BOLETÍN INICIATIVA : Moción de los diputados Sra. Muñoz (Adriana) y Sres. Leal, Urrutia, Walker (Patricio), Jarpa, Acuña y Jaramillo

Transcripción

1 BOLETÍN I DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 27 de julio de 2001 ISSN REFERENCIA : Dispone la eliminación de antecedentes comerciales de personas que indica para favorecer la inserción laboral y la reactivación económica de las pequeñas empresas INICIATIVA : Moción de los diputados Sra. Muñoz (Adriana) y Sres. Leal, Urrutia, Walker (Patricio), Jarpa, Acuña y Jaramillo MINISTERIO : De Economía, Fomento y Reconstrucción ORIGEN : Cámara de Diputados INGRESO : 15 de marzo de 2001 CALIFICACIÓN : Sin urgencia ARTICULADO : 3 artículos OBJETO, SEGÚN LA INICIATIVA 1.- Permitir -en forma transitoria- la eliminación de los antecedentes comerciales en el Boletín Comercial y otras bases de datos, a las personas naturales o jurídicas que cumplan ciertos requisitos (aunque no hubieren pagado efectivamente sus deudas). 2.- Sancionar a las empresas dedicadas a la venta de servicios de información comercial, en caso de que no eliminen los antecedentes, en los casos que dicha eliminación sea procedente. CONTENIDO ESPECÍFICO 1.- Las personas naturales y jurídicas podrán acogerse, dentro del plazo de 120 días, contados desde la publicación de este proyecto aprobado como ley, al beneficio de eliminación de sus antecedentes comerciales en el Boletín comercial y en otras bases de datos y registros de deudores cumpliendo los siguientes requisitos: a) Personas jurídicas: ser sociedades civiles o comerciales, de personas o de capital, que desarrollen actividades productivas y que tengan una facturación durante el año 2000, por concepto de ventas totales, no superior a $ excluidos los montos por concepto de IVA y cuyos protestos actualizados, no sean superiores a UTM (unos 50 millones de pesos). Con todo, los protestos no podrán tener una antigüedad inferior a un año calendario, y. 3

2 b) Personas naturales: Los protestos deben tener una antigüedad de al menos un año y siempre y cuando el monto actualizado de los mismos sea inferior a 360 UTM (unos 10 millones de pesos). 2.- Las empresas dedicadas a la venta de servicios de información comercial de terceros, deberán dentro del plazo de cuarenta y ocho horas de recibida la petición de eliminación de antecedentes de parte del interesado o de quien legalmente lo represente, proceder a la eliminación de los antecedentes comerciales de los deudores, sin derecho a oposición y son efectuar cobro alguno por ello y entregar las copia y certificaciones que realice el deudor beneficiario. 3- La infracción a las normas precedentes será sancionada con las penas contempladas en la ley sobre "Protección de la Vida Privada" (N ) y procederán los reclamos y recursos legales en ella contemplados 1. FUNDAMENTO, SEGÚN LA INICIATIVA Pese a las normas de la ley sobre Protección de la Vida Privada (N ), es un hecho indiscutible que el tener antecedentes comerciales, hoy en día, significa la muerte civil de muchos chilenos, "que no sólo quedan inhabilitados como sujetos de crédito, sino que tampoco pueden desempeñar otros actos de consumo mínimos, como arrendar inmuebles, seleccionar libremente el colegio de sus hijos en el caso de los establecimientos particulares pagados, e incluso y eso es lo más grave, no pueden obtener un empleo, al ser impuesta como exigencia para la contratación el tener una historia comercial sin antecedentes". 1 El artículo 16, inciso final, de la ley N (Diario Oficial de 28 de agosto de 1999) establece una multa de 2 a 50 UTM. 4

3 II COMENTARIOS IMPLICANCIAS CONSTITUCIONALES 1.- Materia de ley. Los artículos 1 y 2 del proyecto de ley, en cuanto regulan la actividad de las empresas que comercializan servicios de información, está regulando el ejercicio de una actividad comercial o económica, lo que es posible hacer mediante la dictación de una norma de rango legal, como la propuesta, conforme al artículo 19 N 21 de la Constitución Política. El artículo 3 del proyecto establece sanciones, por la vía de remitirse a las sanciones que previó la ley N sobre protección de la vida privada. En todo caso, se trata de describir nuevas conductas jurídicamente reprochables, si bien las penas ya están contempladas en la ley vigente. Ello también es materia de ley según el artículo 19 N 3, incisos séptimo y octavo, de la Constitución. COMENTARIOS DE MÉRITO 2.- Efectos del proyecto. La motivación del proyecto de ley arranca de la situación económica deprimida por la que atraviesa el país, lo que da lugar a que muchas personas no hayan podido cumplir sus obligaciones y aparezcan en el Boletín Comercial u otras bases de datos, lo que les acarrea diversos inconvenientes para obtener crédito o trabajo. El efecto del proyecto consistiría en permitir que las personas naturales o jurídicas, en ciertos casos, pudieran eliminar sus antecedentes comerciales de las respectivas bases de datos, aunque las deudas no hubieren sido pagadas. En eso consiste el beneficio que se propone otorgar. Un segundo efecto del proyecto es afectar negativamente los incentivos para cumplir oportunamente las obligaciones. Ello porque se reduce el costo de no pagarlas. Lo previsible es que una medida de este tipo aumente la morosidad. 3.- Proyecto negativo. Es atendible la preocupación por la situación de numerosos deudores que se ven enfrentados a una difícil situación económica, que se hace aún más difícil por los inconvenientes que significa aparecer en el Boletín Comercial o en DICOM. Sin embargo, es necesario reconocer la diferencia que significa haber hecho el esfuerzo de pagar o de no haber podido hacerlo, por cualquier causa. En general, siempre que un deudor se ve sobrepasado en su capacidad de pago, comienza a discriminar y suele pagar algunas de sus deudas (aquellas para las cuales le alcanza lo poco que tiene), y deja las demás impagas. De manera que es posible que algunos deudores, teniendo deudas registradas en bases de datos computacionales disponibles para consulta de los acreedores, prefieran haber pagado otras deudas que no se registran en ese sistema. Y también es posible que otros hayan preferido "limpiar" su imagen en DICOM. Por eso no parece razonable otorgar un tratamiento que omite reconocer el esfuerzo de los que de alguna manera pagaron las deudas que aparecen "en pantalla". Desde este punto de vista, la proposición de permitir que se omitan los antecedentes (en verdad, que se "borren") 5

