías (1987) plantea cuatro grandes posibles objetivos en la intervención terapéutica, los cuales pueden tomarse en un sentido progresivo, a valorar según las circunstancias de cada individuo que solicitase asistencia: mejora de la calidad de vida del drogodependiente sin modificar la dependencia; mejoras parciales en relación con el consumo, para abordar otros aspectos 11

12 terapéuticos; sustitución controlada de la droga por otra con menos consecuencias personales y sociales, y por último eliminación de la dependencia y consecución de la abstinencia como definitoria de la forma de vida. Megías ya planteaba que el abordaje de esos objetivos alternativos, requería programas complejos y pluridimensionales, que se sirvieran de dispositivos asistenciales diversos, funcionalmente integrados para posibilitar una acción global, coherente ordenada y ajustada a las necesidades individuales (Megías, 1987:18). Y precisaba de la coordinación de la asistencia médica y social, para utilizar una gran gama de recursos. 12

13 5. LA APARICIÓN DE LOS PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DE DAÑOS. Desde finales de los 80 se manifiesta entre muchos profesionales la necesidad de nuevos programas, capaces de acercar los servicios a aquellas personas susceptibles de necesitarlos, sin excluirles por motivos que eufemísticamente se decían terapéuticos: recaídas, no adaptación al programa, no aceptar lista de espera, etc.; pero que en el fondo eran criterios morales e ideológicos, y respondían a una visión de las drogas altamente moralizada y en absoluto técnica o integradora. Lo que se dirimía era cómo flexibilizar y normalizar los servicios asistenciales, abriéndolos a toda la población que necesitaba de ellos, y a la par, rentabilizar las intervenciones y recursos existentes. El objetivo más inmediato era reducir la incidencia del VIH y de otras enfermedades contagio-infecciosas, y disminuir los delitos relacionados con los consumidores problemáticos. Trujols et al., (2010) se han referido a la incidencia que tuvo el conocimiento de los efectos del VIH y de su rápida expansión entre los usuarios de drogas por vía parenteral, para favorecer los programas de reducción de daños y riesgos, junto la evidencia del fracaso de la oferta terapéutica basada en la abstinencia, y la tendencia a modificar la visión jerarquizada del profesional y del usuario, que consideraba al drogodependiente como persona no competente. Mino (2000) señala que hacia finales de los 80 el VIH se constituye en el catalizador de los nuevos modelos preventivos y terapéuticos, organizados en el marco de la política de reducción de riesgos o daños, para minimizar los efectos negativos asociados al consumo de drogas. Hasta entonces, la guerra contra las drogas, era el objetivo casi exclusivo de gobiernos y especialistas, basada en la reducción de la oferta y la demanda, y privilegiando en lo terapéutico la prevención del uso y la abstinencia rápida entre los consumidores. El modelo de reducción de daños que en aquellos momentos se llevaba a cabo en Holanda y Reino Unido consiguió que, a diferencia de España, tener un bajo impacto de sida y de hepatitis B entre los consumidores de heroína. 13

14 Trujols et al., (2010) plantean que en España se produjo un desarrollo tardío de una aceptable red de programas de mantenimiento con metadona y de intercambio de jeringuillas, lo cual viene a explicar las altas tasas de mortalidad de sida en el colectivo que comparten jeringuillas y de muertes por sobredosis, muchas de las cuales probablemente se hubieran podido evitar ii, pero la obsesión por hacer frente al problema de la droga y de ganarle la batalla llevó a realizar medidas que fueron desastrosas para la salud pública, aunque se publicitasen como defensoras de la misma: Por su parte, los tratamientos de mantenimiento con metadona (TMM), una de las intervenciones más efectivas para disminuir las repercusiones del uso de heroína (mortalidad, infecciones, problemas sociales), fueron fuertemente restringidos por una norma legal en 1985 y sólo se desarrollaron ampliamente, aunque de forma desigual según las Comunidades Autónomas (que desde 1990 tenían plenas competencias para hacerlo) después de 1992, cuando lo peor ya había pasado, y tras una intensa batalla frente a sus múltiples detractores de la sociedad civil y de los servicios de prevención y atención a las drogodependencias (algunos convertidos luego felizmente en gestores de los mismos). (de la Fuente et al., 2006:506-7) Siguiendo a estos autores vemos como al extenderse los TMM y los programas de intercambio de jeringas a partir de mediados de los noventa, se atenuaron las repercusiones del uso de heroína a las que refieren en la cita, aunque apuestan que el principal determinante fue la disminución de la práctica de consumir heroína inyectada, que se fue sustituyendo por la práctica de fumarla, con lo cual abogan por la eficacia producida por cambios culturales más que por las políticas públicas llevadas a cabo, por lo que no se debe sobrevalorar el efecto de las mismas. 14

