UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

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1 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial MAESTRÍA EN ESTRATEGIA AGROEMPRESARIAL ESTADO DEL ARTE Agosto 14 de 2014 Hoy el mundo produce suficientes alimentos para cubrir la demanda, sin embargo, aún más de mil millones de personas padece inseguridad alimentaria y, aparte de la malnutrición escondida (IAASTD, 2009; Pretty et al., 2010). El aumento de la población y el ingreso están ejerciendo demandas sin precedentes sobre la agricultura y los recursos naturales, pues los sistemas agrícolas están degradados al mismo tiempo que la tierra, el agua, la biodiversidad y el clima a escala global. Para hacer frente a futuras necesidades de seguridad alimentaria 1 y la sostenibilidad del planeta, la producción de alimentos debe crecer sustancialmente, mientras que, al mismo tiempo, la huella ecológica de la agricultura debe reducirse drásticamente (Foley et al., 2011). Por ello, actualmente la agricultura y la seguridad alimentaria ocupan un lugar preponderante en las agendas de desarrollo y de las políticas públicas en el mundo 2. Hay cada vez mayor consenso en su contribución no solo a la producción de alimentos, sino también a la nutrición y la salud del ser humano, reconociendo incluso que la insuficiente atención puede afectar la seguridad económica, la seguridad sociopolítica, la seguridad ambiental y el crecimiento económico general (Garnett et al., 2013; IFPRI., 2013; Rosegrant et al., 2014). A pesar del aumento significativo registrado en la producción de alimentos durante los últimos cincuenta años, uno de los mayores retos que enfrenta la sociedad actual es cómo alimentar una población que a mediados del siglo XXI alcanzará los nueve mil millones de personas. Para satisfacer esta demanda sin que los 1 Se refiere a la disponibilidad y el acceso a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para sostener una vida sana y activa. 2 En 2011 los ministros de agricultura de los países del Grupo de los 20 (G20) se reunieron por primera vez y acordaron trabajar juntos para enfrentar la volatilidad de los precios de los alimentos y la inseguridad alimentaria.

2 2 precios se eleven considerablemente, se estima que será necesario incrementar la producción de alimentos entre 70% y 100%, a la luz de los crecientes impactos del cambio climático, las preocupaciones en torno a la seguridad energética, los cambios en los patrones de consumo de algunas regiones y los Objetivos de Desarrollo del Milenio para reducir la pobreza y el hambre en el mundo (Pretty et al., 2010). Ayudar a los agricultores y los pescadores del mundo para afrontar estos desafíos es un reto en sí mismo, pero más allá de la provisión de alimentos, la agricultura sustenta la economía de la mayoría de los países de manera significativa, especialmente en el mundo en desarrollo; 75% de los pobres del mundo viven en zonas rurales y tienen un vínculo económico con la agricultura (World Bank, 2012). El desafío es aún mayor con el incremento del poder adquisitivo, los cambios en los patrones de consumo en muchas partes del mundo y las dificultades en el acceso y distribución de los alimentos, particularmente en las regiones más pobres (Pretty et al., 2010). Son muy estrechos los vínculos entre las condiciones necesarias para alcanzar la seguridad alimentaria y la nutrición universal, la administración responsable del medio ambiente y una gestión alimentaria más justa. Todo ello converge en los sistemas agrícolas y alimentarios en el ámbito mundial, nacional y local. De acuerdo con la FAO (2012), uno de los mayores defectos de los actuales sistemas alimentarios es que, pese a los progresos significativos en el desarrollo y la producción de alimentos, cientos de millones de personas pasan hambre al carecer de medios para producir o comprar los alimentos que necesitan para llevar una vida saludable y productiva; los sistemas alimentarios deben gestionarse con el fin de alcanzar la seguridad alimentaria universal. La agricultura, debido a su tamaño y a sus vínculos con el resto de la economía (que siguen siendo sólidos e importantes en muchos de los países en desarrollo como México), ha sido considerada por los economistas agrícolas como un motor de crecimiento en las etapas iniciales de desarrollo. La FAO argumenta que la agricultura puede mitigar la pobreza a través de cuatro ejes principales: i] crecimiento directo de los ingresos; ii] reducción de los precios alimentarios; iii] crecimiento del empleo; y iv] empleo remunerado (FAO, 2012). En el siglo XXI por lo tanto, el crecimiento agrícola no solo es la clave para la expansión de la economía global sino que es el instrumento eficaz para aliviar la pobreza rural, y más eficaz que el crecimiento industrial para reducir la pobreza

3 3 urbana (OCDE/FAO/IICA, 2014; Salcedo & Guzmán, 2014). Tres de cada cuatro personas pobres en los países en desarrollo viven en zonas rurales (2,100 millones subsisten con menos de US$2 al día y 880 millones con menos de US$1 diario) y la mayoría depende de la agricultura para su subsistencia (World Bank, 2008). La agricultura por sí sola no bastará para reducir en forma masiva la pobreza, pero ha demostrado ser especialmente eficiente en abordar esta tarea. En la actualidad los precios de productos básicos son históricamente altos. En el corto plazo, los precios de los cultivos deberán caer con la recuperación de la producción, a la vez que los reducidos inventarios ganaderos mantendrán precios altos. A más largo plazo, se prevé un aumento en los precios tanto de los cultivos como de los productos pecuarios, junto con una alza mayor en los precios de la carne, el pescado y los biocombustibles (OCDE-FAO, 2013). Los déficits de producción, la volatilidad de los precios y las interrupciones comerciales continúan siendo una amenaza para la seguridad alimentaria mundial, especialmente a la luz de las bajas reservas. Una sequía generalizada como la que se vivió en 2012 en Estados Unidos de América y en países de la Comunidad de Estados Independientes, seguida de los bajos inventarios, podría provocar el alza en los precios de los cultivos en 15% a 40%. Los precios de la energía agregan otra fuente de incertidumbre, afectando tanto a los mercados de biocombustibles como a los costos de los insumos. El comercio mundial es aún más sensible que la producción ante la variabilidad en la producción y los factores macroeconómicos determinantes (OCDE-FAO, 2013). Los alimentos en los hogares más pobres absorben una parte importante del gasto y cualquier incremento en los precios afecta directamente la seguridad alimentaria. De hecho, el reciente aumento de los precios de los alimentos básicos ha dado lugar a manifestaciones y disturbios en varios países. Según estimaciones de la FAO (2012), hay en el mundo unos mil millones de personas subnutridas y dada la escalada potencial de mercado de los biocombustibles, puede aumentar la incertidumbre relativa a la evolución a largo plazo de los precios y a un mayor número de hogares pobres. La cuestión radica en identificar los efectos del incremento en la producción de biocombustibles con la seguridad alimentaria de las poblaciones pobres. Para los hogares muy pobres, el desarrollo agrícola no sólo es una defensa contra el hambre, pues también puede aumentar los ingresos de casi cuatro veces más y de manera mas eficaz que el crecimiento en cualquier otro sector; estas

