Un estudio en el Partido de Moreno

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1 NECESIDADES JURÍDICAS INSATISFECHAS Un estudio en el Partido de Moreno Por MARTÍN BÖHMER SOLEDAD PUJÓ MARIANO FERNÁNDEZ VALLE DIEGO FREEDMAN 1 1 En la redacción final del informe colaboraron Julieta Rezaval, Andrea de la Fuente, Noelia Nuñez y Alejandro Orozco y Villa.

2 RESUMEN El presente informe refleja los resultados del estudio de necesidades jurídicas insatisfechas realizado durante el año En este sentido, el trabajo que aquí se presenta describe el basamento teórico de la investigación, la metodología utilizada, los resultados del relevamiento de necesidades jurídicas efectuado, y una serie de propuestas preliminares aplicables al Partido de Moreno y destinadas a mejorar cuantitativa y cualitativamente el acceso a la justicia de los habitantes. I. PRESENTACIÓN GENERAL 1. INTRODUCCION Este estudio responde al interés por obtener información acerca de las necesidades jurídicas insatisfechas de los sectores social y económicamente desaventajados del partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires. En el contexto actual de nuestro país, donde a la pobreza existente se suma a la creciente desigualdad socioeconómica, se observa que una amplia franja de población no logra satisfacer sus necesidades esenciales. En efecto, a la situación de vulnerabilidad social en la que se encuentra una amplia capa de la población, se puede agregar la particular relación de conflictividad con el sistema jurídico que mantiene un gran número de personas. Esta conflictividad puede entenderse como un amplio abanico de experiencias frustradas de acceso a la justicia, especialmente la imposibilidad de contar con los servicios jurídicos de un abogado, por parte de las personas de menores recursos económicos que se cristalizan socialmente en la desconfianza en los operadores jurídicos y en el ordenamiento normativo. En relación con este punto es fundamental revertir esta sinergia negativa que acentúa los procesos de exclusión y restricción de las posibilidades de ejercicio efectivo de los derechos de las personas. Desdichadamente, en nuestro país no se ha profundizado lo suficiente en el análisis de las problemáticas de acceso a la justicia y, en particular, en el estudio de las necesidades jurídicas insatisfechas. El déficit de conocimiento sobre este tema y el diseño poco participativo de las políticas públicas ha tenido como consecuencia que importantes sectores de la población no accedan a los mecanismos institucionales para reclamar y efectivizar sus derechos, principalmente, por verse privados de los servicios jurídicos gratuitos de un abogado. Por estas razones, consideramos que es fundamental comenzar por conocer cuáles son las problemáticas, las expectativas y las demandas de la población en un contexto social determinado, en los derechos que son vulnerados a diario y en la carencia de acceso a vías institucionales para revertir esta situación. De esta forma, este estudio se propone, por un lado, identificar la cantidad y tipo de problemas jurídicos de la población residente en el Partido de Moreno, provincia de Buenos Aires, las respuestas que adoptan frente a éstos, la relación con los abogados y cuáles son los obstáculos que impiden el acceso a mecanismos institucionales de justicia para la prevención y resolución de conflictos. Por otro lado, se propone producir información relevante para el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas que logren dar respuesta a las necesidades concretas de la población y garanticen un acceso igualitario a la justicia. A modo de ejemplo, si se percibe que abundan problemas con la 1

3 prestación de los servicios públicos, resultaría deseable que la política pública de justicia se dirija a capacitar abogados en derecho administrativo, derecho de interés público, derechos de usuarios y consumidores, para que respondan a esta problemática eficientemente. Asimismo, si se percibe que uno de los principales obstáculos es la falta de acceso a los abogados porque se encuentran alejados de los lugares en que habitan ciertos sectores de la población o sus honorarios son excesivos para ciertos sectores sociales, será necesario que el Estado dirija sus esfuerzos a asegurar dicho acceso descentralizando los servicios letrados, reduciendo sus costos, ampliando las obligaciones de las entidades que los agrupan. En definitiva, se busca obtener información cierta y actual sobre todas aquellas variables relevantes a los fines de construir diseños institucionales de justicia sobre la base de lógicas igualitarias. Durante el año 2003, se realizó un relevamiento y un análisis comparativo sobre los estudios de necesidades jurídicas realizados en otros países. Este trabajo permitió apreciar las ventajas y desventajas de las herramientas utilizadas en los estudios internacionales y se evaluó con detenimiento y profundidad los potenciales hallazgos, debilidades y fortalezas de un estudio de necesidades jurídicas en la Argentina. Asimismo, fue posible advertir el impacto que tienen estas investigaciones en el diseño e implementación de políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a la justicia. Este trabajo sentó las bases para el posterior diseño de un marco teórico y la metodología para estudiar las necesidades jurídicas en Argentina y, sobre la base de ello, se decidió realizar esta investigación piloto en el partido de Moreno. A su vez, este diseño puede constituirse en un modelo para una futura réplica a mayor escala que permita obtener información sobre todas aquellas variables relevantes a los fines de construir diseños institucionales de justicia sobre la base de lógicas igualitarias que garanticen un mayor y mejor acceso a la justicia de toda la población y la efectividad plena de sus derechos. 2. ANTECEDENTES DEL TEMA Los antecedentes de este estudio consisten, en primer lugar, en las investigaciones realizadas en otros países sobre necesidades jurídicas insatisfechas (unmet legal needs). La importancia de estos estudios de necesidades jurídicas fue apreciada por numerosos países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, que obtuvieron una base empírica pertinente para diseñar políticas de justicia con fines equitativos. Por un lado, en Estados Unidos se desarrollaron en forma extensa los estudios sobre necesidades jurídicas insatisfechas: se llevó a cabo una encuesta nacional (a cargo de la American Bar Association) y se hicieron estudios locales en diversos estados (New York, Vermont, New Jersey, Oregon, Missouri, Massachussets, California, Ohio, Alaska, Florida, Washington State, Delaware, Connecticut, Montana, North Carolina y el Distrito de Columbia). Por otro lado, debemos destacar las investigaciones y documentos de trabajo realizados en el Reino Unido (Legal Services Research Centre), en la región de New South Wales en Australia (Law and Justice Foundation) y en la región de Ontario en Canadá (Maine Commission on Legal Needs). En América Latina puede reseñarse que estudios similares han sido efectuados en Venezuela (Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela), en Chile (Departamento de Estudios 2

