REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA SOSTENIBLE

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1 REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA SOSTENIBLE Documento aprobado por la Comisión Ejecutiva Confederal mayo de 2010

2 La política de vivienda constituye un elemento más de la economía del Estado del Bienestar, sin embargo muchas veces desde los poderes públicos no se le da la atención necesaria a esta materia fundamental, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, como uno de los derechos fundamentales de nuestro Estado de Derecho. Por lo tanto no se puede negar la imprescindible intervención pública en el mercado de la vivienda. El boom de la construcción en España, ligado directamente a la bonanza económica que se vivió en la UE durante los últimos años, nos llevó a una serie de tendencias y políticas encaminadas a construir cuantos más inmuebles nuevos posibles, con el objeto de ampliar el parque de viviendas en España y a que esta actividad se convirtiera mayoritariamente en una actividad de inversión financiera. Una de las consecuencias directas de estas actuaciones fue el abandono de la rehabilitación de las viviendas más antiguas, excepto en casos de necesidad. Esta tendencia se ha revelado fatalmente errónea por parte de nuestro estado, frente a las actuaciones mucho más lógicas de otros estados pertenecientes a la Unión Europea. Por ejemplo, el caso de Alemania, en donde las obras destinadas a arreglar edificios ya existentes ronda el 62% frente al 37% de la nueva construcción. En España, el porcentaje que supone la rehabilitación en el sector de la construcción es de un 24%, frente al 41% de media de la Unión Europea. Estas cifras nos dan una idea de la situación en que se encuentra el sector en nuestro país, y de la oportunidad que supone desarrollar un impulso decidido en esta materia. El Gobierno plantea en la Estrategia de Economía Sostenible una serie de objetivos para alcanzar en 2020 dentro de un modelo de vivienda sostenible que parecen difíciles de alcanzar con las medidas planteadas. Las dos principales medidas son: - Que las viviendas en alquiler supongan el 20% del total (según el Gobierno eran el 11% en 2007 y el 13% en 2008). Es la propia situación del sector inmobiliario la que está provocando que coyunturalmente aumente el peso del alquiler y que presumiblemente lo siga haciendo en los próximos años, pero en ausencia de políticas públicas decididas que consoliden el alquiler como solución estructural, no coyuntural, del problema de la vivienda. - Que la inversión en rehabilitación suponga un 35% sobre la inversión total en construcción (según el Gobierno en 2008 suponía el 24%). El propio hundimiento de la actividad de edificación de nuevas viviendas está favoreciendo una mejora pasiva de este indicador sin que termine de despegar una apuesta masiva por la rehabilitación frente a la obra nueva. La mayoría de las intervenciones del Estado Español en materia de vivienda, se dirigen a entregar subvenciones o transferencias monetarias, ya sean directas o a través del gasto fiscal (indirectas), las ayudas directas a través de los Planes de Vivienda del Estado, 2

3 representan el 18,09 % del gasto público de vivienda y en las ayudas indirectas representan el 81,91 %. El Gastos público en vivienda en la U.E. es bien distinto: España, Portugal o Grecia destinan menos del 1% del PIB, mientras que otros como Austria, Dinamarca, Francia o Alemania, consignan entre el 1% y el 2% del PIB, y no digamos en otros estados como Holanda, Suecia o Reino Unido, que destinan entre el 3 y el 4% del PIB, esto nos indica que la inversión pública en España es bastante reducida con respecto al resto de la UE 15. Debemos destacar que en el año 2006 se construyeron 58 millones de metros cuadrados más al año que en 2002, pero en lo que corresponde a rehabilitación sólo supuso un aumento de 0,7 millones de metros cuadrados. De hecho la demolición ha supuesto 5,1 millones de metros cuadrados más en el 2006 que en el En datos porcentuales con el total de la actividad, la rehabilitación pasó de suponer el 3% en 2002 al 2% en Es decir, por cada 100 metros cuadrados de nueva construcción, en el 2002 sólo se rehabilitaron 3 metros cuadrados. Cuatro años después tan sólo se rehabilitan 2,3, lo que significa una importante disminución sobre unos datos ya muy pobres de por si en el año La inversión en construcción residencial en España llegó a representar el 9,4% del PIB en términos corrientes (2006), frente al 5,7% de la UE. Como consecuencia de la crisis económica global y las restricciones del crédito, el sector ha sufrido un ajuste muy importante con una destrucción de más de empleos desde el tercer trimestre de 2007, representando más del 50% de la pérdida de puestos de trabajo en este periodo. Es necesario modificar radicalmente la política pública de vivienda seguida por los diferentes gobiernos en las últimas décadas. Es imprescindible pasar del binomio nueva construcción-propiedad al binomio rehabilitación-alquiler. Otro enfoque diferente responderá a otros intereses, pero no dará satisfacción a la necesidad de una vivienda digna de la población. Desde 2004 diversas iniciativas legislativas y presupuestarias apuntan en la línea del binomio rehabilitación-alquiler, pero hasta ahora, en términos generales, ha sido incapaz de pasar de las declaraciones a las actuaciones y romper realmente con un modelo socioeconómico sustentado en la especulación de un bien básico como es la vivienda. Los intereses son muy fuertes y las medidas del Gobierno muy timoratas y en algunos casos incluso pueden ser contrarias al objetivo que dicen defender como en el caso del alquiler. España como sociedad ha realizado un elevado sobreesfuerzo inversor en vivienda durante los últimos 15 años, edificando millones de viviendas, en un número y tipología que no respondía a las necesidades reales de vivienda para ser habitadas sino a fines mercantiles y especulativos. Ese sobreesfuerzo innecesario está en el origen de la actual situación de crisis que soporta la sociedad y la economía española y sus problemas derivados de desempleo, sobreendeudamiento de los diferentes agentes, etc. 3