4 4 circunstancias ayudan a explicar por qué el desarrollo agrícola es una herramienta tan poderosa para reducir la pobreza mundial y provocar el desarrollo económico (World Bank, 2012). Los desafíos que resultan del crecimiento poblacional mundial, la extensa pobreza rural, la degradación de los recursos naturales utilizados para la producción agrícola y el cambio climático obligan a concentrar esfuerzos para incorporar elementos de sostenibilidad ecológica en la intensificación de la producción agrícola (Foley et al., 2011; Rosegrant et al., 2014; Salcedo & Guzmán, 2014). Particularmente el cambio climático actúa como un multiplicador de amenazas, por lo que los desafíos de la seguridad alimentaria sostenible se tornan mucho más difíciles al considerar este factor (Nelson et al., 2010). Por ejemplo, un análisis conservador del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), reportado por el IFPRI, indica aumentos en el precio real del maíz de 40 a 45 por ciento en 2050 y en el precio del trigo y el arroz de 20 a 25 por ciento bajo el escenario optimista de mantenimiento del clima actual (Rosegrant et al., 2014). El RIMISP (2012), en su Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad, analiza en diez países (incluido México) seis dimensiones socioeconómicas: salud, educación, dinamismo económico y empleo, ingresos y pobreza, seguridad ciudadana e igualdad de género. Los resultados evidencian que los territorios rezagados tienden a ser más pequeños en términos de población, más rurales y a tener una mayor proporción de población perteneciente a pueblos originarios; únicamente en la dimensión de seguridad ciudadana se encuentra una mayor ventaja en las zonas rurales con respecto a las zonas urbanas. De acuerdo con la OECD (2014), las economías rurales proveen bienes y servicios esenciales que no pueden ser generados en un contexto urbano, incluyendo importantes bienes públicos o cuasi-públicos, como un medio ambiente limpio, un paisaje atractivo y una herencia cultural en los espacios territoriales. Así mismo, las áreas rurales también juegan un rol crítico al abordar desafíos más amplios, tal como su contribución al cambio hacia un modelo de crecimiento sostenible con el ambiente; por ejemplo, la mayor parte de las tecnologías de energía renovable son primeramente actividades rurales, particularmente aquellas relacionadas con materias primas agrícolas. En este contexto, la OECD (2014) plantea la aplicación del nuevo paradigma rural, el cual analiza la evolución de las políticas de desarrollo rural más allá del modelo

5 5 sectorial (que tiene su foco exclusivo en subsidios a la agricultura). Y es que además de la necesidad de contribuir a la seguridad alimentaria y a los medios de vida de los pequeños agricultores, invertir en la capacidad de producción generalmente es la forma más eficaz de mejorar la seguridad alimentaria mundial y el desarrollo económico nacional (Christoplos, 2010). Así, el sector agrícola ya no solo tiene la meta de maximizar la productividad, sino de optimizarla en un panorama más complejo desde el punto de vista productivo, de desarrollo rural, medioambiental, justicia social y satisfacción del consumo de alimentos (Pretty et al., 2010). Un enfoque similar lo constituye la propuesta de agricultura multifuncional (OECD, 2000) que sostiene la idea de que la agricultura desempeña varias funciones en adición a la producción de alimentos y materias primas, por ejemplo la protección ambiental, la preservación del paisaje, provisión de empleo rural y el mantenimiento de la herencia cultural entre otras funciones. Los expertos coinciden en que el incremento de la producción se debe lograr mediante el aumento de los rendimientos con menos recursos y minimizar o revertir los impactos ambientales. Este enfoque de "intensificación sostenible" busca, fundamentalmente, hacer el actual sistema agrícola más eficiente mediante el uso de nuevas tecnologías o con mejoras a las que ya se están utilizando (Foley et al., 2011; Garnett et al., 2013; Government Office for Science, 2011; Rosegrant et al., 2014). Para alcanzar los niveles de producción requeridos en países en desarrollo, orientar las acciones para ampliar la frontera agrícola no es una opción factible. A nivel mundial es el mismo escenario, pues se estima que la tierra cultivable se incrementará sólo en unos 69 millones de hectáreas, lo que representa menos del 5% de incremento para 2050 (OECD/FAO, 2012; World Bank, 2008). Por tanto, el aumento en la producción provendrá necesariamente de un incremento en la productividad, resultado de procesos de mayor eficiencia, bajo el esfuerzo de mantener los estándares de resiliencia y estabilidad de los ecosistemas. De acuerdo con la OECD (2014), el crecimiento potencial de las áreas rurales se sustenta en su capacidad para modernizar su economía 3 con base en la innovación; en otras palabras, el producir bienes y servicios que puedan colocarse en los mercados locales e internacionales e introducirlos a nuevos sectores, en el entendido de que cada región rural es diferente y tiene sus propio conjunto de 3 Modernización de la economía rural es el proceso de identificar y desarrollar aquellos sectores y firmas que apuntalen su situación competitiva relacionada a sus regiones vecinas y a sus pares nacionales e internacionales (OECD, 2014)