4 Sociológicos de la Universidad Católica de Chile) y, en nuestro país, en la Ciudad de Córdoba. La mayoría de los estudios internacionales señalados establecieron un diseño metodológico mixto (triangulación metodológica entre técnicas de recolección cuantitativas y cualitativas). En primer lugar, realizaron un relevamiento cuantitativo principalmente, sobre la base de encuestas personales realizadas a una muestra representativa de la población y, en segundo lugar, se complementó la información obtenida con los datos de entrevistas en profundidad tanto a personas social o económicamente desaventajada con necesidades jurídicas insatisfechas como a actores sociales identificados como relevantes miembros de Organismos No Gubernamentales, de Organizaciones Comunitarias de Base, Entes Gubernamentales, funcionarios del Poder Judicial, entre otros. Finalmente, en muchos casos se realizó un relevamiento de los prestadores de servicios jurídicos gratuitos para poder conocer la brecha existente entre la oferta y la demanda real o potencial de servicios jurídicos. Estos estudios pudieron determinar el tipo y cantidad de problemas jurídicos más frecuentes entre los sectores social y económicamente desaventajados, la incidencia de factores socioeconómicos, culturales e institucionales y las barreras en el acceso a la justicia, es decir, los motivos por los cuales ciertas personas no accedieron al sistema de justicia, o bien, no quedaron satisfechos con el tratamiento judicial del problema. En general, las conclusiones establecen que los sectores de menores ingresos poseen un mayor número de problemas jurídicos, padecen problemáticas similares y enfrentan una serie de barreras específicas o más intenstas para acceder al sistema jurídico, especialmente a los servicios de un abogado, que los hace vulnerables frente a situaciones que afectan o ponen en riesgo sus derechos. Los resultados obtenidos muestran que las características socioeconómicas y culturales condicionan el acceso al sistema judicial y los obstáculos más importantes que se presentan en los sectores de menores recursos son: la escasez de recursos económicos para pagar un abogado, el desconocimiento de las leyes, la falta de información sobre los proveedores de servicios jurídicos gratuitos, la no-visualización de las vías jurídicas como mecanismos de respuestas a ciertos problemas, la falta de confianza de los procesos judiciales como mecanismos de resolución de conflictos, entre otros. Paralelamente, el costo económico de los trámites, el tiempo que conlleva el litigio, la distancia geográfica a los tribunales, la complejidad del lenguaje y las reglas que regulan la instancia judicial y la ineficacia en el funcionamiento de los tribunales son aspectos de la dinámica institucional inherente al sistema de justicia que operan como filtros para el acceso a la justicia, particularmente para los estratos socioeconómicos bajos que los sufren con mayor intensidad. En segundo lugar cabe mencionar que en Argentina se han desarrollado muy pocas investigaciones sobre necesidades jurídicas insatisfechas. Uno de los estudios realizados que guarda cierta relación con esta temática se ha enfocado en el análisis de la oferta de servicios jurídicos en la Ciudad de Buenos Aires. Más específicamente, durante el año 2000, el Instituto de Estudios e Investigaciones de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires realizó un relevamiento de los servicios de asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito de carácter 3

5 público/estatal 2. Este estudio, en particular, se centró en las características de cada servicio respecto de los siguientes aspectos: 1) Espacio: acceso, visibilidad, información y recursos; 2) Funcionamiento y dinámica: sistema de turnos y tiempo de espera, criterios formales e informales de admisión de casos y derivaciones y calidad de la atención; 3) Perfil de los demandantes y características de la demanda: características socioeconómicas, trayectorias, uso y valoración del servicio 3. En cuanto a la descripción de la población usuaria, este trabajo advierte que, por un lado, la demanda de asesoramiento y patrocinio jurídico ha aumentado considerablemente en los últimos años debido al crecimiento de los problemas sociales vinculados con la pobreza y el desempleo y, por otro lado, se ha producido un cambio en el perfil de la población usuaria así como también del tipo de conflictos que estos servicios deben tratar dado que el principal usuario de estos servicios en la actualidad son los nuevos pobres, es decir, los sectores medios empobrecidos. Los resultados obtenidos advierten que los servicios son valorados positivamente por los usuarios en cuanto al compromiso y la buena atención que brinda el personal. No obstante, plantean deficiencias en cuanto a: la ausencia de criterios objetivos en la aceptación de casos, cierto desfasaje entre las especializaciones existentes y el nuevo tipo de demandas de atención, las deficiencias en infraestructura y la ausencia de formas de control del público sobre la marcha de los casos y sobre las acciones emprendidas por el personal. Finalmente, se concluye que si bien estos servicios cumplen una función importante, trabajan con una población acotada y pueden incluirse dentro de políticas asistencialistas; es menester que se establezcan políticas públicas universalistas que garanticen los derechos establecidos en las normativas vigentes. 3.CONSIDERACIONES TEÓRICAS 3.1. La importancia del acceso a la justicia para la construcción del Estado Constitucional de Derecho El derecho de acceso a la justicia puede ser definido como la igual posibilidad de todas las personas para acceder a los procesos de defensa de derechos 4. Estos mecanismos pueden concretarse en vías administrativas y judiciales o pueden ser instancias informales como los medios alternativos de resolución de conflictos (mediación, conciliación). La Constitución Nacional, así como los pactos de derechos humanos ratificados por este país que hoy poseen jerarquía constitucional, reconocen el derecho fundamental de toda persona a acceder a un tribunal de carácter 2 Fueron incluidos dentro de esta categoría el Centro de Formación de la Facultad de Derecho de la UBA, las Defensorías de Pobres y Ausentes en lo Civil y Comercial, la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio Público de Abogados y el Programa Asistir del Ministerio de Trabajo de la Nación. Asimismo, no fueron incluidos los servicios de asistencia y patrocinio de ONGs o de carácter privado aún cuando sean gratuitos. 3 Se aplicaron técnicas de observación participante y entrevistas semiestructuradas a una muestra de hombres y mujeres usuarios de los servicios. Además, se hicieron entrevistas no estructuradas a quince funcionarios con cargos de responsabilidad en los servicios estudiados. 4 Cfr. LAW AND JUSTICE FOUNDATION, Access to Justice and Legal Needs Project. Ver: SCHETZER, Louis, MULLINS, Joanna, BUONOMANO, Roberto, Access to Justice & Legal Need. A project to identify legal needs, pathways and barriers for disadvantaged people in NSW. Background paper, Law & Justice Foundation of New South Wales, New South Wales, 2002, p