4 La actual crisis es una oportunidad de no profundizar en el error y cambiar un modelo con repercusiones muy negativas no limitadas a la capacidad de acceso de los españoles a una vivienda digna. En ese sentido, conocido el desmesurado esfuerzo inversor realizado en inversión residencial, con un parque inmenso de nuevas viviendas construidas sin vender así como un incluso mayor parque de viviendas desocupadas, se puede obtener partido como sociedad a esa inversión: habitar ese parque de vivienda. El esfuerzo inversor (público y privado) en materia de vivienda debe orientarse a movilizar y rehabilitar el parque de vivienda existente para que esté en condiciones óptimas de uso por la población y que sean efectivamente habitadas las viviendas por la población que las necesita. Las políticas públicas tienen que apostar decididamente por el impulso del alquiler como alternativa real a la propiedad como forma de acceso a la vivienda. El esfuerzo público debe centrarse en garantizar que exista un parque suficiente y de calidad de viviendas en alquiler (gestionadas tanto desde el ámbito público como la mejora y profesionalización de las viviendas gestionadas por agentes privados) y que la población que accede a esas viviendas sea solvente, es decir, que el esfuerzo real que deban realizar por el pago del alquiler no supere un 30% de sus ingresos. En este sentido una de las soluciones de impulso del alquiler que se han planteado por parte CCOO en ocasiones anteriores, era la de establecer una ayuda directa al inquilino (arrendatario) aunque abonada directamente al propietario (arrendador) condicionada y progresiva en función del nivel de renta del arrendatario y condicionada a un precio máximo de alquiler (para minimizar el efecto de su traslación a precios). Las medidas planteadas en la Ley de Economía Sostenible, mantienen como mecanismo clave de la política pública de vivienda la concesión de ayudas, que permiten fácilmente su traslado a precios en un contexto de control del mercado inmobiliario desde el lado de la oferta (promotor y arrendador). La política estatal de vivienda se articula mediante dos ejes presupuestarios de actuación: la política directa en materia de vivienda (los planes plurianuales de vivienda y las ayudas que se derivan) y la bonificación fiscal del gasto en vivienda. Este segundo eje concentra el grueso del esfuerzo presupuestario en materia de vivienda y paradójicamente, es uno de los responsables de la carestía de la vivienda en España y desvirtúa completamente los objetivos de teóricos de una política pública que declara pretender garantizar el acceso a una vivienda digna. El grueso del gasto público del Gobierno Central en materia de vivienda se articula mediante beneficios fiscales (desgravaciones recogidas en diversos impuestos). La práctica totalidad de los beneficios fiscales ligados a la vivienda siguen destinados a fomentar su adquisición en propiedad. Apenas una minoría (menos del diez por ciento) de estos gastos fiscales va destinada a fomentar el alquiler de viviendas o su rehabilitación. Los beneficios fiscales en el IRPF destinados a la vivienda son un mecanismo injusto e ineficiente de contribuir a la política pública de vivienda porque no permite beneficiarse a 4