6 6 oportunidades y restricciones; los actores locales pueden reunirse para entender como mejorar el uso de sus recursos, dadas sus restricciones. Una economía moderna en los centros urbanos ha generado importantes incrementos en la productividad en la manufactura y en los servicios; pero este no ha sido el caso en las regiones rurales. Para el caso de latinoamericana, la llamada modernización de la agricultura ha tenido un carácter desigual e incompleto, como consecuencia de las restricciones de la política macroeconómica y los sesgos de la política agrícola y comercial, que en algunos casos han privilegiado a los sectores empresariales sobre la pequeña agricultura. En la región se fue creando una agricultura bipolar con unidades productivas de diferente dimensión, y con distintas racionalidades. Hoy se pueden distinguir, en términos generales, dos grandes tipos de explotación: (i) la agricultura empresarial, y (ii) los pequeños productores o Agricultura Familiar, como se denomina en varios países de la Región (FAO, 2012). Es necesario entender estos dos tipos de agricultura porque su lógica y racionalidad operativa requieren de políticas diferenciadas; los enfoques de los años sesenta y las reformas de los noventa tendientes a disminuir y en algunos casos eliminar la presencia del sector público en los diferentes eslabones de la cadena productiva gozaron de un impacto muy limitado o inexistente en los problemas que se pretendía resolver. Se hizo explícito que las políticas implementadas excluyeron claramente a los pequeños productores del sector agropecuario. Ante la escalada de precios de los alimentos de los últimos años y su creciente volatilidad, se ha reconsiderado el rol fundamental que tiene la Agricultura Familiar, como proveedora de alimentos, mitigador de la pobreza, y como refugio ante shocks económicos y medioambientales (FAO, 2012). De acuerdo con (Salcedo & Guzmán, 2014), en las últimas décadas ha surgido un interés especial por caracterizar a la Agricultura Familiar, definiéndola como una forma de organizar la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, acuicultura y pastoreo, que es administrada y operada por una familia y, sobre todo, que depende preponderantemente del trabajo familiar, tanto de mujeres como hombres; la familia y la granja están vinculados, co-evolucionan y combinan funciones económicas, ambientales, sociales y culturales. El informe de (OCDE/FAO/IICA, 2014) destaca que la Agricultura Familiar se ha posicionado como una prioridad en las agendas de los países y se están adoptando políticas e instrumentos de acompañamiento en beneficio de ésta como clave para la

7 7 seguridad alimentaria y el bienestar rural. Jacoby et al., (2014), aducen que existen importantes aspectos económicos, técnicos y políticos que subyacen a los actuales problemas agrícolas, sociales y de salud en las Américas. La modernización del sector agrícola se acompaña de una creciente concentración de la tierra en grandes unidades de producción que privilegian unos pocos productos básicos y los monocultivos (por ejemplo, trigo, soya, azúcar y maíz) que son aptos para producción a gran escala, mecanización, fácil almacenamiento y transporte de larga distancia. Este nuevo escenario permitió un incremento en el Producto Bruto Interno Nacional de los países agroproductores, el surgimiento y consolidación de una industria de alimentos procesados y significativas ganancias de los grupos concentrados de la economía doméstica vinculados a esta actividad. Paralelamente se observan externalidades negativas; entre ellas destacan el desplazamiento de las unidades agrícolas pequeñas y medianas, pérdida de la biodiversidad agrícola, y la persistencia e incremento de distintas formas de malnutrición y enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta como son la obesidad y la diabetes. América Latina y el Caribe enfrentan en la actualidad el fenómeno denominado doble carga de la malnutrición, donde la sub alimentación y la obesidad coexisten en una misma población, país o incluso dentro de una misma familia (Salcedo & Guzmán, 2014). De acuerdo con la OECD (2014), los tópicos innovación y modernización de la economía rural están estrechamente relacionados. Las regiones rurales de los países agremiados a esta Organización están altamente conectados a los mercados globales y abiertos al comercio. Su crecimiento potencial depende de su capacidad de modernizar su economía basada en la innovación, en otras palabras, de producir bienes y servicios que se puedan comercializar en mercados locales e internacionales, e introducir nuevos sectores y nuevos productos. Sin embargo, esta exposición a la gran competencia desde los mercados locales hasta los internacionales deben complementarse con políticas que puedan fortalecer las capacidades de las áreas rurales a adaptarse; el foco en la innovación y en la modernización representa un próximo paso importante en la evolución del dialogo de las políticas de la OCDE, pues la futura prosperidad de las regiones rurales se verá impulsado por la empresa, la innovación y las nuevas tecnologías, adaptados a mercados específicos y aplicada tanto a las industrias nuevas y como a las viejas (OECD, 2014).

