PRESENTACION TÉCNICA Andrés Celis, coordinador de la Unidad de Protección de ACNUR.

Transcripción

1 PRESENTACION PUBLICA CUADERNO DESPLAZAMIENTO FORZADO, TIERRAS Y TERRITORIO. AGENDAS PENDIENTES: LA ESTABILIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y LA REPARACIÓN. PNUD Y ACNUR, BOGOTÁ, JULIO 19 DE 2011 PRESENTACION TÉCNICA Andrés Celis, coordinador de la Unidad de Protección de ACNUR. La presentación de este cuadernillo, representa para mi un doble reto. El primero, intentar recoger algunos de sus elementos centrales, no habiendo participado directamente en su elaboración. Y el segundo, intentar presentarlo en función de la reglamentación e implementación del capítulo de restitución de la Ley de Víctimas recientemente sancionada. Por supuesto, frente al primer reto, consulté a Juan Carlos Betancur, quien estuvo al frente de la investigación, sobre los puntos centrales que él resaltaría. Por eso, antes de avanzar, quisiera reconocer y felicitar la calidad de este trabajo y el esfuerzo del equipo investigador. Voy a dividir la presentación en tres partes. En la primera señalaré la estructura del documento y algunos elementos de la forma como se desarrolló el estudio. En la segunda pretendo recoger los mensajes centrales del Cuaderno; y en la tercera, los principales retos que desde el ACNUR identificamos se presentan hoy para la adecuada implementación de la Ley de Víctimas. Como lo señaló el propio autor, la estructura del documento está construida sobre tres preguntas con las que se trabajó en terreno: 1. Cuáles eran las condiciones agrarias y territoriales antes del desplazamiento forzado; 2. Cuál es la situación de las tierras y los territorios abandonados hoy; y 3. Con qué se encuentran los indígenas, afrodescendientes y campesinos cuando regresan a sus territorios. Señala Juan Carlos Betancur que uno de los puntos más importantes del Cuaderno es que intenta dar voz a cientos de líderes que participaron en los encuentros, sus sensibilidades y aspiraciones para superar su situación frente a los temas agrarios y territoriales. En este orden de ideas, el Cuaderno presenta una aproximación al problema a partir del análisis de las consecuencias del desplazamiento, en donde aparece claro que éste genera impactos diferenciados dependiendo de la coyuntura en una determinada región. Tal situación encuentra como una de sus causas el conflicto agrario y manifiesta la forma como la violencia se relaciona con el abandono y el despojo de la tierra, lo cual deja a su vez huellas que van más allá de la posesión y titularidad sobre los predios afectados. La tercera parte es el núcleo del Cuaderno: la descripción del impacto del conflicto y la violencia sobre los territorios y el patrimonio de la población en tres regiones del país. Finalmente, se presenta una aproximación a experiencias internacionales y se formulan recomendaciones de acciones, las cuales, es necesario aclarar, son previas a los debates finales y la sanción de la Ley de víctimas. A pesar de esto, siguen vigentes. Además de la investigación sobre la historia de los conflictos agrarios, la normativa y la institucionalidad en materia de tierras para población desplazada y de las experiencias 1