15 6. LA SITUACIÓN ACTUAL A medida que transcurren los años noventa se va consolidando una nueva visión sobre los consumos de drogas, y sobre sus consumidores, que dejan de verse como marginales y problemáticos y pasan a percibirse como integrados, y sus formas de consumo insertadas y enclavadas en los tiempos y espacios de ocio. Durante los noventa se produce la difusión de las drogas de síntesis y de las estimulantes, especialmente cocaína, en contextos de fiesta, junto al alcohol y cánnabis. Este modelo se desarrolla sin grandes cambios hasta que a partir de 2007 empieza a vislumbrarse un estancamiento o reducción en los consumos, aunque parece que vuelve a remontar con el cambio de década. Vistos los problemas acontecidos con el consumo de heroína triunfa la idea de que las drogas deben abordarse fundamentalmente desde la vertiente preventiva, para evitar luego males mayores. En la Tabla 2, que recoge los últimos datos respecto a los programas de prevención podemos ver el alcance en cuanto a participantes de estos programas. Por otra parte, las demandas de tratamiento por heroína dejaron de ser por primera vez en 2005 las que motivaban las mayoría de admisiones a tratamientos (excluyendo alcohol y tabaco) cediendo el lugar a la cocaína, aunque venían descendiendo desde En 2007, según los últimos datos elaborados del Observatorio Español sobre Drogas (OESD), el total de demandantes fue de personas, de las cuales el 45,6% fueron por cocaína, frente a un 37,4% de heroína, el cannabis tuvo el 11,7%, y apenas en torno al 5%, el resto; su edad media fue de 33 años (ver OESD, 2009). Asimismo informa, que en 2007 se registraron admisiones de tratamiento por alcohol. Cabe decir que el policonsumo entre los admitidos está muy extendido. En la Memoria del PNSD de 2008 podemos ver que la distribución de los atendidos (admitidos nuevos y los que ya estaban en tratamiento) es bastante regular por todas las CCAA y que los centros ambulatorios (80.397) y los programas de metadona (81.390) concentran a la mayoría de los atendidos. También podemos ver que los atendidos por 15

16 alcohol en 2008 ( personas) son casi el 61% respecto las personas tratadas en Centros ambulatorios ese mismo año (80.397), de lo cual podemos inferir que en un futuro, excepto personas que estén en mantenimiento por metadona, los tratamientos estarán centrados en alcohol y cocaína principalmente. Si atendemos a la evolución del gasto en drogas por áreas de intervención del PNSD, vemos que si tomamos como base el año 1986, el incremento del gasto ha sido hasta el año 2008 del 1.456% y que pese al incremento constante en prevención se ha venido produciendo un importante incremento del gasto en asistencia y reinserción. Con todo, en los últimos años, se produce una situación de máxima difusión e implementación de programas de información y prevención en el territorio español, muy especialmente dirigidos a aquellos que están en edad escolar, y centrados en evitar o postergar el inicio al consumo de las distintas drogas, legales e ilegales. Todo este gasto en prevención contrasta con la imagen normalizada que los jóvenes tienen respecto sus consumos de drogas en contextos de fiesta y la preocupación que, no obstante, genera en otros colectivos, muy especialmente entre los de los familiares, educadores y, sobre todo, entre los profesionales socio-sanitarios (Pallarés et al., 2009:64). La necesidad de intervenir preventivamente, proviene de sus demandas, no de las de los jóvenes, y la mayoría de las veces responden a una representación social conformada en términos de alarma sobre los riesgos que los jóvenes asumen con sus consumos, y no sobre los problemas reales en términos de salud de los mismos. Rodríguez et al. (2008) han planteado acertadamente que el concepto de riesgo es polisémico y complejo, y que puede confundirse con la probabilidad del daño o con su origen o fuente. Esta contradicción evidencia algo a lo que se vienen refiriendo distintos autores, entre ellos Romaní (2010) cuando critica el intento de confundir el concepto de riesgo con una situación de peligro o amenaza identificándolo con el daño, para así naturalizar el concepto, negándole sus raíces históricas y políticas. Se olvida que ciertas actividades de riesgo son imprescindibles para el crecimiento de adolescentes y jóvenes, para familiarizarse con los riesgos y favorecer su gestión. Los jóvenes experimentan con las drogas porque ven ciertos beneficios, no sólo riesgos (ver Rodríguez et al., 2008; Rodríguez, 2010). Y aunque es evidente que el alcohol causa muchas más muertes al año que las sustancias ilícitas, (Rodríguea et al., 2008:13) genera menos alarma. Por 16