8 8 Típicamente la innovación se asocia a ambientes urbanos, pues este concepto suele relacionarse con densidad y efectos de clúster. La innovación rural esta influenciada por la estructura de los mercados locales, lo cuales pueden estar fragmentados, segmentados e involucran nichos de mercado. Así mismo, la innovación no se circunscribe a nuevas prácticas o comportamientos; también se refiere a la actualización y mejora de procesos existentes (OECD, 2014). En el documento elaborado por la OECD (2014) se argumenta sobre dos elementos identificados como pivote de cualquier estrategia de desarrollo rural: i) las fuerzas gemelas de la innovación y la empresarialidad y ii) una masa critica de recursos humanos, financieros y capital social que de soporte y coordine o englobe a la actividad innovadora o la innovación y la actividad empresarial. La OCDE ha enfatizado la importancia de focalizar en un crecimiento inteligente manejado por nuevas empresas, innovadoras, pequeñas y medianas, nuevas ideas, nuevos empresarios y nuevos modelos de negocio. En este escenario, la innovación es, en primer lugar, responsabilidad de las empresas. Pero también es una responsabilidad del gobierno, pues ésta no sólo tiene beneficios para los que innovan, sino también para otros actores que ganan: los futuros innovadores, así como las agrupaciones de empresas y la economía en general, al lograr una mejor posición competitiva y, a la larga, más empleos y mayores ingresos; estas son las llamadas externalidades positivas (efectos indirectos) que un inversor en innovación no tiene en cuenta y puede conducir a la falta de inversión en innovación (SCAR, 2012). La Red Europea de Desarrollo Rural (NRD, por sus siglas en inglés) reconoce la importancia de promover y fortalecer el espíritu empresarial como uno de los enfoques más importantes para hacer frente a los problemas económicos de las comunidades rurales (Morley et al., 2011). Destacan que el empresario rural es difícil de definir, ya que se manifiesta en muchas formas (desde las mujeres jóvenes con una gran idea en el aula, hasta el agricultor experimentado); así, en lugar de tratar de definir e identificar los empresarios, es más fácil definir las habilidades que un emprendedor requiere y luego identificar a los individuos con una parte o la totalidad de ese conjuntos de habilidades. No obstante sus bondades, hay diversos impedimentos para la formación de nuevas empresas en el medio rural. El primero de ellos es la creencia de que la gente del medio rural no puede desarrollar sus ideas y traducirlas en nuevos negocios. Desafortunadamente, esta creencia esta muy extendida entre la

9 9 población rural, y los emprendedores pueden desanimarse por estas actitudes sociales (OECD, 2014); por ejemplo, es más difícil obtener financiamiento para nuevos negocios en la mayoría de las regiones rurales. El espíritu empresarial se considera como una fuerza dinámica crucial en el desarrollo de las pequeñas empresas rurales en general, pues los agricultores tienen que encontrar la manera de adaptar sus negocios a un contexto cambiante que si bien acarrea dificultades también trae consigo nuevas oportunidades de negocio (Mikko & Pyysiäinen, 2008). Queda claro que para utilizar la agricultura como base del crecimiento económico en los países principalmente agrícolas, como el caso de México 4, se requiere una revolución de la productividad y competitividad de los pequeños establecimientos agrícolas o empresas rurales. La agricultura puede ayudar a reducir la pobreza rural si los pequeños agricultores se convierten en proveedores de los mercados modernos de alimentos, si se generan buenos empleos en la agricultura y la agroindustria y si se insertan a los mercados de los servicios ambientales. Evidentemente, para alcanzar tal propósito, es necesaria la participación de distintos actores sociales, tanto en eficiencia como en oportunidad (FAO, 2012; Salcedo & Guzmán, 2014). Como se ha analizado, el cambio climático, la degradación ambiental, la mayor competencia por tierra y agua, los elevados precios de la energía y las dudas respecto de los niveles en que se adoptarán las nuevas tecnologías, son factores que presentan enormes desafíos y riesgos difíciles de pronosticar. El país se encuentra inmerso bajo un esquema de economía de mercado, por lo que la agricultura tendrá que ser una actividad rentable para los productores, agregando valor a sus productos y servicios. Por lo anterior, se requiere de una agricultura moderna y eficiente, sustentada en organizaciones empresariales de carácter social, con recursos humanos altamente calificados y comprometidos, una agricultura basada en el uso racional de los recursos. De esta manera es posible contrarrestar los efectos limitativos de no poder ampliar la frontera agrícola, es decir, el aprovechamiento de las economías de escala posibilitan el incremento de la productividad y por ende, los volúmenes de producción a precios accesibles. 4 Aunque la tendencia en los últimos años se torna con mayor importancia hacia el sector agroindustrial y de los servicios.

10 10 Las políticas que promueven el uso eficiente de los insumos agrícolas son un mecanismo importante para mejorar los incentivos a la ordenación sostenible en los países industrializados, aunque también en los países en desarrollo, donde las subvenciones a estos insumos se consideran a menudo un componente esencial de las estrategias de crecimiento agrícola y seguridad alimentaria. Los incentivos al uso sostenible de insumos deberán ir acompañados de programas sólidos de extensión y otros programas, como escuelas de campo para agricultores, para promover la eficiencia en el uso de los insumos (Banco Mundial y FAO, 2009). También se deberán hacer diagnósticos solidos para desarrollar estrategias encaminadas a mejorar la posición competitiva de las empresas rurales. En este sentido, resulta trascendental reflexionar acerca de los hechos más importantes a los que se enfrenta el país en términos de pobreza, empleo, competitividad y deterioro de recursos naturales: a) Comparado con un conjunto de 17 países de América Latina y el Caribe, las transferencias al campo mexicano con respecto al tamaño de su sector, medido a través del PIB agrícola, se encuentran entre las más altas. Sin embargo, México figura en el grupo de los cinco países con el menor crecimiento del PIB sectorial (Banco Mundial, 2009), siendo este menor y la caída del empleo agrícola mayor en los estados que concentran mayores subsidios (Scott, 2011). b) Para 2012, la pobreza extrema de la población rural ascendió a 21.5%, versus 6.3% de la población urbana. Asimismo, 30.9% de la población rural presentaba acceso limitado a la alimentación (CONEVAL, 2013). En el mismo año, había en México 53.3 millones de personas en condición de pobreza (45.5%), de las cuales 41.8 millones vivían en pobreza moderada y 11.5 millones en pobreza extrema. La población vulnerable por carencias sociales ascendía a 33.5 millones (28.6%) y las personas vulnerables por ingresos a 7.2 millones (6.2%). Alrededor de una quinta parte (19.8%) de la población nacional (23.2 millones) no tenía problemas de ingresos ni carencias sociales, es decir, no eran pobres ni vulnerables (CONEVAL, 2012). 5 c) Las empresas rurales impulsadas con recursos públicos tienen muy bajas probabilidades de supervivencia y por tanto de generar riqueza. En efecto, 5 Anteriormente se usaba el ingreso para medir la pobreza, de modo que se clasificaba como pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio. Pero la Ley General de Desarrollo Social exige un enfoque multidimensional, mismo que se adoptó en 2010 (CONEVAL, 2010: 37-42).