5 las personas con menores ingresos y por tanto sin contribución en el IRPF. Además el mecanismo es ineficiente, porque estas bonificaciones fiscales, tal y como se están aplicando en un mercado inmobiliario como el español, se trasladan al precio final de la vivienda, ya sea en compra o en alquiler, de manera que son los vendedores/arrendadores los principales beneficiarios. En realidad supone una transferencia de rentas desde el presupuesto público (es decir, el de toda la población) hacia el colectivo con ingresos superiores a la media. El análisis en 2008 del parque de vivienda en función de su régimen de tenencia refleja que dos terceras partes corresponden a viviendas principales (residencia principal) y el otro tercio son no principales (segundas residencias, viviendas vacías). Es decir, una de cada tres viviendas existente en España no tiene un uso residencial y continuado como alojamiento habitual. Además, en los últimos años ( ) más de la mitad de la variación neta del parque de viviendas ha ido destinado a aquellas que carecen de uso como residencia principal. El Plan 1 Estatal de Vivienda y Rehabilitación , se encuentra en plena aplicación, aunque se solapa con las actuaciones y ayudas que se siguen ejecutando vinculadas a planes anteriores. El Plan en vigor, da cobertura a las diferentes iniciativas territoriales adoptadas para capear la crisis del sector constructor e inmobiliario por diferentes gobiernos autonómicos, así como algunas más de aportación estatal dirigidas igualmente a facilitar a promotores y constructores dar salida a los enormes volúmenes de viviendas disponibles. A fecha de hoy se carece de información suficiente de cómo están funcionando dichas iniciativas. El Plan reincidía en las mismas líneas de actuación que vienen caracterizando la política pública de vivienda durante las últimas décadas ayudas a la construcción y compraventa de viviendas protegidas en régimen de propiedad-. Las líneas que se van abriendo en materia de alquiler son poco ambiciosas en su cuantía y presupuesto y están repitiendo los mismos errores seguidos con las políticas de vivienda en propiedad se están dando ayudas no condicionadas para que los beneficiarios afronten el pago del alquiler- por lo que dichas ayudas son trasladadas a precios sin mejorar la accesibilidad de la población al alquiler. En materia de rehabilitación, se contemplan diferentes líneas de actuación: las áreas de rehabilitación de conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales (ARIS), y las áreas de renovación urbana (ARUS), destinadas a la renovación integral de barrios o conjuntos de edificios de viviendas que precisan actuaciones de demolición y sustitución, de reurbanización o para la creación de dotaciones y equipamientos. En ambos casos estas zonas deben haber sido declaradas como tales por las respectivas Comunidades Autónomas. 1 Para un mayor análisis del Plan de Vivienda y Rehabilitación ver el capítulo de la política de vivienda recogido en el documento Crisis financiera, situación de la economía española. Presupuestos Generales del Estado 2009 editado por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. 5

6 Una tercera línea de actuación son las denominadas Ayudas RENOVE para la rehabilitación de viviendas y edificios a las que pueden acceder aquellas personas que no excedan sus ingresos en 6,5 veces el IPREM, destinado a la realización de mejoras en la eficiencia energética, la higiene, la salud, la estanqueidad de los edificios, o la mejora de la accesibilidad. Para el desarrollo de estas medidas el Ministerio de la Vivienda ha venido suscribiendo diferentes convenios con las Comunidades Autónomas, ya que aunque el Plan articule el mecanismo de ayudas y aportaciones, las competencias en vivienda son autonómicas, por lo que es necesario el desarrollo de acuerdos bilaterales para su ejecución. El Ministerio de Vivienda ha anunciado recientemente la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2010 de todas las medidas transitorias del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación destinadas a facilitar la conversión del excedente de viviendas libres en protegidas. Asumiendo todas las consecuencias de no haber puesto límites al modelo de capitalismo urbano de las últimas décadas, y situados en plena crisis económica y medioambiental, creemos que es momento de compensar a los sistemas urbanos consolidados. Pero, qué modelo urbano podría compensar tal desequilibrio? la respuesta pasa irremediablemente por la reducción del consumo de suelo y del impacto sobre la biosfera, por el reciclaje y por la reconstrucción de la ciudad consolidada. Y el modelo que cumple todas estas exigencias es la Rehabilitación Urbana. Al hablar de Rehabilitación en España solamente el 5% del gasto público en vivienda se dirige a ayudas a la rehabilitación, mientras que en Italia por ejemplo, por ley debe dedicarse el 30 % al menos. Según los últimos datos disponibles, referidos a 2007, la reforma y rehabilitación de viviendas, edificios y zonas urbanas movilizó casi millones de euros y ocupó a personas, incluyendo las dedicadas a la rehabilitación energética. El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación contempla no sólo la rehabilitación del parque de viviendas sino que tanto esta, como en la construcción de nuevas viviendas, tenga entre otros fines la mejora de su eficiencia energética y de sus condiciones de accesibilidad. CCOO creemos que se debe ser aún más ambicioso y deberíamos hablar de una Ley de Bases para la Rehabilitación Urbana Sostenible, que elimine la actual dispersión normativa y que posibilite alcanzar estos objetivos y complementarlos con otros cuya dimensión propiciara ciudades mas sostenibles, que generara más empleo, socialmente más confortables y las dotara de una mayor cohesión social y así, avanzar hacia un nuevo enfoque en el patrón de crecimiento económico en nuestro país. Entre sus contenidos, debería contemplarse la integración de los diferentes instrumentos financieros de apoyo a la rehabilitación existentes en la actualidad (Ley 35/2006 del IRPF y Real Decreto 439/2007 que aprueba el Reglamento del IRPF, Programa de ayudas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía -I.D.A.E.- al sector de la edificación; 6