6 jurisdiccional que dirima sobre sus derechos y obligaciones 5. A nivel provincial, el derecho al acceso efectivo a la justicia se encuentra garantizado en el artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. De forma clara y expresa, la ley suprema de la provincia, asegura el derecho de todo individuo al acceso irrestricto a la justicia y, específicamente, a fin de garantizar el pleno ejercicio de este derecho, prescribe la gratuidad de los trámites y la asistencia letrada a quienes carezcan de recursos suficientes, así como la inviolabilidad de la defensa y de los derechos en todo procedimiento administrativo o judicial. Más allá del andamiaje normativo, el acceso a la justicia resulta deseable en un Estado Constitucional de Derecho, ya que cumple dos objetivos fundamentales. En primer lugar, permite la efectivización de los derechos legal y constitucionalmente reconocidos y la resolución de conflictos sociales, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de las personas y posibilitando un mayor grado de realización de la autonomía personal. En segundo lugar, posibilita la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y, de esta forma, en la instalación en la arena pública de ciertos temas que no se vehiculizan a través de los canales institucionales existentes. La representatividad política argentina es imperfecta y aún no se encuentran satisfechas las condiciones mínimas para una deliberación social en igualdad de condiciones, razón por la cual dichos procesos suelen excluir precisamente a aquellos sectores con dificultades para encontrar canales de voz. Esta situación 5 En el ámbito nacional en Argentina, antes de la reforma constitucional del año 1994, no existía normativamente una referencia expresa al derecho de acceso a la justicia, pero se podía inferir del derecho de toda persona al debido proceso judicial consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional. También podría interpretarse como comprendido en el art. 33 derechos implícitos ; o del art. 14 en cuanto consagra genéricamente el derecho de peticionar a las autoridades. La reforma constitucional del año 1994 incorporó como legislación positiva en nuestro país un conjunto de instrumentos internacionales de Derechos Humanos (Artículo 75, inciso 22) que consagran el mencionado derecho (Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 8 y 10; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 2.3; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. XVIII; Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 8.1 y 25). En particular, cabe citar que la Corter Interamericana sostuvo que si un indigente requiere efectivamente asistencia legal para proteger un derecho garantizado por la Convención y su indigencia le impide obtenerla, queda relevada de agotar los recursos internos. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva Nº 11/1990, cit., pár. 31) Se desprende en consecuencia, que con relación al derecho de acceso a la justicia garantizado por los arts. 8 y 25 de la CADH, el Estado tendría la obligación de tornar efectivo dicho acceso respecto de aquellas personas indigentes, removiendo los obstáculos materiales que lo impiden. De lo contrario, la Corte no hubiera dispensado tal requisito para las personas de escasos recursos económicos. Así también, la mencionada opinión considera discriminada a una persona que en razón de su posición económica, se vea imposibilitada de acceder a los tribunales de justicia. Ha dicho la Corte a este respecto: El sentido de la expresión discriminación que menciona el artículo 24 debe ser interpretado, entonces, a la luz de lo que menciona el art Si una persona busca la protección de la ley para hacer valer los derechos que la Convención le garantiza, y encuentra que su posición económica se lo impide (en este caso, su indigencia) porque no puede pagar la asistencia legal necesaria o cubrir los costos del proceso, queda discriminada por motivo de su posición económica y colocada en condiciones de desigualdad ante la ley. La protección de la ley constituye, básicamente, los recursos que ésta dispone para la protección de los derechos garantizados por la Convención, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), CONTARINI, Eugenia, FAIRSTEIN, Carolina, KWEITEL, Juana, MORALES, Diego, ROSSI, Julieta, La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales: un desafío impostergable, Buenos Aires, 1999, p. 65. Para mayor información acerca del marco internacional del derecho de acceso a la justicia, ver INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Servicios de Patrocinio y Asesoramiento Jurídico Gratuito en la Ciudad de Buenos Aires. 5

7 puede ser corregida en parte si se permite el acceso a la justicia de los sectores tradicionalmente relegados. En suma, el acceso a la justicia tiene un doble alcance: (1) es necesario a los fines de corregir o prevenir afectaciones de derechos y (2) es funcional a la posibilidad de construir una fuerte comunidad democrática al permitir la ampliación de los canales de expresión y participación de diferentes grupos sociales. Por esto último, las estrategias que persiguen la mejora en el acceso a las instituciones jurídicas deben dirigirse principalmente a atender las necesidades de los grupos tradicionalmente excluidos de éstas Los obstáculos al acceso a la justicia [L]as puertas de los tribunales están formalmente abiertas igualmente para todos, no es menos cierto que tal acceso es bien diverso para quien tenga una suficiente información sobre sus propios derechos, pueda hacerse representar por un buen abogado, y tenga la posibilidad de esperar resultados a menudos tardíos de los procedimientos jurisdiccionales, que para quien carezca en cambio de tales requisitos económicos-culturales Mauro CAPPELLETTI En la prisión había comprendido la verdadera naturaleza de su enfermedad. No lo veían porque no lo querían ver. Era invisible como invisibles eran todos los reclamos, los abusos y las quejas Historia de Garabombo el invisible de Manuel SCORZA La efectividad del derecho a la justicia puede verse amenazada por una serie de obstáculos, es decir, de circunstancias que de manera directa o indirecta imposibilitan total o parcialmente el acceso a los diferentes mecanismos de resolución de conflictos. Entre ellos, pueden señalarse los obstáculos económicos (costo de los servicios jurídicos, tasa de justicia), socioculturales (desconocimiento de los derechos y de los lugares adónde reclamar; lenguaje innecesariamente complejo; corrupción de los funcionarios de los órganos judiciales y administrativos), procesales (falta de acciones para la exigencia y defensa de derechos, complejidad de los procedimientos) y geográfico/físicos (arquitectura de los edificios, distancia a los tribunales y órganos administrativos) 6. En este sentido, la organización y la dinámica de las instituciones que conforman el sistema de justicia pueden configurarse como instancias receptoras de la demanda, a través de la accesibilidad, eficiencia y calidad de los profesionales y de la eficacia en la resolución de demandas jurídicas o pueden configurarse como instancias expulsoras de la demanda real o potencial. Esto depende de que elimine o reduzca al máximo el impacto de los obstáculos para el acceso a la justicia. Por otro lado, las condiciones materiales de vida articuladas con aspectos del orden de lo simbólico (conocimientos, creencias, valoraciones) condicionan el acceso por parte de los sectores de menores ingresos a los mecanismos 6 Cfr. GARGARELLA, Roberto, Too far removed from the people. Access to Justice for the Poor: The Case of Latin America. ABREGÚ, Martín, Barricades or obstacles: the challenges of access to justice, papers/abregu.pdf. 6