11 estudios realizados por el CIESTAAM-UACh indican que a sólo 18 meses de su puesta en marcha mediante una mezcla de recursos públicos y privados, el 44% de las empresas rurales cierran, se estancan o decrecen. d) De acuerdo a datos del INEGI (2007), de las poco más de cuatro millones de Unidades de Producción con actividad agropecuaria en México, solamente 2.4% están integradas a grupos para acceder a servicios o apoyos diversos como el crédito, seguro, asesoría técnica, comercialización, compra de insumos, procesamiento y transformación, entre otros, lo cual da cuenta del incipiente desarrollo agroempresarial que caracteriza al campo mexicano e) El país tiene una orientación cada vez mayor hacia los mercados internacionales para cubrir las necesidades de alimentos. Según datos del SIAP-SAGARPA (2013) y de la CNOG (2013), para el año 2012, la dependencia alimentaria externa en maíz amarillo ascendió a 75%, 11% en frijol, 94% en arroz, 59% en trigo, 87% en semillas oleaginosas, 28% en granos forrajeros, 40% en carne porcina, 37% en leche bovina, 16% en carne bovina y 21% en carne de ave. El déficit de balanza comercial del sector agroalimentario y pesquero aumentó de 1,259 millones de dólares en 1994/95 a 3,393 millones en 2006/07. El 85% de este déficit se explica por la creciente importación de productos con valor agregado: alimentos, bebidas y tabaco (Banxico, 2008). f) En términos de competitividad, México ocupó en 2013 el lugar 32 de 46 países, medida como la capacidad para atraer inversiones (IMCO, 2013). En 2004 México era el segundo país más competitivo de Latinoamérica y en 2006 ocupó el quinto lugar, después de Chile, Costa Rica, Brasil y Colombia. Estos indicadores señalan una inexorable pérdida de competitividad. g) En cuanto al uso de los recursos, México ocupa el lugar 40 de 45 países en el subíndice manejo sostenible del medio ambiente. En los últimos cinco años, los costos económicos por agotamiento y degradación ambiental representaron 9.8% del PIB: dos veces mayor al promedio de los países latinoamericanos y tres veces mayor al de muchos países europeos. Esta cifra representó 67,000 millones de dólares en Es decir, cada año las pérdidas económicas por la degradación ambiental equivalen a lo que el gobierno recauda en toda la economía, excluyendo a lo ingresado por petróleo. En el Índice de Mejor Vida (IMV) elaborado por la OCDE para sus 36 países miembros, nuestro país figura como la cuarta economía con el 11

12 12 peor desempeño en el rubro de medio ambiente. Los indicadores anteriores indican que el sector rural en México se caracteriza por la existencia de serios rezagos que demandan acciones para superar las principales debilidades. Al respecto, el hecho de que 85% del déficit comercial del sector se explique por la creciente importación de productos con valor agregado sugiere la existencia de un serio problema de integración de los pequeños productores en las redes de valor o cadenas productivas y un creciente déficit en materia de innovación, desde las propias unidades de producción hasta el diseño e implementación de las políticas públicas orientadas al sector. Estos hechos derivan en desafíos que se deben enfrentar en un contexto caracterizado por la complejidad e incertidumbre. Así, en materia de precios de los alimentos, la volatilidad se ha convertido en la "nueva normalidad", razón por la cual no se descartan episodios de volatilidad extrema en los precios para los próximos años, similares al aumento experimentado en 2008, especialmente cuando los precios de los productos básicos dependen cada vez más de los costos de la energía y el petróleo y los expertos medioambientales advierten de unas condiciones meteorológicas muy variables debido al cambio climático. Así, la esperada recuperación económica, una mayor demanda de alimentos en los países en desarrollo y el emergente mercado de los biocombustibles, son los elementos clave para apuntalar los precios y los mercados de productos básicos agrícolas a medio plazo. Quizás esto contribuye a explicar que la inversión de una gran cantidad de recursos y esfuerzos invertidos a desencadenado en magros resultados. La pobreza, la dependencia alimentaria y el deterioro de los recursos naturales crecen a pesar del creciente gasto público. Y no obstante que el sector agropecuario, silvícola y pesca ocupa el tercer lugar como fuente de empleo/ocupación de los mexicanos, con 13.8% del total, (apenas superado por la industria manufacturera con 15.8%, según datos de la Enoe-Inegi, (2013), muy poca atención recibe el tema de la organización y empresarialidad en el campo. En términos generales se sabe que 5 de cada 7 estrategias fracasan, y que apenas un 56% de los nuevos productos lanzados anualmente a los mercados alcanzan sus objetivos económico-financieros. Ante esta situación, no resultan extraños los resultados de un estudio realizado entre 60 mil gerentes y ejecutivos en 162 países por Management Research Group en 2013, el cual revela que estos líderes consideran que la capacidad estratégica es casi 50 veces más importante que la capacidad táctica (WSJ-Américas, 2014). Es decir, en el ámbito empresarial