7 Real Decreto 2066/2008 que regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, Ley de Economía Sostenible); la adaptación energética de edificios existentes y el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE), estableciendo un plazo temporal próximo para ello; la aplicación de la certificación energética regulada en el RD 47 / 2007 que aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios; las reformas necesarias a efectuar en la Ley de Propiedad Horizontal con el fin de facilitar los procesos de rehabilitación o el desarrollo de medidas contra el acoso inmobiliario que se dan en algunas grandes ciudades en centros históricos o zonas consideradas estratégicas. Esta nueva norma debería incorporar así mismo, los criterios de la Directiva 2002/91/CE sobre eficiencia energética de los edificios y de la Directiva 2006/32/CE sobre eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos, así como las recomendaciones establecidas en la conocida como Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles y las resoluciones del Parlamento Europeo en esta materia. Debemos de tener en cuenta que la rehabilitación urbana sostenible incide sobre el patrimonio deteriorado o degradado de las ciudades e intenta recuperar estos elementos, pero tiene también una finalidad más amplia, en la medida en que está traspasada por objetivos medioambientales (garantizando su eficiencia energética), sociales y económicos. Así los procesos de rehabilitación tienen como finalidad mantener a la población existente en estos ámbitos, evitando su desalojo, y al mismo tiempo pretenden revitalizar económica y funcionalmente estos espacios implantando en ellos actividades y servicios, usos públicos, comerciales etc., así como conseguir la máxima eficiencia energética y con garantías de sostenibilidad. Así en la medida en que la rehabilitación consiste en actuaciones sobre los espacios públicos de urbanización o reurbanización estaremos hablando de una función pública. A diferencia de las actuaciones de renovación urbana o urbanización de suelo urbanizable, donde los beneficios económicos son sustanciosos y estimulan la inversión privada y los sistemas de gestión indirecta, en el caso de la rehabilitación la menor rentabilidad especulativa retrae a los sujetos privados de la realización de estas actuaciones, originado la necesidad de una mayor inversión por parte del sector público que suple de esta forma la inhibición del sector privado, pero desde el punto de vista del empleo significa la generación de muchos puestos de trabajo tanto directos como indirectos que convierten la rehabilitación urbana sostenible en un concepto rentable aunque no especulativo, invirtiendo la tendencia del sector. Debe tenerse en cuenta que en España existen alrededor de 25 millones de viviendas y edificios industriales o de servicios. Las actuaciones de rehabilitación se deberían realizar prioritariamente sobre el 50% del parque total que no están dotadas de ningún tipo de medida de control de gasto energético. Además se fomentaría la creación de empresas especializadas en rehabilitación urbana y de viviendas con una estructura estable que permitiese un mercado laboral con menor 7