4 no es conveniente. La información tiene un valor y si hay personas o instituciones interesadas en conocer los antecedentes previos de un deudor no hay razón para negarle esa posibilidad. Uno de los mejores predictores del pago de las obligaciones de un deudor es su historia pasada en la materia. Si quienes conceden los créditos no tienen acceso a esa información, necesariamente deberán reducir el espectro de potenciales deudores, afectando de esa manera a los que cumplen con sus obligaciones. 4.- Alternativas. Con todo, la necesidad de favorecer en alguna medida la reactivación económica facilitando la obtención de crédito o de un empleo, es, como se dijo, atendible. estudiando la posibilidad de otorgar un crédito. Pero el plazo de tres años respecto de las deudas extinguidas por el pago, parece excesivo, pues la persona que a veces por una situación accidental o por un déficit transitorio de caja aparece en DICOM, ya no saldrá de ese registro por los próximos tres años, ni siquiera pagando su deuda a satisfacción del acreedor, con intereses, reajustes, etc. Este plazo de tres años podría ser reducido. Por ejemplo, si el deudor paga Para buscar alguna solución alternativa es necesario comenzar por examinar la ley vigente sobre la materia (que la moción sólo menciona para el objeto de imponer sanciones), y que contiene normas sobre la vigencia de las deudas registradas en una base de datos. El artículo 18 de la ley N dispone que los datos registrados no pueden ser revelados luego de transcurridos siete años desde que la obligación se hizo exigible (aunque no se hubiera pagado la deuda); ni después de tres años desde que la deuda fue pagada o se extinguió por cualquier otra causa (por ejemplo fue remitida o perdonada por el acreedor). Estos plazos pueden ser revisados, especialmente el segundo de ellos. El plazo de siete años tiene sentido, porque el plazo general de prescripción de las obligaciones es de cinco años para las acciones ordinarias y de tres para las ejecutivas. Así, el plazo de siete años tiene por objeto mantener información fidedigna en el sistema sobre el comportamiento histórico de una persona, aunque sus deudas impagas no sean actualmente exigibles, situación que apreciará cada entidad que esté 6

5 la deuda dentro del mes siguiente a la anotación en DICOM, puede presumirse que se trata de una situación transitoria que no afecta en forma permanente la solvencia de una persona y por lo tanto reducir el plazo significativamente. De ese modo la anotación comercial podría ser representativa en alguna forma de la capacidad de pago de una persona, al menos aproximadamente. Pero mantener el plazo de tres años incluso cuando ya se ha pagado la deuda, parece excesivo. Ello no obstante, es distinto de lo propuesto en este proyecto de ley, que permite que no se informe de la anotación de la deuda aunque no se haya pagado Conclusión. El proyecto no es correcto en cuanto a que permite omitir información comercial respecto de deudas impagas. Lo que podría proponerse es que el plazo durante el cual el deudor que ya pagó su deuda, apareciera en un registro computacional, fuera reducido, para evitar que esa información perjudique el crédito de quien ya cumplió sus obligaciones. 2 Un proyecto de ley presentado recientemente como boletín , de los diputados Tuma, Elgueta, Bartolucci, Encina, García (René), Montes, Muñoz (Adriana), Ortiz, Pérez (Aníbal) y Rocha, propone transitoriamente que las deudas pagadas dejen de ser comunicadas luego de transcurrido un año, y las impagas, luego de tres años, siempre y cuando el monto total de las deudas no supere las 120 UF (unos 2 millones 200 mil pesos). 3 Véase el proyecto de ley signado como boletín , presentado en mayo de 1995 por los diputados Saa, Rebolledo, Palma, Ceroni, Letelier (J. Pablo), Urrutia (Salvador), Wörner, Prochelle, Soria y Letelier (Felipe). Reseña Legislativa