13 13 se empieza a destacar la importancia de volver a la estrategia. Es evidente que México ha basado su economía en la explotación de los recursos naturales y la exportación de materias primas, donde el factor más importante para la actividad competitiva ha sido el bajo costo de la mano de obra intensiva. Además se requiere transitar hacia una economía que demanda el apoyo en una sociedad del conocimiento, en la que el mayor impacto para la competitividad es el valor agregado del producto o servicio derivado de una innovación. Así, la llamada sociedad del conocimiento depende cada vez más de los avances de la ciencia y la tecnología. Ahora, los individuos y las organizaciones están obligados a mantener un constante proceso de innovación y adaptación para sobrevivir profesionalmente en el mercado y en un mundo cada vez más globalizado. Ante la situación del sector rural en México es pertinente analizar las empresas rurales, los territorios rurales y los sistemas agroalimentarios a partir de enfoques teóricos y metodológicos robustos, para identificar, diseñar y poner en marcha estrategias agroempresariales tendientes a facilitar la generación de riqueza económica, social y ambiental en la búsqueda de revertir y minimizar los rezagos en materia de empleo, pobreza y deterioro de los recursos naturales. Esta es precisamente la cuestión que da origen a la Maestría en Estrategia Agroempresarial. Así, se abre una puerta que pocos se han atrevido a traspasar: la de la escasa consistencia del conocimiento estratégico que hemos heredado y con el que estamos trabajando en el diseño, operación y evaluación de políticas públicas en el campo mexicano. Pérez y Massoni (2009) argumentan que el concepto de estrategia ha tenido a lo largo de su historia tres paradigmas: el militar (cuyo exponente importante es Sun Tzu), el científico/matemático de la teoría de los juegos (con Von Neumann y Morgenstern; Nash), y el económico/gerencial (que tiene en Porter a su principal exponente). En estos tres paradigmas se concibe a la estrategia como la ciencia del conflicto o de la competencia y al estratega como una persona con capacidad para resolver conflictos o aniquilar al competidor. La idea del conflicto como duelo y del mercado como un campo de batalla está profundamente arraigada en nuestro lenguaje y en nuestra cultura. De acuerdo con Pérez y Massoni (2009), es necesario transitar de un enfoque conflictivo a otro más comprensivo y dialogante. Se trata de una verdadera revolución con respecto a la forma tradicional de enfocar los conflictos. Por una parte, el conflicto ha pasado a ser percibido como el componente dinamizador de

14 14 la vida social. Por otra, y partiendo de la idea de que los conflictos han de gestionarse productivamente para el individuo pero también para la sociedad, la preocupación se está desplazando del conflicto a la forma en que se gestionan: manejo de crisis, mediación de dificultades, etc. Se ha aprendido que la dialéctica del conflicto puede ser aprovechada de modo positivo para generar nuevas técnicas de consenso, de encuentro y de comprensión. En general, se puede decir que este nuevo enfoque teórico nos remite a conductas articuladoras (Klerkx and Leeuwis, 2009; Ruelas-Gossi y Sull, 2006), que tienen que ver con escuchar, armonizar, reconducir a un cauce común posiciones que inicialmente se presentan como incompatibles y en crear y coordinar redes para capturar oportunidades que otros no ven. Esto nos aleja de la confrontación abierta y nos lleva a modelos estratégicos basados fuertemente en la comunicación y el diálogo. En este escenario, asumimos a la estrategia como una opción para lograr la articulación social, centrada en el aprovechamiento de las oportunidades y en la búsqueda de mejores configuraciones de nuestra trama social, permitiendo mejorar la posición competitiva de las empresas y territorios rurales. La investigación en el tema de la competitividad ha estado centrada principalmente en los aspectos macroeconómicos que dan explicación de los aspectos estructurales y sus dinámicas. Las estrategias de mercado y las condiciones empresariales has sido tema poco visible en la investigación de las ciencias agropecuarias, al igual que al nivel meso en donde se dan las relaciones entre los diferentes actores del sector (Cardona A., Álvarez O., Sáenz, 2010). NUESTRO PROGRAMA ACADÉMICO Cardona et al., (2010) efectúan una amplia revisión de literatura de los conceptos aplicados en el análisis de la competitividad del sector agroalimentario. Definen a los agronegocios como el conjunto de actividades económicas que se sustentan en el sector agropecuario, producto de las articulaciones entre los diferentes sistemas productivos, de mercadeo, transformación y servicios que permiten la oferta de productos y servicios de origen agropecuario y forestal con valor agregado, que generen ingresos a través del desarrollo de cadenas productivas, de cada uno de sus eslabones y las regiones donde operan; haciendo uso racional y eficiente de los recursos, para atender necesidades concretas de los mercados.

15 15 De esta forma, los agronegocios tienen su contexto en las cadenas agroalimentarias 6 y atañen a su gestión, las industrias relacionadas con el agro así como las de servicios, comercio, distribución que contribuyan al desarrollo del sistema agroalimentario y así al desarrollo económico y social del sector agropecuario. Según Cardona et al., (2010) el concepto de agronegocio busca superar el enfoque centrado en las ventajas comparativas, con estrategias y productos muy poco desarrollados, dado que estas ventajas son cada vez más escasas y temporales Bajo el contexto anterior, la Universidad Autónoma Chapingo ha desarrollado las fortalezas necesarias al aprovechar las oportunidades y requerimientos del entorno para formar capital humano a través del programa de Maestría en Estrategia Agroempresarial y con ello detonar procesos que faciliten la articulación de las empresas rurales a los circuitos comerciales que les permitan la generación de riqueza económica, social y ambiental, tomando como referente las políticas públicas del sector rural. La Maestría Profesional prepara a los estudiantes en la aplicación de conceptos y herramientas que les permiten diseñar, poner en marcha y evaluar estrategias agroempresariales como una alternativa para que los productores o empresas rurales puedan aprovechar los diversos apoyos gubernamentales y sus propios recursos e iniciativa y transitar de una agricultura tradicional (en muchos casos de subsistencia) a una agricultura más comercial en función del mercado, que procure la generación de valor agregado, el suministro oportuno de productos y el cumplimiento de los estándares de calidad, nutrición e inocuidad. En sus tres Diplomados y los dos Seminarios de Investigación, los Maestrantes abordan tópicos entorno a la organización de la empresa, las redes de valor, la gestión de la innovación, el mercado, la evaluación financiera de agronegocios y las técnicas de investigación que les provean elementos para diseñar e implementar Estrategias Agroempresariales que permitan a los productores o empresas rurales: i) asegurar el aprovisionamiento oportuno, de calidad y a buen precio; ii) diversificar la producción y los mercados; iii) optimizar recursos desde la cadena o red de valor; iv) mejorar la gestión ambiental a todos los niveles de la 6 El enfoque de cadena agroalimentaria no es el único enfoque. Se pueden mencionar el Sistema Agroalimentario Localizado (SIAL), Sistema- Producto (S- P), Cluster de Desarrollo, Distrito Industrial, Ecosistema Empresarial, Sistemas de Innovación, Red de valor, entre otros. Cada uno tiene sus especificidades, dependiendo de lo que se quiere estudiar, ya sea los flujos económicos, los flujos de conocimiento, las relaciones entre los agentes o el espacio (territorio).