8 rotación, mayor seguridad y donde las variaciones en el volumen de empleo fueran más fácilmente absorbibles. Ello evitaría en gran medida el sobredimensionamiento del sector de la construcción, y por ende el de los materiales, basado en la construcción intensiva de vivienda y cuyas consecuencia estamos padeciendo. De igual forma, se potenciaría un mercado industrial de materiales de construcción mucho más competitivo que lo posibilitase para limitar las importaciones de productos, a la vez que le permitiese su expansión en los mercados exteriores. Produciéndose por tanto, una reconfiguración industrial desde las necesidades internas del sector de la construcción, lo que conllevaría una adaptación progresiva hacía elementos constructivos más elaborados y de alto valor añadido, evitando así la destrucción de puestos de trabajo con la adaptación paulatina de la industria de materiales, tanto a nivel de instalaciones como a nivel de formación de su personal y el desarrollo de las denominadas Empresas de Servicios Energéticos. Así mismo debemos de tener en cuenta que en los espacios urbanos la rehabilitación implica un conjunto de acciones que suponen la protección, conservación, restauración y mejora de su tejido urbano, a través de la puesta en valor y más adecuada utilización del patrimonio urbanizado y edificado. En estos ámbitos las acciones de rehabilitación superan la perspectiva puramente material o física, de forma que tienen también una dimensión social o económica de recuperación de los entornos degradados. Así por ejemplo, se trata de mantener a la población existente, mejorar sus condiciones de vida y en especial la calidad de la vivienda y la potenciación de actividades económicas compatibles con los objetivos anteriormente apuntados. Acciones de rehabilitación y reanimación de la actividad en la zona degradada, con especial referencia al mantenimiento de las funciones existentes y la creación de otras nuevas, teniendo en cuenta la estructura socioeconómica, cultural y técnica de la zona, mejora la situación medioambiental, disminuyendo el gasto energético y contribuyendo a la sostenibilidad de la economía. Es necesario plantear una nueva conformación urbana orientada con los objetivos de la sostenibilidad, que permita el desarrollo de actividades urbanas en mejores condiciones, además de ofrecer un transporte público de calidad que motive su utilización, con calidad ambiental y sin interferencias sobre el espacio público, al mismo tiempo que se dotan los espacios suficientes para el transporte sostenible. Así mismo, se debe incorporar la visión de sostenibilidad medioambiental en el conjunto ciudad-territorio, reintegrando la ciudad a la naturaleza y la naturaleza a la ciudad. Esto implica una gestión diferente de la energía a partir del aumento de la eficiencia de su uso y la generación por fuentes renovables, la utilización de materiales también 8

9 renovables y la gestión de los residuos para obtener combustibles, reciclados, materias primas y agua. Finalmente, es necesario recuperar el papel de la ciudad como lugar de encuentro y desarrollo social e individual de sus habitantes, generando estructuras sociales y culturales integradoras. Este esquema anterior puede ser complementado por el desarrollo de nuevos enfoques: o Insertar el diseño bioclimático como una premisa básica tanto de la planificación urbana como de los proyectos de edificación. o Desarrollar los proyectos urbanos y de edificación considerando todas las implicaciones referidas a la sostenibilidad que el uso de ciertos materiales implica y encontrar los procesos que permitan estandarizar usos apropiados. o Recuperar la fuerza del patrimonio urbano y cultural como base de identidad y proyección de un nuevo proyecto de ordenación territorial desde la modernidad. o Focalizar el proyecto en si mismo como un productor de oportunidades económicas dentro de una economía global, como camino hacia una economía sostenible. o Desarrollo de una infraestructura y una calidad del medio ambiente urbano que promuevan el desarrollo personal y comunitario de los habitantes. o Los desarrollos deben implicar la intervención de los diferentes agentes sociales y económicos: Administraciones, usuarios, organizaciones sindicales y empresariales, desarrolladores y ejecutores; y al mismo tiempo conocimientos provenientes de diferentes campos del saber. La Rehabilitación Urbana Sostenible debiera contener en base a lo anteriormente expuesto una serie de elementos destacables como son: una oficina de gestión de proximidad para acercar la Administración al ciudadano; participación ciudadana, para que los planes llevados a cabo cuenten con el consenso general; reforma interior tanto en centro histórico como no histórico; política de realojos urbanísticos, para el retorno de los habitantes a su propio barrio; distintos programas de acompañamiento entre los que destacan los de instauración del mantenimiento preventivo, la certificación de eficiencia energética y las inspecciones periódicas, la inserción laboral y la reactivación económica. Se le debe dar especial relevancia a la implantación de dotaciones públicas de equipamientos en áreas degradadas para la regeneración de las mismas, en algunos casos alrededor de un eje estructural para la revitalización de la zona; al mismo tiempo debe servir para la interconexión de núcleos aislados y la integración de los sistemas de transporte. Así mismo es imprescindible dotarse de mecanismos de evaluación para verificar que se alcanzan los objetivos deseados, teniendo en cuenta que los objetivos prioritarios deben ser la eficiencia energética y la reactivación del sector de la construcción y la lucha contra 9