2 internacionales, el equipo investigador, con el apoyo de las oficinas de terreno del ACNUR, identificó municipios en tres regiones fuertemente afectadas tanto por el desplazamiento como por el abandono y el despojo de tierras: Montes de María, Macarena Ariarí y el Alto San Juan. Se efectúo un seguimiento sobre 38 municipios y se hizo trabajo de campo en 12 de ellos. Estos municipios se encuentran dentro de los 300 que concentran el 70% de la expulsión histórica del país y representan diversidad en términos étnicos, culturales, institucionales, así como variadas formas de tenencia de la tierra y de expresiones del conflicto armado interno y la violencia. Todo lo anterior trata de ofrecer tanto un panorama general de la problemática como sus expresiones particulares. Como lo señala el autor las Organizaciones de Población Desplazada (OPD), organizaciones y autoridades étnico territoriales, accedieron a participar en unos encuentros para analizar su situación o posibles soluciones al desplazamiento frente a los temas de la tierra y el territorio, con una visión de retorno o reubicación. De los procesos regionales citados me detendré, más que en los hallazgos del documento, en una actualización de algunos puntos fundamentales que se centran en las medidas de protección y en los escenarios de nuevas formas de despojo que hemos venido identificando, por ejemplo: a. Creación de nuevas veredas para evadir las medidas de protección y avanzar allí con la venta/compra de predios. b. Expulsión forzada de campesinos de sus fincas. Grupos armados en Mapiripán obligaron a las familias a abandonar sus fincas, los trasladaron en camiones pagados por ellos y a la salida les entregaron un mercado. Les dijeron que no podían declarar el desplazamiento. c. Repoblamiento de zonas abandonadas en el marco del desplazamiento y la posterior solicitud de formalización a través de terceros: Curvaradó, Jiguamiandó, Mapiripán, Puerto Rico y Vistahermosa en el Meta, Montes de María. d. Pilotajes de titulación en zonas de inminencia de desplazamiento, con IR de la Defensoría del Pueblo, con desplazamientos masivos y altas tasas de homicidios y hostigamientos: caso Vistahermosa Meta. Allí el pilotaje empieza en el 2010, a pesar de ser el municipio más expulsor del departamento, y no se hace cruce de la información reportada en el RUPTA cuando se inicia la titulación. Posteriormente, por la presión ejercida desde la Mesa Departamental, se constata que 40 de los predios en proceso de titulación estaban ya incluidos en el RUPTA. e. Presión local por el levantamiento de las medidas de protección, de manera que se pueda avanzar con la compra/venta de predios para el desarrollo de mega proyectos industriales: caso Mapiripán, Vistahermosa y Puerto Rico. Temor por parte de los funcionarios locales. f. Bajo nivel de control por parte del Ministerio Público en las solicitudes de enajenación y el cumplimiento, por parte de los Comités Municipales, de los requisitos establecidos. 2

3 g. En el caso de Montes de María, y sin que involucre un cuestionamiento per se a la medida, si es conveniente resaltar la necesidad de garantizar la participación informada de la población acerca de lo que significa el alcance del establecimiento de zonas de reservas campesinas y evaluar en lo pertinente los riesgos que en modelos de definición colectiva se han presentado sobre las comunidades, como es el caso de las fracturas propiciadas por agentes externos cuando se trata de territorios colectivos. Intento a continuación extraer, lo que en mi opinión, podrían ser los mensajes centrales del Cuaderno. 1. El desplazamiento de población, el abandono y despojo de tierras, y en consecuencia, la restitución tienen dimensión regional. Esta dimensión se expresa en prácticas distintas de violencia, formas de tenencia, diferentes impactos sobre la población, institucionalidades heterogéneas y por consiguiente, las respuestas para alcanzar una solución tienen que partir por ese reconocimiento, elemento fundamental para la adecuación o formulación de los programas de restitución. La imposibilidad de homogenizar la ley, en términos del autor. 2. La tierra y su tenencia están relacionadas con un componente patrimonial mayor: el territorio. Recogiendo visiones de la FAO y estudios de académicas como Flor Edilma Osorio, el Cuaderno enfatiza en que a los activos individuales, se adicionan activos colectivos y sociales. Por esto, la restitución va más allá de la titularidad y posesión material de la tierra. 3. En este mismo orden de ideas, el despojo contempla tanto el cambio en la titularidad, como el uso, el aprovechamiento y la explotación de predios abandonados u objeto de despojo. Incluye también el despojo de esos activos colectivos, los cuales se presentan como pérdidas invisibles que deben ser objeto de restitución. 4. El desplazamiento, el abandono y el despojo representan una transformación del territorio y de las formas como las comunidades se relacionan con éste, con las instituciones, con el patrimonio y con terceros; así mismo, implica un cambio en la vocación productiva de las comunidades, en consecuencia trae implícita una transformación cultural. Al retornar, las comunidades encuentran un contexto y un paisaje distinto, frente al cual deben al menos preguntarse si restablecer, y cómo, el uso y aprovechamiento tradicional de los territorios. Para efectos de la Ley, lo que es necesario clarificar, en este sentido, es el alcance de los contratos para el uso de los predios restituidos. 5. La restitución debería involucrar el universo de las víctimas de una parte y, en consecuencia, el universo de victimarios, de otra. La modificación del artículo 1 de la ley 387 podría generar en su aplicación una discriminación no aceptable frente a víctimas de hechos de violencia generalizada o de violencia relacionada estrechamente con el narcotráfico. Pese a esta restricción que contradice el sentido de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas e incluso la Declaración de la OEA sobre desplazados internos del pasado 7 de junio, y en cuya definición participó el Estado colombiano, la 3