16 16 actividad; v) propiciar el desarrollo del talento humano de la empresa como base de la competitividad; y vi) contribuir a mejorar la calidad de vida de la población rural. La formación académica de los estudiantes en el programa es a la vez una oportunidad de actualización individual para responder a las expectativas de las organizaciones; el enfoque se centra en el desarrollo de capacidades analíticas y habilidades para fomentar el desarrollo rural en México y concluye con el diseño y puesta en marcha de una estrategia agroempresarial que permitirá fomentar procesos de intervención en empresas rurales que agregan valor a la producción agropecuaria para crear riqueza económica, social y ambiental. Dado que el programa de Maestría es de orientación profesional, el enfoque de investigación es aplicada en cuanto a innovar técnicas y procesos de mejora en la organización, la integración de las redes de valor y el diseño de los modelos de negocios, bajo un entorno de las políticas públicas del sector rural. La investigación y diseño de modelos de negocio que desarrolla el programa es coherente con las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) para el posgrado del CIESTAAM. Las principales características de cada LGAC son las siguientes: Evaluación y Diseño de Políticas Públicas para el Desarrollo Rural Esta LGAC parte de la cabal comprensión de las políticas públicas, considerando la distinción entre política agrícola y política pública. Cuando se trata de política agrícola nos referimos a las condiciones que establece el Estado en la economía para el desarrollo del sector, donde su instrumentación no requiera que intervengan los agentes ciudadanos. En cambio, la instrumentación de las políticas públicas es la acción del gobierno llevada a cabo por los ciudadanos. De acuerdo con el Banco Mundial (2010), la mayoría de los gobiernos de América Latina desean mejorar su proceso de formulación de políticas, pero generalmente enfrentan, al menos, cinco desafíos importantes: i) capacidad técnica insuficiente del gobierno central para formular políticas o evaluarlas ex-ante o ex-post; ii) poca coordinación entre políticas sectoriales, lo que conlleva a políticas inconsistentes e incoherentes; iii) bajos niveles de cuestionamiento durante la formulación de políticas, ya sea dentro del poder ejecutivo, desde el ámbito legislativo o fuera del sector público; iv) desconexión entre la formulación y la implementación de las

17 17 políticas; y v) si bien la política influye fuertemente en la formulación de políticas públicas, a diferencia de los países miembros de la OCDE, en los países latinoamericanos se observa una mayor distancia entre las propuestas de diferentes partidos políticos en países de América Latina. Los países en desarrollo tienden a ser débiles en la promoción de procesos de políticas con base técnica sólida. Según la OCDE (2010), como parte de su movimiento hacia la gestión por resultados, los gobiernos de América Latina recurren cada vez más a un ciclo de las políticas públicas más racional y a la mejora de la capacidad técnica, aunque el proceso continúa siendo débil. Si bien las políticas son impulsadas a menudo por la agenda del presidente entrante o por un plan de desarrollo nacional, la formulación de políticas concretas puede no seguir o no basarse en un proceso técnico. En el caso de México, el GIDR (2007) y la OECD (2011) argumentan que las políticas públicas de desarrollo rural muestran gran riqueza por la diversidad de programas del gobierno federal que, no obstante, se traduce en una notable complejidad en el diseño y operación de las mismas. Un estudio del Banco Mundial (2009) acota que el gasto público de México en el sector agroalimentario, comparado con el realizado en Latinoamérica, es superior, pero los resultados dan cuenta de una menor tasa de crecimiento de su PIB agropecuario. En síntesis, las políticas públicas no han logrado promover una mayor capitalización, innovación tecnológica, contención de la pobreza y del deterioro de los ecosistemas. El desafío de las políticas públicas para el sector rural consiste en lograr la coherencia entre el diseño de líneas de fomento acordes a las necesidades de las organizaciones y unidades de producción, la disponibilidad de recursos económicos y humanos para implementarlas, y sobre todo, el apego irrestricto a criterios de evaluación ex-ante y ex-post. El fortalecimiento de la calidad de las políticas públicas sin duda contribuirá a alcanzar las metas de erradicar la pobreza y el hambre en el sector rural. Ciencia, Sociedad, Tecnología e Innovación en el Sector Rural La innovación es ampliamente reconocida como una fuente importante de mejora de la productividad, la competitividad y el crecimiento económico en todas las economías avanzadas y emergentes; también juega un papel importante en la creación de empleos, la generación de ingresos, reducción de la pobreza, y para impulsar el desarrollo social (OECD, 2013; Rajalahti, Janssen, & Pehu, 2008;