8 disponibles de canalización de demandas jurídicas. Lo cual requiere que se realicen otras acciones tendientes a mejorar el conocimiento jurídico de la población y generar confianza en los mecanismos institucionales. Los obstáculos antes mencionados son padecidos con mayor intensidad por las personas que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad social. Frente a esta situación, el Estado debe desarrollar e implementar una política pública integral destinada a garantizar el acceso igualitario de los integrantes de la sociedad que comprenda reformas institucionales y capacitación de la sociedad civil. Esto implica la remoción y atenuación de los obstáculos o restricciones para el acceso a la justicia (por ejemplo, descentralizando los tribunales o simplificando el lenguaje utilizado) que inciden con mayor intensidad sobre ciertos grupos de la sociedad, marginándolos del acceso a las instituciones públicas (por ejemplo, reducir o eliminar los costos económicos del proceso cuando los litigantes no tuviesen recursos suficientes). 3.3 Las políticas públicas existentes en materia de acceso a la justicia desde la perspectiva de la igualdad No existe todavía en nuestro país una política pública sostenida y universal en materia de acceso a la justicia dado que no han sido creados los mecanismos institucionales necesarios a garantizar la igual posibilidad de todos los habitantes para acceder a la satisfacción de sus derechos superando los obstáculos existentes. La eficacia de las políticas públicas de justicia para garantizar un acceso igualitario depende en gran medida de la capacidad para coordinar aquellos proveedores de servicios jurídicos gratuitos existentes en las comunidades con las personas que reuqieren sus servicios, de forma tal de lograr una relación adecuada entre la oferta y demanda de servicios jurídicos para la resolución de conflictos sociales. La Argentina cuenta con un sistema institucional de justicia que prevé prestaciones, mecanismos, operadores, entre otros servicios, sin certificar si ese diseño tenga un correlato en las necesidades de la población potencialmente beneficiaria. Los intentos tradicionales para mejorar el servicio de justicia han sido de arriba hacia abajo, esto es, desde perspectivas internas destinadas a mejorar el funcionamiento y rendimiento del sistema judicial ampliando la función de los tribunales, mejorando su capacidad de gestión, transparentando la información, monitoreando los resultados. Estas reformas son necesarias, pero insuficientes puesto que deben complementarse con estrategias de abajo hacia arriba que contemplen las necesidades, demandas y expectativas de la población y, sobre la base de estas variables, estructurar la oferta de servicios jurídicos y diseñar las instituciones que deberían proveerlos. De otro modo, nos preocupamos sólo en mejorar la maquinaría judicial, pero no aseguramos que todos accedan y que ésta responda adecuadamente a las problemáticas más urgentes y relevantes de la sociedad civil. Este cuadro de situación evidencia que, actualmente, las políticas públicas en materia de justicia siguen lógicas no igualitarias. La justicia, pese a ser un bien público, solo está alcance de algunos pocos: los que fueron tenidos en cuenta de alguna forma a la hora de diseñar la política, los que fueron escuchados y pudieron encontrar canales para expresar sus necesidades. Por el contrario, se ven excluidos aquellos sectores más vulnerables que ven afectados con mayor intensidad sus derechos y cuentan con una menor capacidad para peticionar ante 7

9 las autoridades. En consecuencia, gran parte de la demanda de justicia es desconocida y los cambios institucionales implementados no se orientan a ponerla al descubierto. Para diseñar políticas públicas eficientes e igualitarias que permitan a todo habitante acceder a la satisfacción de sus pretensiones por medio de mecanismos institucionales, es necesario conocer el contexto social en el que se inserta el sistema de justicia y su interacción con otros actores que prestan servicios jurídicos. Esto supone identificar todas aquellas necesidades concretas y actuales de la población que podrían ser satisfechas mediante el acceso al servicio jurídico adecuado. Además, resulta fundamental indagar e investigar como realizan sus funciones los operadores jurídicos, cualitativamente y cuantitativamente; como se encuentra diseñado el sistema de justicia accesibilidad, distancias ; la existencia de personas e instituciones que prestan servicios jurídicos a la población clase de servicios, finalidades, condiciones de accesibilidad. Justamente a averiguar algunas de estas cuestiones propende la investigación desarrollada y expuesta en este ensayo. Creemos que sin esta información no es posible diseñar políticas públicas igualitarias, que respondan a los problemas jurídicos concretos y actuales de la población y que mejoren la accesibilidad, es decir, que reduzcan o eviten en la medida de lo posible todo obstáculo para acceder a la justicia. 3.4 DEFINICIONES Los derechos son los diversos intereses individuales y colectivos protegidos por el sistema jurídico que confieren a las personas vías institucionales destinadas a efectivizarlos. Los derechos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico son variados y comprenden cuestiones de vivienda, salud, educación, relaciones familiares, propiedad privada, trabajo, seguridad social y acceso a los servicios públicos, entre otros. Estos derechos se encuentran reconocidos en la Constitución Nacional, en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos que nuestro Estado ha suscripto y en el resto del ordenamiento normativo reglamentario. Estos derechos se ven afectados cuando existe una situación que impide o pone en riesgo su efectividad. Cuando se da esta situación consideramos que existe un problema jurídico. Algunos ejemplos de problemas jurídicos son las malas condiciones laborales, la falta de acceso a los medicamentos, la discriminación en el ámbito escolar, la sobrefacturación de los servicios públicos, entre otros. En los casos en que una persona posee un problema jurídico, el titular necesita servicios jurídicos adecuados para realizar acciones destinadas a garantizar el derecho que se ve afectado a través de los mecanismos institucionales. Se presupone que si no cuenta con estos servicios jurídicos adecuados no está en condiciones de acceder a los mecanismos institucionales o le resulta sumamente dificultoso hacerlo. En gran parte de las circunstancias, el propio ordenamiento normativo obliga a que participe un profesional del derecho para que se puedan poner en marcha los procesos correspondientes 7 y en otras 7 El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone en su art. 56 que Los jueces no proveerán ningún escrito de demanda o excepciones y sus contestaciones, a legados o expresiones de agravios, ni aquéllos en que se promuevan incidentes o se pida nulidad de actuaciones y, en general, los que sustenten o 8