10 el desempleo y la marginación social con objetivos de sostenibilidad, y por ello entendemos que debemos marcarnos premisas clave. En opinión de CCOO, se deben establecer un conjunto de indicadores que faciliten la evaluación y el alcance real de los planes propuestos: 1. Población anterior y posterior. 2. Índice de actividad económica. 3. Empleo directo y de calidad necesario para llevar a cabo el proyecto. 4. Empleo anterior en el ámbito a rehabilitar y posterior esperado. 5. Índice de motorización (vehículo / habitante). 6. Producción de Residuos Sólidos Urbanos (Kg/persona/día). 7. Energía Eléctrica utilizada (Mw H/habitante). 8. Agua Doméstica (l/hab./día). 9. Uso eficiente del stock de vivienda (vivienda Principal/vivienda no principal). 10. Densidad Urbana (hab/ha). 11. Incremento de superficie por habitante. 12. Calidad del aire antes y después. 13. Zonas Verdes (m² /hab.). 14. Ruido Ambiental. 15. Emisiones de contaminantes procedentes del transporte. 16. Incidencia del transporte público en la zona. 17. Índice de plazas escolares por niño en edad escolar. 18. Índice de plazas de atención sanitaria, por habitante. 19. Índice de modos e itinerarios de transporte sostenible. 20. Consumo de agua por hogar. 21. Renta disponible bruta en los hogares. 22. Tasa global de reciclado y valorización de Residuos Sólidos Urbanos. 23. Patrimonio monumental. 24. Depuración de aguas residuales urbanas. LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS El proyecto residencial forma parte de un proyecto urbano consolidado. Es importante entender que las viviendas no son ni pueden ser, piezas autónomas. Cuando funcionan, es decir, cuando son capaces de favorecer la creación de redes sociales y comunitarias, crean ciudad real y lo hacen sobre las bases de un buen proyecto urbano. El ámbito de aplicación para la rehabilitación de viviendas, debe abarcar todo tipo de edificios, especialmente los que constituyen tejido urbano, tanto viviendas como equipamientos complementarios (guarderías, colegios, centros de salud, deportivos ) así como industriales o de servicios (hostelería, comercial, oficinas.). Dentro del primer tipo, dirigido a Comunidades de Propietarios, y de los segundos a todo tipo de empresas y administraciones públicas. Debería prestarse especial atención a los edificios de cascos históricos de las ciudades que precisan normalmente de una rehabilitación más estructural, y a las viviendas 10

11 construidas en las cuatro últimas décadas, así como el fomento de los servicios comunitarios de cercanía. La financiación debería concentrarse en las ayudas directas, subvenciones y créditos. Deberían contemplarse la formula de financiación por terceros en aquellos casos en que pudieran conseguirse ahorros de las correspondientes facturas energéticas. La financiación pública movilizaría la inversión de empresas y particulares multiplicando por tres, el conjunto de la inversión. Debe tenerse en cuenta a la hora de realizar estas ayudas por parte de las administraciones, la renta de los afectados buscándose mecanismos compensatorios según las circunstancias económicas, y la rentabilidad energética y de accesibilidad de las actuaciones. Los destinatarios de las subvenciones y ayudas serían los promotores de las actuaciones y los propietarios de las viviendas o edificios, inquilinos autorizados por el propietario, o comunidades de propietarios de viviendas y empresas. TIPO DE ACTUACIONES A. Mejora del comportamiento térmico y acústico de la envolvente de las edificaciones Se trata de adecuar las edificaciones existentes a los parámetros de eficiencia energética exigibles según lo establecido por el Código Técnico de la Edificación (CTE) y las modificaciones realizadas por la Orden VIV/984/2009, y en el Real Decreto 47/2007 por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. Estas actuaciones sobre la envolvente alargan la vida útil de las edificaciones, eliminando el impacto ambiental y las emisiones derivadas de la sustitución de las edificaciones. Por otro lado, mejoran directamente en la calidad de vida y la economía de los usuarios ya que reducen directamente el consumo de energía para climatización. Los requerimientos técnicos que deberían introducirse en las actuaciones de rehabilitación deben ir dirigidos a conseguir los niveles de confort climático y ambiental, utilizando los menores recursos energéticos externos posibles e incorporando criterios de sostenibilidad en los materiales a emplear y en la gestión de las obras. Incorporación de materiales aislantes térmico en fachadas exteriores, patios, cubiertas o suelos, para cumplir al menos las exigencias del CTE. Sustitución de ventanas antiguas por ventanas con doble acristalamiento o doble ventana, con sistemas específicos para cada orientación. Cuando sea necesario colocación de toldos, persianas u otros elementos de protección solar. Cuando sea necesario, mejorar los sistemas de captación solar pasiva mediante aperturas de huecos a orientaciones favorables, colocación de elementos tipo 11