18 18 SCAR, 2012; World Bank, 2012) Schumpeter (1935) definió innovación en un sentido general y tuvo en cuenta las diferentes modalidades de cambio para ser considerados como una innovación, resumiéndose de la siguiente manera: i) la introducción en el mercado de un nuevo bien o una nueva clase de bienes; ii) el uso de una nueva fuente de materias primas (ambas innovación de producto); iii) la incorporación de un nuevo método de producción no experimentado en determinado sector (innovación de proceso); iv) una nueva manera de tratar comercialmente un nuevo producto (ambas catalogadas como innovación de proceso); v) innovación de mercado, que consiste en la apertura de un nuevo mercado en un país o la implantación de una nueva estructura de comercio. Los análisis tradicionales de la OECD se han abordado con el enfoque de los Sistemas Nacionales, basado en los sistemas formales de investigación, que se apuntalan en el trabajo de las Universidades y grandes laboratorios públicos y privados; pone el foco en las patentes como la principal medida de la innovación (OECD, 2005; World Bank, 2012). No obstante, algunas regiones rurales despliegan un alto nivel de innovación, pero está manifestada en procesos y se tiene dificultad para patentarla. Así, para asegurarse de que el rol de la innovación como catalizador del crecimiento se concrete, es importante desarrollar una mejor comprensión de cómo la innovación puede surgir en un entorno rural y cómo los gobiernos pueden apoyarla y alentarla (OECD, 2014). Así pues, los actores de un Sistema de Innovación Agrícola no innovan de forma aislada, sino a través de la interacción con otros actores-agricultores, empresas, organizaciones de agricultores, investigadores, instituciones financieras y organizaciones-públicas y el entorno socioeconómico. En otras palabras, la innovación agrícola es un fenómeno organizacional influenciado por los comportamientos individuales y colectivos; la interacción, la coordinación y la acción colectiva se basan sobre todo en la capacidad de los actores para identificar oportunidades para la innovación, evaluar los retos que implica, y acceder a los recursos humanos, los recursos sociales y de capital necesarios para la innovación, el aprendizaje y el intercambio de conocimientos de la información (Klerkx, Hall, & Leeuwis, 2009; World Bank, 2012). Como un esfuerzo para armonizar la medición de la innovación y sus procesos, en 2005 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina de Estadísticas de la Comunidad Europea publicaron el Manual Oslo

19 19 (OCDE, 2005), donde se define como innovación la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. Según dicho manual, para que haya una innovación hace falta como mínimo que el producto, el proceso, el método de comercialización o el método de organización sean nuevos, o significativamente mejorados para la empresa. Este concepto engloba los productos, procesos y métodos en los cuales las empresas son las primeras en desarrollar y aquellos que han adoptado de otras empresas, organizaciones, o fuentes de información. Por tanto, se reconocen cuatro tipos de innovación: i] de producto; ii] de proceso; iii] mercadotecnia y iv] de organización. Aunque es común ligar el concepto de innovación únicamente a la parte tecnológica, la literatura especializada destaca que la innovación no es exclusiva de ésta área del conocimiento. Análisis de Sistemas Agroindustriales, Redes de Valor y Modelos de Negocio Esta LGAC estudia la agricultura desde un enfoque sistémico, es decir, un proceso de producción y un sistema integrado de valor, capaz de generar los satisfactores, en cantidad y calidad, demandados para la convivencia armónica de la sociedad y cuya actividad se desarrolla en espacios sociales, económicos y geográficos definidos (García-Winder et al., 2009). Se analiza la compleja relación entre agricultura e industria aplicando los enfoques teóricos de cadenas agroalimentarias 7, sistema-producto, sistemas agroalimentarios localizados (SIAL) 8 y clúster 9. Los cambios del entorno dan pertinencia a la aplicación de nuevos conceptos, tales como la red de valor y los modelos de negocio. Para orientar estratégicamente las investigaciones, la LGAC ha clasificado sus estudios en tres dimensiones, a saber: i) en una perspectiva macro, analiza los sistemas agroindustriales, cadenas agroalimentarias o sistemas producto, ya sea de manera general o con enfoques específicos como el de clúster o SIAL; ii) en su 7 La cadena agroalimentaria es un sistema que agrupa actores económicos y sociales interrelacionados que participan articuladamente en actividades que agregan valor a un bien o servicio, desde su producción hasta que este llega al consumidor, incluidos los proveedores de insumos y servicios, la transformación, industrialización, transporte y otros servicios de apoyo, como el financiamiento. 8 Busca valorizar los recursos territoriales, además de su concentración geográfica, construcción histórica e identidad cultural. 9 Son conglomerados espaciales de empresas similares y complementarias que generan economías de aglomeración, mejorando así la competitividad del conjunto.

20 20 perspectiva meso, examina las agroempresas no solo como eslabones de una cadena, sino también a través de su entorno competitivo conocido como red de valor (identificando sus interacciones con clientes, proveedores, competidores y complementadores) para delinear oportunidades que incrementen la competitividad de las agroempresas; iii) bajo un enfoque micro, estudia los modelos de negocio existentes en las cadenas agroalimentarias o redes de valor, mientras que el modelo de negocio es el mecanismo por el que una empresa genera valor agregado y por ende empleos. Uno de los actores principales a estudiar en la red de valor es el consumidor, quien en la sociedad moderna ha modificado sus preferencias de consumo, obedeciendo a diferentes factores, entre ellos, cambios en el ingreso, salud, ahorro tiempo y gasto en diversos servicios. Ante este escenario, las empresas rurales han adaptado las características de los productos ofertados a las necesidades del cliente para satisfacer las nuevas tendencias alimenticias en un mercado dinámico. De esta manera, la red de valor se define como el conjunto de relaciones entre distintos actores, donde la industria habitualmente desempeña un papel rector o de empresa tractora. En la teoría sistémica se identifica que los sectores con un mayor nivel competitivo son aquellos capaces de generar aprendizajes propiciados por las interrelaciones entre los actores de una red de valor. Pese a que el término competitividad fue introducido por David Ricardo en 1817, considerando las ventajas comparativas como eje medular para medirla, hay nuevos enfoques como el de Michael Porter, quien retoma el vocablo como ventaja competitiva (Porter, 1985, 2008) y propone otros, tales como el análisis de las cinco fuerzas (Porter, 1979), estrategia competitiva y cadena de valor (Porter, 1980), y ventaja competitiva de las naciones (Porter, 1990, 1998). La sociedad rural y las redes de valor son entes complejos y en constante cambio que responden a las leyes de la dialéctica bajo el enfoque del materialismo histórico que pese a las circunstancias y limitado interés del aparato institucional busca generar nuevas alternativas, nuevos enfoques y nuevas ideas, para desarrollar nichos de mercado, intentando agregar valor a productos y servicios en un entorno de mercado competitivo. El estado del arte de la Maestría en Estrategia Agroempresarial permite: i] Revalorar la agricultura como una actividad económica esencial que adquiere particular relevancia para México, país en el cual prevalecen significativos rezagos