10 circunstancias, pese a que la participación de un profesional del derecho no resulta una obligación jurídica, la propia complejidad del procedimiento institucional impone una necesidad de recurrir a los servicios jurídicos. Los mecanismos institucionales son variados, pudiendo ser más o menos formalizados, quedando comprendidas la administración de justicia, los procedimientos administrativos y la mediación que requiere de asistencia letrada. Cuando la persona afectada en su derecho accede a estos mecanismos institucionales, se considera que la misma ha accedido a la justicia. Cabe aclarar que el hecho de que una persona acceda a la justicia no quiere decir que deba resolverse su problema jurídico a su favor. El servicio jurídico consiste en una prestación personal brindada por personas capacitadas en el uso de las herramientas legales y en la argumentación jurídica. Estos pueden ser abogados u otros profesionales debidamente capacitados para brindar algunas de las prestaciones, las cuales son variadas y pueden consistir en: 1) El consejo jurídico, que es una respuesta a una consulta sobre un tema particular, en donde sólo se suministra conocimiento jurídico. Por ejemplo, determinar qué derecho se ha visto vulnerado o qué vía debe utilizarse para su defensa efectiva. 2) La asistencia jurídica básica, que implica una prestación más compleja requiriendo una mayor dedicación temporal del profesional y un detenido análisis de la cuestión concreta presentada. Esta prestación podría estar dada por la redacción de escritos, la negociación con una contraparte; pero siempre sin llegar a ser un patrocinio jurídico. 3) El patrocinio jurídico, que es la representación procesal de la persona que demanda servicios jurídicos. Un servicio jurídico se considera adecuado cuando es accesible, tiene cierta calidad exigible tiempo de atención, conocimientos y capacitación y hay cierto grado de conformidad por parte del interesado. Se considera que es accesible cuando la persona que padece la afectación de uno de sus derechos puede obtener estos servicios independientemente del lugar en que viva, de sus recursos económicos y de su demanda concreta. Consideramos que existe una necesidad jurídica cuando una persona tiene un problema jurídico que requiere la prestación de un servicio jurídico. Dentro de este marco, una necesidad jurídica se ve satisfecha cuando la persona recibe un servicio jurídico adecuado que le permite acceder a la justicia, aunque luego tenga que enfrentar otras trabas, como la distancia a los tribunales o los costos económicos del procedimiento. Sin embargo, únicamente cuando el sujeto no recibe el servicio jurídico adecuado consideramos que tiene una necesidad jurídica insatisfecha. De esta forma, la existencia de necesidades jurídicas controviertan derechos, ya sea en procesos de jurisdicción voluntaria o contenciosa, si no llevan firma de letrado. No se admitirá tampoco la presentación de pliegos de posiciones ni de interrogatorios que no lleven firma de letrado, ni la promoción de cuestiones, de cualquier naturaleza, en las audiencias, ni su contestación, si la parte que las promueve o contesta no está acompañada de letrado patrocinante. En el art. 57, se dispone que Se tendrá por no presentado y se devolverá al firmante, sin más trámite ni recursos, todo escrito que debiendo llevar firma de letrado no la tuviese, si dentro del segundo día de notificada por ministerio de la ley la providencia que exige el cumplimiento de ese requisito no fuese suplida la omisión. Ello tendrá lugar suscribiendo un abogado el mismo escrito ante el secretario o el oficial primero, quien certificará en el expediente esa circunstancia, o por la ratificación que por separado se hiciere con firma de letrado. 9

11 insatisfechas significa que las personas no obtienen los servicios jurídicos adecuados destinados a solucionar sus problemas jurídicos a través del acceso a la justicia. Dentro de este marco, se puede afirmar que una persona posee una cierta cantidad de necesidades jurídicas insatisfechas cuando tiene un número de problemas jurídicos por ejemplo, la discriminación laboral o la falta de acceso al servicio de agua corriente pero no recibe un servicio jurídico adecuado, por diversos motivos, como por ejemplo, la imposibilidad de afrontar los costos económicos o la distancia geográfica respecto de los abogados. Asimismo, resulta trascendente la cuantificación de las necesidades jurídicas insatisfechas para verificar en qué medida la falta de acceso a los servicios jurídicos evita que las personas accedan a la justicia. Es por ello que cuando decimos que una persona tiene un 75% de necesidades jurídicas insatisfechas estamos señalando que de cada cuatro problemas jurídicos sólo respecto de uno recibe servicios jurídicos adecuados. De modo que en tres problemas jurídicos no recibe servicios jurídicos adecuados quedando el derecho en un estado de afectación. II. EL RELEVAMIENTO DE NECESIDADES JURÍDICAS EN EL PARTIDO DE MORENO: DISEÑO Y METODOLOGÍA Como se mencionó anteriormente, la definición de la metodología de investigación se realizó tomando en consideración los diversos estudios en el ámbito internacional. 1 Justificación del recorte espacial El partido de Moreno está ubicado en la Provincia de Buenos Aires, en la zona oeste del tercer cordón del conurbano bonaerense a 37 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Abarca un territorio total de 186 km 2 y tiene una población total de habitantes 8. La elección de Moreno como lugar de implementación del relevamiento responde a diversos factores: 1. Indicadores socioeconómicos: Algunos rasgos salientes de población del partido de Moreno son los siguientes: Cuenta con hogares, de los cuales el 40,8 % habita en viviendas que son deficitarias. La población con necesidades básicas insatisfechas asciende al 26,0% que corresponde al 22,0 % de los hogares. La tasa de analfabetismo es del 2,1 %. El 65,5 % de la población del partido no posee cobertura de salud Estos índices hacen evidente la existencia de una vulneración masiva de los derechos económicos y sociales (salud, alimentación, vivienda), por lo cual, resulta imprescindible disponer de las vías institucionales, como la justicia, para procurar la exigibilidad de estos derechos y, en consecuencia, un mayor grado de satisfacción de ellos. 2. Problemas de acceso a la justicia: el Partido de Moreno pertenece jurisdiccionalmente al Departamento Judicial de Mercedes, ciudad en la que tienen asiento los tribunales e instituciones del sistema judicial (el Ministerio Público, la 8 Municipalidad de Moreno, 10