4 noticia positiva es que las presunciones establecidas en el artículo 77 de la Ley estarían amparando también a las víctimas que se encuentran en estas circunstancias. 6. Los vacíos existentes en la información oficial, registral o catastral, pueden ser suplidos con procesos de cartografía social, tal y como ya lo ha señalado el propio gobierno. No obstante, éstos deben reconocer los tiempos y dinámicas de las comunidades, las autoridades étnico territoriales y propiciar la reconstrucción organizativa de las comunidades. Así mismo, se debe evaluar los riesgos de quienes participan en ellos y quienes tienen la memoria comunitaria. En el caso del Curvaradó, por ejemplo, uno de los dilemas que en la actualidad estamos viendo es cómo limitar el grado de exposición de los adultos mayores, pues sobre ellos, debido a que son fuentes privilegiadas de información, se está soportando la reconstrucción del poblamiento del territorio; esto ha hecho que vengan siendo objeto de diversas presiones. 7. Los modelos de análisis de riesgos no han sido nutridos de una perspectiva de intereses sobre las tierras y el territorio. En la discusión con el CI2RT (Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras) uno de los puntos que hemos propuesto es precisamente el análisis de incentivos al despojo y la necesidad de evaluar las probabilidades de impedir la restitución como variable básica para definir la disponibilidad de atacar a miembros de una comunidad. 8. La necesidad de las medidas de protección continúa vigente en diversas zonas del país. En donde éstas se implementen deben involucrar desde un comienzo la participación de las autoridades nacionales, departamentales y locales para fortalecer el acatamiento de las mismas. 9. Los procesos de desalojo de comunidades desplazadas, asentadas antes de la vigencia de la Ley, deberían ser objeto de suspensión para evitar que se burle la aplicación de este marco normativo desde las instancias locales hasta tanto no se evalúe si procede una medida de protección o avanzar en un proceso de restitución en el caso particular. 10. Finalmente, se señala la importancia del rol del Ministerio Público en el seguimiento a la aplicación tanto de la ruta de protección como de lo que será la ruta de restitución. De allí la necesidad de dotar a los órganos de control de las capacidades para cumplir con el papel asignado en la Ley en cuanto al monitoreo y seguimiento al cumplimiento de la misma. Termino señalando cuatro retos fundamentales: 1. El primero, seguridad. La respuesta en materia de seguridad va más allá de la acción de la Fuerza Pública y del análisis de la presencia de actores armados. Implica, entre otras, identificar los intereses económicos sobre el territorio, la magnitud de los mismos, y registrar qué incentivos persisten, el más claro, la indefinición jurídica. Por esto, la importancia de la aplicación práctica de las presunciones establecidas en el artículo 77 de la Ley. Implica también efectuar una lectura cuidadosa de las formas como se afecta la cohesión interna de las comunidades y cómo se sigue presionando, a través de fracturas en ellas, la imposición de determinados intereses. 4

5 Operativamente, conlleva ver la restitución como una situación de emergencia en la que los modelos de gestión deben superar el esquema hasta ahora empleado en retornos de presencia desconcentrada de funcionarios del nivel nacional en los territorios. Se requiere contar con capacidad de análisis en tiempo real y facultades para adoptar correcciones inmediatas de los procesos. 2. Por lo anterior, el segundo reto es el de la institucionalidad, más allá de la jurisdicción especial y del fortalecimiento de la Unidad de Restitución. Como lo ha señalado el propio Ministerio de Agricultura, el reto mayor es la transformación de esos poderes locales en los que las facultades de un inspector de policía terminan contrariando el marco legal y desconociendo la jurisprudencia constitucional. Lograr la restitución material exige una coherencia total entre las autoridades nacionales y locales. 3. La claridad en la información pública, en particular acerca de los criterios de priorización, las rutas de acceso y las competencias institucionales, así como los tiempos de respuesta, es el tercer reto. Las expectativas no satisfechas en la respuesta estatal pueden conllevar a un importante obstáculo para la respuesta, bien sea por vías de derecho, de quienes tienen la esperanza de ver realizado su derecho en el corto plazo y reclaman igualdad en la atención del estado, o bien por vías de hecho, que en últimas terminarán afectando la seguridad de las propias comunidades, o bien por la aparición de intermediarios en el proceso. Todos estos factores pueden llevar a generar obstáculos para la aplicación de la ley. 4. Finalmente, el manejo de los conflictos que se pueden derivar de la aplicación de las medidas de restitución reiteran la importancia de dar a su implementación una aproximación comunitaria, en función de asentamientos en donde se reestablezca la relación del sujeto con su comunidad, con la institucionalidad, con las redes locales y con el entorno en general. Las medidas individuales basadas fundamentalmente en el restablecimiento de relaciones jurídicas y en la aplicación de subsidios individuales, pese a su importancia, podrían resultar insuficientes para atender el reto de la aplicación. 5