12 confederación sindical invernaderos, sistemas de captación cenital en cubierta (lucernarios, ventanales, etc.) Complementar estos elementos de captación con medidas de permitan una mayor acumulación de la radiación solar mediante el empleo de materiales o elementos de alta inercia térmica en suelos, muros, o tabiques. En centros históricos, recuperar sistemas tradicionales de climatización pasiva por manzanas y calles. Actuaciones que permitan la ventilación natural cruzada de las estancias: incorporación carpintería interior con elementos abatibles, ventilación forzada natural mediante chimeneas solares. Adaptación de la distribución de usos en los edificios en función del comportamiento térmico de los espacios. Recuperación de los patios interiores como elemento bioclimático y cuando sea necesario, empleo de vegetación como elemento de protección solar y refrigeración natural. Cuando sea posible, incorporación de cubiertas ecológica para mejora de comportamiento térmico tanto del edificio como del entorno próximo. Uso eficiente del arbolado y la vegetación exterior como regulador natural. B. Incorporación de la cultura de la sostenibilidad en el proceso de la rehabilitación de edificios Se trataría de fomentar que el sector de la construcción incorpore en sus procesos la lógica de la sostenibilidad y la calidad como valor añadido y principio de prevención usando preferentemente técnicas blandas frente a tecnologías de obra nueva. Algunas de estas acciones serían: Introducción de materiales ecológicos en obras de rehabilitación (tuberías, suelos, pinturas, revocos, mortero ). Elementos prefabricados fácilmente reversibles (en especial en edificios de usos rotacionales y terciarios). Instalaciones de fácil accesibilidad para su readaptación o demolición. Mejora de las técnicas de construcción de los edificios para la recuperación de materiales y elementos. Recuperación de técnicas y sistemas constructivos tradicionales para los centros históricos. C. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones Por un lado, se trataría de mejorar los sistemas existentes para cumplir las exigencias del Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y del CTE, y por otro incorporar sistemas innovadores de alta eficiencia energética. o Introducción de energías renovables: solar térmica, biomasa, eólica, solar fotovoltaica para electricidad. o Empleo de aparatos de bajo consumo de agua (grifería y electrodomésticos). o Empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética en el uso de grifería y electrodomésticos que utilicen agua caliente sanitaria: grifería de apertura en frío, termostática, temporizada, etc. 12

13 o Cuando sea viable, incorporación de depósitos de recogida de aguas pluviales para su posterior uso en riego, inodoros y limpieza. o Empleo de medidas de eficiencia energética en los sistemas de iluminación como el empleo de lámparas de bajo consumo. o En edificios de uso público, utilización de la domótica para optimizar el uso de los espacios. o Sustitución de calefacciones individuales por calderas centralizadas con control individualizado. o Empleo de calderas de baja temperatura y/o de condensación. o Sustitución de sistemas de calefacción convencional por emisores de calor de baja temperatura. D. Mejora de la accesibilidad Se trata de medidas que mejoren la habitabilidad de los edificios y su relación con el espacio público, tales como la incorporación de ascensores de bajo consumo en los edificios, la mejora de las condiciones de iluminación de las zonas comunes y el establecimiento de recorridos accesibles desde los espacios públicos y en conexión con las redes urbanas de transporte público. Con este enfoque se pretende en definitiva, la mejora de las condiciones de habitabilidad en las viviendas y de salud en los centros de trabajo; la revitalización y recuperación del tejido urbano consolidado; la mejora de la accesibilidad para las personas con discapacidades; la reducción de las emisiones de CO2 y otros Gases de Efecto Invernadero reduciendo la dependencia energética de nuestro país; la disminución de la factura energética de los usuarios, empresas y administraciones. Por otro lado, contribuiría al fomento de la instalación de energías renovables y a la investigación, desarrollo y principalmente, la innovación en materia de edificación, nuevos materiales y energías renovables. Y todo ello, con el fin de propiciar la generación de empleo estable y la creación de empresas especializadas en rehabilitación y materiales, promoviendo la reconversión del sector de la construcción y del modelo de vivienda sin adecuar a las nuevas tecnologías, llevándolo a un modelo sostenible en su definición más amplia. CREACION DE EMPLEO Y FORMACIÓN LABORAL. Los ratios de empleo/capital invertido son muy superiores en rehabilitación respecto de nueva construcción y sobre todo respecto de obra pública. Según datos oficiales del Ministerio de Vivienda extraídos de las actuaciones puestas en marcha en materia de rehabilitación, financiadas mediante el Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo, con una financiación de 110 M, se han realizado actuaciones, que han generado empleos, según los datos aportados por las CC.AA. 13