12 Defensa Pública gratuita, el Colegio de Abogados). Si bien Moreno posee un Juzgado de Paz y uno de Faltas, un gran número de pretensiones se encuentra fuera de la competencia de estas instituciones e indefectiblemente deben entablarse ante los mecanismos judiciales radicados en la ciudad de Mercedes, sita a 80 km. de Moreno operando la distancia como un fuerte obstáculo. Por otro lado, los mecanismos institucionales radicados en el Partido de Moreno Juzgado de Paz, Juzgado de Faltas, Municipalidad, se encuentran centralizados en el centro de la localidad de Moreno 9, razón por la cual resultan inaccesibles para aquellos sectores de la población ubicados en zonas alejadas. Es particularmente interesante realizar este tipo de investigaciones dentro de comunidades relacionadas con diseños institucionales desfavorables para el acceso a la justicia de los habitantes, tal como sucede en el Partido de Moreno. En este sentido, se indagó a lo largo de la investigación acerca de cómo la población del partido responde a estas características peculiares que desfavorecen el acceso a las instituciones y a los servicios jurídicos adecuados. 3. Presencia de organizaciones sociales: La población de Moreno se caracteriza por su gran movilización social, ello se traduce en la existencia de un gran número de organizaciones comunitarias de base (OCBs) y organizaciones no gubernamentales (ONGs). La existencia de esta amplia movilización social es funcional a la creación de canales adecuados de expresión de necesidades, intereses y preferencias de los habitantes. Por otro lado, la existencia de organizaciones e instituciones estatales y privadas que brinden servicios jurídicos y sociales es imprescindible a los fines de establecer una red capaz de contener parte de la demanda de estos servicios por parte de la población. En otras palabras, esta característica del partido resulta favorable a los fines de construir una política pública destinada a mejorar el acceso a la justicia, que involucre a todas aquellas personas e instituciones que actualmente trabajan dentro del contexto social. De este modo, ya existen recursos en Moreno para que, sobre la base de la información recolectada en la investigación, puedan coordinarse acciones para mejorar el acceso a la justicia. 2. Objetivos de la investigación El objetivo central de la investigación es relevar las necesidades jurídicas insatisfechas de la población que reside en la zona de Moreno. Específicamente, se busca obtener información sobre: a) los problemas jurídicos actuales y concretos, b) el porcentaje de necesidades jurídicas insatisfechas, c) la relación con los abogados, d) los obstáculos para el acceso a los servicios jurídicos adecuados, e) las modalidades no-jurídicas de resolución de conflictos, Asimismo, es posible indagar acerca de cómo los factores socioeconómicos y educativos condicionan o facilitan el acceso a los servicios jurídicos. Por otro lado, el estudio intentó ahondar en otras cuestiones vinculadas con el acceso a la justicia como son las percepciones sobre las instituciones Poder Judicial, Administración Pública y los obstáculos existentes para acceder a la justicia desconocimiento de los derechos, falta de recursos económicos, escasez de tiempo. 9 Moreno centro es un barrio radicado dentro de la localidad de Moreno y constituye una fracción territorial equivalente al 2,5 % del territorio total del Partido. 11

13 3. Hipótesis específicas Dada la escasa cantidad de investigaciones similares en el país, esta investigación no posee hipótesis específicas de las que partir. A pesar de ello, se parte de supuestos que cristalizan en el diseño de las herramientas utilizadas para el trabajo de campo. En este sentido, existen percepciones generales acerca del divorcio existente entre los habitantes, los servicios jurídicos y los mecanismos institucionales de resolución de conflictos; la alta cantidad de problemáticas jurídicas insatisfechas por la falta de prestación de servicios jurídicos gratuitos (alto porcentaje de necesidades jurídicas insatisfechas) y la existencia de mecanismos informales de tratamiento de conflictos. 4. Metodología En este acápite se explican las líneas metodológicas fundamentales sobre las cuales se han recabado los datos que se presentan en este informe. La metodología de investigación utilizada constó de un abordaje metodológico mixto: a) ABORDAJE CUANTITATIVO En relación con los mencionados objetivos se elaboró y aplicó una encuesta a una muestra representativa de hogares del Partido de Moreno seleccionados según criterios muestrales que aseguran su validez estadística 10. Cabe aclarar que la muestra presentó una pequeña sobrerrepresentación en la zona de Paso del Rey. Fueron encuestadas 200 unidades familiares de las siguientes localidades del Partido: La Reja, Cuartel V, Francisco Álvarez, Paso del Rey, Moreno Centro y Trujuy. El relevamiento fue realizado entre los meses de abril y mayo de La encuesta que se aplicó se inspiró en el contenido y la estructura empleados en las investigaciones extranjeras, adaptados a la realidad local. Cabe destacar que el formulario de la encuesta respeta en todo lo posible las categorías utilizadas por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) a fin de generar condiciones de comparabilidad para indagaciones futuras. Se diseñó un cuestionario de 145 preguntas que abordaron diferentes problemas jurídicos, el tipo de contacto con los abogados, el acceso a los mecanismos alternativos de respuesta a los conflictos, los obstáculos para el acceso a la justicia y las características socio-económicas del hogar, entre otros. Asimismo, se relevaron ciertas problemáticas de grupos sociales particulares: a) de los inmigrantes (trámite de radicación) y, b) de los internados o recluidos (cárceles, comisarías, institutos psiquiátricos, institutos de menores o reformatorios, geriátricos). Debe destacarse que el cuestionario contó con un enfoque de género permitiendo el relevamiento de ciertas problemáticas 10 Se diseño una muestra aleatoria de viviendas estratificada, en dos etapas de selección. En la primera, se seleccionaron 50 radios censales seleccionados con probabilidad proporcional a su cantidad de viviendas particulares. Se aplicó un muestreo sistemático ordenando los radios del partido por localidad y nivel educativo para garantizar una correcta representación en el ámbito de las localidades del Partido de Moreno y de los distintos estratos socioeconómicos. Se tuvo que trabajar con los datos del Censo 1991, pues a la fecha del diseño de la encuesta todavía no estaban disponibles los datos del Censo En la segunda etapa, se seleccionaron aleatoriamente 4 viviendas por el encuestador con arranque aleatorio. 12

14 padecidas en mayor medida por el género femenino (violencia familiar, falta o dificultades en el acceso a métodos anticonceptivos). Por otro lado, en el cuestionario se incluyeron preguntas que permitieran captar las respuestas de los abogados frente a los problemas señalados por las personas encuestadas. De este modo, se trató de determinar en qué medida resultan accesibles los abogados a los habitantes de Moreno, las características del servicio jurídico que les suministran y hasta qué punto ayudan a resolver el problema. Las preguntas del cuestionario, pese a que se formularon en el marco de una encuesta personal, estuvieron destinadas a relevar a todo el grupo familiar que vive en un hogar, como frecuentemente se hizo en los estudios extranjeros. Es decir, que la investigación tuvo como unidad de análisis a los hogares de Moreno. La selección de los problemas jurídicos considerados más relevantes de la zona para su inclusión en la encuesta se basó en el diagnóstico que surgió del trabajo de campo que se viene realizando desde comienzos del año Este diagnóstico preliminar se basó en entrevistas con actores sociales destacados (ONGs y OCBs), actores institucionales (Municipio, Colegios de Abogados, Juez de Paz, Juez de Faltas, Procuración General) y personas pertenecientes a los sectores vulnerables. Asimismo, se realizó una encuesta preliminar de necesidades jurídicas a los sectores vulnerables en un Taller de Alfabetización Jurídica y Acceso a Herramientas y Estrategias Legales que se realizó en Moreno durante el año 2003 en los meses de junio a agosto. Además, se efectuaron estudios sobre el perfil del consultante en los consultorios jurídicos gratuitos ubicados en San Miguel Municipio aledaño a Moreno y en Mercedes ciudad que es cabecera del distrito judicial que le corresponde a Moreno, ambas localidades en la Provincia de Buenos Aires. De modo que nos fue posible relevar, en ambas localidades, las principales problemáticas consultadas y las características socio-económicas de los consultantes. b) ABORDAJE CUALITATIVO La elección de una metodología de abordaje cualitativa se funda en la intención de acceder a las estructuras de significados vinculadas a aquello que es percibido por las personas como un obstáculo para el acceso a la justicia. Además, este abordaje permite obtener mayor información y profundizar el análisis de situaciones identificadas a partir del abordaje cuantitativo, que resultaron particularmente interesantes de acuerdo a los objetivos planteados por esta investigación. El trabajo de campo para esta etapa de la investigación se llevó a cabo durante los meses de mayo y junio de 2004 y constó de: I. La selección de las unidades de análisis (UA), realizada luego de la lectura del material obtenido a través de las encuestas. Por tratarse de una investigación cualitativa no puede hablarse aquí de representatividad de la muestra, pero, dado el objetivo de esta investigación, se buscó que la misma dé cuenta de las situaciones en las que el acceso a la justicia se vio obstaculizado, las razones de ello y sus consecuencias. Así, se individualizaron algunos grupos de análisis que, a partir de la información cuantitativa inicial, presentaron ciertas particularidades interesantes en relación con la problemática de acceso a la justicia y a los servicios jurídicos adecuados: 13

15 1) quiénes accedieron a servicios jurídicos brindados por abogados públicos o privados, 2) quiénes nunca accedieron a servicios jurídicos, dando especial relevancia a los subgrupos formados por inmigrantes, jefas de hogar, sectores de recursos medios, sectores de recursos bajos y aquellos que reconociendo la existencia de un conflicto potencialmente judicializable, indicaron haberlo resuelto por su cuenta. II. La recolección de datos se realizó a través de entrevistas semiestructuradas, entendiendo que en ellas se produce un encuentro discursivo a partir del cual la realidad se construye en la interacción entre los hablantes en un proceso constante de construcción de sentido (meaning-making). Se realizaron entrevistas con profundidad a veinte personas. El objetivo de las entrevistas fue indagar acerca de los problemas jurídicos que poseen las personas y sobre sus experiencias, sus percepciones y representaciones acerca de los obstáculos en el acceso a la justicia. En este ensayo no se incluye un análisis específico de las entrevistas, sin embargo hemos utilizado la información al momento de analizar los datos cuantitativos que arrojan las encuestas y decidimos ilustrar con algunos extractos destacados los puntos de nuestra exposición. III. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS A) PROBLEMAS JURÍDICOS A continuación se detallan una serie de datos relativos a problemáticas individuales, familiares y colectivas de los habitantes de Moreno. Consideramos que una de las formas de buscar soluciones efectivas a estas problemáticas consisten en acceder a un servicio jurídico adecuado y, si es necesario, al mecanismo institucional habilitado para resolverlas por ejemplo, los tribunales, los organismos administrativos y la mediación. 1. Problemas con la vivienda Grafico 1 Hogares según tipo de vivienda (%) 17,50 1,00 0,50 Casa Rancho o casilla Departamento Vivienda móvil 81,00 En el Gráfico 1 se observa que un 18% de los hogares de Moreno vive en un rancho o una casilla y en viviendas móviles, es decir, viviendas que se consideran precarias, lo cual muestra una situación de afectación al derecho de acceso a la vivienda digna reconocido en nuestra Constitución. 14

16 Debe agregarse que un 1,5% vive en una villa de emergencia, por lo cual se ven privados de infraestructura fundamental para un adecuado nivel de vida. La localización de familias en villas de emergencia es justamente un caso paradigmático de un problema que daría lugar a acciones colectivas. Asimismo, se registró que un 3,5% es ocupante de hecho de la vivienda, lo cual denota una precariedad de la situación habitacional (Cuadro I). Cuadro I Propiedad de la vivienda o del terreno Porcentaje Propietario de la vivienda y el terreno 76 Propietario de la vivienda solamente 5 Propietario del terreno solamente 0,5 Inquilino o arrendatario 6,5 Ocupante en relación de dependencia 1 Ocupante por préstamo, cesión o permiso 7,5 Ocupante de hecho de la vivienda 3,5 Entre los propietarios, el 11,7% manifestó tener algún tipo de problema. Entre los problemas jurídicos podemos señalar: el pago de impuestos (36,8%) y la imposibilidad de escriturar (15,8%) (Cuadro II). Asimismo, un 5%, pese a alegar que eran propietarios de la vivienda, afirmaron que carecen de toda documentación respaldatoria, lo cual puede generar ciertas controversias judiciales. Cuadro II Tipo de problema Porcentaje Problemas con el pago de impuestos 36.8 No pudo pagar las cuotas del crédito 15.8 No pudo escriturar 15.8 Intento de desalojo 5.3 Intento de expropiación 5.3 Disputas de dominio 5.3 No pudo subdividir o lotear 5.3 Otros Problemas barriales Esta calle así como usted la ve figura asfaltada y eso está mal, porque ellos podrían haber hecho, aunque sea la veredita, porque esta calle da al colegio que va ella (la nena más chica) [...] cuando llueve yo a ella le puedo dar un par de botas, pero hay chicos que no tienen ni botas, ni zapatillas, tendrán un solo par de zapatillas, entonces tienen que buscar el asfalto este (que pasa a media cuadra de la casa de ella), que tampoco tiene vereda, corriendo peligro que [...] sean atropellados. Entonces no tenemos otra, los chicos faltan o tienen que arriesgar su vida, no tienen mucha opción. Entrevista Nro

17 En principio, cabe advertir que no todo problema barrial puede traducirse en un problema jurídico. En otras palabras, el acceso a servicios jurídicos no es un medio eficaz para satisfacer problemas que pueden originarse y solucionarse, principalmente, a través de procesos políticos. Si el problema señalado es, por ejemplo, la inseguridad, como característica general, difícilmente pueda solucionarse mediante el acceso a un servicio jurídico o a procesos administrativos y judiciales; sino que requerirá de una política pública específica que implique reformas al sistema de policía, de justicia y penitenciario, entre otras medidas. Sin embargo, la inseguridad puede provocar un sinfín de afectaciones a derechos que sí pueden leerse en términos de problemas jurídicos, puesto que las personas perjudicadas podrían realizar acciones judiciales que requieren la prestación de servicios jurídicos (por ejemplo la necesidad de un abogado para entablar una querella criminal o un juicio de reparación civil por daños ocasionados por acciones delictivas). Hecha esta salvedad, el 65,5% de los encuestados expresó que el problema principal del barrio es la inseguridad (Cuadro III) y, en efecto, el 36,5% señaló que algún miembro del hogar sufrió un delito durante el último año (Gráfico 3). Cuadro III Respuesta Múltiple Problema Mencionado Frecuencia Porcentaje Inseguridad Calles en mal estado Falta de iluminación Robos repetidos Contaminación ambiental Tráfico de droga en el barrio Inundaciones Gas por red Falta de agua potable Presencia de patotas Ausencia o lejanía de salas médicas Poco transporte público Falta de parques o plazas 14 7 Falta de cloacas Falta de veredas 4 2 Otros Ninguno