14 Así mismo la instalación de energías renovables y el uso de nuevos materiales y equipos, fomentaría el despegue de tecnologías con futuro orientadas hacia el desarrollo sostenible. Todo ello requiere una atención particular a la formación y adaptación profesional de los trabajadores del sector, dotándoles, en diferentes grados y niveles profesionales, de la formación necesaria en aspectos como sistemas de aislamiento, materiales, instalación y mantenimiento de energía solar térmica y fotovoltaica, biomasa o gestión de residuos de construcción y demolición, así como su posible reutilización, que son muy importantes en las obras de rehabilitación, fortaleciendo los Ciclos Formativos de Formación Profesional de la familia de construcción con la utilización de materiales y técnicas más sostenibles y competitivas, al igual que adaptar a estas especialidades la formación profesional continua y ocupacional. Estas acciones formativas se podrían ir desarrollando con los trabajadores y trabajadoras del sector en situación de desempleo por la caída de la actividad en nueva edificación, a través de cursos específicos impartidos por las entidades especializadas del sector y de las Comunidades Autónomas. Para ello proponemos una serie de medidas de acompañamiento como pueden ser: Reciclaje formativo de desempleados del sector, basándose en los certificados de profesionalidad existentes, pertinentemente adaptados a los nuevos criterios de rehabilitación y sostenibilidad. Impulso a la Formación Profesional para el Empleo, vinculado a la rehabilitación y las nuevas tecnologías en la rehabilitación y materiales. Vincular al sector empresarial en esta actividad. Utilización de las Oficinas de Rehabilitación para realizar prácticas. Incentivar la formación especializada en la rehabilitación y renovación urbana, así como el uso de materiales reciclados de construcción y nuevos materiales. Estudio de la creación de un centro o instituto de Investigación y Desarrollo para el sector de la construcción, con la participación de los agentes sociales y económicos. En conclusión, la Rehabilitación y Renovación Urbana Sostenible, debe significar un cambio de concepto en la sociedad en general, no puede ser una actuación puntual, sino que tiene que extenderse en el tiempo, al igual que debe calar la idea de que es necesaria la rehabilitación de edificaciones, cada cierto tiempo, no se puede seguir pensando que las edificaciones sin mantenimiento y rehabilitación son para la eternidad, sino que se debe periódicamente actualizar y mejorar, adecuándose a los nuevos avances tecnológicos, que propicien comodidad, confortabilidad y garantías de futuro. Ello significa un importante cambio conceptual en los propietarios e incluso en los inquilinos de las mismas. Si tenemos en cuenta que el parque de edificaciones es de unos y que alrededor de un 50% tiene más de 40 años, y que la inmensa mayoría no están adecuadas a los nuevos condicionantes en la eficiencia energética, deduciremos que debería ser necesario hacer actuaciones rehabilitadoras para la mejora de accesibilidad, eficiencia energética e instalación de energías renovables, supondría que el 14

15 objetivo óptimo de esta actuación debería llegar a alcanzar a unos de edificaciones. Si aspiráramos a poder rehabilitar unas de edificaciones /año, supondría unos 7 años de actuaciones, pero la rehabilitación como base de mantenimiento y adecuación debe ser permanente, más aún si tenemos en cuenta que aproximadamente otros de edificaciones con menos de 40 años, las medidas energéticas que poseen, son muy escasas, por lo que el parque a rehabilitar sería también más amplio. Por ello es fundamental fijar los criterios y sobre todo buscar los mecanismos que incentiven el cambio de modelo. Para ello, las ayudas deben jugar un papel preponderante al igual que el equilibrio en el tratamiento fiscal que se le de a estos gastos, así como regular la participación de los inquilinos en estas medidas. Se deben plantear ayudas a la rehabilitación en cuantías atractivas a los propietarios e inquilinos, tanto en subvenciones directas, como avales y facilidades de acceso a préstamos, de forma y manera que el gasto público en rehabilitación urbana y de vivienda sostenible, se acercara a las medias europeas incrementando notablemente el gasto actual. Debe generarse otra cultura en el sector de la construcción, basada en la sostenibilidad y eficiencia energética, al igual que la calidad en el empleo y la prevención de riesgos laborales, considerando de manera específica los posibles riesgos potenciales derivados de la presencia de materiales tóxicos, especialmente el amianto instalado en cualquiera de sus variedades, mediante la formación y la información. Deberá realizarse una amplia labor informativa de las medidas que se desarrollen para lograr un cambio estructural en la sociedad, que consolide la rehabilitación y el mantenimiento como cuestiones permanentes en la vida de los edificios. 15