18 Gráfico 3 Victimización en el último año 63,50% 36,50% Si No En las entrevistas en profundidad, la cuestión de la inseguridad también ha sido mencionada como unos de los problemas más serios que afecta la vida cotidiana de las personas: La inseguridad, la inseguridad porque uno no está seguro acá, muchos roban, o ya están atacando a la gente; siempre se escucha eso de Moreno, siempre un barrio de mucha inseguridad (Entrevista Nro. 71). Precisamente, el 33% de las personas que sufrieron un hecho de violencia han sido víctimas de un delito contra la propiedad privada. Entre los hechos violentos padecidos, los más recurrentes son los robos o hurtos (65,8%) y el ingreso o intento de ingreso al domicilio para robar (31,5%). Por otra parte, el 51% de las personas encuestadas se refirió al problema de las calles en mal estado. Asimismo, otros problemas mencionados son la falta de iluminación (35%), las inundaciones (33%), la contaminación ambiental (20,5%) y el tráfico de drogas en el barrio (20%). Se constató que muchos de los habitantes de Moreno no disponen de infraestructura básica en la cuadra donde se localiza la vivienda. Así, el 56,5% no posee veredas de baldosa o cemento, el 37% no tiene alumbrado público, el 44% no posee desagüe fluvial por zanja, el 82,5% no tiene desagüe pluvial entubado y el 64,5% no posee pavimento en la cuadra donde vive (Cuadro IV). Esta situación afecta la calidad de vidad y, en particular, favorece la existencia de inundaciones y provoca dificultades en el transporte (incluso el acceso de ambulancias o de autobombas destinados a apagar incendios) y otros problemas colectivos. Cuadro IV Infraestructura / servicios Cuenta con? Veredas de Baldosa o Cemento Alumbrado Desagüe Desagüe Público Pluvial por Pluvial Zanja Entubado Pavimento (%) (%) (%) (%) (%) Si 43, ,5 35,5 No 56, ,5 64,5 3. Problemas con los servicios públicos En relación con el acceso a los servicios públicos domiciliarios, pudo constatarse que el 58,5% de la población no posee teléfono fijo, el 54,5% no tiene 17

19 agua corriente de red, el 65,5% no tiene red de gas natural y el 78,5% no posee cloacas (Cuadro V). Específicamente, la falta de acceso a cloacas y a agua corriente tiene consecuencias perjudiciales en la salud de la población, por lo cual, resulta más exigible que su prestación sea universal. Acceso en la vivienda a Electricidad (%) Medidor de Electricidad (%) Cuadro V Hogares según disponibilidad de servicios Teléfono Fijo (%) Agua Corriente de Red (%) Red de Gas Natural (%) Cloacas (%) Si ,5 45,5 34,5 21,5 No 4 58,5 54,5 65,5 78,5 Se ha determinado que un 29,5% de los hogares confiesa haber tenido problemas con la prestación de algunos de los servicios públicos (Gráfico 4). Como se observa en el cuadro que se presenta a continuación, el 32,2% de los problemas con los servicios públicos son con el servicio de electricidad (Cuadro VI). Esto se explica porque es el servicio público al cual todo los hogares relevados tienen acceso. En menor medida, el 27,1% de los problemas son con el servicio de telefonía fijo y el 15,3% con el de agua corriente. Por su parte, solo un 3,4% son con el servicio de gas natural. Gráfico 4 Problemas con los servicios públicos 29,50% Si No 70,50% 18

20 Cuadro VI Problema Mencionado Frecuencia Porcentaje Problemas con el servicio de electricidad 19 32,2 Problemas con el servicio telefónico fijo 16 27,1 Falta de pago del servicio público 12 20,3 Problemas con el servicio de agua corriente 9 15,3 Problemas con el servicio de gas natural 2 3,4 Problemas con el alumbrado público 2 3,4 Asfalto/Veredas 2 3,4 Corte del servicio frecuente 1 1,7 Problema con otro servicio público 1 1,7 En proporción a la cantidad de usuarios, se ha relevado que un 19% de los usuarios de servicio telefónico fijo tienen problemas con el prestador, un 9,89% de los usuarios de agua corriente tienen dificultades con el servicio, un 9,5% de los usuarios de electricidad tienen problemas con la empresa proveedora y sólo un 2,89 de los usuarios de gas natural tienen problemas. Con respecto al tipo de problemas identificados por la población, el 37% manifestó que el principal problema es el corte frecuente del servicio, el 26,1% que son cuestiones vinculadas al cobro del servicio (sobrefacturación, reclamo de boletas pagas, entre otros), el 21,7% que sufrió del robo del servicio y el 10,9% tuvo dificultades con la calidad de la prestación (alta o baja tensión de la electricidad, baja presión) (Cuadro VII). Todos estos problemas darían lugar a reclamos ante la empresa prestadora y ante los entes reguladores de los servicios públicos, además de las correspondientes acciones judiciales una vez agotada la vía previa. La realización de estas medidas judiciales requiere del acceso a servicios jurídicos. Cuadro VII Respuesta Múltiple Tipo de Problema Cantidad Porcentaje Corte del servicio frecuente Sobrefacturación/Reclamo de boletas pagas/cobro de servicio 12 26,1 Robo de cables/robo del servicio/corte de cables 10 21,7 Alta o baja tensión/baja presión 5 10,9 Problemas con el medidor 3 6,5 Solicitó medidor y no lo tiene 1 2,2 Debido a deficiencias en el servicio de transporte de colectivos, el 82% de los encuestados se ha visto obligado en diversas situaciones a transportarse de otra manera. Asimismo, se ha relevado que un 38% de las personas encuestadas considera que los colectivos dejan de pasar después de la medianoche. En relación con el transporte, en las entrevistas cualitatativas, surgió una problemática especial. Se mencionó que han tenido problemas con la obtención de los pases de colectivo para que la persona discapacitada y su acompañante puedan viajar en colectivo sin pagar el boleto. Al respecto, se dijo que [u]na 19